La reorganización hospitalaria en el país para la emergencia sanitaria alteró la atención a mujeres embarazadas quienes se quedaron sin revisiones médicas y se vieron más expuestas a violencia obstétrica 

Texto: Lydiette Carrión y Daniela Rea

Fotos: María Ruiz

La masiva reorganización de hospitales que México dispuso para hacer frente a la pandemia dejó a miles de mujeres embarazadas sin atención.

En Cabo San Lucas, Baja California Sur, Joanna Carmona (37 años) va y viene en transporte público, en plena pandemia, con 30 semanas de embarazo e hipertensión. En 15 días no pudo conseguir un papel firmado por un médico del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para irse a casa con licencia médica.

El gobierno reorganizó el sistema hospitalario público para ampliar la atención del covid-19, destinando algunos centros al manejo exclusivo de esos casos.

Los lineamientos de esta reconversión, publicados el 5 de abril, establecen que la atención de embarazos, partos y emergencias obstétricas es prioritaria. 

Pero las deficiencias del sistema de salud dejaron sin atención a gran cantidad de embarazadas, aunque todavía es prematuro determinar cifras de afectadas. En Iztapalapa, por ejemplo, al oriente de Ciudad de México, mujeres en labores de parto debían esperar en una silla afuera del hospital.

En el período más severo de la pandemia en México –entre abril y junio–, se esperaban 235 mil nacimientos y 125 mil abortos, además de 1.15 millones de consultas de control prenatal y casi 50 mil de puerperio -posparto-, según Karen Luna, asesora legal del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). “Esto nos explica que las cuestiones de salud reproductiva no paran”, dice Luna. Las consultas “se deben otorgar sí o sí”.

Una investigación de openDemocracy en América Latina reunió testimonios de irregularidades en la atención de partos y embarazos, como resultado de las restricciones impuestas para enfrentar el covid-19.

Testimonios de 17 mujeres en Argentina, Ecuador, México, Venezuela y Uruguay, además de personal médico y activistas en favor del parto humanizado, dan cuenta de un aumento de la medicalización del parto (cesáreas, inducciones y episiotomías compulsivas o no informadas), así como de suspensiones masivas de controles prenatales, denegación de servicios y más partos en casa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en sus pautas sobre los partos durante la pandemia que las mujeres deben ser tratadas con respeto y dignidad, y acompañadas por quien ellas deseen; también se les debe facilitar el contacto con piel con los recién nacidos, incluso si son pacientes de covid-19.

Pero, en una investigación global, openDemocracy compiló un conjunto de más de 100 casos de infracciones de estas pautas en al menos 45 países de todo el mundo, incluso en naciones que emitieron protocolos específicos o que tienen leyes contra la violencia obstétrica.

Burocracia y puertas cerradas 

El 6 mayo Joanna Carmona acudió a la Clínica 26 en Cabo San Lucas, donde le correspondía atenderse. Pero allí sólo se ocupaban de casos de covid-19, y le dijeron que fuera a la 39, localizada en avenida Palmas, un poco más lejos de su hogar. 

En Palmas comprobaron que su presión estaba altísima, pero, sin área de ginecología en esa clínica, la enviaron en ambulancia a otro centro a 40 kilómetros de distancia, junto a una pareja en su misma situación debido a la reconversión. 

Luego de un viaje de más de 30 minutos, esperó tres horas más, con un pico de hipertensión y ni un vaso de agua disponible. Cuando le tocó el turno, seis horas después de iniciar su periplo y ya muy entrada la noche, no la asistieron porque le faltaba un sello que habían olvidado poner en la clínica de Palmas. Regresó a casa por sus propios medios.

“Me siento mal, me zumba el oído. Necesito mi incapacidad para estar tranquila, ya no quiero dar vueltas”, dijo 15 días después, todavía sin obtener una solución.

Joanna no fue la única sin asistencia en la clínica 26 en San José del Cabo.  El 13 de abril, dos mujeres que acudieron en plena labor de parto fueron rechazadas sin aviso previo de que no podrían parir allí ni información o derivación a otras clínicas u hospitales, como narró en su momento Nuria Landa, una partera de la tradición perteneciente al grupo Nueve Lunas. 

La “letra chiquita” de la reconversión

El gobierno federal dispuso en la reconversión hospitalaria que si el servicio público no podía atender a una embarazada, esta podría ir a un hospital privado que debía asistirla. 

El muy publicitado anuncio del acuerdo con 146 hospitales privados en 27 estados del país para que prestaran servicios a embarazadas, entre el 23 de abril y el 23 de mayo, pasó por alto que sólo se incluía la atención de partos y emergencias. No contemplaba controles prenatales, incluso de embarazos de riesgo.

Lorena (pidió omitir su apellido), con tres meses de un embarazo de alto riesgo por su edad, 38 años, se atendía en el Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado, pues su pareja es empleado del gobierno, pero en su clínica le dijeron que por el covid-19 ya no habría citas de control.

