Un paquete de reformas impulsado bajo el pretexto de garantizar condiciones de seguridad para los trabajadores de la salud incluía también modificaciones que criminalizan la protesta social y la libertad de expresión.

Texto: Alejandro Ruiz

QUERËTARO.- A mediados del mes de abril, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la legislatura local presentó un paquete de reformas, que modifican 14 artículos del Código Penal para el Estado de Querétaro.

Esta serie de reformas, fundamentadas en atender la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19, incluyen modificaciones a los artículos 221, 287, 288 y 289 del Código Penal, los cuales tipifican delitos como la obstrucción de funciones para la realización de obras públicas y la apología a cometer un delito. Otorgándoles penas que alcanzan los 12 años de prisión, trabajos en favor de la comunidad y multas de hasta 500 UMAS (43 mil 440 pesos mexicanos).

Pese a haber aprobado en un inicio el paquete de reformas para su discusión en pleno, la bancada de Morena en la legislatura local presentó una serie de reservas a la modificación de estos artículos. Argumentaron que estos cambios dejan en la ambigüedad la seguridad jurídica de las y los ciudadanos, y propician un escenario de criminalización a la protesta social.

“Cuando nosotros conocimos de la propuesta de la bancada del PAN, no tuvimos tiempo de revisarla a fondo. Y en un inicio la aprobamos para su discusión en pleno, pues habíamos establecido un compromiso con los trabajadores de la salud para asegurarles condiciones que les permitieran realizar sus labores durante la pandemia.” Señala en entrevista telefónica la diputada de Morena por el primer distrito, Paloma Arce Islas. 

“Sin embargo,” añade “cuando revisamos a fondo el paquete que el PAN estaba promoviendo, nos dimos cuenta que en estas reformas se incluían aspectos que no tenían relación con la emergencia sanitaria, sino que estaban más enfocados a incrementar las penas y sanciones para quienes se opusieran a las obras públicas y se manifestaran en contra de las decisiones gubernamentales”. 

Derivado de las reservas presentadas en la legislatura, el paquete de reformas fue vetado por el poder Ejecutivo del Estado, presidido por Francisco Domínguez Servien, quien retornó el proyecto de modificaciones a la legislatura, haciendo hincapié en que era necesaria una revisión a fondo de los artículos citados, con el fin de evitar la desproporcionalidad y ambigüedad en los tipos penales. 

Sin embargo, y pese a la oposición parlamentaria por parte de Morena y gran parte de la ciudadanía, el pasado 30 de octubre, durante la sesión del pleno legislativo, dicho paquete se aprobó con 18 votos a favor provenientes de los bancadas los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y Querétaro Independiente. Esto, sin hacer modificaciones sustanciales a los artículos enviados para revisión. 

Ante este hecho, diversas organizaciones sociales han señalado que este paquete de reformas, al que denominaron “ley garrote” por su carácter punitivista y arbitrario, atenta en contra de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, particularmente aquellos relacionados con la libre manifestación de ideas y la libre expresión. 

Una reforma inconstitucional

De acuerdo con el académico y abogado litigante, César Dávid Tarello Leal, el paquete de reformas aprobado en la legislatura local tiene gravísimas consecuencias jurídicas, pues le otorga al Estado facultades que inciden en generar una situación permanente de criminalización hacia los movimientos sociales. 

“Desde la exposición de motivos del paquete de reformas al Código Penal. Podemos observar que se basa en generalidades que supuestamente dan respuesta a las necesidades de seguridad y salud derivadas de la pandemia, pues hace énfasis en que se generarán mejores oportunidades para la salud de las personas, sin explicar a detalle el por qué modifican la redación de de ciertos artículos e incrementan penas a delitos que ya existen, y que no guardan relación alguna con las problemáticas sociales desprendidas del Covid-19” Señala el academico de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Así mismo, el abogado litigante argumenta que uno de los aspectos más ambiguos de esta reforma es la modificación de la redacción del artículo 221 del CPEQ, en donde se amplía el tipo penal de una forma ambigua, y da cabida a una amplia intepretación jurídica que pone en riesgo a las personas y/u organizaciones que convoquen a actos de protesta en la entidad. 

