Las empresas inmobiliarias en Chapala se apoderan de terrenos de forma ilícita; se extienden sobre áreas de protección ambiental y el gobierno municipal promueve amparos para seguir construyendo en territorios indígenas.

Texto: Atemi Yeudiel García Sánchez / Perimetral

Fotos: Cortesía Perimetral

JALISCO.- Los habitantes, ejidatarios, comuneros y avecindados no han dejado de luchar y exponer que el crecimiento desmesurado de colonias y fraccionamientos sin regulación; el mismo que es validado por el gobierno municipal de Chapala.

Son empresas inmobiliarias que, en las zonas de Ajijic, San Antonio Tlayacapan, Santa Cruz de la Soledad y en el Cerro de Lourdes, están haciendo lo que quieren. No hay autoridad que les impida despojar el territorio y las zonas ambientales.

El problema inició desde 2018, desde el gobierno de Moisés Alejandro Anaya; quien actualmente está en campaña para reelegirse y en su momento presidió la comisión de Desarrollo Urbano de Chapala. Desde su gobierno, se permiten desarrollos inmobiliarios generando daños ecológicos; se ha permitido la privatización de recursos naturales, y la creación infraestructura irregular; incluso se ha permitido la usurpación de tierras ejidales con ocupación indígena. 

En Perimetral hicimos un recorrido por ejidos para tratar de entender de cerca lo que está pasando.

Urbanizaciones 3H y Punto Niza se apoderan de terrenos ilícitamente 

En la calle Niza ubicada en el cerro de Lourdes platiqué con Cesar Gustavo Quiroga. Él nos mostró cómo a los costados y parte trasera de la casa de su familia se ha estado construyendo un fraccionamiento llamado “Punta Niza”. Este proyecto afecta a viviendas ya establecidas; además usurpó de manera ilícita parte del terreno que les pertenece.

Quiroga narró que durante el 2020, cuando se activó el botón rojo debido a la pandemia, dejaron de ir con regularidad a revisar la propiedad. Eso lo aprovechó la empresa Urbanizaciones 3H: se apropió de 700 metros cuadrados del terreno que rodea su casa y levantó un muro de por lo menos 5 metros a nivel del piso. Con ello cerró una brecha para cortar el camino a desnivel entre las calles superior e inferior del domicilio.

La familia de Gustavo Quiroga no es la única afectada. Varios domicilios a raíz de las vibraciones por la maquinaria han sufrido cuarteaduras, pérdida de banquetas y usurpación de calles.

Los espacios de desagüe pluvial los alteró la empresa desviándolos hacia las calles y dañando los caminos con encharcamiento y lodos foco de infección.

No se quedan de brazos cruzados, han interpuesto quejas colectivas ante la presidencia de Chapala, pero sin recibir respuestas que aclaren sus peticiones.

–¿Por qué el municipio permite estas irregularidades?

–Estamos temerosos. Se ve que está coludido este fraccionamiento y tienen muchos favores del municipio, entonces pueden hacer lo que quieran. Ya absorbieron una calle, parte de mi terreno, pues quiere decir que tienen mucho poder […] Estamos temerosos de que nos quiten nuestra casa y que es el patrimonio de mi hermana y mío, el sistema de justicia es absurdamente lento y te piden muchas cosas y más se detuvo con el tema de covid-19 que estuvo meses cerrado todo, y pues ellos han seguido trabajando, de hecho tenemos una suspensión de su obra, pero ellos siguen trabajando, no sirve de mucho el sistema de justicia”.

El condominio que se construye en Punto Niza es de 20 mil 503 metros cuadrados para albergar 36 unidades habitacionales; a mediados de 2020 la obra fue suspendida por un amparo que ganaron vecinos de la zona.

Además, una investigación que realizó en 2020 el semanario Laguna reveló que el municipio de Chapala no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); esto, en una zona de altos índices de deslaves por una falla volcánica que cruza el cerro de Lourdes.

El quiebre en el cerro podría caerse en cualquier momento y afectar todas las viviendas de la zona: las que ya existen y las que están construyendo.

Las autoridades de Protección Civil y Bomberos han dejado pasar esto. No han promovido ninguna cancelación de las obras, a pesar de que están desgajando un cerro que podría cobrar vidas por las irregularidades de construcción que se hacen en este sitio. 

Comunidades originarias, en constante lucha por sus tierras

En la comunidad de San Antonio existen comuneros que suman años luchando por los ejidos y derechos de las tierras; pero el crecimiento inmobiliario y la participación capital de funcionarios que son socios o accionistas de las empresas ha provocado un crecimiento exponencial en esta zona.

Incluso los comuneros han pedido que se les respeten sus recursos o se les pague lo justo para ceder sus terrenos. 

