El asesinato de la abogada Luisa Juárez Miranda, de 55 años de edad, ocurrió el 30 de abril de 2011, en San Agustín Buenavista, un poblado de poco más de 2 mil habitantes en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México. Diez  años después  apenas fueron sentenciados los autores materiales. El hombre que la mandó matar sigue impune 

Texto: Lydiette Carrión

Foto: María Ruiz y Cortesía

CIUDAD DE MÉXICO.- Pasaron 10 años desde que hombres armados mataron a traición a Luisa, una mujer de edad mediana, abogada, que unos años atrás había dejado su vida en Ciudad de México para ir a cuidar a su padre en San Agustín, Jilotepec, Estado de Mexico. Y apenas hubo sentencia.

Desde que llegó al pueblo se dedicó a litigar algunos asuntos de tierra: despojos, límites territoriales; asuntos que en todo el país a menudo detonan la violencia. Un asunto de tierras puede llevar años en tribunales; la corrupción abunda en muchos casos y los resultados casi nunca son respetados.

Luisa empezó a llevar de esos asuntos agrarios, en Jilotepec, Estado de México, una región que desde años atrás era famosa entre escaladores de roca, pero que conforme llegó la llamada guerra contra el narcotráfico se volvió peligrosa. Fueron halladas algunas casas de seguridad para el secuestro. Ahí en esos espacios Luisa litigó. Y ya la habían amenazado de muerte; en concreto un hombre llamado Juan, acusado de despojo. Luisa llevaba el caso de un sobrino de Juan, quien lo acusó de haber falsificado su firma para despojarlo de unas tierras de agostadero cuando Juan además era comisario ejidal; en otras palabras, había abusado de su poder.

El 30 de abril de 2011, Por la noche Luisa y su papá se sentaron a ver la televisión; querían ver un programa de Juan Pablo II en la tele. 

En eso, el señor Juárez escuchó que alguien se acercaba a la puerta. Debía ser un conocido, porque los perros ladraron muy poco. 

–¿Quién es?–, preguntó el señor Juárez.

–Vengo a hablar con Luisa–, respondió una voz que el señor Juárez creyó reconocer. 

–Ahí te hablan–, le avisó a su hija.

Luisa salió a la puerta de la casa e inmediatamente su padre escuchó disparos de arma de fuego. Se asomó y vio que su hija agonizaba; le vaciaron el arma encima. De seis tiros, su cuerpo recibió cinco. 

Antes de morir le dijo: 

–Ya me mataron, papá. 

Los asuntos legales

Eran dos los asuntos de tierras que en aquel momento Luisa llevaba. En el primero, defendía a un hombre llamado Eugenio, sobrino político de un tal Juan, quien había falsificado la firma de su pariente para hacerse de unas tierras. Además, lo había hecho mientras era comisario ejidal, lo que es ilegal. 

El señor Jesús Juárez así lo narró ante el ministerio público: 

Que a inicios de abril, su hija Luisa le dijo que la habían amenazado en la asamblea ejidal que se hace cada mes en el pueblo, “quien la amenazó fue el señor Juan (N), que es de los caciques que viven en el pueblo de San Agustín Buenavista Soyaniquilpan, México, dice que le echó bronca, ya que ese Juan le quitó un terreno a un señor que trabajaba con nosotros, que se llamaba Eugenio. Ese terreno valía como un millón de pesos y ese Juan le falsificó la firma a Eugenio y le quitó su terreno. Mi hija Luisa defendió ese caso y últimamente estaba en litigio ese asunto, pues el señor Eugenio le hizo una carta poder para que él lo representara, pero ese tal Juan quiso sobornar a mi hija para que dejara el asunto, pero ella no accedió…”. 

En el segundo, Luisa defendía a Adolfo, un campesino analfabeta que, en una ocasión, cuando fue a cobrar el dinero que le daban de Procampo, descubrió que su hija lo había despojado de su tierra. También estaba relacionado Juan. 