“En la modificación de la redacción del artículo 221” puntualiza César Tarello “queda establecido que aquella persona que públicamente provoque, instigue o conduzca a cometer saqueos y daños contra la propiedad se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión, y hasta 1000 días multa. Y en caso de que se consume el delito se agravará hasta una mitad más, y sí el daño es en contra de bienes de uso o utilidad pública se incrementera otra midad, lo cual nos deja con una pena de hasta 12 años de cárcel a quien le imputen este delito.”

Agregando a lo anterior, Tarello Leal sostiene que dada la imprecisión en la redacción de este artículo, el margen de quienes pueden ser acusados es bastante amplio “pues bastaría con que alguien testifique que yo estuve presente para que por oficio se pueda iniciar una investigación en mi contra. Y en estos casos quien testifica casi siempre es la policía, por lo que el Estado estaría fiscalizando a quienes convoquen a las manifestaciones.”

“Esto no es una medida que surga para atender las necesidades de salubridad” añade el académico “sino es más bien una reforma en contra de la movilización social para salvaguardar el proceso electoral del 2021. La cual es completamente inconstitucional, pues el Estado está generando instrumentos permamentes, que sólo podrán derogarse por vías legislativas, para atender una emergencia temporal.”

En ese sentido, el abogado litigante argumenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en abril de este año, la recomendación 1/2020 referente a la pandemia y derechos humanos en las américas, en donde exhorta a los estados adheridos a este organismo, entre ellos el Estado mexicano, a no realizar modificaciones administrativas que excedan la temporalidad de la pandemia por el Covid-19. 

“Al aprobar este paquete de reformas fundamentado en salvaguardar la salud y seguridad pública a raíz de la pandemia, la legislatura local está violando estos acuerdos, y promueve una serie de modificaciones inconstitucionales, donde ponen en evidencia que las y los diputados que impulsaron esta iniciativa están más interesados en criminalizar conductas que en legislar derechos para la ciudadanía.” Señala César Tarello. 

Hasta el momento, el paquete de reformas está pendiente de revisión por parte del Ejecutivo Estatal, por lo que sólo entrarán en vigor una vez que dicho poder les haya dado el visto bueno. 

Diversas organizaciones de la sociedad civil, así como integrantes de la legislatura, están preparando recursos jurídicos para neutralizar las implicaciones de las reformas y declararla inconstitucional por la contradicción que encierra con los tratados internacionales ratificados por el estado mexicano. 

“Ante este paquete legislativo”, precisa Tarello Leal, “no sirve un amparo, pues aún no se ha aplicado la pena a un individuo en particular. Lo que procede es promover una acción de inconstitucionalidad, por lo que tenemos que esperar a que el Ejecutivo estatal apruebe el paquete de reformas y en los próximos 30 días naturales promover el recurso jurídico” 

Y añade “hemos dialogado ya con personal de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos y coinciden en que estas acciones son inconstitucionales, por lo que estamos en espera para poder accionar jurídicamente, y en dado caso, llevar esto hasta las últimas instancias, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

Por su parte, la diputada Paloma Arce señala que dentro de la legislatura el grupo parlamentario de MORENA, en conjunto con algunas facciones del PRI, están preparando también acciones jurídicias para cancelar el paquete de reformas, exhortando al gobierno estatal a priorizar el diálogo con la ciudadanía encima de la criminalización y la represión. 

Y afirma que “no se puede obligar a la sociedad a aceptar todos los proyectos gubernamentales, deben de existir consultas respecto a los temas como los cambios de uso de suelo, o el desarrollo de obras públicas. Pues al impedir y criminalizar las expresiones de los ciudadanos estamos atentando contra los derechos humanos de la ciudadanía.” 

Querétaro, ciudad en disputa

En julio del 2019, un grupo de vecinos de la colonia Villas de Santiago, en el municipio de Querétaro, estaban manifestándose pacíficamente en contra de la construcción de un eje de transporte  público que afectaría la fachada de sus viviendas, así como a las áreas verdes de la zona. 

La policía estatal respondió a esta manifestación arrestando a 6 colonos, acusándoles de los cargos de obstrucción de la vía pública y alteración del orden público. Al cabo de un par de horas, las y los detenidos obtuvieron su libertad tras pagar una multa conmutativa sin que se les retiraran las faltas administrativas por las que les estaban sancionando. 

