El Ministro de Defensa llegó a la capital del Cauca con una amenaza: a partir del 20 de julio (cuando está convocada una gran movilización) no se permitirán bloqueos carreteros. En plena visita de la Misión de Observación, la policía antidisturbios dejó sin un ojo a un joven manifestantes, mientras el gobierno de Iván Duque rechazó las recomendaciones de la CIDH

Texto y fotos: Daniela Pastrana

POPAYAN, COLOMBIA.- La escena era la de una película de Hollywood: un aeropuerto cerrado por los militares, la gente que bajaba de la pequeña aeronave recién llegada de Bogotá debía cruzar el andén, la sala de espera y el estacionamiento, antes de cruzar la reja para encontrar algún transporte. Ni paradas al baño eran permitidas por los soldados, que esperaban de un momento a otro la llegada de su mando supremo.

Era una imagen tan impresionante (aunque aquí nos cuentan que no es tan extraño) que estuve tentada a sacar el teléfono y grabar. Entonces vi los rostros sonrientes de nuestras anfitrionas, que forman parte de organizaciones sociales con mucho reconocimiento en las regiones, y cancelé el intento. Porque cuando termine el trabajo de la misión internacional de observación, yo regresaré a mi casa y ellas se quedarán aquí, lidiando con estas estructuras militares que no tienen ningún interés en dialogar.

La comisión que viaja al Cauca está formada por dos investigadores catalanes del Centro de Estudios Para la Paz, dos activistas que vienen de Ecuador, y una periodista mexicana (yo).

Nuestro primer día de trabajo coincide con la llegada a Popayán del Ministro de Defensa, Diego Molano, quien trae bajo el brazo una amenaza para los campesinos organizados: a partir del 20 de julio, cuando está convocada una gran movilización, no se permitirán bloqueos carreteros, que son la forma tradicional de protesta del campesinado colombiano.

También coincide con la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su reciente visita a Colombia, que el gobierno de Iván Duque desecha en bloque.

Pero, sobre todo, coincide con una protesta que es duramente reprimida por la policía antidisturbios, como si necesitáramos evidencia directa de los testimonios que escuchamos en estos días, o si tuviéramos dudas de que el paro nacional sigue (y la violencia del Estado también).

Una violencia que, al corte de la noche, sumaba a las estadísticas dos nuevos chicos con lesiones oculares.

Desencuentros

En la mañana, la CIDH entregó su informe sobre la crítica situación social que ha vivido Colombia durante el Paro Nacional declarado el 28 de abril y que se mantiene hasta ahora, a pesar de las múltiples denuncias de represión. En el documento de 48 páginas la agencia internacional se mostró preocupada por «el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar».

La resolución de la CIDH tiene varias recomendaciones para el Estado colombiano. Una de las más polémicas es separar a la Policía del Ministerio de Defensa. Otra es que (en contravía con la recién aprobada ley de la Procuraduría) los funcionarios elegidos por voto popular solo puedan ser destituidos o separados de su cargo por orden de un juez penal. Una tercera es que se cree un mecanismo de seguimiento para que se cumplan las recomendaciones.

El gobierno de Iván Duque reaccionó duramente, cuestionando el mandato de la Comisión y el diagnóstico negativo sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

«Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad», señaló Duque a medios locales. “Nuestro gobierno ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía, pero los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la constitución y la ley”.

La canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseguró: “Lo que denominan (la Comisión) como cortes de ruta, en la legislación colombiana son bloqueos y están definidos en el Código Penal y es un acto delictivo, porque son interrupciones que tienen consecuencias graves sobre la vida de los colombianos (…) el Gobierno del Presidente Iván Duque es respetuoso y garante de la protesta pública pacífica, que no puede, bajo ningún motivo, estar sujeta al vandalismo, al caos y la destrucción de los bienes de los colombianos”.

El gobierno colombiano también rechazó la propuesta de crear un mecanismo especial de seguimiento, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad, como recomendó la CIDH, porque eso sería reconocer que hay una crisis de derechos humanos. Y desde su perspectiva, no la hay…

Una larga resistencia

Popayán es la capital del Cauca, un departamento en el sur pacífico del país que tiene la mitad de la población mestiza y la otra mitad se divide entre indígenas y afrodescendientes. En Popayán, en cambio, nueve de cada 10 pobladores son mestizos. Aquí le dicen “la ciudad blanca” por sus edificaciones coloniales pintadas de blanco, pero también por una historia de segregación racial. Como nuestra Mérida mexicana.

Aunque después de escuchar los testimonios del primer día de trabajo aquí, no puedo dejar de pensar que el Cauca se parece más bien a Oaxaca y a Guerrero. Tiene sus Guardias indígenas y cimarronas, sus resguardos, que tienen autonomía normativa (algo parecido Al sistema de usos y costumbres) y una coordinadora de organizaciones que es una suerte de APPO y que aglutina poderosas organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, afrodescendientes, sus maestros, su s guardias /que son como reservas). Sobre todo, tienen una larga historia de resistencia y movilización social.

