Los factores detrás de un linchamiento son múltiples: la inseguridad, las condiciones de desigualdad, la falta de prevención y la desinformación, pero de fondo todo ello responde a una crisis de autoridad que deriva en desobediencia civil y lleva a cuestionar las instituciones y las leyes

Texto: Cristian Escobar Añorve / @crazo70 / Lado B

Imágenes: Conejo Muerto

“Cuando la sociedad lincha, pone en tela de juicio a las autoridades, la justicia, los cuerpos policiacos y el Ministerio Público”. La afirmación es contundente. No deja lugar a dudas ni cuestionamientos. Son las palabras de Raúl Rodríguez Guillén, doctor en Ciencia Política, profesor – investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).  

En su artículo “Crisis de autoridad y violencia social: los linchamientos en México”, Rodríguez Guillén explica: “La crisis de autoridad apunta a una erosión de los fundamentos del Estado, primero en la desobediencia a la persona en la que recae la autoridad y símbolos, para pasar a cuestionar después sus instituciones y las leyes que lo soportan”.

Esta perspectiva desde la que trata de explicar la razón detrás de los linchamientos coincide, o se acerca al menos, a los planteamientos de Antonio Fuentes Díaz, docente-investigador del posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, quien identifica el crecimiento exponencial de linchamientos en nuestro país como una respuesta social al aumento de espacios de violencias vinculadas a ilegalismos de diversos tipos.

Es decir, a la expansión de las economías informales e ilegales (comercio de drogas, armas y personas) y la debilidad o complicidad de las instituciones estatales para hacerle frente  a estos problemas, así como la subsecuente desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades.

Y aunque especialistas suman además otros factores, como la pobreza y la desinformación, la causa general es la impunidad. 

“Organismos internacionales y el mismo gobierno federal, reconocen que la impunidad está entre 95 y 98 por ciento; es decir, el castigo es solamente del 5 al 2 por ciento de los delitos cometidos a nivel nacional”, afirma Rodríguez Guillén en una entrevista publicada en 2018 en la revista América Latina en Movimiento. 

De acuerdo con datos de la organización civil Impunidad Cero de 2019, la probabilidad de que una víctima denuncie un delito y este se esclarezca es de sólo 1.3 por ciento.

Un fenómeno que migró a las ciudades

Para Fuentes Díaz lo que ocurrió la noche del 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, cuando pobladores enardecidos asesinaron a cuatro personas por la sospecha, entre otros señalamientos, de que eran comunistas, fue un parteaguas en cuanto a la transformación moderna del fenómeno de los linchamientos.

Fuentes Díaz afirma que, debido a sus características, el caso de Canoa supuso la evolución o modernización del linchamiento, pues pasó de ser una forma de manifestación contra la autoridad a convertirse en un acto cuyo principal fin es sancionar a un extraño que violenta el orden común y defender la integridad de los que se sienten vulnerados, ya sea por un robo, una agresión o, como en el caso de Canoa, un supuesto ataque hacia la comunidad.

El caso de Canoa fue una de las caras más visibles de la crisis de autoridad que vivía el país en aquellos años, con un conflicto estudiantil que crecía en la capital del país y una pugna ideológica de bloques políticos (derecha vs izquierda) creciendo y llegando a todos los rincones del país.

Aunque el caso de Canoa alimentó la idea de que los linchamientos ocurrían únicamente en zonas rurales o zonas alejadas de los centros urbanos y con bajos niveles educativos, al menos hasta finales del siglo pasado, lo cierto es que a partir del 2000 y en adelante esta forma de violencia grupal y de masa pasó del contexto rural a las ciudades. 

Se ha concentrado en zonas de alta densidad poblacional, con niveles importantes de desigualdad social y crecimiento delictivo. Varios estudios, entre ellos el “Informe especial sobre linchamientos en el territorio nacional”, elaborado por la CNDH en 2019, y el artículo “Linchamientos en México, una puesta al día”, publicado por Rodriguez Guillén y Norma Veloz, publicado en marzo del 2019, apuntan en ese sentido.

Según el informe de la CNDH, de todos los municipios donde se reportaron eventos de linchamientos, Ecatepec (Estado de México) y la ciudad de Puebla, son los municipios con mayor número de eventos registrados del 2015 al 2018, con 28 y 13, respectivamente.  Ambas ciudades cuentan con más de un millón y medio de habitantes, lo que las ubica entre las 10 ciudades más pobladas de México y también con mayor densidad de población.   

Mientras que el trabajo de Rodríguez Guillén y Norma Veloz señala a Puebla y el Estado de México como las entidades que concentran el mayor número de casos a nivel país.

