Cordón del Retén es un Área Voluntariamente Destinada a la Conservación localizada al oriente de la Selva de los Chimalapas, en Oaxaca, que enfrenta la tala ilegal, invasiones por ganaderos y ahora también el Corredor Interocéanico y la minería. Los resineros indígenas, que han logrado tener un aprovechamiento forestal sustentable crearon su propia brigada para vigilar el área

Texto y fotos: Diana Manzo / Mongabay Latam

CHIMALAPAS, OAXACA.- Todos los días, Mauro Vásquez Cruz coordina a los diez indígenas zoques que, durante una asamblea comunitaria, fueron seleccionados para realizar una tarea vital: formar la brigada encargada de vigilar y monitorear la zona conocida como Cordón del Retén, área natural protegida que forma parte de la Selva de los Chimalapas, una de las regiones con mayor riqueza biológica en Oaxaca, al sur de México.

Desde hace dos años, estos diez comuneros —encabezados por Mauro Vásquez— tienen la encomienda de evitar que taladores, cazadores o invasores de tierras comunales entren a las 15 328 hectáreas que integran Cordón del Retén, una de las 135 Áreas Destinadas Voluntarias a la Conservación (ADVC) con las que cuenta Oaxaca y la que mayor extensión tiene en la entidad.

Tener un certificado de ADVC, el cual se tramita ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), permite a las comunidades acceder a recursos públicos para desarrollar diversos proyectos que fortalezcan la conservación comunitaria del lugar.

En el caso de Cordón del Retén, los recursos con los que cuenta la brigada comunitaria de vigilancia son nada si se comparan con la dimensión de la zona y el tamaño de las amenazas que hay sobre esta reserva comunal, entre ellas la invasión de tierras y la tala ilegal (con los incendios que la acompañan) recurrentes en esa región.

La pandemia del COVID-19 ha complicado aún más el panorama para los brigadistas zoques que, desde hace una década, encontraron en la recolección de resina de los árboles una forma de aprovechar, de manera sustentable, los recursos no maderables de la zona.

Conservación comunitaria

La selva de los Chimalapas —como se conoce a la región que ocupa alrededor de 594 mil hectáreas del Istmo de Tehuantepec, al sur de México— destaca por su importancia ecológica: es una zona donde es posible encontrar desde selvas altas, medianas y bajas, hasta bosque mesófilo y bosques de pinos y encinos.

También es un territorio indígena zoque ancestral, que ha vivido una larga historia de conflictos relacionados con linderos territoriales —agrarios e interestatales entre Oaxaca y Chiapas—, invasión de tierras y saqueo de sus bienes naturales.

A mediados del siglo XX, por ejemplo, cinco empresas madereras se instalaron en la zona; el gobierno federal les concesionó la explotación maderera y durante casi 30 años operaron alrededor de 25 aserraderos hasta que a finales de 1977, las comunidades expulsaron a estas compañías, de acuerdo con lo que narra Miguel Ángel García Aguirre, en el estudio “La defensa del territorio y de los bienes naturales como un factor de identidad indígena”, editado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), en 2015.

En ese mismo documento se expone parte de la tenaz lucha que se ha dado por defender el territorio y los bienes naturales. Se destaca, por ejemplo, que entre 1990 y el 2000, las mismas comunidades impulsaron la creación de la Reserva Ecológica Campesina (REC) de Los Chimalapas, “como un modelo social alternativo de conservación y manejo sustentable, pionero en el país”. Esta propuesta fue «boicoteada y bloqueada por caciques locales y el propio gobierno, con la pretensión de imponer ahí una Reserva de Biósfera Federal, cosa que no lograron, operando hoy toda la región bajo el control comunal», señala García Aguirre.

“En los hechos —escribe García Aguirre— se bloqueó el proceso de la Reserva Ecológica Campesina, sustituyéndola por el establecimiento de Áreas Comunitarias Certificadas, con el engañoso mecanismo de Pago de Servicios Ambientales, así como con ordenamientos ecológicos elaborados al vapor, por despachos ajenos a la región, desde arriba y desde afuera”.

Una de las Áreas Comunitarias Certificadas que se creó entonces fue Cordón del Retén, ubicada al oriente de los Chimalapas, en territorio comunal de San Miguel.

En junio de 2010, los comuneros aceptaron la propuesta —impulsada por el gobierno federal y organizaciones no gubernamentales, encabezadas por el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDyCCh)— de que Cordón del Retén fuera una Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

Miguel Ángel García Aguirre, quien es coordinador regional del CNDyCCh destaca que a lo largo de la historia han sido los “pueblos, a través de su organización, los que han defendido y conservado la zona”.

A diferencia de los parques nacionales y los santuarios, la legislación permite que en una ADVC se pueda realizar manejo forestal tanto de productos maderables como no maderables.

Aprovechando esta posibilidad, los comuneros de la zona, acompañados por organizaciones no gubernamentales, exploraron opciones de aprovechamiento que les permitiera tener recursos económicos y, al mismo tiempo, conservar los bienes naturales de Cordón del Retén.

