El magistrado que puso freno a la minera Penmont de Bailleres no fue ratificado en el Senado. Loya Valverde acusa presión por parte del grupo minero. El caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Texto y foto: Kau Sirenio 

Fotos: Juan Carlos Campos Teylor y Heriberto Paredes/Archivo

HERMOSILLO, SON.- Manuel Loya Valverde le apostó a todo en su sentencia contra la minera Penmont. A pesar de que en su oficina desfilaron senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para presionarlo para que fuera a favor. 

En junio 2014 el ejido El Bajío obtuvo una sentencia inédita en contra de la empresa minera Penmont de Alberto Baillères. Esta resolución enfureció al magnate mexicano; al grado que movió todas sus fichas en el Senado de la República para que echaran al juez que resolvió la demanda de los ejidatarios del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Hermosillo, Sonora. Así sucumbió el poder político ante el poder económico en el país.

De los 67 procesos que resolvió al respecto, Loya no dejó hueco para que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, desechara alguno. La sentencia fue ratificada en su totalidad. 

Sin embargo, el falló en contra de la minera le costó cuando su ratificación llegó al Senado de la República. En noviembre de 2014 –pocos meses después de la sentencia–, los senadores del PAN y PRI votaron en contra de la continuidad de Loya Valverde como magistrado en el Tribunal Unitario Agrario (TUA). 

“No me ratificaron porque se dejaron seducir por el dinero de Alberto Bailleres”, señala el exmagistrado. 

Agrega: “Los que promovieron mi remoción están ante el escrutinio público por enriquecimiento ilícito; y espero que sean juzgados conforme a derecho, porque es lo que espera un ciudadano común. El ahora gobernador por el PAN en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Emilio Gamboa Patrón orquestaron mi salida del Tribunal Unitario Agrario”.

Las presiones contra el magistrado

Entre los senadores que buscaron todas las vías para doblegar y que el magistrado se pronunciara a favor de la minera Penmont, aparecen: el candidato de la Coalición, PAN-PRI-PRD al gobierno de Sonora, Ernesto Gándara Camou; y su cuñado Héctor Madrid Castro, ahora representante legal de la minera. 

Cuando Gándara Camou no tuvo éxito en su intento por convencer al magistrado Loya Valverde, entró al quite el senador por Guanajuato, Miguel Ángel Chico Herrera. Originario de Silao, Guanajuato, y amigo del magnate del Palacio del Hierro, Alberto Bailleres. 

El mismo senador cabildeó en el Senado de la República, primero para no ratificar a Loya Valverde y después para que se le entregara al empresario minero la Medalla Belisario Domínguez en noviembre de 2015. 

Por Penmont, a Loya lo demandaron todos

Loya Valverde platicó con Pie de página en Hermosillo, en una cafetería al poniente de la Ciudad. La conversación con el exmagistrado se centró en la sentencia que resolvió entre los ejidatarios y la minera Penmont. Además de hablar de la presión que la clase política de Sonora ejercieron en su contra para que resolviera a favor de la minera.  

Levanta su taza de café, le da un sorbo y la regresa a la mesa. Ya más sereno retoma la plática sin soltar el hilo jurídico con que empezó la conversación. En el lapso del proceso agrario, ambas partes los demandaron por robo: “Me demandaron ante la extinta Procuraduría General de la República. Un grupo de ejidatarios de El Bajío que tenían relación directa con la minera y la propia minera Penmont”.

El ex juzgador nacido en Chihuahua y especialista en derecho agrario pone el dedo en la llaga: “Como juzgador enfrenté presiones políticas; desfilaron por mi oficina senadores del PAN, Héctor Larios Córdova y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela; siempre me preguntaban como iba la minera. Nunca les dije el estado que guardaba, hasta que salió la resolución”. 

Loya Valverde, suelta: “El secretario Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Carlos Ramírez Marín vino a Sonora presionar para que se tuvieran consideraciones a favor de la mina”. 

Agrega: “Después de la visita del secretario de la Sedatu, llegó a mi oficina el abogado Héctor Madrid Castro, a traer el mensaje de la minera: ‘magistrado, me están contratando para que usted sea depuesto de su cargo y sea procesado penalmente’. Mi respuesta fue: ‘señor abogado, yo no puedo impedir que usted tome un asunto que le resulte interesante, como profesionista haga su trabajo’”. 

–¿Recibió presiones económicas? 

–Presiones económicas no recibí de ninguna de las partes. Sabían muy bien que no los iba aceptar, por eso se dedicaron a crear terror político con sus personeros del PAN. 

–¿En qué espacio del proceso empieza a tener más presión para resolver el juicio entre el ejido El Bajío y la minera Penmont? 

–Cuando el Tribunal Colegiado me dio libertad para analizar los actos que estaban impugnados por parte de los ejidatarios y del ejido El Bajío.

El exmagistrado clava su mirada hacia el fondo de la cafetería y voltea hacia la ventana. Hace una pausa que enfría el pequeño salón. Suspira profundamente y continúa con la plática: 

“Al revisar el expediente encuentro que el comisariado ejidal hizo tratos con la mina, pero no están sustentados en un acta de asamblea que autorizara la firma de algún convenio con la mina. Por eso declaré nulos todos los documentos que tenía la mina para estar dentro de las tierras del ejido”.

Agrega: “A partir de ahí vino una presión tremenda contra mi persona, la mina metió un amparo directo que resolvió el primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Administrativa del quinto circuito. Mientras que el ejido hacía causa común con la mina, también se inconformaron con un recurso de revisión que resolvió el Tribunal Superior Agrario. Sin embargo, el primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Administrativa resolvió el amparo que promovió la mina y le negó la protección constitucional”.

