Las consecuencias económicas de la pandemia han dejado a familias sin casa sin que los gobiernos otorguen apoyos económicos ni alternativas legales para evitarlo. Organizaciones solicitan #MoratoriaYa en Ciudad de México y otras entidades, como ya sucedió en algunos países.

Texto: Daniela Rea y Arturo Contreras

Fotos: María Ruiz

Actualización 11 de febrero.

CIUDAD DE MÉXICO.- “Estoy casada y tengo un hijo de 6 años, antes de la pandemia mi esposo trabajaba de bar tender en un antro y yo en una ONG. Se quedó sin trabajo mucho antes de que empezaran a cerrar antros, los dueños del lugar decidieron cerrar anticipadamente y pues el sueldo de Ricardo era el que compensaba los pagos de la renta. Vivíamos en Iztapalapa donde la renta no es tan cara, pagábamos 4 mil 500. Sin su sueldo empezamos a vivir al día, era una situación difícil y estresante, pedíamos dinero para terminar los gastos del mes y tomamos la decisión de dejar la casa porque ya no podíamos pagar la renta”.

Éste es el relato de Pamela, una joven que recién comenzaba su vida independiente, con su familia, y por las consecuencias económicas de la pandemia tuvo que dejar el departamento que rentaba, y volver a la casa familiar. En un breve sondeo a través de redes sociales Pie de Página puede acceder a su relato, el de otras personas que dejaron la casa por falta de pago y una más que fueron desalojados por deudas.

“Desde que Ricardo se quedó sin trabajo en marzo yo sostenía la casa, sabíamos que esto no iba a mejorar y en junio decidimos movernos con mis suegros, que nos prestaron un cuarto en Neza. Ha sido complicado porque es una decisión que nos aleja de lo que eran nuestros trabajos presenciales, de nuestra independencia. Las redes familiares nos ayudaron pero seguimos con deudas”. 

¿Cuál es el impacto de la pandemia en el derecho a la vivienda en México? Es difícil saberlo aún. La Encuesta de Seguimiento de los Efectos del covid-19 publicada en junio del año pasado advierte que la pandemia podría llevar a la pobreza al 76.2 por ciento de la población, esto es 95.2 millones de personas. 

Entonces la encuesta advertía que 14 por ciento de la población económicamente activa se encontraba desempleada o descansada sin goce de sueldo; 65 por ciento tenía sus ingresos reducidos y un 30 por ciento reportaba reducción de más de la mitad de su ingreso.

Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat,  señala que los datos de desalojos (y de quienes han tenido que dejar su casa o departamento sin desalojo) aún no están disponibles.

“Los resultados de los tribunales van retrasados, un juicio de arriendo tarda en promedio un año en resolverse, así que aún no tenemos esos datos de desalojos. Por otro lado están quienes no a fuerzas han vivido desalojo judicial sino que han decidido irse del lugar donde vivían porque ya no tienen posibilidad de pagar la renta, y han tenido que volver a su ciudad de origen, con los padres; otros han logrado acuerdos”.

Pamela relata que antes de la pandemia estaban estables económicamente; destinaban el 30 por ciento del sueldo de su compañero para pagar la renta y comenzaron a adquirir deuda para comprar muebles de su casa. “Somos una pareja joven y cuando nació mi hijo vivimos dos años con mis papás. Tener un departamento propio significaba independencia, tomar las riendas de nuestra familia y de la crianza de nuestro hijo. Pareciera que volver a una cosa familiar era dar un pasito atrás de lo que habíamos consolidado”. 

La ONU recomienda que se destine máximo el 30 por ciento del ingreso a la renta, sin embargo en el país este porcentaje sube hasta un 50 por ciento.

Dejar la casa

La Coalición para el Hábitat realizó un cuestionario a 1498 personas entre 1° y el 12 de mayo, para conocer cuál era el impacto de la pandemia en el derecho a la vivienda. Si bien se trata de una muestra que no se puede generalizar al conjunto de la población, explica Silvia Emanuelli, permitió poner sobre la discusión qué está pasando.

Una tercera parte de las personas encuestadas vive en departamentos o casas independientes; el resto se reparte casi por partes iguales entre vivir en vecindades, casas de interés social, en un cuarto en una vivienda más amplia; y en menor medida en un cuarto de azotea.

De los encuestados 44% son propietarios de la vivienda, casi 40% la rentan, 11% es prestada y 3% viven en casa de algún familiar.

En los resultados encontraron que se realizaron 56 desalojos que afectaron a 256 personas. De las personas desalojadas, una tercera parte vivía en Iztapalapa, el resto en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

El 59% de las personas desalojadas dijeron que fue por la imposibilidad del pago del alquiler por falta de recursos económicos atribuidos a la pandemia; el 14% a que el propietario dejó de prestar o pedir que cuiden su vivienda y el 7% fueron desalojados por riesgo de contagio.