“Durante tres semanas no pudimos obtener una cita para el ultrasonido y el control”, dijo su pareja, Alejandro. Finalmente obtuvieron respuesta: sólo tenían derecho a atención de parto o urgencia. Lorena terminó controlando su embarazo con un médico general particular que, por amistad, le cobra 150 pesos (menos de 10 dólares) y no los mil pesos que le facturaría un ginecólogo privado. También paga los ultrasonidos por su cuenta. “Me parece incoherente que hay población vulnerable y que suspendan así el servicio”, dijo ella.

Se trata de una suspensión masiva de controles prenatales. “Se vuelve injusto, pues descuentan del sueldo una aportación y cacarean supuestas acciones en beneficio de las personas”, se quejó Alejandro.

Los lineamientos del gobierno establecían que los controles de embarazo se harían en los centros de salud de primer nivel. Pero, en los hechos, esto fue imposible.

En la alcaldía de Iztapalapa, la más poblada de la Ciudad de México y con grados importantes de pobreza, tres de los cuatro hospitales públicos que atendían partos se reconvirtieron en la tercera semana de marzo y dejaron de atender controles a las embarazadas. Y a las que llegaban en trabajo de parto, las ponían a esperar en una silla afuera del hospital, según contó Marisol del Campo Martínez, directora de Cimigen, una organización sin fines de lucro que atiende partos y embarazos en la zona.

“Alrededor de 10 mujeres llegaron (a Cimigen) pariendo; y para el mes de abril teníamos de todo: partos de emergencia, mujeres a consulta, recién embarazadas que no eran recibidas en ningún lado”, dice Del Campo.

Del Campo explica: cuando las mujeres llegaban a los hospitales privados, incluso con su documento de pertenencia a la seguridad médica, no las atendían a menos que fuera una emergencia. Y a las mujeres a punto de parir “les llevaba una semana entera tramitar su hojita de gratuidad”.

Menos controles, más morbilidad

Al restringirse los controles del embarazo puede aumentar la morbilidad materna, observa la ginecoobstetra y promotora del parto humanizado Itzel Mar Montero. La morbilidad es cualquier complicación grave en la gestación, el parto o el puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere atención inmediata para evitar la muerte.

“Estas restricciones que están ocurriendo con la reconversión hospitalaria tienen impacto en derechos de las mujeres, como alojamiento conjunto con el bebé, acompañante, lactancia materna y a tener partos no medicalizados si no es necesario”, dice Itzel Mar.  

De forma paralela, aumentó la medicalización (cesáreas, inducciones y episiotomías), según testimonios de mujeres y personal médico.

Christian Mera, médico obstetra e integrante del Grupo Médico Proparto Natural, cree que “veremos un aumento en las cesáreas, tanto en los hospitales privados como públicos. Creo que parte del temor y miedo a que se saturen los hospitales. Aunque esto es contradictorio porque la cesárea de por sí tiene mayores riesgos para la mujer embarazada, en caso de covid se suma el riesgo de la hospitalización e infección”.

Itzel Mar advierte: “a mayor medicalización de partos, mayor riesgo de complicación, tanto para la mamá como para el bebé”. Ella no cree que haya más muertes maternas, “pero sí más complicaciones. Y ahí veremos si hay aumento de la morbilidad”. Pero, señala, “desafortunadamente creo que en México no tenemos una buena manera de tener datos, no hay registro diferenciado de partos naturales, inducidos o medicalizados”.

Hasta el 15 de junio, México registraba 42 muertes maternas confirmadas por covid-19 y 12 probables, según cifras oficiales.

Dos mujeres por día mueren en México por causas prevenibles en el embarazo, parto o posparto, según el Informe de GIRE Justicia Reproductiva publicado en 2018.  México debía lograr para 2015 una mortalidad materna de 22.2 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, según los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero, cumplido el plazo, la tasa era de 36.4, y en 2016 subió a 38.15.

Sustrato de violencia

Para Del Campo, directora de Cimigen, las dificultades que atestiguó en Iztapalapa constituyen violencia obstétrica. “Imagínate tú en tu embarazo, quieres saber que tu bebé esté bien, y que no tengas citas de seguimiento ni un lugar para que te digan que todo está bien; y, por otra parte, cuando te acercas en trabajo de parto, que te tengan en lista de espera afuera del hospital”, dice.

La violencia obstétrica ya se encontraba antes. Situaciones de maltrato (ofensas, regaños, desinformación, posiciones incómodas durante el trabajo de parto o presión para usar anticonceptivos) fueron reportadas por 33.4% de las mujeres embarazadas consultadas entre 2011 y 2016 por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.

Primer nivel: primeras fallas 

Las estadísticas indican que 85% de los embarazos transcurren sin complicaciones. Su seguimiento por medio de enfermería obstétrica y partería y su canalización a un médico en caso de complicación es el modelo ideal del sistema de salud, según Marisol del Campo, previsto incluso en los lineamientos del gobierno para la pandemia.

Pero en los centros de salud de primer nivel no hay suficiente personal formado. “Ellos pedían la capacitación para hacerlo. Y no la tienen”, dijo Del Campo. Bajo el estrés del coronavirus y con todo el sistema de salud abocado a la emergencia, era muy tarde para esa capacitación.