Este hecho se integraría a la fotografía entera que marcó el actuar de la administración municipal durante todo el 2019. Pues fue una constante encontrarse con este tipo de conflictos en distintos puntos de la ciudad, donde el ayunatmiento comenzó a realizar proyectos de obra pública, algunos aún inconclusos. 

Al respecto, el académico y doctor en urbanismo, Emiliano Duering Cufré, señala que la política de obra pública de la entidad está orientada a partir de la industria y el turismo – actividades económicas que más aportan al Producto Interno Bruto del estado – y carece de una planificación participativa que vaya acorde a las necesidades de los espacios urbanos. 

“La política de obra pública siempre tiene una intención” agrega el académico “en este caso, una intención económica por parte del estado, la cual propicia que no se refleje en la planificación urbana los problemas concretos de las colectividades, no sólo en la capital, sino en varios espacios donde le apuestan a la construcción de parques industriales y centros turísticos.” 

De acuerdo con la base de datos del municipio de Querétaro, tan sólo en el 2019 el presupuesto anual para obra pública fue de más de mil 801 millones de pesos, duplicando la cantidad percibida en el 2018. 

Así mismo, y acorde a las declaraciones respecto al Plan de Obra anual del 2019 hechas por el titular del ayuntamiento, el panista Luis Bernardo Nava. Este presupuesto se destinaría a la ejecución de más de 230 obras públicas, las cuales se traducen en acciones para mejorar la infraestructura de sistemas sanitarios, espacios deportivos y de urbanización. 

Entre estos proyectos de urbanización, se contempló un rubro específico para la realización del programa “barrios mágicos”, el cual está inspirado en el proyecto de “pueblos mágicos” de la administración de Fox, y tiene como fin ampliar el distrito turístico dentro de la capital a partir de la explotación del patrimonio cultural y simbólico que se encuentra en los barrios y colonias populares de la ciudad. 

“En realidad el tema de los barrios mágicos es una apuesta por embellecer los barrios de la capital para que puedan ser una atracción turística. Sin embargo esto conlleva la implementación de otro tipo de fenómenos que se asientan en los barrios, por ejemplo el extractivismo cultural, o el desplazamiento a partir de los cambios de uso de suelo.” Señala el doctor en urbanismo. 

Y agrega “Para el gobierno resulta más rentable arreglar una fachada que mejorar el drenaje o el cableado eléctrico, pues es más fácil tomarse la foto con una casa pintada, que con una tubería” 

Aunado a esto, diversas organizaciones han acusado que la intención de las administraciones municipales y estatales es la de desplazar a los habitantes de los barrios originarios para convertir su territorio en una mercancía turística. Así lo reafirma el capitan de una de las mesas concheras que integran la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, Miguel Ángel Martínez Cardona. 

“Para nosotros este tipo de acciones como los barrios mágicos y los ejes de transporte público son malos proyectos que afectan a la sociedad, a la ecología, a los comercios y al tránsito vehicular, pues no cuentan con estudios previos ni consultas a la ciudadanía, son proyectos impositivos que pretenden desplazarnos y gentrificar nuestros barrios” agrega el jefe conchero. 

Pese a la insistencia de los habitantes de San Francisquito, y decenas de organizaciones barriales de la ciudad, en que se debe de consultar a la ciudadanía sobre cualquier proyecto de obra pública que se implemente en la urbe. Las administraciones municipales y estatal han continuado con el desarrollo de obras públicas sin abrir foros o espacios de consulta. 

“Por eso nosotros decidimos resistir en contra de estos proyectos capitalistas que afectan nuestras tradiciones y espacios sagrados” añade Miguel Martínez “pues vamos a proteger nuestra riqueza cultural, aún con esta ley garrote que sólo pretende criminalizar a quienes defendemos nuestro territorio y coartar nuestras libertades como ciudadanos.” 

Para Emiliano Duering, una de las claves en la planificación urbana es la participación activa de quienes habitan la ciudad, a través de foros y consultas ciudadanas que permitan reflejar y traducir las necesidades reales de la población. 