Jesús Juárez, padre de Luisa, también narró: “Mi cuñado Adolfo Juárez está sordo y no sabe leer, incluso está enfermo de asma. A él lo llevaron con engaños para que firmara un documento donde le cedía sus terrenos a [la] mujer de Enrique, que es originario de la glorieta que es un pueblo vecino de San Agustín […]. Ese Enrique y JUAN se llevan bien, y mi hija Luisa también defendió los intereses de mi cuñado Adolfo. Incluso cuando mi hija Luisa citó a Enrique para tratar el asunto de los terrenos que le habían quitado a mi cuñado, no se presentó, pero anduvo diciendo a los vecinos: ‘no se preocupen, eso yo lo arreglo’”. 

Ambos casos –recuerda Cristina, hermana de Luisa– eran fáciles de ganar, y tenían audiencias en mayo de 2011. A Luisa la mataron el 30 de abril.

El ministerio público de Jilotepec, Estado de México, tomó el homicidio de Luisa. Ahí pasó 2 meses y medio. En julio lo trasladaron a Toluca y lo descentralizaron a Lerma. 

Al inicio estuvo bien, narraron familiares en aquel entonces, las autoridades comenzaron a trabajar, pero repentinamente, las cosas comenzaron a entorpecerse sin razón aparente.

Una de las circunstancias, por ejemplo, es que el expediente fue enviado a feminicidios en agosto de 2012; pero ahí les respondieron que no tenían la carpeta. Interpusieron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El expediente por fin apareció de nuevo en Lerma; las autoridades aseguraron que lo habían reasignado a esas oficinas desde feminicidios, “pero no hay un solo oficio que demuestre que alguna vez había estado ahí”, explicó Cristina, hermana de Luisa, entrevistada en 2012. 

Los familiares de Luisa presionaron para que se hicieran estudios periciales. En Jilotepec, realizaron una autopsia, pero no los estudios correspondientes. Entre 2012 y 2013, la familia apenas tuvo acceso a los estudios; entonces se enteraron de que la abogada había forcejeado antes de morir.

Mientras, en el pueblo había un rumor: un hombre llamado Víctor Eduardo, muy cercano a Juan cuando se emborrachaba presumía que se había hecho rico por haberle “dado piso” a una abogada.

Quién era Víctor: 

A José Francisco Robles Valladares y Víctor Eduardo García los detuvieron en mayo o junio de 2011, dos meses después del asesinato de la abogada. Pero no por ese delito, sino en alguna borrachera, con dos mujeres, algo suscitó que los catearan. A José Francisco le encontraron una Colt .38 Super con una leyenda inscrita: Tiger. A una de las mujeres le hallaron otra arma. 

Aquella vez los detuvieron, les aseguraronn sus armas y los pusieron en libertad condicional.

Como la familia fue alertada del caso de Víctor, comenzó a buscar información, algún indicio que los vinculara con el homicidio. Por ello pidieron verificar el arma asegurada. A la Colt le  hicieron varias pruebas periciales en balística. La primera salió negativa. Fue hasta que pidieron que desde la Fiscalía General de la República supervisaran que salió positiva: en 2013, un perito de la FGR concluyó que el arma  que le aseguraron a  Víctor asesinó a Luisa.    

2014: las detenciones

José Francisco Robles Valladares y Víctor Eduardo García fueron detenidos en mayo de 2014. En aquel momento ellos declararon haber participado en el asesinato; les pagaron, confesaron, 15 mil 200 pesos en total. 

La declaración de José Francisco advierte que, antes del asesinato, él andaba vendiendo un arma que consiguió en Estados Unidos: una  Colt, calibre .38 super, con serie  TIGER0179; la ofreció a Víctor y éste le respondió que no sabía nada de un comprador, pero que le tenía un trabajo: “Que se trataba de darle piso a una señora de San Agustín Buenavista, Soyaniquilpan, ya que se le había encargado su amigo Juan […]  el cual yo no conozco […] que si aceptaba la chamba, Juan me daría quince mil pesos, por lo cual le dije que sí jalaba pero que no quería conocer a ese tal Juan…”. 

Meses después los indiciados aseguraron haber sido torturados. El juez, sin embargo, dictó sentencia este 30 de abril de 2021: diez años después del asesinato de Luisa: culpables de homicidio calificado, probando la ventaja y alevosía. 

Juan continúa prófugo.