En el caso del estado de Puebla, el patrón ha sido el mismo. En términos generales, de 2013 a junio de 2020, de acuerdo con la base de datos elaborada por LADO B, los linchamientos en el estado de Puebla han ido escalando cada año, siendo las ciudades más pobladas en donde con mayor frecuencia se presentan los eventos de linchamiento. 

Más allá de la lógica de “a mayor población, mayor tasa delictiva”, como lo explica la directora de información del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla, Brenda Elguea Zanella, existe una serie de factores relacionados entre sí, asociados a las condiciones sociales de la vida urbana, tales como: la pobreza, desigualdad, acceso al Ministerio Público, corrupción e inseguridad, que podrían explicar el porqué ocurren los linchamientos, así como el aumento que han tenido durante los últimos años.

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Al estar frente a ellos la niña los mira fijamente.

—No tengas miedo— dice el director de Seguridad Pública de Ajalpan, Juan Manuel González.

—¿Los reconoces?— pregunta el juez calificador. —Míralos bien, si son ellos ahorita los remitimos al Ministerio Público.

—No, no son ellos— responde la menor.

Asombrados por su respuesta, insisten:

—¿Estás segura?

—Míralos bien, no tengas miedo. Ya le hablamos al Ministerio Público para ponerlos a disposición.

Pero la niña repite:

—No, no son ellos, le digo.

Madre e hija salen y en su camino lo niegan una y otra vez.

—¿Qué pasó?, ¿qué les dijeron?

—No, nada… no son, no son los que jalonearon a mi hija.

La gente no está conforme. Le exigen a la mujer que la niña los mire nuevamente. Que los vea bien.

Según las declaraciones de los policías municipales en el proceso penal 189/2015/Tehuacán, los principales incitadores de la turba son Willebaldo P.  y Vladimir C. Ellos gritan:

—Míralos bien.

—No los dejen ir.

—Siempre agarran a los delincuentes y luego los sueltan.

—Sí, son ellos, son robachicos, son secuestradores.

El rumor se esparce como mecha que enciende la furia.

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Para el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuyas líneas de investigación giran en torno a la Violencia colectiva, Antonio Fuentes Díaz, los eventos de linchamientos se concentran en lugares donde, históricamente, existen mayores condiciones de desigualdad, más allá de condiciones de pobreza.

“En el caso de estados como Puebla y Estado de México, son entidades con población que tiene diferente acceso, donde hay una estructura histórica de desigualdad en su población de origen indígena o campesinos, que han tenido, por su propia construcción histórica, una desigualdad a oportunidades de movilidad social. Entonces, digamos que sí hay una forma de largo plazo que explica la tendencia de los linchamientos en estas zonas”.

Ante un estado incapaz, vecinos vigilantes

Ilustración: Conejo Muerto

Tanto para Brenda Elguea Zanella, como para Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, investigador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana Puebla, la presencia de comités y programas de vigilancia vecinal han contribuido, en la última década, a que los eventos de linchamientos hayan aumentado de manera exponencial. 

Así, en lo que respecta a la ciudad de Puebla, desde las administraciones municipales de Enrique Doger Guerrero, Blanca Alcalá, Eduardo Rivera Pérez y Antonio Gali Fayad, los programas de capacitación a la ciudadanía en materia de seguridad han ido cambiando continuamente de nombre (“Vecino Vigilante”, “Alarma Vecinal”, “Colono Alerta”) pero con un mismo objetivo: lograr que ciudadanos de diferentes colonias de la capital, formen células de autodefensa para “prevenir” la delincuencia.

Para Luna de la Mora, estas organizaciones vecinales, propiciadas desde los gobiernos, son meros vacíos gubernamentales o deslindes de parte de las autoridades, para no brindar la protección y seguridad que las personas requieren.

“Sabemos que en la realidad neoliberal el estado tiene cada vez menos poder y menos capacidad de incidir en la vida de los ciudadanos. Y en lo poquito que le quedaba de poder, era precisamente esto relacionado con la seguridad pública. Y resulta que el estado es tan incapaz y tiene tal debilidad, que prefiere delegar lo poquito que le quedaba a las comunidades”. 

Además, resalta el investigador de la Ibero Puebla que dotar de funciones casi policiacas a los miembros de una comunidad, es sumamente peligroso, pues, como habíamos visto con anterioridad, las comunidades donde proliferan más los actos de linchamientos, son comunidades ligadas a factores de pobreza y desigualdad.

