18 octubre, 2020
Aunque pueden solicitar su registro ante el seguro social, no hay campañas de difusión sobre el programa en los estados, por lo que existe desconocimiento de sus derechos y han enfrentado despidos, encierros y recorte en sus pagos: Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar
Texto: Samantha Nolasco / @aguunda / Lado B
Fotos: Lado B
PUEBLA.- Aidé Hernández comenzó en el trabajo del hogar remunerado hace una década, es originaria del municipio de Cuyoaco, a una hora y media de distancia de la capital poblana. Cuando tenía 22 años dejó a su única hija al cuidado de su madre y se fue al centro del estado para poder enviarle un ingreso económico a su familia.
En el municipio de Puebla ganaba a la semana poco más de mil pesos para enviar la mayor parte a su mamá. El esquema de planta le pareció más pertinente, ya que el trayecto diario de ida y vuelta de su pueblo a la capital le habría costado 340 pesos al día, la suma semanal de eso era más de lo que le pagaban.
Después de seis años de haber vivido en la capital del estado trabajando en diferentes casas, Aidé decidió migrar a la Ciudad de México para ganar un poco más de dinero por su trabajo; sin embargo extraña Puebla porque actualmente no puede ver tan seguido a su hija.
“Ahora menos con la pandemia”, dice con tono de resignación en entrevista con LADO B.
Sin embargo, debido a la crisis por covid-19, Aidé Hernández ha tenido que vivir el confinamiento en casa de sus empleadores para no contagiarse del virus, lejos de su familia, para no perder su trabajo, como le sucedió a algunas de sus compañeras.
En este momento, Aidé es una de las 23 mil 826 trabajadoras inscritas al IMSS de las 2.5 millones de trabajadoras del hogar que hay en México, y es parte del uno por ciento que cuentan con contrato escrito.
Gracias a que tiene un contrato y está afiliada al seguro, Aidé pudo nombrar a su padre como beneficiario de los servicios de salud del Estado, ya que se enfermó e ingresó al IMSS de La Margarita, en la ciudad de Puebla, donde falleció de una neumonía atípica.
“Pero fue atendido con dignidad”, celebra la trabajadora de 32 años, quien por las condiciones de encierro ni siquiera pudo despedirse de él.
En abril de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social inició un programa piloto para afiliar a más de 2 millones de trabajadoras del hogar.
Sin embargo, no fue acompañado de campañas de promoción sobre sus derechos y la pandemia complicó más la difusión. Actualmente, sólo el 0.9 por ciento de las trabajadoras tiene seguridad social.
De acuerdo con la última información disponible, en el caso de Puebla sólo 19 trabajadoras (0.019 por ciento) están registradas en el Seguro Social de un universo de al menos 100 mil personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado; 17 se encuentran en Puebla capital, una en Tehuacán y otra en Teziutlán, según reportó en junio de 2019 el delegado estatal del IMSS en Puebla, Jesús González Izquierdo.
Una de las razones que explican esta situación, dice María de la Luz Padua, secretaria colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), es que quienes emplean tampoco “cuentan con la seguridad social o son personas [cuyos] ingresos no generan lo que ellos quisieran tener para cumplir con estas responsabilidades” .
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019, se estima que 96.7 por ciento de todas las personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado en México lo hace de manera informal, lo cual normaliza la falta de derechos laborales.
“Lo que sigue existiendo es la informalidad en el trabajo, [las contrataciones se realizan cuando] una empleadora le comenta a su amiga que requiere de alguien. Entonces, inmediatamente se le recomienda a una trabajadora y se lleva a cabo una relación laboral sólo con un acuerdo de palabra, pero no es formal, incluso a veces puede ser momentáneo, resuelven su necesidad y despiden a las compañeras”, destaca Padua.
Claudia Alonso González, encargada de Género en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, dice en entrevista que los derechos del trabajo del hogar en Puebla y a nivel nacional son escasos, sin un reconocimiento real que garantice protección a las trabajadoras que lo realizan.
“El desafío es la interlocución con las organizaciones locales que son representantes de este sector de trabajadoras domésticas(…). Yo diría que el Estado, el gobierno estatal tendría que buscar formas de articulación que incluyan a instancias encargadas de garantizar los derechos laborales a nivel estatal y otras instancias relativas a la igualdad de género como la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ya que esta población [de trabajadoras del hogar] es mayoritariamente femenina”, destacó.
“En la Ciudad de México con el tema del programa piloto ha sido más recibido que las trabajadoras acudan a los centros de salud, a las clínicas a pedir información, pero [en el interior de la República] es muchísimo más complejo que la información llegue, entonces aunque ya está validado su registro no pueden tener acceso a este derecho”, explica Indra Rubio, coordinadora de género en el Instituto Simone de Beauvoir, quien señala la importancia de elaborar un padrón nacional de trabajadoras del hogar para poder implementar una política pública acorde a sus necesidades.
En la Ciudad de México, el Sinactraho tiene registradas a 30 personas originarias de Puebla, la mayoría son mujeres de entre 30 y 70 años que han trabajado por más de 15 años con una familia. Entre las situaciones más comunes que experimentan están los despidos injustificados, falta de pago, acusaciones de robo o maltrato, además de que combinan sus labores de trabajo del hogar remunerado con otras actividades de comercio informal, como la venta por catálogo.
