Comunidades afectadas por la minería en cinco estados del país, siete organizaciones de la sociedad civil y un grupo de académicos preparan una iniciativa ciudadana para cambiar la Ley de Minería que no solo es anticonstitucional, sino que ampara violaciones a Derechos Humanos en contra de cientos de comunidades indígenas y núcleos agrarios. Piden a la ciudadanía que se sume y apoye esta iniciativa

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Ariel Ojeda

CIUDAD DE MÉXICO.- El colectivo #CambiémoslaYa inició una campaña dirigida a cambiar la ley minera, que viola los derechos de miles de mexicanos y afecta la salud de muchos más. La campaña busca crear conciencia sobre la necesidad de cambiar la Ley Minera vigente en México, que atenta en contra de las comunidades rurales e indígenas del país al tratar a la minería como una actividad de utilidad pública, es decir, que se privilegia sobre cualquier otra actividad, cualquiera.

“Lo que buscamos es poner un marco más regulado, porque la minería tiene privilegios desmedidos”, dijo Miguel Soto durante la conferencia de prensa virtual en la que se presentó la iniciativa. 

“Se privilegia a la industria en materia social, ambiental y fiscal, pero la ley minera infringe la Constitución, los tratados internacionales y solo beneficia a grandes grupos empresariales y por supuesto que no termina de beneficiar al resto de México. Entrega el control de la tierra, el agua y del territorio a estas corporaciones que tienen muy pocas obligaciones sobre los impactos sociales y ambientales que generan”, explica el integrante de la organización Poder.

Los seis cambios que se buscan en la Ley Minera

El primero cambio que pretenden las organizaciones es el carácter de «utilidad pública» de la minería. Esa «utilidad pública» establece que la minería será una actividad preponderante sobre el territorio y se debe privilegiar por encima de otras, como el turismo, la ganadería, la agricultura o cualquier actividad económica. Esto permite que las mineras puedan desplazar a las comunidades propietarias de la tierra que viven sobre suelos ricos en minerales.

La iniciativa también busca dotar de poder a los pueblos para que puedan decidir si quieren un proyecto minero o no. A nivel internacional existe un marco normativo referente a proyectos extractivos como la minería; ahí se establece que se debe consultar antes a las comunidades habitantes; sin embargo, como la Ley Minera no integra estas disposiciones, las autoridades toman eso de pretexto para evadir las consultas. 

Según una estimación de la organización CartoCrítica, dedicada al análisis estadístico y geográfico del territorio de cara a este tipo de proyectos, en México 2 millones 805 mil 212 personas viven en un territorio concesionado a alguna minera, por supuesto, sin que nadie les preguntara nada. Si se considera un radio de 3 kilómetros alrededor de estos territorios, por ejemplo, entonces la cifra sube a 13.1 millones. 

Además, el colectivo Cambiémosla Ya busca modificar el periodo y las condiciones bajo las que se entregan estas concesiones; actualmente éstas van de 50 a 100 años y abarcan una serie de privilegios sin causales de bajo los cuales se pueda quitar la concesión. Además, dota de privilegios sobre el uso del agua y de las tierras cercanas al lugar de concesión, a pesar de que estas cuenten con títulos de Áreas Nacionales Protegidas, sean declarados como sitios sagrados para diferentes comunidades o sean considerados humedales bajo la categoría Ramsar, una protección otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO.

“Aquí es evidente que algo está mal, ¿cómo es que la ley establece que no importan las actividades de los territorios o de la gente y que siempre la minería tendrá que tener prioridad?”, cuestiona Itzel Silva Monroy, del centro de Análisis e Investigación, Fundar. 

“Tanto la Constitución como otros tratados internacionales reconocen los derechos que tienen sobre los territorios y tierras los pueblos indígenas y los núcleos agrarios; sin embargo, en la Ley Minera hay una disposición que, en vez de armonizar estos reconocimientos, los pasa por alto. Así, en su artículo 19, disponen acciones para que el terreno se entregue a las empresas o a quien tiene un título de concesión. Esto les da derechos como obtener la expropiación, la ocupación temporal, o la constitución de servidumbre de los territorios indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos necesarios, así como para el depósito de jales y todos esos desechos asquerosos que dejan”. 

Por último, la iniciativa busca que las empresas mineras estén obligadas a procesos de transparencia en los que presenten sus estados financieros desagregados, pues la información que dan es muy opaca. Actualmente solo es posible revisar estos documentos de las empresas mineras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que muchas empresas pequeñas, filiales de estas grandes mineras, reportan estos estados solo a la Secretaría de Economía bajo una cláusula de confidencialidad, que esconde sus ganancias en un velo corporativo. 

“Estos proyectos tienen estos principios economicistas, porque son un éxito empresarial, pero una desgracia social y ambiental”, explica Aleida Azamar Alonso, profesora de la UAM y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y Caribeña de Sociedades Ecológicas.

“Deberíamos pensar que si se instalan proyectos mineros en estas regiones, pues ahí tendrían grandes riquezas y desarrollo, pero de las 9 mil 436 localidades dentro de las concesiones mineras vigentes presentan una tasa de pobreza por encima de la media del país, y en muchos casos sobrepasan la de pobreza extrema. En estos lugares la gente no sabe leer, sus casas no tienen cemento. La minería trae ese desarrollo que dicen, no ofrece bienestar. Por ejemplo, en los municipios productores de oro, el 50 por ciento de sus pobladores están en pobreza, mientras que en el caso de la plata es del 58”. 

Según datos de esas secretarías que citó la propia investigadora, la aportación directa de la minería al Producto Interno Bruto del país no supera el .09 por ciento, mientras que si se considera la minería ampliada, es decir las actividades análogas a esta actividad, el porcentaje sube a un 2.8.

Por otra parte, gracias a los beneficios de exenciones fiscales de los que gozan, estas empresas aportan una parte mínima a los ingresos federales por conceptos de impuestos. En 2019, año en el que se recaudó la aportación más grande de impuestos en la historia reciente del sector minero, estos solo representaron el .52 por ciento de los ingresos totales de Hacienda. 

Esta ley, recordó el colectivo, fue creada en 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, junto con una serie de leyes estructurales y la creación de otros organismos, como la Ley de Aguas y la Reforma Agraria, que buscaban poner a disposición de las empresas los territorios ricos en recursos del país. 

El colectivo está integrado por el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, por el Consejo Mexicano de Silvicultura Sostenible, Poder, Fundar, la fundación Henrich Böll, Oxfam México, Polea, el Centro Pro de derechos humanos, Carto Crítica, Engenera A.C., el Observatorio Académico de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones, la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica; también integra académicos de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la UNAM así como comunidades en resistencia en contra de la minería, como los Comités de Cuenca Del Río Sonora, el Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica, el Movimiento Atzin No a la Minería, y la comunidad de Capulálpam de Méndez, en Oaxaca así entre otras comunidades afectadas por la minería en Sonora, Morelos, Puebla y Baja California Sur.