Intelligencia México es negocio familiar de Carlos Canabal, ex alcalde de Cancún e implicado en la Estafa Maestra. Desde hace tres años maneja los desechos sólidos de la ciudad y desde entonces la ciudad está inmersa en basura. Pero en diciembre del año pasado, la cosa escaló y dio un giro insólito en tribunales…
Texto y fotos: Ricardo Hernández Ruiz
CANCÚN.- Intelligencia México es negocio familiar de Carlos Canabal, ex alcalde de Cancún y beneficiado de la trama de corrupción conocida como La Estafa Maestra. En 2017 consiguió irregularmente el contrato para la recolección y traslado de los residuos sólidos generados en este destino turístico. A tres años, el saldo es una ciudad sumergida en basura.
Pero a finales del año pasado el problema escaló a niveles insólitos. Por ejemplo, en solo una de las más de 100 montoneras desperdigadas en la capital turística de México se habían acumulado 800 toneladas de basura. Además se sumaban otros 50 basureros clandestinos.
La empresa estaba obligada a recolectar la totalidad de las mil 400 toneladas de basura generadas a diario en el municipio; ello a través de al menos 60 camiones. Pero sólo se hacía cargo de 368 toneladas con apenas 23 camiones. Esto, de acuerdo con datos de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol).
Ante tal panorama, el Cabildo del Ayuntamiento de Cancún aprobó el pasado 14 de diciembre la intervención total y temporal del servicio a cargo de Intelligencia México, suspender pagos, realizar una auditoría y contratar a una nueva empresa.
Inconforme, la empresa familiar del político presentó el 29 de diciembre un amparo (288/2020), radicado en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún. Con esto consiguió la suspensión temporal de la intervención. Así que retomó trabajos y continuará cobrando en tanto termina el juicio; eso sí, no sin antes desembolsar 100 mil pesos como garantía.
Para conseguir la suspensión definitiva tendrá que demostrar que está en condiciones de retomar el servicio, algo que se presupone imposible.
El contrato adjudicado a la empresa de Canabal fue irregular desde el inicio. Originalmente, en junio de 2017, la ganadora de la licitación pública había sido Proactiva Medio Ambiente (Setasa). Pero el Ayuntamiento, encabezado entonces por Remberto Estreada (PVEM), aceptó ceder a la empresa del ex alcalde los derechos del fallo, según consta en el contrato firmado entre las partes. Esto nunca pasó por el cabildo municipal.
Cabe apuntar que, un mes antes de la firma del contrato, la empresa celebró una asamblea para integrar a Elvia Guadalupe Ruiz Ávila, madre de Carlos Canabal, y nombrarla presidenta del consejo de administración.
Además de inexperta, la empresa no contaba con la capacidad económica ni de infraestructura necesaria. De hecho, para hacerse cargo tuvo que solicitar un préstamo y el arrendamiento de 68 camiones; estas deudas no las ha pagado. Actualmente debe más de 270 millones de pesos a dos sociedades financieras, según documentos notariales en poder de Pie de Página.
“Como no era su área, como no tenía ni un camión de basura, recurrió a préstamos millonarios y arrendamientos de camiones que no ha apagado”, dijo una fuente conocedora del caso que solicitó el anonimato.
El 14 de diciembre, el mismo día en que se aprobó en Cancún la intervención de la empresa, en Ciudad de México se realizaba una diligencia en las oficinas de la empresa. Las autoridades requerían el cobro de uno de los préstamos, de más de 36.7 millones de pesos. Un día después, en otra diligencia en el mismo lugar, la segunda sociedad financiera exigía el pago de los otros 234 millones de pesos por el arrendamiento de los camiones recolectores, y notificaban la rescisión del contrato por incumplimiento de pago.
El 28 de diciembre se realizó una nueva diligencia, ésta en el predio donde resguardan los camiones en Cancún, aunque también sin éxito, pues nunca dieron con los representantes legales.
A las irregularidades se suma que desde hace meses, Intelligencia México despidió a varios de sus 420 trabajadores y a otros más no les ha pagado salarios ni prestaciones; por ello, desde octubre pasado más de 100 empleados se fueron a huelga; y seis trabajadores alistan una demanda colectiva, según Gabriel Zavalegui, su representante sindical.
Además, del 6 al 13 de enero algunas personas, supuestamente trabajadores de la empresa de Canabal, quien también es dueño de un medio de comunicación local, cerraron la entrada principal del relleno sanitario para impedir que la nueva empresa contratada por el municipio descargara los residuos y exigir su reinstalación, por lo que la Fiscalía General del Estado inició la averiguación previa 385/2021.
Desde el pasado enero, y para suplir a Intelligencia las autoridades municipales contrataron a la empresa regiomontana Red Recolector, con presencia en otros 13 municipios del país. Pero, por el doble de precio acordado con Intelligencia México: 730 pesos por tonelada, lo cual ha desatado polémica. Este contrato estaría vigente por ocho meses.
A través de la modificación de la Ley de Hacienda para el Ejercicio 2020, el municipio pretendía imponer nuevos cobros por la recolección de basura a más de 20 mil negocios.
De nueva cuenta la familia Canabal sería beneficiada; ahora a través la empresa Eco’ox, propiedad de la madre de Canabal, y quien por entonces era consejera de la presidenta municipal «Mara» Lezama, de Morena.
Eco’ox instalaría contenedores inteligentes, y cobraría, dependiendo la cantidad de residuos que desecharan directamente los usuarios. Esto violaría la Ley de Ingresos local, que establece como competencia exclusiva del municipio el cobro por servicios públicos.
