En una ceremonia atropellada, la Gubernatura Nacional Indígena, una organización creada en 2014 y ligada al PRI mexiquense, entregó nombramientos de gobernadores indígenas en Yucatán y Campeche. Líderes mayas cuestionaron la representación de los nuevos «gobernadores indígenas», pues aseguran que sólo buscan legitimar proyectos gubernamentales, como el #TrenMaya

Texto: Robin Canul
Fotografías: Cuauhtémoc Moreno

MÉRIDA, YUCATÁN.- En medio de acusaciones de ser una elección arbitraria y sin consulta previa, se realizó la toma de posesión de las gubernaturas indígenas de Yucatán y Campeche.

Margarita Torres Sansores y Rufino Cruz Cruz asumieron el cargo de gobernadores indígenas por Yucatán y Campeche, respectivamente, y se entregaron el bastón de mando.

La ceremonia fue encabezada por Tiburcio Can May, quien se asume como sacerdote maya y en diciembre pasado presidió la ceremonia de anuencia al Tren Maya, impulsada por el gobierno federal, además de haber participado en otros eventos relacionados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

El escritor y activista Pedro Uc advirtió que los nuevos nombramientos son una forma de legitimar los proyectos de la Cuarta Transformación como el Tren Maya y no descartó asumir actitudes jurídicas al respecto.

“En el pueblo maya tenemos que buscarnos y encontrarnos y evitar que sigan abusando de nuestra voluntad y sobre todo de dignificar nuestro nombre como cultura”.

Durante el acto a los manifestantes se les intentó arrebatar las pancartas y sacar del lugar.

Días antes circuló en redes sociales una convocatoria para oponerse al nombramiento de Margarita Torres, quien intentó contender durante las elecciones pasadas como candidata independiente a la gubernatura de Yucatán, y que actualmente representa a la Fundación Mujeres Trabajando del Sureste.

La convocatoria citaba “No más farsantes hablando a nombre del pueblo maya” e invitaba a manifestarse ante la elección arbitraria y sin consulta previa.

El profesor Vicente Canché Moo, escritor y catedrático de lengua maya, con documentos en mano, cuestionó el nombramiento de Margarita Torres Sansores.

El catedrático señaló que estuvo involucrada en un fraude relacionado a la entrega de viviendas el en el municipio de Maní, Yucatán.

María Pilar Villareal Ramírez, del equipo de luchadores sociales, democracia y transparencia, argumentó que existen pagarés a nombre de Torres Sansores que la involucran en el caso, y ya hay una demanda ante la Fiscalía General de Estado de Yucatán (FGE).

“Los pueblos no reconocen ni avalan los procedimientos que las autoridades responsables han llevado a efecto para tal designación”, acusó María Villareal.

Desde el pasado 22 de abril, escritores, investigadores y promotores de la cultura maya cuestionaron que el nombramiento no se rige bajo los procedimientos enmarcados en las leyes mexicanas sobre los pueblos indígenas, ni concuerda con la forma de organización del pueblo maya.

Los inconformes son parte de las organizaciones Colectivo Xkusamo’ob, Colectivo Úuchben Chíibal, Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, Centro Promotor Cultural Maya A.C., Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí Valladolid, Consejo Indígena de José María Morelos y Cepromaya A.C., organizaciones que persiguen un proceso legal contra la gubernatura indígena desde el 2017.

Rufino Cruz Cruz, originario de Ciudad del Carmen y presidente en Sabancuy, Campeche, recibió el bastón de mando por la supuesta gubernatura del estado de Campeche, y justificó que su encomienda se la dieron en la Gubernatura Indígena Nacional (GIN). Esta instancia indígena ha sido ligada al PRI a lo largo de su existencia.

“Nosotros ya tenemos armadas nuestras estructuras en el estado de Campeche, tenemos a nuestros jefes supremos en cada municipio y ellos son los que eligen a sus candidatos. Hoy, de la mano con el gobierno del estado, tenemos que trabajar…”.

Cruz Cruz alegó que através de la ONU y de la UNESCO van a operar recursos y aceptó que serán intermediarios de las comunidades indígenas en la región.

Ante la postura de los manifestantes, Margarita Torres justificó: “Ellos son mayas oficialistas, yo soy maya real, no tengo un sueldo, no ando buscando un cargo público como ellos, a ellos los conocen en otros países por los libros que venden, la poesía, la difusión que ellos hacen sobre el tema indígena”.

Cuestionada sobre la representatividad y los procesos legales de la elección, dijo que no tienen dinero para hacer consultas indígenas y que fue electa por representantes de 55 jefes y jefas supremas mayas de los municipios, sin embargo, Yucatán cuenta con 106 municipios y más de 300 pueblos.

A la par de la gubernatura indígena, se conformó un Consejo Asesor para los Pueblos Indígenas en el Estado de Yucatán, bajo la presidencia de Carlos Chacón Arcila, dos veces candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano y PRD en Yucatán.

La estructura de dicho consejo está conformada por Eric Villanueva García, José Abel Ibarra Ruíz, Dina Jiménez Tuz, Edilberto Barrero Solís, Luis Alonzo Flores Pinzón y Tiburcio Can May en las áreas de salud, turismo, jurídico, político, cultural-educativo, comercial, pesca, cosmovisión y artesanías. 

El ex candidato a diputado Carlos Chacón expresó que en la Cuarta Transformación hay gente a favor y en contra: “Yucatán es un estado precioso, bonito, simple y sencillamente cuál es el único defecto: la ultra derecha que no deja avanzar, critica todo, analiza todo en sentido a su favor” y agregó que no tienen una figura legal, sino que se rige como consejo de la gubernatura indígena en el estado.

Por su parte Hipólito Arriaga Pote, representante de la Gubernatura Indígena Nacional (GIN), dijo que son un gobierno autónomo paralelo al gobierno federal y negó que sean una asociación civil. Previo a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre, el GIN aseguró que daría el bastón de mando al nuevo presidente, e incluso, de forma paralela Hipólito dio entrevistas, cuando ni siquiera estaba previsto que participara.

“La gubernatura nace para poner sus autoridades para exigir el derecho que tienen los documentos que están en la Constitución, la gubernatura le gana una controversia constitucional en la Suprema Corte”, argumentó.

Al evento también asistió Mireya del Rosario Zapata Amaya, directora de Vinculación, Capacitación y Difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODEY), Armando Rendón de la Confederación de la Pequeña Propiedad.

El representante del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del estado de Yucatán (Indemaya) abandonó el evento durante la manifestación.

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