México debe aprovechar la pausa de la pandemia para construir una nueva política pesquera, más sustentable y más incluyente, para proteger su mar y convivir con él, y no para destruirlo ni agotarlo
Tw: @eugeniofv
México se niega a atender lo que pasa en sus aguas y con sus pesquerías, pero las mafias internacionales de la pesca, así como la industria alimentaria nacional y de todo el mundo, están muy presentes en nuestros mares y aprovechan la ceguera voluntaria del Estado para saquear recursos marinos de los que dependemos todos. Así lo revelan varios estudios de la organización Oceana que alertan sobre la impunidad con que operan decenas de barcas que invaden esas aguas y la irregularidad tan prevalente en la que se mantiene el sector. La pandemia, sin embargo, abre la puerta para corregir las cosas.
Oceana encontró que en los últimos cinco años al menos la mitad de las áreas naturales protegidas marinas han sido invadidas por embarcaciones pesqueras muy probablemente ilegales, sea porque no tenían permiso para pescar en las zonas donde se las detectó o porque excedían el tamaño permitido. Además, la organización internacional encontró que se han realizado actividades terriblemente dañinas para los ecosistemas acuáticos, como la pesca de arrastre —que destruye el lecho marino con una red en la que cae todo, desde piedras hasta corales y desde peces muy preciados hasta moluscos o tiburones que ni la debían ni la temían— o la exploración sísmica —que lo perturba todo con un sonido que sirve para evaluar la presencia de hidrocarburos bajo el lecho marino—.
Esto contribuye a empeorar una situación que ya de por sí era grave. Tenemos poca información sobre el sector pesquero mexicano, y lo poco que sabemos debería aterrarnos. La Auditoría pesquera de la propia Oceana muestra que si de por sí la Carta Nacional Pesquera —el documento con la información clave del sector— está marcadamente incompleta, de las pocas pesquerías que sí incluye apenas 3 por ciento tienen información a detalle. Con todo, esa información basta para saber que dos terceras partes de las pesquerías son explotadas al límite de su capacidad, que el 17 por ciento están en deterioro y que apenas un 13 por ciento de las pesquerías nacionales tiene potencial para crecer.
Para colmo de males, el Estado mexicano hace poco para remediar la situación. Todo indica que ninguna de las embarcaciones que invadieron las áreas naturales protegidas marinas detectadas por Oceana ha sido castigada y los mares mexicanos siguen pareciéndose más a un territorio de nadie que a una zona protegida y manejada a cabalidad. Además, según la iniciativa Pescando Datos, tres cuartas partes del presupuesto destinado a los mares del país entre 2011 y 2018 se usó para pagar subsidios y de esos subsidios casi la mitad eran perjudiciales para el medio ambiente.
La pandemia de covid-19 ha trastocado profundamente la estructura de los subsidios del sector pesquero, además de que ha traído recortes muy pronunciados en el sector. Según Pescando Datos, de los mil 500 millones de pesos para subsidios de Conapesca mil 391.7 millones se destinaron en 2020 a transferencias a pescadores y acuacultores, y parece que no se distribuyeron subsidios a combustibles ni para acuacultura ni para inspección y vigilancia.
Esto marca una diferencia abismal de los últimos años, y abre la puerta para una reforma de fondo de la política pesquera, y hay otros factores que también contribuyen a ello. Por ejemplo, la firma del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos (T-MEC) implica que México debe eliminar las subvenciones a la pesca que deterioren pesquerías ya sobreexplotadas, así que hay la posibilidad de que la política pesquera posterior a la pandemia sea menos dañina que la anterior.
La clave para que eso ocurra será que la reducción de recursos y la eliminación de subsidios no lleven a que México le dé la espalda a los mares. Más bien, debemos aprovechar este parón para construir una nueva política pesquera, más sustentable en términos ambientales y más incluyente en términos sociales, y que lleve a que Estado, poblaciones costeras y consumidores de productos marinos tengamos una nueva presencia en el mar, para protegerlo y convivir con él y no para destruirlo ni agotarlo.
Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
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