Eduardo Corona Vega, profesor de primaria y tesorero de la organización de protección de la comunidad índigena de San Antonio Tlayacapan, relató que en el 2018 un tribunal de Jalisco les dio un fallo de protección a favor de San Antonio para evitar que sus terrenos fueran usados para construcción.

Pero el gobierno municipal de Chapala se amparó con un tribunal de Ciudad de México para poder seguir haciendo uso de las tierras. 

“Estamos luchando con los gobiernos, porque ellos son los encargados de dar los permisos, de llevarse una parte de nuestro pueblo, porque por ejemplo si tienen un terreno de tantas hectáreas que arreglaron, ellos se llevan una aparte […] Hemos sido muy pisoteados, agredidos, no se nos ha respetado. Tenemos nuestros títulos de propiedad cosa que nadie nos ha querido ayudar, viendo la posibilidad de bajar el amparo”, reclama Eduardo Corona. 

En la actualidad pelean contra las apropiaciones o ventas ilegales de las tierras de un cerro conocido como “San Antonio”. Este cuenta con una presa que era de uso común de los habitantes y que la fauna usa para su alimentación natural. Pero actualmente este ecosistema ha sido alterado por la privatización de la zona.

Instituto de Pensiones, operador de corrupción

El cerro de Santa Cruz de la Soledad es un ejido de una comunidad indígena que lleva siete años en lucha contra el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL). Éste ha «prestado» recursos públicos a las empresas Covasis y a los dueños de Motormexa, quienes crearon «Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala S.A. de C.V.». Con ella adquirieron 450 hectáreas de zona natural protegida que además pertenece a los agricultores de la zona.

Así, la dependencia del gobierno del estado, que se sostiene de los ahorros y pensiones de personal jubilado viola de derechos humanos, agrarios y ambientales; emprende amenazas a ejidatarios y defensores de los derechos humanos que se oponen al proyecto, financia acciones corruptas.

Durante la administración municipal de Moisés Anaya, 275 hectáreas se vendieron a sobreprecio, en los cerros del Cántaro, el Junco y San Francisco. Ahí, esperan que más de 17 mil personas habiten cuatro mil 424 construcciones. Esto, por medio de Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala, empresa que se fundó en el 2012 bajo el folio 68195, a nombre de Adriana Gómez Maciel, según información de Laguna. 

Megaproyectos que desplazan comuneras

María de Jesús López Rodríguez es ejidataria y representante legal de los comuneros de Santa Cruz de la Soledad desde hace cinco años. Ante la amenaza de que construyan un complejo turístico, una casa asistencial y un condominio habitacional en sus tierras, teme. Acusa que se perderían los sistemas de captación de agua de una presa natural.

“Hay mucha incertidumbre en este megaproyecto que tienen contemplado. Realmente no tienen la estructura definida alrededor del lago de Chapala en cuanto a drenaje, en cuanto al subsidio de agua».

“Estamos hablando de una densidad de más de 40 mil personas y no sabemos qué pasaría y eso es lo que más o menos peleamos, que el ecosistema siga en las misma condiciones y que nuestro terreno que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, siga en las mismas condiciones”.

En un documento al cual tuvo acceso Perimetral donde los comuneros de Santa Cruz hicieron una recopilación de hechos ocurridos por la defensa de sus tierras, se pudo encontrar que en Jalisco hay un decreto legal establecido en el Diario Oficial del Estado de Jalisco del 18 de mayo de 2013; por virtud de causa establece a esa zona como “un área estatal de protección hidrológica, cerro viejo-chupinaya-los sabinos”. 

La superficie es de 23 mil 176 punto 97 hectáreas y que se encuentra entre los municipios de Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec y Tlajomulco, y establece la protección para la conservación del ecosistema, la biodiversidad y el uso sustentable y mantener la provisión de servicios como la captación de agua y el apercibimiento de actividades productivas sustentables. 

Pero a pesar de que las empresas violan estatutos de protección ambiental y no cuentan con documentos regulados, el gobierno de Chapala continúa permitiendo que a través de una forma exponencial y a beneficio de unos cuantos, se dañe la calidad de la vida natural.

Hoy día el problema de corrupción y despojo de tierras es un tema que se sale de la agenda electoral, el alcalde con licencia Moisés Alejandro Anaya, que busca la reelección, omite hablar del tema, se deslinda pero ese antecedente está claro no solo en los originarios de Chapala, sino incluso en lo grupos de extranjeros que se asentaron en la ribera y están, también, en contra de aumentar la densidad poblacional en la zona.

Este trabajo se publicó originalmente en Perimetral, Periodismo para usarse. Pie de Página lo retoma gracias a la Alianza de Medios. Aquí puede consultar la publicación original.