En el Paro Nacional de Colombia confluyen muchas luchas. Los pueblos indígenas y campesinos demandan al Estado que detenga las violencias sistemáticas contra ellos. Desde la firma de los Acuerdos de Paz han sido asesinados más de mil líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre ellos 242 dirigentes indígenas y 277 excombatientes

Texto y fotos: Daniela Pastrana

POPAYAN, COLOMBIA.- La mañana del 28 de abril, un grupo de indígenas Misak llegó al barrio La Arboleda, en Cali. Los Misak echaron unas sogas a la estatua de bronce fundido del cordobés Sebastián de Belalcázar instalada en el mirador, y tiraron de las cuerdas. En unos minutos, la efigie del fundador de la ciudad, que es la capital del departamento del Valle del Cauca, fue derribada. El dedo con el que Belalcázar apuntaba hacia el occidente quedó apuntando al piso.

Esa imagen marcó el inicio del Paro Nacional que ha dado vuelta a la manecilla del reloj en Colombia.

“Así como cayó Sebastián de Belancazar en Cali, en el marco de la reivindicación histórica del pueblo Misak en el valle de Pube, así caerá Iván Duque y su reforma tributaria”, escribió en su cuenta de Facebook el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO)

“Indígenas del pueblo Misak acaban de derribar estatua del genocida Sebastián de Belalcázar. El genocidio que comenzaron los colonizadores no ha terminado. En el gobierno de (el presidente Iván) Duque han asesinado más de 190 líderes indígenas”, dijo la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Martha Peralta Epieyú.

Una semana después, en Bogotá, le tocó caer a la estatua del fundador de la capital colombiana, Gonzalo Jiménez de Quesada.

Meses antes del Paro Nacional, en septiembre de 2020, los Misak ya habían tirado otra estatua de Belalcázar aquí, en Popayán, la capital del departamento de Cauca y otra de las ciudades fundadas por el conquistador que, para los indígenas de esta región, representa el genocidio, despojo y desaparición física y cultural de sus pueblos.

El monumento al conquistador estaba arriba de una pequeña loma, el Morro del Tulcán, desde donde se ven espectaculares atardeceres con la ciudad de fondo. Los Misak lo consideran un lugar sagrado y ceremonial. Hace medio siglo, los arqueólogos hallaron debajo de la loma restos de una pirámide y restos de la época precolombina.

Ahora, los indígenas citan en este sitio a la delegación de observadores internacionales que forman parte de la Misión de verificación de la situación de la situación de los derechos humanos en las protestas del paro. El secretario hace la primera explicación:

“Donde nos encontramos estaba erigida una estatua que era la de Sebastián de Belalcázar montado en un caballo, con el título colonial con el cual nos despojaron gran parte de las tierras, no solamente acá en Colombia (…) Aquí se hizo el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, por despojo y acaparamiento de tierras, por violación y empalamiento a los pueblos indígenas.  (…) Estos símbolos no son símbolos del pasado, son símbolos totalmente vigentes, en cuanto a la forma de gobernar que tiene nuestro país, nos siguen persiguiendo, nos siguen asesinando, nos siguen masacrando, nos siguen despojando tierras, y actualmente, en el marco del Paro Nacional hay una persecución sistemática a todo el proceso de los liderazgos del Paro Nacional”.

La persecución

Desde la firma por los Acuerdos de Paz, en noviembre 2016, en Colombia han sido asesinados 242líderes indígenas (167 durante el gobierno de Iván Duque). El Cauca es, con mucho, el departamento que liderea esta cuenta. De acuerdo con los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 47 asesinatos de líderes indígenas ocurridos en 2020 (el año más letal), 28 ocurrieron aquí.

“Esto responde a la lógica de ser del Cauca un departamento donde históricamente se han presentado conflictividades territoriales con sectores privados legales e ilegales, tales como la minería, los ingenios azucareros, los monocultivos para el etanol (piña), la explotación de madera, la ganadería extensiva, la zona franca en el Norte, los proyectos de megaminería, el café, la concentración de la tierra, los proyectos petroleros en el macizo, el megaproyecto hidroeléctrica PCH Guachicono, la hidroeléctrica Salvajina, la hidroeléctrica del Micay, los conflictos por reclamación, restitución, recuperación y formalización de tierras”, dice un informe de Indepaz.

A eso se agrega que es un territorio de paso y corredor estratégico para el tráfico de pasta base de cocaína y marihuana, con presencia de estructuras guerrilleras, grupos criminales y a la política de erradicación–fumigación.

Los Masik denuncian que durante los meses de marco del Paro Nacional han sufrido persecución política y acusan al presidente Duque y al expresidente Álvaro Uribe de dirigir estos ataques, pues su partido, el Centro Democrático, presentó denuncias penales contra el gobernador Masik, tata Pedro Velasco, y del secretario Edgar Velasco, por el derrumbe de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali, el 28 de abril.

