Familiares de personas desaparecidas, víctimas de violencia y de desplazamiento forzado presentaron una queja por el trato de la Comisión Ejecutiva de Atención A Víctimas. Este jueves, la CNDH determinó que la CEAV violó sus derechos de manifestación libre pacífica y al trato digno

Texto Redacción Pie de Página

Foto: Duilio Rodríguez

Este jueves la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 39/2020 en la que afirma que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) violó el derecho a la manifestación libre pacífica y al trato digno de las familias que mantienen un plantón en sus instalaciones desde hace siete meses.

“Se cuenta con elementos que permiten evidenciar violaciones a los derechos humanos a la libre manifestación pacífica y trato digno, por las omisiones de atención a víctimas e indebido ejercicio del servicio público, atribuibles a servidores públicos de la CEAV”, dice la recomendación.

Esta recomendación es resultado de una queja presentada el 20 de febrero, tres días después de que las familias de personas desaparecidas y personas víctimas de violencia y desplazamiento forzado tomaran la planta baja de la CEAV en reclamo por atención a sus casos.

La CNDH reconoce a ocho víctimas que, a su vez, representan a unas 80  personas de 15 familias, entre ellas a Delia Icela Quiroa,  víctima de desplazamiento forzado por violencia en Tamaulipas; Carlos Vanda, quien ha denunciado ser víctima de secuestro en Chihuahua;  María Icela Valdez, cuyo hijo fue desaparecido en Tamaulipas; y Ana María Maldonado, cuyo hijo Carlos Palomares fue desaparecido en la ciudad de México en el año 2010.

En la recomendación no se establecen las medidas que la CEAV deberá tomar para reparar el daño a las vícitmas.

La toma de la CEAV

En la recomendación de la CNDH se detalla la toma de la CEAV. El 17 de febrero las familias decidieron tomar el lobby por falta de atención a sus demandas y funcionarios de la CEAV cerraron los baños y cortaron la luz, lo que dificultó su protesta. 

Las familias, según la recomenadción de la CNDH,  también manifestaron su inconformidad por haber revelado la identidad de una de las víctimas y los delitos de los que fue víctima.

Dos semanas después, otros familiares presentaron una queja ante la CNDH porque la CEAV no había atendido sus demandas. 

El 21 de febrero del 2020 la CEAV emitió un comunicado en el que selañaba que “presentó una denuncia penal ante autoridades competentes, por actos que podrían ser constitutivos de delitos durante el bloqueo de un grupo de personas al acceso principal del edificio sede de la Comisión, que comenzó el pasado lunes 17 de febrero”.

En ese comunicado señalaba que el señor Carlos Vanda y familiares impidieron los accesos a las oficinas de la CEAV por su manifestación, hicieron sus necesidades fisiológicas en el vestívulo y encendieron un anafre en el lugar, “lo que puso en riesgo la integridad de las víctimas que acuden a la Comisión y al personal”. 

El tema siguió:

“El 12 de junio de 2020, V3 promovió un escrito de inconformidad ante este organismo nacional, en el que señaló que después de 113 días de protesta no había habido un acercamiento por parte de la CEAV con las víctimas”.

Hasta el día 4 de septiembre, cuando familias que mantienen plantón en la CEAV acudieron a las instalaciones de la CNDH a apoyar a dos madres de familia de San Luis Potosí que exigían atención a casos -posteriormente se deslindarían de esta toma-. Ese día inició lo que se conoce ahora como la ocupa de la CNDH y la instalación de la Casa Refugio Ni una Menos.

“Motor de cambio”

En su recomendación la CNDH dice que la protesta social ha sido históricamente un motor de cambio y que las manifestaciones, a veces pacíficas y a veces violentas, han ocasionado el derrocamiento de gobiernos autoritarios y el surgimiento de sociedades libres y democráticas.

También señala que en muchas ocasiones las manifestaciones pacíficas han sido reprimidas por agentes del Estado que deberían garantizarlas, las cuales derivan en abuso de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y, en el peor de los casos, ejecuciones sumarias.

“Es por ello que las circunstancias actuales demandan instituciones sólidas y comprometidas con la atención de las víctimas directas e indirectas de la violencia originada por agentes del Estado y/o integrantes de la delincuencia organizada”.