El sector hotelero y empresarial, se inconformó; más de 30 cámaras, defendidas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, empujaron un amparo. Fue así que se echó por tierra la propuesta.
Ha sido tanto el crecimiento poblacional y turístico de Cancún y tan errática la actuación de las autoridades que los servicios municipales más básicos como el manejo de los residuos sólidos y líquidos urbanos han quedado rebasados.
Lo anterior es el posicionamiento del Colegio de Biólogos de Quintana Roo en lo que será el primer diagnóstico integral sobre el tema, aún inédito y adelantado a este medio.
Los residuos recolectados en el municipio van a dar al relleno sanitario, ubicado en la periferia. Este se encuentra en operación desde 2007 y la empresa Promotora Inmobiliaria Majahual lo gestiona. Está integrado por tres celdas de confinamiento final de los residuos y dos lagunas de lixiviados.
Tanto las celdas como las lagunas, afirma Sofía Gómez, presidente del Colegio de Biólogos, están a punto de rebosar.
Cada contenedor de lixiviados –líquidos percolados a través de los residuos– ha alcanzado los 5 mil metros cúbicos; han rebasado su límite máximo de nivel de alerta, que es de 4 mil 629 metros cúbicos.
“Cuando llueve, las lagunas de lixiviados se desbordan. Y no hablamos de una lluvia torrencial, sino de casi cualquier lluvia”, dice Gómez.
El vertimiento de lixiviados está causando daños ambientales significativos y aún sin calcular. Las autoridades y empresas han negado información sobre la calidad del agua subterránea del lugar, afirma la bióloga.
Lo mismo pasa con el relleno sanitario, que está a punto de ser obsoleto, pues su vida útil expiró el año pasado.
El municipio invertirá este año 10 millones de pesos para construir una nueva celda, de acuerdo con Ricardo Archundia, titular de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
El trabajo diagnóstico fue coordinado por el Consejo Consultivo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Cancún, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y el Colegio de Biólogos.
Cada habitante en el estado, apuntan en el documento, genera 1.24 kilos al día, superior a los 0.81 de la media nacional. Y Cancún, con sus residentes pero también con sus más de 7 millones de turistas que cada año la visitan, es el municipio de Quintana Roo que más residuos genera: un promedio de mil 400 toneladas al día.
La cifra es reportada por la paramunicipal Solución Integral de Residuos Sólidos, sin embargo, no refleja fielmente la realidad.
Y es que en las últimas décadas en Cancún han proliferado los asentamientos irregulares, sin derecho a servicios municipales como drenaje o recolecta de basura.
Hay cerca de 88 mil personas que habitan colonias irregulares en Cancún y la zona conurbada; son el 10 por ciento de la población total. Esto, según estimaciones realizadas por Christine McCoy, investigadora de la Universidad del Caribe. Este grupo no tiene acceso a un servicio de recolección de basura, lo que fomenta el surgimiento de tiraderos clandestinos y genera problemas socioambientales.
“Entonces, la cifra real de cuánta basura se genera en el municipio no la conocemos”, dice Gómez. “Se puede decir que los asentamientos irregulares son el problema principal y más grave”.
Otro de los problemas es que los residuos peligrosos como pinturas, solventes, grasas y aceites, así como residuos biológico-infecciosos no cuentan con un sistema de recolección específico a nivel doméstico; lo que la mayoría es dispuesta como residuos sólidos urbanos, generando problemas de contaminación del suelo y del agua.
El Colegio propuso impulsar la separación de residuos desde la fuente, principalmente a nivel doméstico; generar conciencia en la población sobre la importancia de esto; generar incentivos y simplificar trámites para facilitar la operación de las empresas recolectoras de residuos revalorizables en la zona metropolitana de Cancún.
Además, exhortan a prever y fomentar la instalación de industrias que implementen biotecnologías para aprovechar los residuos en la generación de energía y a implementar un sistema de información a la población sobre días, horarios y condiciones de recepción de cada tipo de residuo.
No existe ningún control ni regulación sobre el destino final de las contaminantes aguas azules, producto de las letrinas portátiles y sistemas similares que funcionan con sustancias químicas que degradan los desechos orgánicos y son utilizadas en obras de construcción en el estado, advirtió el Colegio.
La industria de la construcción en Quintana Roo es una de las más activas del país. Tan solo en 2020, a pesar de la pandemia, en Cancún se construyeron 7 mil cuartos nuevos de hotel, según la Secretaría de Turismo.
Aunque en estas obras es común el uso de letrinas portátiles no se ha implementado una regulación al respecto.
“Ninguna instancia de las consultadas lleva registro del destino final de las aguas azules. Se sabe que algunas empresas de transporte de aguas azules las vierten en caminos o brechas”.
“Es evidente que la disposición desconocida de aguas azules sin tratamiento es un grave daño ambiental no atendido, ya que estas aguas, por requerir un proceso diferente, no pueden ser tratadas por las plantas que operan en la zona”, apuntan los autores del diagnóstico.
Además, no hay instancia alguna que lleve el registro y control de los prestadores de servicios encargados de la colecta, manejo y disposición de las aguas azules.
“Esto genera un vacío de actuación y regulación por parte de la autoridad que favorece, por omisión, la contaminación del suelo, subsuelo y aguas subterráneas, sin mencionar el impacto negativo sobre la vegetación, la fauna y la calidad del paisaje. Esto no es un problema menor”, si se considera la intensa actividad del sector constructivo, principal usuario de letrinas portátiles generadoras de aguas azules”, remachan.
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