En un conversatorio organizado por LADO B, activistas y abogadas advirtieron que las comunidades luchan contra el estado que privilegia los intereses de grandes empresas, y que no ha cesado la represión a esa resistencia: asesinatos, encarcelamientos, amenazas

Texto Fernando Merino Noriega 

Fotos: Marlene Martínez

PUEBLA.- Los megaproyectos continúan al acecho de las comunidades: el Gasoducto Morelos expone la vida de miles de personas que viven a las faldas del Popocatepetl, zona de riesgo volcánico máximo. Mientras que el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 pretende despojar del agua a habitantes de comunidades totonacas y nahuas de Puebla para beneficiar a empresas transnacionales.

Ambos proyectos no han podido ejecutarse aún gracias a la organización y resistencia de los pueblos. Esto lo explicaron Miryam Vargas, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDPTA-MPT) y Diana Pérez, abogada del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y del Consejo Tiyac tlali, durante el conversatorio Defensa del territorio en puebla organizado por LADO B. 

La amenaza que representan los megaproyectos para la vida y los recursos naturales de las personas aún está ahí, por eso la importancia de “replantear la idea del desarrollo” desde las comunidades, explica Miryam Vargas, razón por la que no han bajado la guardia.

Aunque el Gasoducto Morelos —que pretende transportar 9 mil millones de litros de gas al día para alimentar la termoeléctrica de Huexca que forma parte de Proyecto Integral Morelos (PIM)— está concluido es inoperante, entre otras cosas gracias a amparos interpuestos por habitantes de Atlixco, Puebla y Amilcingo, Morelos.

En el caso de esta y todas las obras que integran al PIM, la lucha comenzó cuando las y los habitantes de comunidades a las faldas del volcán Popocatépetl se enteraron de que el megaproyecto se iba a realizar; no porque las autoridades municipales les informaran las implicaciones negativas que esto traería a más de 90 comunidades, sino porque vieron que las máquinas empezaban a instalar el gasoducto, comparte Miriam Vargas.

El rechazo al proyecto inició en 2010 y desde ese momento empezaron las intimidaciones y agresiones a personas de las comunidades afectadas. Fue en 2014 cuando la persecución por parte de las autoridades se vio acentuada, pues durante ese periodo Rafael Moreno Valle era gobernador de Puebla y aplicó una campaña de persecución hacia los opositores del proyecto. 

Sobre el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 que la empresa Comexhidro pretende construir sobre la cuenca del río Ajajalpan —zona de gran valor cultural para las y los habitantes de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán, Tlapacoyan—, Diana Pérez destacó durante el conversatorio que la generación de energía no tendrá ningún efecto positivo en la comunidad porque la electricidad generada se destinará a empresas transnacionales como Walmart de México, Vips, Suburbia y otros particulares.

Las consultas, una forma de legitimar la imposición

De acuerdo con tratados internacionales en derechos humanos, los proyectos que busquen realizarse en territorios indígenas deben de ser consultados con las y los habitantes para  hacer valer su derecho a la libre determinación. En varias zonas de Puebla en donde se pretende construir el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, la Secretaría de Energía  realizó una consulta sin avisar a la población al respecto. 

Así lo informó Diana Pérez, quien además dijo que la consulta se realizó cinco años después de que se inició la construcción del proyecto —ya que los primeros permisos de construcción se otorgaron entre 2009 y 2010 y la consulta se hizo en 2015—, lo que viola el requisito de que fuera un ejercicio previo, libre e informado. 

En el caso de la consulta del Proyecto Integral Morelos (PIM), esta fue realizada en febrero de 2019, pocos días antes del asesinato del activista y radialista comunitario Samir Flores, acto del que los integrantes del FDPTA responsabilizan al gobierno federal. La consulta finalmente avaló la continuación del proyecto, pese a que hubo múltiples irregularidades como el acarreo de personas, compra de votos e intimidación.

“Nos parece una burla cómo se intenta llegar a estos procesos de consulta y el intento del diálogo donde siempre está presente la fuerza coercitiva del estado, y nunca se puede dar un proceso realmente libre (…) [siempre hay] situaciones de violencia y de intimidación”, considera Miryam.

Por su parte, Diana abunda en que las violencias experimentadas en ambos procesos de defensa del territorio son muy similares. En el caso de consultas, la activista considera que todas tienen un mismo fin: hacer ver como legítimas las intervenciones en las comunidades a pesar de que son proyectos impuestos. 

“[A todas las comunidades en donde se pretenden construir megaproyectos] nos cruzan violencias muy similares, en términos de la imposición de los proyectos a través de las simulaciones de consultas (…) que [buscan] legitimar la imposición del proyecto”, considera Diana Perez. 

La represión

Miriam Vargas recuerda que por defender el territorio de los megaproyectos, varias personas han sido agredidas y una de ellas fue asesinada: Samir Flores Soberanes. La activista recuerda el secuestro y tortura de Jaime Domínguez, la detención de Juan Carlos Flores y Enedina Rosas Veléz en 2014 por supuesto robo agravado. Además se liberaron otras diez órdenes de aprehensión en contra de opositores sin ninguna justificación.

En el caso del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, hubo denuncias penales en contra de 15 personas opositoras a la construcción de las presas, estas fueron interpuestas por habitantes de la comunidad a favor del proyecto, quienes probablemente fueron persuadidos por las empresas, comenta Diana Pérez. Además, han  existido campañas de intimidación en contra de quienes forman parte de la resistencia, entre las que se incluyen las difusión de datos personales de los participantes. 

Una lucha que no termina

El 28 de noviembre de este año, integrantes de la FDPTA se manifestaron en Cuautla en contra del Proyecto Integral Morelos. También protestaron por el desalojo del plantón que personas opositoras mantenían en las inmediaciones del río Cuautla, para evitar que la CFE  se lleve el agua de las y los campesinos a la termoeléctrica, pero que elementos de la Guardia Nacional (GN) dispararon, pese a que hay amparos en contra de la conclusión del proyecto. 

Andrés Manuel López Obrador y la CFE han declarado que la termoeléctrica de Huexca empezaría a funcionar en el mes de diciembre, y por eso es que los pueblos y comunidades no han detenido sus acciones para evitar que estos proyectos se concreten. Miryam Vargas invita a las personas, sean o no sean de las comunidades afectadas, a participar en los procesos colectivos que buscan construir otras formas de vida.

Vargas explica que la defensa del territorio ha impulsado otras luchas, como la revitalización de la medicina tradicional —utilizada para atender a las personas heridas durante las agresiones por parte de las autoridades—, y ha fomentado la cohesión entre los individuos de las diferentes comunidades, al punto de llegar al  hermanamiento pues muchas veces se autodenominan los pueblos del volcán.

“Decimos no a los proyectos de muerte pero si a los proyectos de vida (…) No debemos dejar de ser críticos y reflexivos respecto a cómo se están violentando los derechos [de las comunidades] ”, subrayó Diana Pérez. 

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.