“Quien es vecino vigilante es porque no tiene la capacidad para pagar un equipo de seguridad privada. Si una persona se siente insegura, pero tiene el dinero para gestionar su inseguridad, pueden, por ejemplo, mudarse a otra parte, montar cámaras, pueden contratar seguridad privada, en fin, hacer diferentes gestiones para sentirse seguros.  Por otra parte, la gente que vive en las comunidades, la gente que no tienen nada más que las redes vecinas pues reaccionan como pueden”

No obstante esta hipótesis, no hay datos públicos suficientes para verificar que en efecto existe una relación estrecha entre los programas de vigilancia vecinal y los linchamientos. 

Por otra parte, los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que año con año presenta el INEGI apuntalan la idea, entre 2017 y 2019, los años en que más ha crecido el linchamiento, también son los años en el que más ha crecido la percepción de inseguridad, arriba del 26%, pero es el en el nivel más cercano a las personas: su colonia o localidad en donde se dio el mayor repunte: 30%.

Y no son los grandes delitos los que prenden la mecha, señala Rodríguez Guillen en sus artículos, son, por lo general, delitos del orden común: “como el robo, violación, abuso policiaco o de la autoridad en general, tentativa de secuestro, incidentes viales, entre otros de menor presencia. Y cuya causa estructural es la impunidad”. 

Democratización de la violencia

En general, para Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, existe una normalización de la violencia. Es decir, que la ciudadanía se ha acostumbrado a percibir y recibir violencia de todos lados. Lo cual se refleja en el aumento de la violencia en los hogares, en los feminicidios, y también en la violencia organizada, en las extorsiones. 

Por otra parte, no son sólo los delincuentes los que manifiestan esta violencia, sino que las mismas policías y militares son violentas con los ciudadanos, lo que se ha traducido en mayores violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con el documento “Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006 – 2017)”, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de enero de 2007 a junio de 2017, el Ejército, la Marina y tanto la Policía federal, como las policías estatales y municipales, incurrieron en por lo menos  204 violaciones graves a los derechos humanos, tales como torturas, desapariciones y ejecuciones.

En consecuencia, menciona Luna de la Mora, la misma ciudadanía opta por utilizar la violencia para gestionar su sentimiento de inseguridad, teniendo como resultados, un aumento significativo en los eventos de linchamientos. 

Crisis y hartazgo: rumores y noticias falsas

Un último eslabón, al momento de tratar de explicar el origen de los linchamientos, es la desinformación.

“Pueblo chico, infierno grande”, reza un conocido refrán popular. Pero detrás de este conocido dicho, podemos encontrar, según el sociólogo Antonio Funetes Díaz, una de las más antiguas formas de regulación social: el rumor.

“En las pequeñas comunidades, el rumor, el chisme, tiene una función regulatoria, de control. Además, esta función es también un sensor de la seguridad de esa comunidad hacia el exterior. Tiene que ver con preservar la integridad de un grupo social y protegerlo”.

Justamente, en el caso de San Miguel Canoa, fue el rumor que hizo circular el párroco de la comunidad, lo que provocó que los pobladores agredieran y, a la postre, asesinaran a los trabajadores de la BUAP. 

Pero los rumores y la desinformación, asegura Fuentes Díaz, no son el único factor, estos componentes se ven agravados en gran medida por la incertidumbre, la cual, para el sociólogo Fuentes Díaz, potencializa el vigilantismo y el castigo.

“Los cambios de modelos económicos, periodos de guerra o periodos de catástrofes naturales, generan incertidumbre en las poblaciones, las cuales tienen que ser formuladas a partir de los rumores que acrecienta el miedo y en consecuencia, un mayor nivel de las conductas vigilantes”.

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“Son los que les sacan los órganos a los niños”, “Son los de la camioneta blanca”, “Son los del mensaje de whats”, “Son los que secuestraron al niño de la escuela”.

Diez días antes un mensaje circuló por WhatsApp y Facebook: “Una camioneta blanca está robando niños, para sacarles los órganos. Ten cuidado padre de familia”. En una primaria incluso pidieron recoger a los alumnos al medio día porque supuestamente “una camioneta blanca levantó a un alumno de otra escuela”. Ninguna autoridad lo confirma.

Al no obtener la respuesta que espera, la gente abre a patadas la puerta del Juzgado Calificador. Entra destrozando lo que encuentra al paso. Las credenciales de los encuestadores serán halladas ahí, entre los escombros, al día siguiente.

Los policías y los detenidos huyen por una puerta que da al interior del Palacio Municipal.

–¡Los van a soltar! -la sospecha de que los detenidos quedarán libres causa enojo y emprenden una cacería por el edificio municipal.

–¿Dónde están? -pregunta la gente a un par de policías que se queda ahí.

–No sé, no están aquí.

–No se hagan pendejos.

–Si nos están diciendo mentiras, les vamos a romper su madre.

–¿Dónde están?

Los policías huyen.

Segunda de cuatro partes.