28 julio, 2020
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo a Lidia Florencio que ya fue aprehendido el presunto responsable del feminicidio de su hija Diana. Pero la Fiscalía del Estado de México dice que no. Los familiares de víctimas seguirán en plantón frente al Palacio Nacional hasta que les proporcionen pruebas
Texto y fotos: María Ruiz
Familiares de víctimas de feminicidio seguirán en plantón frente a Palacio Nacional. Después de 23 días viviendo en casas de campaña frente al Palacio Nacional, familiares de mujeres asesinadas consiguieron un encuentro con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se comprometió a revisar sus demandas e informó a Lidia Florencio que ya se había detenido al probable responsable del feminicidio de su hija.
En conferencia de prensa, Florencio expresó sus dudas al respecto: “No puedo aceptar tal declaración porque hemos luchado tres años y hasta el 30 de abril seguían las cosas como en todo este tiempo, no había una línea de investigación, no había absolutamente nada y pues de la noche a la mañana ya tienen al detenido, por supuesto nosotros como familiares tenemos que exigirle a la fiscalía que nos den pruebas”.
Este lunes, en un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó de la aprehensión:
«Con respecto al caso de Diana V., la secretaria Olga Sánchez Cordero informó que fue ejecutada la orden de aprehensión del probable responsable de haberla privado de la vida tras haber sido detenido por otro delito y que, a través de la unidad a cargo de Paulina Téllez Martínez, se convino que Lidia F., madre de la víctima, sostenga un encuentro con la Fiscalía General del Estado de México para tener acceso al expediente que corresponde»
Sin embargo, personal de comunicación social de la Fiscalía del Estado de México informó a Pie de Página que hasta ayer por la noche esa orden de aprehensión no se había cumplido.
«Ya tenemos un avance muy significativo, es cuestión de días para que informemos el cumplimiento de la orden de aprehensión», respondió el área de comunicación social.
Durante la reunión de víctimas con la secretaria de Gobernación no hubo ningún servidor público de la Fiscalía del Estado de México.
El cuerpo de Diana Velázquez fue encontrado en la calle Francisco I. Madero, en la colonia Guadalupe, en el municipio de Chimalhuacán, al oriente de la ciudad de México. En una calle cercana a Plaza Chimalhuacán, a lado de un Soriana. Cerca hay un conjunto habitacional que se llama Piedras Negras. Fue asesinada el 2 de julio de 2017.
Cuando encontraron el cuerpo de Diana dijeron que era hombre y lo enviaron al Semefo de Nezahualcóyotl. Cuando su familia se acercó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, le dijeron que tenían que esperar 72 horas para empezar la búsqueda. Desde entonces u familia ha enfrentado omisiones, falta de perspectiva de género y muchas promesas sin cumplir.
“Las últimas veces que tuve contacto con el policía de investigación me decía que no tenía los suficientes recursos, que no tenía una patrulla propia, que la fiscalía no le daba para la gasolina, que tenía que pagar su gasolina, que él era de Ecatepec y que era un gasto considerable moverse hasta Chimalhuacán. Siempre nos ponían en claro que la fiscalía no provee de insumos suficientes para hacer una investigación”, dijo su madre.
Malú Andrade, hermana de Lilia Alejandra Andrade, asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, explicó que la noticia de la aprehensión del probable feminicida de Diana Velázquez llegó a Gobernación vía telefónica:
“Uno de los servidores públicos fue el que le dio la noticia y mencionó: el viernes se comunicó conmigo el fiscal general del Estado de México para darnos la noticia de que hay una persona detenida por otro delito pero ya se tiró la orden de aprehensión en su contra por el feminicidio de Diana”
Sin embargo, la funcionaria no dio más detalles a la familia, aunque se comprometió a que habrá una reunión con el Fiscal General del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, para que se notifique cómo fue que vincularon al detenido, en qué evidencias se basaron y cómo dieron con su paradero.
“Así como el fiscal se tomó la molestia de hablar por teléfono personalmente a Gobernación, así debería de ser que se le notifique a la familia. Es muy extraño que no existía una línea de investigación y casualmente ahorita que estamos en el plantón ya hay una persona detenida, una orden de aprehensión y casi, casi está resuelto el caso”, dijo.
Respecto al resto de las demandas de los familiares que están en plantón, se acordaron distintas revisiones y mesas de trabajo: Para el tema de menores infractores, la secretaria de Gobernación se comprometió a tener un equipo de trabajo que revise la ley; sobre huérfanos por feminicidios, dijo que se reunirá con el Instituto de las Mujeres, el IMSS y el ISSSTE para revisar a qué programas pueden acceder; también prometió la creación de mesas jurídicas con Gobernación y fiscalías estatales para que familias puedan darle seguimiento a sus casos en sus entidades; y el último compromiso fueron mesas de trabajo para revisar medidas de protección a activistas, defensoras y familiares de víctimas.
“Todas son promesas, no hay acuerdos firmados por escrito, hasta que no se puedan concretar las reuniones que ellas mismas propusieron -mesas de trabajo, reuniones para el mecanismo de protección a defensoras, la reunión con el fiscal general- no vamos a retirar el plantón, aquí vamos a continuar esperando una respuesta. Y si esas evidencias no convencen, o no hay evidencias, seguiremos en plantón”, dijo Andrade.
Las familias insistieron también en tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador:
“El presidente tiene una deuda con las familias de víctimas de feminicidio, así como ha dado espacio en su agenda para otras luchas, también las familias desean ser escuchadas. Quedaron en que ahorita por el tema del covid es imposible pero que van a trabajar para ver cómo es esto posible”, dijo Andrade.
Lidia Florencio está enojada por la forma en la que recibió la noticia y por el comunicado que emitió la Secretaría de Gobernación después de la reunión. Le pareció también una falta de respeto que la dependencia emitiera un comunicado sin antes brindarle información y responder sus dudas:
“Todavía ni siquiera nos lo confirman a nosotros, como familiares, y ya lo están gritando a todo el mundo. Piensan que con solo decirme que ya lo tienen me voy a levantar de aquí y me voy a ir a mi casa y ya se acabo todo. No. Me tienen que dar respuesta a todas las preguntas que existen en mi cabeza. Para saber si de verdad es el asesino”, dice.
Cuenta que en la reunión le pidió a Leopoldo Velarde Ortiz, Director General para el Fortalecimiento de los Tribunales Superiores y las Procuradurías Estatales de Segob, más información sobre la detención, pero el funcionario le dijo que no podía, que eso es responsabilidad de la Fiscalía del Edomex.
“Si él no tiene la facultad de darme toda esta información para qué me dice, ahora estoy más desesperada de lo que ya estaba”, lamenta Florencio.
“Estamos peor que como estábamos. Ahorita van a decir que nos están dando al asesino, que ya no hagamos nada. Pueden argumentar que nos dieron justicia. La verdad me siento mal. Así como se han portado todas las autoridades, no puedo confiar”, pregunta Lidia Florencio.
“Nos siguen violentando nuestros derechos a acceder a esa justicia y a esa verdad, porque simplemente nos dicen que ya tienen al asesino, que están cien por ciento seguros de que es él, pero, ¿quién es?, ¿cuándo lo agarraron?, ¿qué línea de investigación siguieron?, ¿por qué lo agarraron? Para nosotros no fue nada tranquilizante, al contrario, nos llena de dudas, incertidumbre y coraje”.
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