“Puebla es el estado del que más migran las compañeras a la Ciudad de México, en donde entre comillas se encuentran trabajos con mejores condiciones. Las compañeras que vienen a trabajar son de lugares alejados del centro de Puebla, el municipio [en el cual] estamos más cercanas es Libres donde tenemos el grupo de compañeras más fortalecido, [con] aproximadamente 30 compañeras afiliadas al sindicato que han recibido capacitación y acompañamiento legal”, destaca María de la Luz Padua, secretaria colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar.
Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, por su cercanía a la Ciudad de México son los estados origen de la mayoría de trabajadoras que encontraron en la migración interna una posibilidad de trabajo y de hacer valer sus derechos laborales; pero muchas, sin saberlo, viven siendo explotadas.
También otros estados como Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo y Veracruz son la cuna de las y los trabajadores que terminan en la Ciudad de México como lugar destino para ser explotadas laboralmente, según el Diagnóstico de la trata laboral en México elaborado por Polaris en 2018.
En lo que va del confinamiento por covid-19, de marzo a agosto de 2020, el Sinactraho, con mil 500 trabajadoras del hogar afiliadas a nivel nacional, recibió 400 solicitudes de asesorías laborales, de las cuales cerca del 70 por ciento fue de personas “descansadas” sin goce de salario o con reducción del mismo sin previo aviso, y el 30 por ciento fueron despedidas injustificadamente.
“Algunas compañeras de planta se ven afectadas porque [sus empleadores iniciaron el] encierro sin su consentimiento [o muchas aceptan el cierro para conservar su trabajo] porque siempre se ven las prioridades de las familias donde trabajamos. Pero las compañeras que son de entrada por salida, también son de las más afectadas se les recortan sueldos, y muchas de ellas fueron descansadas sin goce de salario hasta el reingreso, pero sin tener una fecha”, dice María de la Luz Padua.
Durante la pandemia, el sindicato también ha tenido reportes de tres fallecimientos de trabajadoras del hogar por contagio del virus, dos de ellas no tenían acceso a seguridad social.
Muchos de los empleadores tampoco se han hecho responsables de los materiales necesarios para salir a la calle de una manera protegida, como cubrebocas y gel antibacterial, pese a que, “el material de cuidado tiene que ser proporcionado por los empleadores, para realizar los trabajos [del hogar] y estar seguras en el traslado”, destacó María de la Luz Padua.
La pandemia, dice Padua, ha dejado un aprendizaje importante “sin la limpieza y los cuidados, ninguna de nosotras y nosotros podría realizar las actividades a diario”, rescatando el valor que tiene el trabajo del hogar y de cuidados en momentos de crisis, y sobre todo, relacionadas con la salud.
Según datos del Observatorio Género y COVID-19 en México, el inicio de la pandemia impactó de forma negativa el registro de las personas trabajadoras del hogar al programa piloto de seguro social implementado por el IMSS desde abril de 2019.
La iniciativa reportó que en marzo de 2020 la afiliación era de 21 mil 592 personas trabajadoras del hogar al programa piloto, pero para mayo esta cifra disminuyó a 21 mil 133, es decir, en un mes, al menos 459 personas trabajadoras del hogar perdieron el acceso a la seguridad social.
Para apoyar la situación de algunas de las trabajadoras del hogar que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad extrema, el sindicato otorgó un recurso de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar para comida y vivienda durante la pandemia a 150 trabajadoras que se quedaron sin empleo.
México es de los países de América Latina con cobertura más baja en el sistema de seguridad social, inferior al diez por ciento en la región, destacó Juliette Bonnafe, de ONU Mujeres en la presentación de la campaña #TrabajoEnCasaEsTrabajo.
“Entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe y de estas 93 por ciento son mujeres. El trabajo doméstico supone en promedio entre el diez y el 14 por ciento del empleo de las mujeres de la región y a su vez el ingreso de las mujeres empleadas en el servicio doméstico son iguales o inferiores al 50 por ciento del promedio de las personas ocupadas”, describió Bonnafe como contexto desigual en el servicio doméstico.
Destacó que una de cada tres trabajadoras del hogar son cabeza de familia, lo que resulta en dobles cargas de trabajo en casa y en sus centros de trabajo.
“Esta crisis no afecta igual a los hombres que a las mujeres, puesto que las mujeres deben encontrar un ámbito laboral que les permita combinar la carga de cuidados que les son conferidas socialmente por el género además de sus trabajos o profesiones, y el empleo doméstico es una de las pocas alternativas a la que pueden optar quienes no han podido acceder a la educación o a formación profesional.
“Las crisis, ya sean económicas, sociales, sanitarias (y el COVID-19 acumula todas estas crisis) impactan diferente entre hombres y mujeres por la forma diferenciada en la que se insertan en las economías y sociedades de nuestros países. Ha habido una gran pérdida de empleos informales que impacta particularmente a las mujeres que están representadas en la informalidad y se ha agudizado la importancia de contar con políticas públicas que abordan el tema de cuidado, ya sean remunerados o no remunerados”, comentó.
En este sentido dijo que una política nacional de cuidados, el fortalecimiento del estado de bienestar y de protección social, sin duda podrían haber contribuido a que los impactos negativos del COVID-19, fueran menores para toda la población de trabajadoras de cuidados, además de que eso habría contribuido a la pronta reactivación económica.
La representante de la ONU en México resaltó que, a pesar de que durante la crisis global las mujeres trabajadoras del hogar remuneradas ocupan un lugar crucial de respuesta ante el virus por el papel que juegan en el cuidado de menores y adultos mayores, y que incluso trabajan en la limpieza de espacios para evitar el contagio, la realidad es que han sido las más afectadas por esta pandemia.
Este trabajo fue realizado con el apoyo de
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