Extraer resina, una opción

En el texto “Aprovechamiento de resina de pino en la zona oriente de San Miguel Chimalapa, Oaxaca: de la conservación de recursos naturales al desarrollo sustentable”, Adriana Zentella Chávez explica que en la región, durante 2009 y 2010, se impulsaron acciones para impulsar un desarrollo social y económico en la población y, al mismo tiempo, conservar los recursos naturales.

Zentella explica que se crearon dos sociedades de producción rural: Productores Agropecuarios y Forestales Cordón el Retén San Antonio y la Unión de Productores Ambientalistas Agropecuarios y Forestales Río Portamoneda Benito Juárez Chimalapaque, dentro de las cuales se instaló un Comité de Aprovechamiento de Resina de Pino; uno de sus 35 integrantes es Mauro Vásquez Cruz, quien también forma parte de la brigada de vigilancia comunal de Cordón del Retén.

El aprovechamiento de resina fue una actividad que tuvo su auge en los Chimalapas en la década de los setenta, pero se abandonó por falta de políticas públicas, mercado y desinterés de los dueños de los bosques, explica el ingeniero agrónomo y experto forestal de la organización civil Laboratorio Ambiental Estratégico, Esteban Ortiz Rodea.

Con la instalación del Comité de Aprovechamiento de Resina de Pino, los comuneros zoques de Benito Juárez buscaron revivir esta actividad que, bien llevada, permite hacer un manejo sustentable de los productos no maderables del bosque.

“Mi padre —cuenta Mauro Vásquez— me enseñó a cuidar el bosque, porque él también fue resinero por muchos años, también nos guió en el cuidado y protección…Este oficio de la resina es un ejemplo de preservación del bosque; así lo entiendo, porque con lo que vendemos obtenemos dinero para comer, que aunque no es mucho, nos ayuda a sobrevivir, en cambio antes lo talábamos o quemábamos y nada obteníamos”.

Ortiz Rodea asegura que los comuneros se capacitaron para poder cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SEMARNAT-2005 que establece los criterios y especificaciones técnicas para realizar el aprovechamiento comercial de resina de pino “no intensivo”.

Los comuneros de la zona oriente de los Chimalapas —resalta Ortiz Rodea— emprendieron una nueva ruta de conservación ambiental, por la vía de la producción sustentable de la resina de pino.

Mauro Vásquez fue uno de los resineros zoques que se capacitó con expertos originarios de Michoacán y de la comunidad de Santa Catarina Ixtepeji, de la sierra norte de Oaxaca.

El comunero y brigadista explica que la recolección de la resina se realiza en terrenos forestales previamente analizados, para los que se cuenta un permiso de aprovechamiento otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En los árboles seleccionados se hace un pequeño corte en su corteza —“sin maltratarlo, sin dañarlo”— y se coloca un recipiente al pie del tronco para recolectar la resina.

En el área de Cordón del Retén alrededor de 100 familias se dedican a la recolección de resina; en otras áreas de los Chimalapas con bosque de pino hay interés de otras comunidades por esta actividad.

Oaxaca es uno de los estados del país donde se recolecta resina —los principales productores son Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chiapas—; la entidad produce alrededor de 89 toneladas al año, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Producción Forestal de 2017, el reporte más actual que está disponible.

Efectos de una pandemia

Los comuneros zoques de Benito Juárez están entre los principales productores de resina en el estado. Septiembre —asegura Mauro Vásquez— es el mes en que se da la mayor producción. Pero este año no fue así.

Esta es la primera vez, en una década, que los comuneros zoques de los Chimalapas no logran vender la resina que recolectan; su producción está detenida desde hace seis meses.

La pandemia del COVID-19 provocó la paralización de la industria química, principal comprador de la resina ya que ocupa la sustancia para la fabricación de alrededor de 300 productos, entre ellos pintura, pegamentos, adhesivos y emulsiones.

Esta situación provocó que en los límites del Cordón del Retén y en la zona vecina conocida como la Hondonada, la recolección de resina esté suspendida y que en el almacén comunitario estén varadas 18 toneladas y media de resina.

Mauro Vásquez sintetiza la situación: “Tenemos varada nuestra producción y, además, no podemos seguir recolectando más resina, porque no hay donde guardarla; tampoco hay quien la compre. Esta crisis sanitaria nos está pegando muy fuerte”.

La recolección de resina ha sido, hasta ahora, una actividad que ha contribuido a la conservación de esta zona de los Chimalapas; los resineros, además de obtener recursos económicos del aprovechamiento de un recurso forestal no maderable, son los principales cuidadores del área. Son los resineros quienes ayudan a contener la tala ilegal, las invasiones territoriales y los incendios forestales, tal y como se establece en su estatuto comunal.

“Sin organización ya no tendríamos bosque”, reconoce Angélico Solano, un histórico guardián del bosque y también resinero que asegura que en colectividad ha logrado preservar sus bienes naturales.

