La empresa Producción Alimentaria Porcícola aseguró que contaba con un dictamen de la Dirección General de Obras de la UNAM para operar su planta de puercos; sin embargo, la Universidad desmintió los dichos a petición de los pobladores; esto implica aportar pruebas falsas a un juicio, lo que sería un delito

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Ximena Natera

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa Producción Alimentaria Porcícola, Papo, presentó ante el juez segundo de distrito de Yucatán un documento emitido por la Dirección General de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Supuestamente el documento avala el uso de una planta de tratamiento de aguas que permite operar su megagranja de puercos con un impacto ambiental mínimo. Sin embargo, la UNAM se deslindó de dicho documento.

Desde hace cinco años la empresa Papo ha usado el mismo argumento para poder operar una megagranja de puercos en Homún, Yucatán: que el centro de producción integrará una planta de procesamiento de aguas que reducirá su impacto ambiental. Este argumento lo han intentado avalar con documentos de diversas autoridades, como la Secretaría de Desarrollo Sustentable de ese Estado y, ahora, por la citada dependencia de la UNAM.

La Dirección General de Obras de Conservación es una dependencia de la universidad nacional que se encarga de la construcción de inmuebles y el mantenimiento, o conservación del patrimonio universitario. De ninguna manera hace estudios de sostenibilidad ambiental para empresas externas. 

Cuando se presentó dicho documento, las niñas y niños de Homún, así como los Guardianes de los cenotes, la organización del pueblo que sostiene la defensa de su territorio, pidieron a la UNAM que aclarara si dicho documento era verdadero o no.

Así, el 6 de agosto el director de asuntos jurídico de esa institución, Jorge Barrera Gutiérrez, respondió que el documento no había emanado de ninguna autoridad universitaria.

Al respecto, la abogada del grupo Indignación, Lourdes Medina, explica:

“La ley de amparo es muy clara. Si se aporta un documento falso, eso es un delito. Por lo que le pedimos al juez que dé vista a la Fiscalía General de la República para que investigue ese presunto delito. Nosotros no podemos investigar ese tipo de hechos, es la Fiscalía la que debe hacerlo”. 

El mismo día que la empresa presentó dicho documento, el 6 de julio, también presentó ante el juez un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán en que su directora jurídica, Karen Aguirre Bates, afirma que la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes.

Este tipo de recursos se ha presentado anteriormente por la empresa como un “hecho superveniente”, un elemento nuevo que no existía en el caso, lo que les permite solicitar de nueva cuenta la revocación de la suspensión de la megagranja.

Detrás de la insistencia de la empresa está el negocio de una megagranja donde pretendía llevar 50 mil puercos, para un territorio de 8 mil habitantes. Con la presencia de la fábrica se amenaza la recarga acuífera y la salud de los pobladores.