Toda una vida se fue con el préstamo

Este relato lo hace Carola. Hasta finales del año pasado su hija vivía con su papá, en un departamento propio. Sin embargo, las consecuencias económicas de la pandemia le impidieron pagar un préstamo del cual el departamento estaba en garantía. El 25 de noviembre del 2020 fueron desalojados por el banco. El hogar se perdió.

“Mi hija y su papá vivían en un departamento en la colonia Juárez donde vivían desde hace 20 años, desde que ella nació. El papá pidió un préstamo, el trabajo fue mal, no se pudo pagar el préstamo, el departamento quedó como garantía. Se había dicho que no habría desalojos en la pandemia, incluso él fue a hablar a jurídico del banco y le dijeron que no, pero no fue así. El 25 de noviembre en la mañana llegaron seis hombres con sellos y ganchos a informar que iban a desalojar y tomar posesión del departamento, que le pertenecía al banco. Mi hija y su papá no se resistieron, era un departamento que estaba valorado en 3 millones de pesos.

“De mi hija pudimos recuperar su ropa, cosas de la escuela, pero no hubo dinero para rentar una bodega y poner los muebles, los regalamos a unas personas que están  acampando a la vuelta en la colonia Juárez que también fueron desalojadas hace años, ahí quedó esa historia de 20 años, 25 años de ese departamento”.

“Ahora mi hija vive conmigo, el papá no tiene casa, se quedó sin nada, solo una bolsa negra con ropa y zapatos. Lamentablemente es una historia muy común. Uno queda tan mal emocionalmente que no está listo para enfrentar una acción, no le alcanza a rentar, está en casa de amigos. No sabe qué va a hacer”.

Renta

En México el 16 por ciento de la población accede a la vivienda a través de la renta, que equivale a 5 millones de viviendas, según el INEGI. Kalycho Escoffié, directora en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, explica que la renta  es el medio por el cual la clase media accede a la vivienda, la clase media joven, generaciones que tienen obstáculos para alcanzar un inmueble, sobre todo en ciudades donde el suelo es excesivamente caro.

Sólo el 41 por ciento de los contratos de arrendamientos en México cuenta con un contrato escrito, el resto pone en desprotección a los propietarios como a los inquilinos, agrega Escoffié.

En la encuesta que realizó Hic-Al se refiere a que 597 hogares de los  mil 498 entrevistados pagan renta, el 62 por ciento afirmó tener dificultades para asumir el pago y el 37 por ciento afirmó no tener dificultades para seguir haciéndolo.

De las personas que afirmaron tener dificultades para pagar, dos terceras partes no han podido llegar a un acuerdo con el dueño; y el resto que sí pudo llegar a un acuerdo las opciones fueron varias como reducir el precio de la renta, condonar o aplazar el pago.

Algo que advierte la encuesta es la dificultad creciente para mantener el pago:  dos terceras partes de las personas encuestadas dijeron que había posibilidades de no poder pagar la renta los próximos meses.

La encuesta retoma datos de la organización civil El Caracol, según la cual en la ciudad de México hay 6 mil 700 personas en situación de calle, por lo que se recomienda destinar recursos para garantizarles un hogar en la emergencia sanitaria, ya sea en albergues o acceso a los hoteles o vivienda temporal.

La red familiar ante la omisión gubernamental

“Soy Alfonso Sierra, tengo 30, estudio un doctorado (sexto semestre) en la UNAM con beca de CONACyT, soy papá soltero y mi beca termina en un año. Tuve que dejar mi casa y regresar con mis papás como una medida para ahorrar esa renta para el futuro.

“Mis papás tienen 60 años, mi mamá es pensionada y mi papá maneja un autobús de pasajeros, mi papá es diabético y con obesidad, su trabajo es de alta exposición al virus y preferimos que dejara de trabajar, esto fue desde marzo hasta noviembre, entonces los ingresos en su casa fueron muy escasos. Yo les ayudaba prácticamente con la mitad de sus ingresos. Acordamos que era mejor mantener una sola casa y ahorrar parte de mi beca ante la incertidumbre del fin de la pandemia.

“Sé que mi caso no es una tragedia, que hay historias horribles. Pero finalmente, sí, la pandemia me obligó a dejar mi casa donde era muy feliz solo.

“¿Qué significó para mí dejar mi casa? Fue triste, pero más que nada incómodo… perder mi privacidad, mi espacio y mis reglas para volver a mis 30 años al espacio familiar. Además era una renta relativamente baja por una casita muy muy linda, ubicada en un pueblo de usos y costumbres entre Cuernavaca y Tepoztlán. Procuro que este cambio imprevisto me afecte lo menos posible en mi plan a largo plazo, que es terminar el doctorado para establecerme en Alemania, viéndolo de este modo aún puedo recuperar algo de lo perdido”.

