La Red Mexicana de Afectados por la Minería demandó al gobierno mexicano justicia para el excomisariado ejidal de El Bajío, Caborca, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, opositores a la minera Penmont y asesinados en Puerto Peñasco

Texto: Kau Sirenio

Fotos: Heriberto Paredes / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) demandó al gobierno mexicano justicia para el expresidente del comisariado ejidal del ejido El Bajío, municipio de Caborca, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega asesinados en Puerto Peñasco el pasado viernes 30 de abril. El ejidatario y avecindada del ejido El Bajío, esposos eran firmes opositores a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en Sonora.

“Denunciamos que el asesinato de nuestra compañera y compañero ocurre dentro del contexto de su exigencia para que se hagan cumplir las múltiples resoluciones judiciales que implican que la minera Penmont, propiedad de Alberto Bailleres, debe pagar no sólo las rentas que los ejidatarios exigían por la ocupación ilegal de sus tierras, sino también la devolución del oro extraído, también ilegalmente, durante ese mismo tiempo, así como la restauración por el daño ambiental causado a las tierras del ejido, cuestiones que siguen pendientes de ejecución por parte de los órganos judiciales competentes”, se lee en el comunicado.

La Red pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal que implemente de manera urgente acciones necesarias que garanticen tanto la protección de las y los 13 ejidatarios amenazados, en el mensaje que acompañó a los cuerpos José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega.

José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega habían sido amenazados. El 3 de septiembre del año 2017, José de Jesús, sin una orden judicial, fue detenido afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de miembros del Ejército mexicano. Ese año el presidente comisariado ejidal dejó el cargo y salió del país, reapareció en marzo del año pasado, cuando Pie de Página lo contactó en el ejido.   

“Tampoco es la primera vez que las y los ejidatarios sufren actos de violencia, porque desde el 2002, al ingreso de la empresa Penmont en su territorio, dio comienzo la ya conocida escalada de violencia dentro de proyectos mineros, misma que ha sido documentada por el ejido, incluyendo la realización de denuncias conforme a la ley a partir de presentar amparos, impulsar la apertura de carpetas de investigación y, por supuesto, llevar ante el tribunal agrario juicios por el despojo del cual han sido objeto”. 

A pesar de lograr varias sentencias a su favor, ninguna ha sido ejecutada y los actos de violencia crecieron, señala REMA, tales como intimidaciones, detenciones arbitrarias, homicidios, secuestros, desapariciones forzadas.

El documento señala: “En los tiempos de la 4T todo sigue igual; el Modelo Extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y, sin recato alguno, opera en abierto contubernio, con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el uso de las fuerzas armadas legales -entre ellas la policía minera,  creada recientemente por el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Ing. Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para gobernar el estado de Sonora-, y grupos armados ilegales, estos últimos relacionados con el crimen organizado. Ambas fuerzas son utilizadas para castigar a quienes se atreven a defender el territorio, aún si las y los defensores usan las instituciones en búsqueda de justicia”. 

La organización acusa que Alberto Bailleres González, dueño de la minera Penmont, subsidiara de grupo Peñoles, de jubilarse y dejar como último acto “otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos” de María de Jesús y Jesús Robledo.

“Se retira de sus ‘ocupaciones’ con la saña que lo ha caracterizado siempre, tal cual una vida llena de saqueo, de asesinatos y de la compra de los aparatos de justicia, por mencionar sólo algunos de sus episodios. ¡Qué lejos se encuentra López Obrador de castigar a los megaempresarios mineros mexicanos que le acompañan en diversos programas de gobierno!; ¡Qué equivocado está cuando pide a los canadienses que hagan algo por las mal portadas empresas que operan en México!”.

REMA dirige también un mensaje a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano: “Es evidente el nepotismo con el cual actúa el gobierno estatal al cubrir y ser omisa ante la fabricación de documentos apócrifos gestados por su tío, con el propósito de obligar a los ejidatarios de El Bajío a que lo aceptaran como integrante del ejido y posiblemente, si ello sucediera, ser entonces el puente perfecto para que la empresa minera Penmont lograra continuar con el saqueo de las tierras”. 

Después de que el ejido El Bajío obtiene la sentencia en contra de la minera Penmont aparece en la escena Rafael Pavlovich en abril el 2014, a partir de ahí se desencadena una ola de violencia en la zona: “Su presencia cobra una gran relevancia por sus actos violentos y de denuncias en contra de las y los ejidatarios, muchas orquestadas a través de instituciones de gobierno, con el propósito de imponer condiciones dentro de la asamblea ejidal”. 

Rafael Pavlovich, con apoyo del magistrado del tribunal agrario Benjamín Arellano Navarro, le otorga posesión de un predio de 1,824 hectáreas, que era propiedad plena de El Bajío. Con el respaldo del magistrado, Rafael Pavlovich presenta denuncias por despojo agravado contra los ejidatarios y en 14 días los encarcelaron.

La organización señala a Rafael Pavlovich de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Caborca.

Por su parte, el vocero del ejido El Bajío dio a conocer que visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se reunieron con ejidatarios de El Bajío, Erasmo Santiago Santiago y Demetrio Avendaño Quintero, en Puerto Peñasco. En el encuentro con defensores de derechos humanos, los campesinos narraron el acoso que viven desde que la minera Penmont entró al ejido y entregaron la queja en el cual señalan a miembros de Ejército mexicano de hostigarlos.