El gobierno de Miguel Riquelme detuvo a sus una veintena de personas y les sembró drogas, acusan sus familiares. Algunos acusan golpes y amenazas. Además, las autoridades no les dan información suficiente sobre la situación de los detenidos

Texto: José Ignacio De Alba

Foto: Cortesía

Familiares de 18 hombres detenidos entre la noche del jueves y la madrugada del viernes acusaron una serie de cateos y detenciones ilegales, tortura, intentos de extorsión y apropiación de bienes personales cometidos por elementos de la Policía Civil de Coahuila y la Fiscalía del Estado.

Cinthia Ibarra, hija de Jorge Ibarra, explica que su papá fue detenido sin orden de aprehensión el jueves en la noche por la Policía del Estado, mientras estaba en su casa. Tampoco mostraron una orden de cateo y que a pesar de eso los oficiales registraron la casa y se llevaron teléfonos celulares. 

Ibarra cuenta que en algún momento la pareja de su papá se quedó sola en la casa con policías armados, en una situación de mucha vulnerabilidad. 

Otros familiares también denuncian que los agentes se apropiaron de pertenencias y dinero, antes de que los detenidos fueran entregados a la delegación de la Fiscalía del Estado.

Ibarra dice que desde entonces casi no han tenido contacto con su papá, la mujer explica que su papá ha sido trasladado, junto con los 17 capturados, a diferentes centros de detención, sin que ninguna autoridad les diga de su ubicación. Las familias tampoco han tenido claridad del proceso que llevan sus seres queridos.

Ibarra explica que su papá le refirió, en la única ocasión que pudo estar en contacto con él,  “nos tomaron fotos a todos, frente a una mesa llena de drogas. Pero a ninguno nos pescaron con nada”. Ibarra dice que los 18 detenidos no se conocían y que varios de ellos fueron sacados de sus casas por la fuerza.

Según los familiares, los agentes irrumpieron en domicilios, detuvieron en forma ilegal a ocupantes, golpearon a la mayoría para obtener confesiones. Ibarra relata que cuando pudo contactarse con su papá, él le contó que fue golpeado. 

“No hay evidencias que los incriminen, el juez los debe dejar salir”, dice la joven, pero los detenidos deberán esperar semanas hasta que las autoridades revisen el caso. 

La redada se amparó en una supuesta lista de “halcones” encontrada entre las pertenencias de un anterior detenido, quien hace unos días fue acusado de participar en un asesinato.

Conforme con los testimonios, ante los familiares que reclamaban por las detenciones y exigían información sobre el paradero de los detenidos, un abogado les solicitó “por adelantado” la cantidad de 30 mil pesos para un “arreglo en la acusación” y lograr su liberación en un lapso de uno a tres meses.

“Nos recomendó una licenciada que tuviéramos cuidado con los demás familiares que tuviéramos, que no saliéramos a la calle. Porque la policía está en una cacería para detener personas sospechosas” dice Ibarra. La mujer relata que no  es la primera vez que su papá es detenido sin la orden de un juez, explica que en otras ocasiones los tatuajes lo han llevado a tener que lidiar con las autoridades. 

Varias de las familias de los detenidos “tienen miedo de hablar” con la prensa, por las represalias que pudiera haber de las autoridades.