Pobladores mayas emiten un posicionamiento; denuncian desinformación  y malas prácticas por parte de autoridades ejidales y federales, quienes convocaron a consulta el próximo 18 de abril; más de 200 pobladores temen inminente expropiación de tierras comunales para construir una estación.

Texto: Daliri Oropeza

Fotos: Cortesía pobladoras organizadas de Kimbilá

CIUDAD DE MÉXICO.- Ejidatarios, parcelarios y ciudadanas de Kimbilá, Izamal, Yucatán, denuncian su inconformidad y repudio a “malas prácticas de las autoridades federales y de líderes ejidales” relacionadas con la construcción de una estación del Tren Maya en su ejido. 

Temen una inminente expropiación de más de 6 mil metros cuadrados de tierras de uso común, por ello solicitan un nuevo proceso de consulta que incluya informar del proyecto.

Más de 200 habitantes de este pueblo maya firmaron una carta llamada “Posicionamiento Respecto a las Malas Prácticas Relacionadas al Tren Maya y al Ejido de Kimbilá”; esto, después de que el Comisariado ejidal convocó de manera repentina a una asamblea este 18 de abril “con la finalidad de obtener autorización a favor de Fonatur». 

En la Convocatoria a la asamblea, el comisariado informó que ahí se firmará un “Convenio de Ocupación Previa”. Describen: 

“Se plantea que la Asamblea autorice la expropiación de más de 6 mil metros cuadrados de las tierras de uso común y parte del territorio indígena, y de igual forma, que demos autorización para el respectivo cambio de uso de suelo ante Semarnat”.

En el Posicionamiento, la denuncia por la desinformación y la falta de consenso en el pueblo es contundente. Los pobladores mayas aseguran que quieren imponerles formas de decidir “de asuntos tan transcendentes como lo es la tierra y nuestro territorio, violentando los estándares internacionales de Consulta a pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT”. 

La voz de las mujeres

“Tenemos derecho a conocer qué es lo que se plantea del Tren Maya para el pueblo, sus beneficios, sus perjuicios,  que sea con transparencia y sea para todas y todos del pueblo. Cumplir con ese derecho de la consulta previa libre e informada. Es parte de nuestros derechos como pueblo maya decidir lo que pasa en nuestra tierra”, asegura Anahí Canché May, habitante de Kimbilá.  

Ella tiene un compromiso social comunitario y un compromiso profesional pues es trabajadora social. Anahí participó en la Escuela Itinerante De Derechos Humanos De Pueblos, cuando pasó por su ejido. Ahora alza la voz pues exige que se escuchen todas las voces y no solo las de los ejidatarios.

Anahí y los más de 130 firmantes del posicionamiento identifican que la desinformación en torno al megaproyecto Tren Maya es un problema grave para decidir si lo quieren o cómo lo quieren.

A lo largo de su denuncia enumeran una serie de atropellos desde las Asambleas Regionales de 2019, pues nadie en el pueblo ha recibido información sobre la construcción del megaproyecto. Recuerdan que ninguna autoridad de Kimbilá participó u otorgó aprobación en el proceso que  organizó el INPI. 

“Ante la intención de construir la totalidad o parcialidad de la estación del Tren Maya en tierras de Kimbilá, no puede considerarse la existencia de una aprobación previa, más porque EN NINGUN momento nos han presentado ningún plano ni información de lo que quieren poner en las tierras que ahora amenazan con expropiarnos”, dice el po.

En el segundo punto reiteran que por ser un pueblo maya, tienen derecho de un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada de acuerdo a estándares internacionales.

“Exigimos que las autoridades de los tres niveles sean garantes de nuestros derechos y este es un ejemplo claro de que si nosotros no decimos nada, van a pasar sobre nosotros”, denuncia la habitante de Kimbilá quien firmó con otras mujeres el posicionamiento. 

El problema con el comisariado ejidal 

Al interior del pueblo, denuncian que un grupo de 48 ejidatarios de Kimbilá le solicitaron al comisario ejidal actual una asamblea con el objetivo de comenzar a elaborar un protocolo de consulta del pueblo que ayude, pero el comisario se negó a convocarla con ese motivo. Pero sí convocaron a la asamblea sobre la expropiación por parte de Fonatur. 

En el escruto denuncian que las acciones de la Procuraduría Agraria han sido omisas ante la necesidad organizar la toma de decisiones a nivel interno del ejido, como lo fuera el padrón ejidal. Exigen hacer valer la ley agraria.

“La aprobación o rechazo de un proyecto depende de todo un proceso de diálogos y consensos libres, previos e informados con el pueblo en su totalidad. Hasta estos momentos, la información sobre el proyecto Tren Maya ha sido escaso e insuficiente en el pueblo de Kimbilá”, dice el posicionamiento.

Este viernes cambiaron la convocatoria a la asamblea, sin haber cancelado la anterior y sin avisar al pueblo.

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De acuerdo con otro poblador de Kimbilá, las personas aún no se dan cuenta de todo lo que han sido despojadas, pero este megaproyecto de Tren Maya puede ser un parteaguas para ello, por eso prefieren denunciarlo públicamente. 

El Posicionamiento está dirigido al gobierno federal, Fonatur, INPI, Semarnat, la Procuraduría Agraria. Apelan a instancias electorales y comisiones de derechos humanos a nivel estatal y federal. También está dirigida a una serie de organizaciones internacionales como La ONU, Alto Comisionado de Derechos Humanos y Relatores  o la CIDH.