La libertad de expresión se mantiene como un riesgo en Myanmar, donde de nuevo un periodista va a la cárcel, esta vez por el tema de la pandemia. La crisis de la covid-19 hizo que numerosos médicos, comunicadores y ciudadanos de Asia que opinaban en sus redes sociales enfrenten cargos en los tribunales

Texto: IPS

Foto: Amnistía Internacional

GINEBRA – Autoridades de al menos 12 países de Asia han reprimido la libertad de expresión y de debate sobre el tema de la pandemia covid-19, expresó con alarma la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Durante la actual crisis “se ha visto un endurecimiento de la censura, junto con el arresto arbitrario de personas que criticaban la respuesta del gobierno, o simplemente por compartir información u opiniones” sobre la pandemia, dijo Bachelet en Ginebra, sede de su oficina.

Muchos países de la región ya tienen leyes que castigan las alegadas “noticias falsas” y las han utilizado para disuadir el debate público y las críticas a las políticas gubernamentales o suprimir la libertad de expresión, recordó la funcionaria.

Insistió en que “si bien los gobiernos pueden tener un interés legítimo en controlar la difusión de información errónea en un contexto volátil y sensible, esto debe ser proporcionado y proteger la libertad de expresión”.

El 21 de mayo, en Myanmar, un tribunal condenó a dos años de prisión a Zaw Ye Htet, editor jefe de la agencia de noticias Dae Pyaw, por hacer “una declaración que podría causar o incitar al temor o al motín público”.

El medio había publicado un artículo el 13 de mayo que decía que una persona murió en la sudoriental región de Kayin debido al virus, lo que resultó no ser exacto. El editor fue arrestado, acusado, juzgado y condenado en menos de una semana.

En Bangladesh, decenas de personas fueron arrestadas o acusadas en los últimos tres meses en virtud de la Ley de Seguridad Digital, por supuestamente difundir información errónea sobre la covid-19 o criticar la respuesta del gobierno.

En Camboya se documentó el arresto de 30 personas, incluidas seis mujeres y una niña de 14 años, por comentarios sobre covid-19 y publicaciones en redes sociales. Permanecen 14 detenidos, algunos acusados de conspirar contra el gobierno.

La oficina de Bachelet se informó de una docena de detenciones en China, de médicos y académicos que publicaron sus puntos de vista sobre covid-19 y la respuesta del gobierno a la pandemia.

Un médico y varios periodistas fueron acusados en India por sus críticas públicas a la respuesta gubernamental ante el flagelo, y en la occidental ciudad de Mumbai la policía dictó una prohibición de incitar a la desconfianza sobre la gestión de las autoridades ante la crisis de salud.

Al menos 51 personas son investigadas penalmente en Indonesia bajo una ley sobre la difamación por supuestamente difundir noticias falsas sobre la pandemia, incluidas tres por decir en redes sociales que un área del norte de Yakarta tenía casos de covid-19 después de que el gobierno roció desinfectante allí.

En Malasia hay 29 personas acusadas ante tribunales, y 265 investigaciones abiertas por las autoridades de comunicaciones, en relación con la difusión de presuntas noticias falsas relacionadas con la presencia del coronavirus en el país.

Hay reportes de periodistas detenidos en Nepal mientras cubrían noticias relacionadas con la covid-19, y en Filipinas varios casos de arrestos bajo una nueva legislación que penaliza la difusión de noticias supuestamente falsas.

En Sri Lanka y Tailandia también se registran amenazas de detenciones y procesos a personas tras el rastreo gubernamental de noticias que se consideren falsas, maliciosas o que provoquen desinformación.

Y en Vietnam, más de 600 usuarios de la red social Facebook fueron interrogados por autoridades por sus publicaciones sobre el brote del virus. Al menos dos fueron procesados y sancionados con penas que pueden llegar a nueve meses de prisión y mil dólares en multas.

Bachelet dijo que “en estos tiempos de gran incertidumbre se debe permitir a los profesionales médicos, periodistas, defensores de los derechos humanos y al público en general que expresen opiniones sobre temas de vital importancia, como la atención médica, el manejo de la salud y el desarrollo socioeconómico”.

“Esta crisis no debe usarse para restringir la disidencia o el libre flujo de información y debate”, concluyó.

Este texto fue publicado originalmente en IPS. Aquí puedes consultar la publicación original