El tío de la gobernadora de Sonora, Rafael Pavlovich, es acusado de haber falsificado, actas, firmas y sellos para despojar a ejidatarios y favorecer a la minera Penmont. Hasta la fecha, los ejidatarios están envueltos en procesos legales para que los dejen en paz.

Texto: Kau Sirenio

Fotos: Alexis de la Cruz 

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando la minera Penmont perdió el juicio con el ejido El Bajío, en 2015, apareció en la escena de despojo Rafael Pavlovich, tío de la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Con documentos apócrifos que el Registro Agrario Nacional (RAN) hizo válidos, trató posesionarse de una parcela en el ejido. Así empezó la persecución en contra de los ejidatarios en Caborca, Sonora. 

El presidente del comisariado Ejidal del ejido El Bajío, Javier Jesús Thomas González explica lo sucedido con el político sonorense:

“A nosotros, el RAN nos dificulta todo. Por ejemplo, el acta de asamblea falsa que Pavlovich presentó con firmas falsas, fechas falsas y sellos falsos, mal redactada. Pues esa sí la valida y registra; pero las actas de asamblea que presenta el ejido, no. Esto es una muestra de cómo la minera Penmont está en contubernio con el gobierno”. 

Los ejidatarios de El Bajío han enfrentado la inacción y complicidad de los funcionarios de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. “Ellos boicotean nuestras acciones en lo posible y en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28 de Hermosillo, Sonora, desfilaron ocho magistrados agrarios sin que hayan iniciado incidentes de ejecución de la sentencia”, explica Thomas González.  

Para que Rafael Pavlovich se hiciera de 1 mil 824 hectáreas del ejido, presentó un acta de asamblea en la que supuestamente el ejido lo aceptó como ejidatario. Pero, “con ese documento tres ejidatarios fueron despojados de sus derechos con documentación y firmas falsas que el RAN dio por buenas”, asegura el comisariado ejidal. 

 2014: Pavlovich llega al ejido

Rafael Pavlovich llegó al ejido en abril del 2014, de ahí empezó una ola de violencia en el desierto de Caborca. Mientras el magistrado del TUA 2, Benjamín Arellano Navarro, le otorgaba posesión de un predio de 1 mil 824 hectáreas de El Bajío. 

Para 2016, ya con documentos avalados por el RAN y el TUA 28, Pavlovich Durazo denunció a los ejidatarios más visibles de El Bajío. Los acusó de  despojo agravado; ahí sí, en 14 días, la fiscalía de Sonora consiguió orden de aprehensión y encarceló a Erasmo Santiago Santiago, Simón Santiago, Baldomero Santiago y Raúl Ibarra de la Paz.  

“El RAN solo hace una función, la de registrar actos jurídicos y resguardo documental cuando así le conviene. Pero, cuando queremos registrar nuestras actas, no las reciben. Buscan hasta el más mínimo detalle para no recibirlas; nos retrasa la impresión y entrega de certificados, nos obstaculiza y dificulta cualquier trámite. Sin embargo, no hizo eso con el acta falsa que le presentó Pavlovich; ni siquiera porque no llevaba ni una sola firma auténtica, pero, la validó”. Así lo resume Javier Jesús Thomas González. 

Testaferros, actas falsas, asambleas falsas

Rafael Pavlovich presentó en el RAN un acta falsa donde el ejido acepta como ejidatario y a un testaferro de nombre José María Delgado Trujillo. “La aceptación es requisito primordial para que el RAN lo inscriba como ejidatario. Solo si el ejido lo acepta y los presentes firman el acta. Pero como ni lo conocemos, mucho menos lo aceptaríamos. Fue que hizo esa acta de asamblea apócrifa y falseó firmas de todos los ejidatarios y el comisariado ejidal. Esa asamblea nunca se realizó, no existió”. 

Agrega el presidente del comisariado ejidal: 

“El RAN sabiendo que era falsa, que las firmas no coincidían con las de la directiva, ni los sellos eran iguales a los del ejido, la dio por buena para inscribirlo como ejidatario y expedirle certificados parcelarios”. 

La sombra de la minera

El Contrato de prestación de servicio lo firman los ejidatarios Carmen Cruz Pérez, Abel Cruz Pérez, Jacinto Cruz Pérez, José Concepción Cruz Pérez y Erasmo Cruz López, quienes se denominan en el contrato, como “cliente” y Rafael Pavlovich como “prestador”. En la primera cláusula el cliente declara:

“Que tienen en trámite juicio agrario de los cuales se tramitan bajo los números 188/2009, 628/2009 y 414/2009, acumulado al 536/2015, y todos los expedientes que resulten respecto a estas partes que se siguen ante el Tribunal Agrario de este Distrito Judicial y que de momento se pasen de mencionar al cliente, en los cuales se encuentra demandada la empresa Minera Penmont, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Y/O FRESNILLO, así como al EJIDO el BAJÍO”.  

Con este contrato los cinco ejidatarios establecieron contacto con Rafael Pavlovich, y a partir de ahí, falsificaron actas de asamblea para que el tío de la gobernadora ingresara al ejido El Bajío. Pero el grueso de los ejidatarios lo rechazaron, para presionarlos los encarceló.  

Con el apoyo de la policía del estado de Sonora, Rafael Pavlovich se apoderó de las 1,824 hectáreas en abril de 2016 y después sumó otras  21,038 hectáreas. 

Asesinato y despojo, continúan

Ejidatarios exigen anular actas falsas

“En el juicio 335/2019 buscamos anular la asamblea apócrifa del 19 de enero de 2018 que presentó Pavlovich y que el RAN dio por buena, es el primer antecedente donde se robó un derecho ejidal con la venia del RAN”. 

Thomas González dice que el juicio que se sigue para anular la calidad de ejidatario que registró y le dio el RAN de manera indebida, está detenido por la pandemia.  “No debe ser un problema anular lo que validó el RAN. No creo que haya problema con ese asunto. Es imposible que el magistrado por vendido que esté haga lo que el RAN”.

El 23 de marzo de 2020 José de Jesús Robledo Cruz dijo en una entrevista a Pie de página que la alianza de los Cruz Pérez con Pavlovich trajo violencia en el ejido El Bajío, él fue secuestrado y torturado junto con su esposa en 2017 cuando era comisariado ejidal. El 30 de abril de este año fue asesinado junto con su esposa María de Jesús Gómez Vega en Puerto Peñasco, Sonora. 

“Cuando me secuestraron me obligaron a firmar y sellar documentos”, reveló Robledo Cruz en la entrevista en El Bajío. 

Con el asesinato del ejidatario, los familiares se enteraron la sucesión de su parcela está a nombre de una persona completamente desconocida y que no pertenece a la familia de José de Jesús ni a nadie del ejido el Bajío.

“Esto apunta a que detrás del asesinato y amenaza de muerte a la comunidad ejidal, están las intenciones de apropiarse de las tierras de José de Jesús Robledo Cruz” reveló Thomás González.