La magistratura de Loya Valverde empezó en el Tribunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora, de ahí se va a Chilpancingo Guerrero, donde trabajó de cerca con las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero. 

“En Guerrero, busqué siempre la reconciliación, pero acá no pudimos”.

Salvaguardar las tierras

Manuel Loya revisa su cuaderno de notas, y suelta la madeja de la historia: 

“Los ejidatarios representados por Carmen Pérez Cruz o Cruz Pérez se presentaron en mi oficina con la suspensión que dictó el Tribunal Superior Agrario para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y que no se ejecute la sentencia de primera instancia”. 

Agrega: “En ese momento yo ordeno un depósito judicial de las tierras que están en conflicto y designo como depositario judicial al ejido El Bajío y al grupo de ejidatarios en conjunto, además comisiono al personal del TUA para que acudan a poner al ejido y a los ejidatarios en posesión de depositarios judiciales de esas superficies y que ya la mina no hiciera ninguna actividad y que se tomaran fotos y videos para grabarlos en archivos para tener una evidencia si el día de mañana se violaba o no se violaba la suspensión”. 

La orden que el magistrado ejecutó generó tensión en el Tribunal Superior Agrario, de inmediato le pidieron que se trasladara a la Ciudad de México para explicar los hechos: 

“La reunión fue un lunes, les llevé un escrito a cada magistrado y les expuse el por qué no estaba violada la suspensión. Les dejé claro que dejé las cosas en el estado que guardaban. Además, la suspensión era para favorecer los intereses del ejido, porque al ejido fue al que le otorgaron la suspensión, mientras que la mina había sido oída y vencida en juicio. 

La reunión tuvo mayor complicaciones, en la Ciudad de México, el magistrado presidente, Marco Benicio Martínez Guerrero, le dijo a Loya Valverde que regresara al TUA en Hermosillo, y esperara hasta que se resuelva. Pero al regresar a Sonora, los trabajadores le avisaron que ejidatarios de El Bajío realizaron una manifestación en contra del magistrado: 

“Hicieron un mitin contra de mi persona como magistrado, por haber ejecutado la suspensión”. 

La movilización en contra del Loya Valverde fue financiada por la mina Penmont: “La mina financió todos los movimientos en mi contra. Les hicieron creer que la sentencia que dicte era en contra del ejido, los azuzaron con ese argumento. Que el magistrado les estaba quitando sus tierras de uso común. Aunque era incorrecto que se les diera tierra de uso común nomás a cinco personas, que la ley no lo permite”. 

El exmagistrado, refuerza: 

“Las tierras de uso común son de uso colectivo, todos [son] los titulares de derecho, pero en este caso es muy especial porque la ejecutoria del primer tribunal colegiado en materia penal administrativa fue categórica en dictar una nueva sentencia que diga que este grupo de ejidatarios tiene derecho a la tierra de uso común”.

Enredo de derechos

Lejos de satisfacer la demanda de los ejidatarios, tuvo otro problema:

“Es muy importante aclarar que esto generó conflicto en el derecho agrario. Los derechos que corresponde al ejido es un derecho de propiedad, pero el ejido no es un pequeño propietario en términos de derecho civil, el ejido tiene un derecho de propiedad, pero de propiedad social donde convergen otros derechos que tienen igual de protección en la constitución y en la ley agraria”.

-¿En qué criterio se basó para ordenar a la minera Penmont que devolviera el oro a los ejidatarios? 

–Cuando estaba por resolver los 67 juicios, empecé a estudiar una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había resuelto una indemnización. 

Penmont jamás acreditó la concesión sobre tierras

Loya Valverde explica cuál es el antecedente en el que se basó.

“Había un terreno que estaba ocupado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y dice el criterio más o menos, los materiales que están en el subsuelo son de la nación, sí, pero mientras permanecen en estado natural. Una vez que dejan de estar en estado natural que se desprenden de la veta, ya nos son de la nación, pasan a ser propiedad del titular de la concesión. Sin embargo, en los juicios que resolví, la mina no acreditó tener concesión para explotar ese lote minero. 

Como en los 67 juicios no acreditó tener título para explotar el lote minero y está la sentencia por escrito, en ese sentido digo, ‘sí, te estoy declarando nulo, y la nulidad implica que las cosas regresen al estado que guarda y tú no tienes concesión para explotar, entonces no te puedo dejar algo que está totalmente ilícito: regresa el oro al ejido porque el ejido es el dueño’”. 

Después de que Loya Valverde hizo un esbozo jurídico sobre la sentencia que resolvió en los 67 juicios agrarios entre ejidatarios del ejido El Bajío y la minera Penmont de Alberto Bailleres, habló del proceso en el Senado de la República para su ratificación no ocurrió. 

“El presidente de la comisión ordinaria de la Reforma Agraria era el senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Cuando visité el Senado para conocer el dictamen me aseguró que iba a ser a favor. Sin embargo, esto no ocurrió. El argumento se basó en criterios burocráticos”.

Después de que el Senado rechazó la ratificación, Manuel Loya Valverde solicitó un amparo en contra de la resolución de los senadores. El juez quinto de Hermosillo le negó la protección de la justicia, Entonces Loya acudió a la segunda sala de la Corte y  de igual forma le negaron la justicia. 

El caso del magistrado, está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en espera de que se le dicte medidas cautelares.