Por eso es simbólico que el Ministro de Defensa venga hoy a Popayán, a advertir que no se van a tolerar bloqueos carreteros, que ha sido la forma de protesta histórica del campesinado colombiano.

Aquí, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, mantuvo 46 días bloqueada la carretera Panamericana, que comunica a Cali con Popayán, y es el paso obligado para el transporte de productos y drogas en el suroccidente del país. Y en la parte más dura del paro crearon “corredores humanitarios” para permitir el paso de alimentos y medicinas.

“No fue un diálogo fácil, pero de alguna forma se salvaron muchas vidas”, cuenta Miguel Fernández, presidente de la CUT Seccional Cauca y Coordinador del Área de Derechos Humanos del Comité de Integración del Macizo Colombiano.

Parte de la reflexión de este primer día es que fue esa capacidad organizativa y comunitaria la que evitó que aquí se cuenten violaciones en la misma proporción que en Cali, la capital del departamento vecino de Valle del Cauca, que está a 140 kilómetros de distancia y que tiene la mitad de los asesinatos registrados por las organizaciones de derechos humanos en estos meses de paro.

Ollas contra tanquetas

Aunque el bloqueo carretero se retiró el 10 de junio, los jóvenes han mantenido protestas en la ciudad. Cada semana se organiza una actividad cultural, una marcha, una olla comunitaria.

La olla es una comida comunitaria, que se organiza a varias manos en un espacio público del barrio. Todos los participantes aportan alimentos y su trabajo para hacer juntos un plato del que todos coman.

Este miércoles, la olla está en el barrio de La Paz, en el sector Sena. Los jóvenes aceptan conversar con los comisionados de la misión internacional. Llevan banderas, cascos, máscaras antigas. Tienen un comité de prensa y también hay abogados de la” primera línea jurídica”. Llama la atención lo articulado de su discurso contra la desigualdad.

“Estos escudos protegen nuestros sueños de un mejor país”, se lee en el escudo de un joven. “La universidad se fue a las calles porque nos cansamos de un modelo que no nos deja estudiar. Ese sistema está cayendo porque hoy es el pueblo en las calles y no vamos a parar, por un mejor futuro”, grita otro joven que lleva pintado el cuerpo con la bandera colombiana. “¿Quién más responde por nosotros si no somos nosotros mismos?”, cuestiona una chica que habla de un compañero desaparecido hace más de un mes. A su lado, otro joven insiste: “Poder expresar las expresiones de la comunidad es el fin de esta olla, que todos nos compartan sus quejas, sus expresiones, para seguir exigiendo nuestros derechos inherentes a una vida digna, con educación salud, comida y techo. Si todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos”.

Kevin Acosta, del grupo de prensa independiente, nos cuenta que apenas el lunes hubo otra movilización que terminó en represión. Que por lo general comienza en la tarde.

Y este miércoles no es la excepción. A las 7 de la noche nos avisan que el ESMAD está cercando la olla, con dos tanquetas, una con un chorro de agua y otra pequeña desde donde disparan sus armas “no letales”.

Los comisionados la misión valoramos la posibilidad de regresar al lugar, pero después de varias llamadas con personas que están en el lugar, los integrantes de las organizaciones receptoras nos recomiendan quedarnos. No hay condiciones para poder hacer algo que ayude. No conocemos la zona, los jóvenes andan dispersos en la refriega, no tenemos más protección que unos chalecos que unos gafetes de derechos humanos (que por estos rumbos no sirven de mucho) y más allá de los golpes que podamos recibir es poco lo que podríamos a aportar a la evolución del conflicto, que se prolonga hasta la madrugada.

A las 9 de la noche nos avisan que también se retiraron la Defensoría del Pueblo y la Personería, las últimas instancias gubernamentales que podían (o al menos tienen el mandato) poner límite a la represión policiaca. Los jóvenes están solos, con sus escudos, frente a la policía antidisturbios.

Seguimos recibiendo información. A la medianoche se confirma que hay tres jóvenes lesionados, dos de ellos con heridas en los ojos.

«Se reportan en la jornada 14 heridos, dos con alto riesgo de pérdida ocular y un joven retenido por la fuerza, quien fue subido a una tanqueta del ESMAD frente al barrio San Eduardo», dice una alerta temprana enviada por el equipo de prensa independiente.

La sensación que tenemos es de una enorme impotencia.

Leo las noticias del día: según la Cancillería, la intervención de la Policía y el Esmad en la protesta social ha sido “excepcional” y ha estado sujeto a “previo análisis de los principios de la legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”.