Y aunque los comuneros de Benito Juárez están organizados para que en su territorio no se presente la tala ilegal o el tráfico de especies, estas actividades han ido al alza, en zonas aledañas del municipio de San Miguel Chimalapa, como en los asentamientos de origen chiapaneco Rudolfo Figueroa y Díaz Ordaz, así como en San Antonio, de acuerdo con lo que ha documentado el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas.

En 2019, Aarón Juárez, director de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (Coesfo) aseguró que se pierden 120 mil metros cúbicos de madera debido a la tala ilegal y los saqueos. Entre las zonas que identificó como una de las más críticas se encuentra los Chimalapas.

Cuidar con recursos mínimos

Mientras se reactiva la actividad económica y la demanda de resina de parte de la industria química, los comuneros zoques de Benito Juárez siguen organizándose para resguardar, lo más que puedan, el área protegida comunal de Cordón del Retén.

Mauro Vásquez, quien está al frente de la brigada de vigilancia comunitaria, explica que los diez brigadistas recorren todos los días diversas zonas del área. Por la noche, activan la única cámara trampa con la que han registrado la presencia de animales como el jaguar (Panthera onca), el tigrillo (Leopardus Wiedii), el pecarí (Tayassu) y el tapir (Tapirella bairdii).

“Cuando vemos en la cámara a esos animales recordamos que no hay que bajar la guardia en la conservación de nuestro territorio”, dice José Humberto Díaz Jiménez, joven de 24 años que interrumpió sus estudios de administración pública por falta de recursos y hoy es uno de los miembros de la brigada de vigilancia.

Además de los patrullajes o rondines diarios, que duran alrededor de diez horas, los brigadistas también realizan trabajos de reforestación.

Mauro Vásquez comenta que no cuentan con las herramientas suficiente para realizar el trabajo de vigilancia del área. Es por ello que, en varias ocasiones, han solicitado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) un vehículo, cámaras y equipo de protección. La dependencia federal solo ha respondido con el pago de 200 pesos semanales, a cada uno de los brigadistas, como parte de un apoyo económico.

“Requerimos de una patrulla, para extender nuestra vigilancia al interior del bosque, y equipo de protección; no contamos con nada, pero aun así, seguimos, cuidando lo que es nuestro”, dice Mauro Vázquez.

José Antonio Ramírez Guerrero, director de la Región Prioritaria para la Conservación del Istmo Oaxaqueño de la Conanp, apunta que el área Cordón del Retén recibió un apoyo de 220 mil pesos, como parte del Programa de Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (Prorest), el cual solo tuvo una duración de tres meses: de julio a septiembre pasados.

Durante los otros nueve meses, los comuneros cuidan el área sin recibir ningún recurso.

Ramírez Guerrero reconoce que las comunidades de Benito Juárez y San Antonio son ejemplo de organización y cuidado del territorio. “La zona del Cordón del Retén es muy importante y ellos, los comuneros, lo saben; es un lugar que han conservado. Además, por la constante reforestación, los incendios forestales han disminuido, es una zona rica en agua y manantiales, ellos son ejemplo de conservación”.

José Francisco es el más joven de la brigada de vigilancia en Cordón del Retén. Durante mucho tiempo —confiesa— se le hizo común mirar a los Chimalapas sin pensar en la importancia de su cuidado. Ahora, con los recorridos que hace a diario, “le he tomado más cariño a la selva… nuestros padres y abuelos nos recuerdan que no debemos bajar la guardia y eso hemos aprendido”.

En la zona de los Chimalapas hay nuevas movilizaciones y no es solo contra las invasiones agrarias, una de las amenazas frecuentes. Ahora, las comunidades se han organizado para cerrarle la puerta a la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales e impedir que se instalen empresas mineras, la mayoría de origen canadiense, respaldadas por el macroproyecto denominado Corredor Interoceánico.

El colectivo Matza, que encabeza un grupo de jóvenes, fue el que comenzó con la movilización al retomar recientemente la denuncia acerca de la existencia, dese hace más de 10 años, de cuatro títulos de concesión minera otorgados por el gobierno federal en las tierras comunales de San Miguel  y el ejido de la localidad Santo Domingo, Zanatepec, sobre los cuales hace un par de meses, la empresa minera Minaurum Gold solicitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la aprobación de un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Los integrantes del colectivo y  pobladores de San Miguel y Santa María exigen que la Semarnat niegue la MIA y que la Secretaría de Economía cancele esas concesiones.

A las movilizaciones en contra de la minería se han unido los comuneros de Benito Juárez. “Durante 20 años combatí incendios —dice Angélico Solani—, también soy resinero y ahora como secretario auxiliar de bienes comunales sigo vigilante. Para nosotros, los Chimalapas es el único hogar que tenemos, por eso lo defendemos, lo cuidamos de los talamontes, de los incendios y, ahora de la minería”.