“Debemos entender que el urbanismo, la ciudad, la obra pública son política. E históricamente el diseño de la ciudad ha sido un mecanismo de control, por ello es entendible que existan reclamos o desconfianza de la ciudadanía cuando el gobierno llega a imponer una obra sin consultarles, independientemente les beneficie o afecte.” Señala Duering Cufré. 

Y concluye “Hay que abandonar la lógica económica en las formas de urbanización, y apostarle al diálogo y consulta de los proyectos y planes de obra pública con la ciudadanía, sólo así podremos tener una ciudad realmente incluyente donde todos nos veamos beneficiados, la vía es el diálogo y no la imposición.”

La criminalización de las mujeres

Otro de los sectores que se ha manifestado en contra de la “Ley garrote” han sido las colectivas feministas de la ciudad. Quienes afirman que la política de estado se ha volcado en su contra y ha propiciado la criminalización del movimiento feminista. 

Al respecto, la estudiante universitaria e integrante de la colectiva de mujeres de la No FCPyS de la Universidad Autónoma de Querétaro, Nadia Bernal, señala que “Estamos viendo que la violencia en contra de las mujeres está incrementando a la par de la criminalización en los estados conservadores del bajío.” 

Bernal advierte que en Querétaro se refleja la cuarta ola del movimiento feminista, pues nuevas generaciones de mujeres se han sumado a las demandas por la despenalización del aborto, la ampliación de sus derechos sexuales y reproductivos, así como la exigencia del cese a la violencia contra la mujer y la atención prioritaria a los feminicidios en la entidad. 

“En el movimiento feminista se vive una coyuntura importante” agrega Nadia Bernal, “pues estamos viendo el recrudecimiento de la violencia hacia la mujer, y particularmente, en las zonas periféricas y conservadoras como el bajío, estamos atendiendo a la criminalización de nuestras manifestaciones y formas de expresión, las cuales se han radicalizado debido al incremento de la violencia hacia nosotras, y a la colectivización de nuestra digna rabia.”

Esta nueva ola del feminismo ha encontrado fuerza en la entidad, pues con el surgimiento de nuevas colectivas, y la actualidad de sus demandas, el movimiento feminista ha masificado su poder de convocatoria, el cual se ha expresado en las últimas movilizaciones del 8M y el 28S. 

“Durante estas últimas movilizaciones las colectivas hemos puesto al centro la recuperación del espacio público como un espacio político, y acciones como las que se realizan en la CDMX para visibilizar nuestras demandas se han replicado aquí, como la intervención de monumentos históricos.” Agrega la estudiante universitaria. 

Legislar derechos, no posturas morales

Aunado a este contexto, Nadia Bernal reconoce que la criminalización por parte del Estado ha sido a través de actos de violencia simbólica, donde una de las principales promoventes de esto ha sido la diputada por el Partido Encuentro Social, Elsa Méndez, quien se ha empeñado a través de su puesto en la legislatura y mediante sus redes sociales de exponer y acosar públicamente a personas que cuestionan sus posturas en contra del matrimonio igualitario y la despenalización del aborto en la entidad. 

“El Estado al aprobar la Ley Garrote” agrega la estudiante universitaria “está apostando a un sistema punitivista en vez de atender las demandas urgentes de la sociedad como la atención al incremento de las lesiones dolosas en contra de las mujeres – del cual Querétaro ocupa el 1er lugar a nivel nacional –, y la legalización del aborto. Temas urgentes que no se han atendido debidoa la oposición fundamentada en las posturas morales y conservadoras de las y los legisladores como Elsa Méndez.”

Así mismo, señala que para que exista una verdadera sociedad democrática, derechos como la protesta social y la libertad de expresión son fundamentales, pues las manifestaciones son una forma de recuperar el espacio que sistemáticamente se nos ha negado, particularmente a las mujeres pobres, periféricas y jóvenes. 

Y concluye “Desde las colectivas feministas sostenemos que no olvidamos ni perdonamos, pues esta ley garrote afecta directamente a nuestras libertades y la lucha por nuestros derechos.” 

Hasta el momento, más de 50 organizaciones sociales, asambleas barriales, colectivas feministas, grupos ambientalistas y ONG’s han repudiado este paquete de reformas, e invitan al ejecutivo estatal a no aprobarlas mientras preparan las acciones jurídicas y sociales para exigir su revocación.