Moratorias, la alternativa en otros países

En abril del 2020 la ONU recomendó a los países cancelar los desalojos hasta el final de la pandemia, pues justo el hogar con acceso a servicios como el agua potable es uno de los espacios que permite comenzar a cuidarse del coronavirus.

Estados Unidos aplicó por decreto federal una moratoria sobre desalojos de vivienda que expiró el 31 de diciembre; el gobierno de Nueva York los extenderá hasta el 1 de mayo. Otros países que las han aplicado son Alemania,  Argentina,  Australia, Austria, Chile, Colombia, España, Francia, India, Italia, Malasia, Reino Unido y Sudáfrica.

En México, sin embargo, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México han sido omisos en generar apoyos para la atención a los problemas de vivienda que ha dejado la pandemia, advierten Silvia Emanuelli y Kalycho Escoffié.

“Lo único que han dado en apoyo: aprobar permisos de construcción y facilitar créditos para comprar casa, es decir se está rescatando al sector de la construcción, no es un tema de respuesta social”, dice Escoffié.

“El gobierno no está sacando recursos para hacerse cargo de esta situación, no asume gastos específicos sino que pide a la sociedad una solidaridad. Habíamos planteado que el gobierno estableciera moratoria de desalojos: evitar los desalojos hasta que dure la pandemia. Hay países que han hecho esto y otros que han previsto medidas para el pequeño propietario que depende de su renta”, explica Emanuelli.

Kalycho Escoffié señala que no hay un manual de lo que cada país debe hacer para proteger el derecho a la vivienda en la pandemia, de acuerdo con su contexto.

“Pero la moratoria de desalojos ha sido una de las medidas más utilizadas: esto no implica amnistía al pago, es decir, no implica que te perdonen la deuda, sino que frente a la contingencia una moratoria lo que puede ayudar es que la gente no se vea en situación de calle en un contexto en el que de por sí hay más oferta de vivienda. Es decir, permitir desalojos no solo pone en riesgo a las personas, tampoco es garantía de que las personas van a conseguir rentar sus departamentos”.

Kalycho explica que además de la moratoria hay otros mecanismos que ayudan a complementar los apoyos, por ejemplo en Ontario, Canadá, se dio apoyo para la vivienda de alquiler. Si se vence ese tiempo en que les dan el apoyo entran en moratoria; en Los Ángeles, por ejemplo, el gobierno local rentó hoteles para que las personas sin hogar pudieran pernoctar.

Silvia Emanuelli señala que desde la sociedad civil plantearon al gobierno de Ciudad de México impulsar las moratorias de desalojo. En junio (del 2020) presentaron una iniciativa de reforma al código civil de la ciudad para lograr un desequilibrio entre arrendador y arrendatario, y plantear elementos de justicia alternativa cuando hay conflicto entre las partes, como la mediación, la justicia alternativa, pero en agosto la iniciativa se fue a la congeladora dos meses después.

“Quisimos el debate y ni oportunidad del debate nos dieron, estaba representados los notarios, la empresa privada, pero no la sociedad, se trataba de una propuesta de izquierda que no fue retomada por la izquierda”, dice Emanuelli.

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Perder la independencia

La señora Lupita tiene 55 años y vive en Toluca. Ella rentaba un espacio en el centro de Toluca, cerca de su trabajo en un restaurante, el cual pensaba compartir con alguna estudiante. Llegó en febrero del 2020 y para marzo ya estaba el acuerdo de compartir el espacio, lo cual no se concretó por el inicio del confinamiento.

Para junio, la situación económica estaba mal. Lupita recibió apoyo económico de su familia, pero para septiembre ya no fue posible. Lupita intentó un acuerdo con la casera, pero éste duró hasta diciembre. En enero Lupita dejó el departamento que rentó para tener su independencia y se fue a Ciudad de México a casa de su hija.

“Ella trabajaba en un restaurante de Toluca, pero sus patrones no apoyaron a los empleados de ninguna manera, de hecho solicitaron el apoyo de los empleados para que laboraran con el sueldo mínimo y que esperaran de manera indefinida sus pagos, la mitad fue despedida, se aprovecharon de esos despidos para abrir vacantes y hacer lo de semana de prueba y no contratarlos”, relata una hija de Lupita.

“Para mí el haber dejado mi casa no es un retroceso, es frustración, tengo conflictos emocionales. Vivir sola y ser independiente me generaba una gran satisfacción, tener algo propio. Hay mucha incertidumbre, no sabes qué va a pasar, tienes miedo de enfermarte, de la situación económica; en mi caso la mitad de mi sueldo se me iba en renta y subía hasta el 65 por ciento si incluía los servicios. Tengo sentimientos encontrados de si no he tomado las mejores decisiones. Me siento aliviada y acompañada, tengo incertidumbre, hace mucho tiempo que no vivía una situación así”.