Itzel Mar observa que “la reconversión era necesaria para atender la emergencia por covid-19”. Pero “el sistema de salud en México está limitado y se ha vivido violencia obstétrica de manera generalizada desde siempre; la reconversión la incrementa”. Se trata de “una ecuación compleja en donde se debe luchar por respetar los derechos de las usuarias y salvar la mayor cantidad de vidas posibles”.

En este contexto, muchos factores entran en juego cuando se trata de acudir a un hospital y no a otro.

El Hospital Juárez de Ciudad de México (de administración federal), un centro de alto nivel que atiende a población abierta, fue reconvertido para atender casos de covid-19 y el 15 de abril informó a sus usuarias de que, para dar a luz, podrían dirigirse a la sala de urgencias del Hospital Materno Infantil Inguarán, perteneciente a la Secretaría de Salud de la capital. 

Alejandra (no es su verdadero nombre) no quería atenderse en el Inguarán, señalado por años de saturación y negligencia que devinieron en muertes infantiles. Así que pidió ser canalizada a alguno de los hospitales privados sumados al convenio de reconversión. 

Su problema fue conseguir un documento de referencia para la atención en clínica privada. “Nadie sabe nada”, explicó su cuñada, que pidió no dar su nombre. Las dudas no se resolvieron ni con llamadas, ni en ventanillas. A través de amigos y conocidos, se enteraron de que las pacientes del Juárez serían atendidas en los hospitales Ticomán, Villa o Rubén Leñero. “No darán la famosa hoja de referencia”, para el hospital privado, explica la cuñada. 

Finalmente Alejandra pagó un parto modesto en una clínica privada y desistió de hacer uso de sus derechos.

Un hospital privado de la ciudad de Chihuahua, incluido en el convenio de reconversión, se negó el 14 de mayo a atender a una embarazada. La mujer se amparó y un juez ordenó la atención inmediata. Pero, ¿cuántas personas pueden pagar un amparo de inmediato para la atención de un parto?

En Guadalajara, la tercera urbe en importancia y a 300 kilómetros de la Ciudad de México, Lorena X  y su hija de 17 años — con un embarazo de siete meses — fueron referidas del Hospital General de Occidente al Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, provisionalmente reconvertido para dar servicios obstétricos. El 4 de mayo concurrieron allí por una emergencia.

“Estuvimos cuatro horas sin ser atendidas en el Instituto. Después del chequeo nos entregaron los resultados, pero correspondían a los de una mujer de 26 años de edad, no eran los de mi hija”, dijo Lorena X. 

Parto en casa: ¿una alternativa?

Con tres meses cumplidos de la pandemia, no hay cifras sobre su impacto en la salud materna. Autoridades de la Secretaría de Salud federal y del IMSS no contestaron nuestros pedidos de entrevista sobre la reconversión hospitalaria y la atención a las mujeres embarazadas. Tampoco del Instituto Nacional de las Mujeres manifestaron su postura ante la violencia obstétrica que se está viviendo en esta emergencia sanitaria.

Ante el silencio oficial, se multiplican testimonios de las consecuencias de la pandemia, como el aumento de partos en casa.

“Me ha impactado muchísimo que me han buscado más mujeres para recibir partos en casa, muchas buscando una segunda opinión, porque sus médicos tratantes ya las querían inducir o hacer cesárea”, dice Itzel Mar, que atiende partos domiciliarios.

Para David Meléndez Navarro, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura, un problema preexistente es la idea de que el acto de parir debe ser forzosamente hospitalario.

“La atención ginecobstétrica representa entre el 40 y el 55% de todos los egresos hospitalarios. Por eso llevamos años insistiendo en que los partos normales los saquemos de los hospitales. De acuerdo a la evidencia mundial, beneficia a las mujeres, al sistema y a la economía”, asegura.

El “Lineamiento para la prevención y mitigación de covid-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida” expedido por la Secretaría de Salud contempla la partería o los espacios alternativos a hospitales como una opción, señalan Meléndez y Karen Luna.

Según Hannah Borboleta, que dirige la Casa de Partos en la Ciudad de México y es partera y educadora en Luna Maya CDMX, en distintas ciudades del país “las mujeres no quieren ir a los hospitales”, pues “les da pánico” el coronavirus y situaciones de violencia obstétrica. 

Esta percepción es compartida por varias parteras, como Miriam Padilla, de Guadalajara. 

“Están optando por parir en casa para evitar el hospital. Esto hace visible una cosa que hemos dicho mucho tiempo: los hospitales son para enfermos. Y los embarazos y partos son procesos fisiológicos”, asegura.

También en Ecuador, Perú, EEUU y Nueva Zelanda se han reportado casos de partos en casa por la pandemia.

Borboleta asegura que su teléfono no paraba de sonar. Sin embargo, “muchas mujeres le huyen también al parto en casa”. Llaman, se muestran indecisas y desisten. Son señales del miedo y la incertidumbre.

El reporteo realizado para este artículo contó con el apoyo del proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy.

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