La población jornalera es invisible para el Estado y la ciudadanía. Por eso estamos impulsando un diálogo con autoridades para explorar mecanismos que permitan incluir a la población jornalera en la política social y una recuperación económica justa

Jorge Romero León, Oxfam México / Campo Justo

En los últimos meses (y años), en México hemos comenzado a nombrar y dar cuenta de la precariedad laboral. Tras décadas de subempleo, de explotación y de condiciones drásticamente desiguales (e injustas), existe, ahora, el espacio en la agenda pública para abordar ocupaciones precarias y, hacia adelante, generar condiciones para mejorar el acceso a derechos. Así ha ocurrido con las trabajadoras del hogar, con las trabajadoras en la industria maquiladora, con un amplio conjunto de ocupaciones en las que no hay espacio o condiciones para la representación sindical amplia y con quienes laboran en la informalidad. Los principales – si no los únicos, los menos controvertidos – logros de la administración del presidente López Obrador apuntan en este sentido: la reforma laboral y el aumento al salario mínimo. Apenas la semana pasada estalló una controversia por el maltrato recibido por al menos un par de chefs, contra empleadas formales, en las cocinas del mundialmente famoso Enrique Olvera. Es un botón de muestra de lo que ocurre cotidianamente en nuestro país. Bien por ellas. Bien por todas nosotras. Hay que confrontar la desigualdad.

En este relativamente nuevo ejercicio de exigencia, sin embargo, no todas las dimensiones de precariedad tienen la misma visibilidad. No obstante el aumento al salario mínimo recién aprobado, las jornaleras y jornaleros agrícolas, y sus familias viven en condiciones de alta marginación. Son “trabajadores esenciales” en los términos de la nueva normalidad y de la importancia que hemos asignado a mantener abastecidas y funcionando a las grandes ciudades (para lo cual es central el papel de las jornaleras). Estamos hablando de una población de 2.5 millones de jornaleras y jornaleros agrícolas que con sus familias representan a una “población jornalera” de poco más de 8 millones de personas (Conasami, 2020). Marginadas en comunidades de origen, en comunidades de destino y en el tránsito en busca de oportunidades de empleo para sobrevivir, la población jornalera es sujeta de persistentes violaciones de derechos humanos a lo largo de su vida productiva. Más que enfrentar nuevas condiciones de explotación derivadas de la recesión económica, esta población se enfrenta a las mismas condiciones desde hace décadas. La pandemia ha mostrado que, a pesar de ser «esenciales», estas personas trabajan en condiciones de enorme precariedad legal e institucional.

La invisibilidad se debe a varios factores. En primer lugar, el conteo de la población jornalera es estimada con fuentes imperfectas, porque desde hace 14 años no se hace un censo agropecuario. Lo han pospuesto la administración del PRI y la actual. En segundo lugar, la administración actual eliminó el único programa destinado directamente a atenderles –el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA). El PAJA no resolvía todos los problemas de la población jornalera pero por lo menos era una ventanilla de atención y mantenía una estructura al tanto de la problemática que enfrenta la población jornalera. Además, en tercer lugar, hoy no contamos con esa estructura y los problemas se acumulan: a pesar de ser un grupo de población que debería recibir transferencias no condicionadas, no las pueden recibir por ser población en movimiento. No hay una estructura de atención para gestionar la movilidad y las transferencias (que suponen y operan sólo para una población sedentaria). El resultado es que hoy, menos del 10% de la población jornalera recibe los apoyos que debería recibir. 

El problema es estructural, porque el Estado no puede regular y procurar (ya no digamos garantizar) que se respeten las condiciones mínimas ni en el reclutamiento, ni en el transporte ni en el lugar de empleo de las y los jornaleros, y como resultado, las violaciones a sus derechos son prevalentes. No existen  garantías ni certeza de que se les respetarán las condiciones de trabajo, y el pago de sueldos acordados; se ven forzadas a aceptar condiciones leoninas de transporte, alimentación y vivienda; se enfrentan a riesgos laborales que los empleadores no asumen ni financian – vamos, con frecuencia la población jornalera no sabe siquiera para quién trabaja, de forma que cuando hay un accidente, o se violan sus derechos, no hay información para recurrir a las autoridades para llamarles a cuentas.  Si todo esto no fuese suficiente, tampoco hay condiciones para procurar (ya no digamos garantizar) acceso a la educación de la niñez en la población jornalera; ni a la salud ni a la justicia cuando las mujeres son violentadas o violadas o cuando las familias son extorsionadas por el crimen organizado.

Por todas estas razones la población jornalera es invisible para el Estado, en todos los niveles, en todos los órdenes, desde todos los poderes; y por la mayor parte de las mismas también son invisibles para la ciudadanía. Hace más o menos un lustro las jornaleras se organizaron en San Quintín para exigir se respetara su derecho de asociación, mejores sueldos por el jornal y mejores condiciones de vivienda y acceso a la salud. Desde entonces acá, no obstante que se crearon los sindicatos, se ha extendido el uso extensivo de mano de obra jornalera en el país y las brechas arriba señaladas han incluso aumentado. 

Por todas estas razones se ha conformado la Alianza Campo Justo, que promueve este espacio de información en alianza con Pie de Página, y por todas estas razones las organizaciones aliadas no pueden conformarse con el aumento al salario mínimo para el sector (significativo cual es). Por eso estamos impulsando un diálogo con autoridades para explorar mecanismos que permitan incluir a la población jornalera en la política social y creando condiciones para suplir al Estado donde se pueda –con la creación de un registro de empleadores y generando condiciones para que en la cadena de valor se presione en favor de los derechos de la población jornalera. Por eso estamos aquí, y acompañaremos a las jornaleras y jornaleros agrícolas a lo largo de la recuperación. Para hacer visible su trabajo, su exigencia, su lucha. Por una recuperación económica justa –idealmente con el apoyo del Estado, obligado a velar por los derechos de la población jornalera, pero aun si no.  

Pie de Página

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