 Yeudiel Infante

“Soy músico, me llamo Yeudiel Infante. Me dedico profesionalmente a la composición y producción musical. En febrero de 2020 me mudé a rentar con mi novia. Todos mis ingresos venían de la industria musical, del teatro y de la docencia. Iniciado el confinamiento se vino todo abajo. De un mes a otro dejé de tener entradas de dinero. Mi campo laboral es muy inestable, entonces no tenía muchos ahorros y cerca de abril me quedé en ceros. 

“Mi familia me apoyó para terminar de pagar las rentas que restaban en mi contrato y la pude llevar para sobrevivir gracias a algunos alumnos que aceptaron mudarse al Zoom y a una beca de la UNAM que tengo porque formo parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas.

“Pero para agosto tuve que volver a casa de mis padres. Ahí sigo por ahora. La renta la pagaba a mitades con mi novia, eso era una gran ayuda. De ingresos totales en promedio se me iba como un 40% en renta.

“La situación para mí ha representado, sobre todo, un fuerte desajuste de las pocas cosas estables que consideraba en mi vida acá en CDMX. Prácticamente todo en lo que trabajo cambió y sigue cambiando”.

Recomendaciones

Coalición para el Hábitat presentó a las autoridades una lista de propuestas para atender el derecho a la vivienda en el contexto de la pandemia.

1. Establecer medidas legales que permitan parcializar, reducir o suspender y prorrogar sin ninguna penalización, pagos de rentas de inmuebles usados para viviendas o micro y pequeños negocios familiares a solicitud de la persona que compruebe su situación de necesidad.
2. Regular el precio de los alquileres. Evitar que los precios incrementen considerando la pérdida de ingresos en las familias.
3. Suspender todos los desalojos -tanto los judiciales como los extra judiciales- por el riesgo sanitario que implica quedarse sin un lugar para resguardarse.
4. Legislar en materia de alquileres para garantizar adecuadamente los derechos de arrendadores y arrendatarios.
5. Garantizar vivienda alternativa y refugios temporales para las personas que los necesiten, en condiciones dignas y salubres, como viviendas vacías, subutilizadas, abandonadas o terrenos baldíos que se adecuen como vivienda de emergencia o refugio, con base en el principio de la función social de la propiedad. 
6. Garantizar agua, saneamiento y alimentos y otros apoyos a las personas que carecen de ellos.

Piden decreto de moratoria en Ciudad de México

Este 11 de febrero un grupo de organizaciones, activistas y personas desalojados solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México y al Poder Judicial de la Ciudad de México decretar una moratoria a los desalojos en casos de vulnerabilidad, pues a casi un año de haber iniciado la pandemia por covid-19 México, la emergencia económica y sanitaria continua.

En conferencia de prensa virtual, una veintena de vecinos llenaron conformaron un mosaico de letreros con la leyenda #MoratoriaYa. Aseguraron que la petición propone implementar una medida temporal, ya que la adopción de esta moratoria no implica suspender todos los pagos para los arrendatarios o arrendadores ni tampoco el perdón definitivo de las deudas inquilinarias.

Por el contrario, la petición busca atender los casos de personas en situaciones vulnerables como personas jóvenes desempleadas, madres de familia y un rango amplio de diversas situaciones de especial vulnerabilidad socioeconómica.

Pie de Página ha documentado cómo en la Ciudad de México, pese a la emergencia sanitaria, los desalojos vecinales han continuado; sin embargo, hasta el momento no hay información gubernamental que pueda precisar cuántas personas han sido obligadas a dejar sus hogares por una orden judicial. Según cifras del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad.

Medidas como estas se han acatado como una medida sanitaria en varios países como Alemania, Argentina, Austria, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Malasia, Reino Unido y Sudáfrica, e incluso, en algunos de ellos los debates sobre la moratoria van sobre extenderla por un año más.

Entre las organizaciones que firman la petición está la Coalición Internacional por el Hábitat, el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, el Movimiento Urbano Popular,  Techo para mi país, y el observatorio vecinal de la colonia Juárez, la 06600 así como académicos de diferentes universidades. 

Desde mediados de 2020 estas y otras organizaciones han pedido a las autoridades locales y nacionales tomar medidas sobre los desalojos, sin embargo, al respecto, Claudia Shienbaium, la jefa de Gobierno de la ciudad asegura no tener las facultades necesarias para ejercer este tipo de medidas, Por ello, esta petición tiene como base el Artículo 9 y 16 de la Constitución política de la Ciudad de México, que hacen referencia al derecho a la vivienda y a la gestión del espacio público, explicó Kalycho Escoffié, cuyo trabajo legal acompaña y asesora a diferentes colectivos vecinales en el país.