“Han ofrecido recompensas, hay amenazas, con el fin de que los paramilitares no solamente nos persigan, sino que nos asesinen (…) Lo más grave es que la última denuncia es contra las 52 autoridades de nuestro movimiento”, denuncia el secretario.

El movimiento indígena también ha sido perseguido por el paramilitarismo, dicen los Masik. En las protestas de Cali, presonas vestidas de civil armadas, en complicidad con la fuerza pública, dispararon a la minga indígena. También ocurrió en Bogotá, donde “quienes se dicen gente de bien nos hicieron una emboscada cerca de la Universidad Pedagógica Nacional”, denucian.

Pero lo más grave es que se han ofrecido recompensas de 5 millones de pesos por cada uno de los dirigentes del pueblo Misak.

“Eso se ha prestado para perseguir a cada uno de los integrantes del pueblo Misak en la calle, Y en los medios e propicia mucho el racismo estructural, porque hoy, conservar nuestra identidad cultural, en diferentes partes de Colombia, nuestros vestidos propios, es un riesgo para nuestras comunidades por la persecución que viene ejerciendo por la fuerza pública contra los pueblos indígenas de Colombia”, agrega el líder.

Los Misak exigen que se asuman las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicadas esta semana, para que el gobierno no siga persiguiendo a los pueblos que han estado resistiendo, que se desmonte la estructura del ESMAD (la policía antidisturbios), y que se haga efectiva la implementación del Acuerdo de Paz.

“La CIDH recomienda al gobierno colombiano que la fuerza pública no puede seguir siendo adscrita al movimiento de defensa, es un cuerpo militar y le ha dado un trato de enemigo interno a la protesta. Esto no puede continuar, todos los que nos movilizamos en el Paro Nacional somos ciudadanos colombianos que en el derecho a la protesta estamos movilizándonos y no podemos seguir siendo perseguidos. El gobierno colombiano no ha querido responder, no ha querido dialogar y por eso seguimos en el paro nacional, hasta que el gobierno responda esas exigencias y para que el gobierno pare de asesinarnos”.

Para estos indígenas, el derrumbe de las estatuas no es un acto vandálico, sino una reivindicación de la memoria de ancestros asesinados y esclavizados por las élites.

“No es solo por cambiar las estatuas sino restituir la memoria histórica y colectiva y detener las violencias que hemos tenido. Violencias que son sistemáticas y que no se circunscriben al paro, aunque en este paro han arreciado”.

Derecho a la tierra

Antes del encuentro con el pueblo Misak, los integrantes de la misión visitamos la Finca Santa Martha, ocupada desde febrero por 250 familias campesinas del movimiento de los Sin Tierra, que agrupa a diversas organizaciones sociales y campesinas.

Las familias nos reciben al pie de la carretera, en El Cairo, hacen un cordón de protección alrededor del grupo de defensores de derechos humanos para llevarnos a la hacienda, donde nos reciben con música y nos explican sus demandas; el cumplimiento a los Acuerdos de Paz (especialmente el punto uno, sobre la reforma rural integral); territorialidad, democracia y paz.

Mientras los Acuerdos de Paz no se cumplan, y «no se ha logrado porque el gobierno no quiere», no habrá solución al conflicto social que comenzó el 28 de abril, dicen los dirigentes que nos reciben, Porque «este paro nacional no nace de la noche a la mañana. Nace con el incumplimiento de los acuerdos».

En eso coinciden todos los grupos campesinos, indígenas y afrodescendientes con los que la misión de verificación se reúne en estos días: la crisis social que mantiene el paro se ha ido gestando durante años, por el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos por las autoridades.

En Santa Martha, los voceros de las organizaciones hacen un recuento de las reuniones y movimientos gestados después de los Acuerdos de paz, desde la marcha por la Cumbre Agraria, la Minga indígena y campesina de 2016, la Minga de Occidente en 2019 y la Minga nacional de 2020.

La Minga es un término que se refiere a la reunión de diversos actores y saberes en busca de un objetivo común.

Las organizaciones sociales del Cauca denuncian el incumplimiento de más de 300 acuerdos.

Además, desde la firma de los Acuerdos de Paz han sido asesinados más de mil líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. A ellos se suman 277 excombatientes asesinados. Apenas el 25 de junio fue asesinada Norelia Trompeta, firmante de los Acuerdos de Paz y quien que se encontraba en proceso de reincorporación a la vida civil en el municipio de Buenos Aires.

Las familias de los Sin Tierra explican que, de todos los acuerdos incumplidos por el gobierno, el más grave es el de la recuperación del campo.

“Un campesino sin tierra es como un pez en el agua”, resume uno de ellos.