Luego del ataque en contra de estudiantes en la Facultad de Estudios Superios Acatlán de la UNAM, estudiantes, activistas, padres de familia y defensores de derechos humanos exigieron a la univeridad en cese a la violencia en contra de las alumnas
Texto: Vania Pigeonutt y Lydiette Carrión
Foto: Especial
Estudiantes, defensores de derechos humanos, padres de familia y activistas exigieron cese a la violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en este contexto de pandemia por covid–19, tras la denuncia del colectivo estudiantil feminista Argüenderas y revoltosas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) sobre agresiones físicas y sexuales hasta ocasionarles fracturas.
De acuerdo con la narración del colectivo, entre siete y 10 hombres ingresaron al plantel armados. Agredieron sexualmente a mujeres y golpearon a varones –uno de ellos tendrá que ser intervenido quirúrgicamente– e iniciaron fuego. Sin embargo, horas después de la denuncia de la colectiva, fue filtrado un video de seguridad del propio plantel Acatlán, donde se aprecia que dos hombres y una mujer inician fuego en unas oficinas.
La breve grabación contrapone la versión que las estudiantes. Ya que de acuerdo con estas últimas, los agresores iban vestidos como “grupo de táctica”, e iban armados. En el video, quienes inician el fuego parecen estudiantes.
La agresión y el incendio se dan en un contexto complejo: en nueve planteles, colectivas feministas han mantenido paros para exigir castigo a profesores, administrativos y estudiantes que han incurrido en violencia sexual y acoso. Muchas de estas tomas están por cumplir seis meses.
La colectiva emitió un comunicado en el que informan: “tenemos conocimiento de los videos que comenzaron a difundirse, sabemos que la confusión se ha incrementado y comprendemos que eso pasaría porque las autoridades siempre han tenido todas las herramientas jurídicas, políticas, mediáticas, y del uso de la violencia para tergiversar la información a su favor y criminalizar los métodos de protesta para borrar las atrocidades que ellos hacen”.
Reiteraron: “por seguridad jurídica, mediática, de integridad personal y colectiva no podemos dar información detallada de los videos que circulan. Pero nos parece realmente indignante que tanto las autoridades de la Facultad como de la UNAM en general, intenten incitar a la Comunidad para ponerlos en nuestra contra, tratando de opacar los actos violentos que atentaron con nuestra vida y darle prioridad al espectáculo respecto al daño de las instalaciones”.
El caso de la FES Acatlán es especial. Se trata de uno de los planteles periféricos con más problemas. Así lo expresaron alumnos y exalumnos, que pidieron omitir su nombre por miedo a exponer su integridad física. En particular, expresan, hay intereses oscuros al interior de las instalaciones: narcomenudeo y mafias locales. Esto implica que hacer activismo al interior de Acatlán sea de más alto riesgo que en otras sedes de la universidad.
De nuevo, con miedo, debido a represalias, alumnos y exalumnos narran el contexto en el que se dio este ataque.
Después de la Huelga de 1999-2000, se quedó un grupo de activistas que continuaron con trabajos dentro del plantel. Sin embargo, con los años fue deviniendo también en ambulantaje –venta de chicharrones, dulces– y actividades similares.
De ese grupo, provenía Daniel Rossell, activista y artista que, a inicios de año, se plantó en huelga de hambre en la explanada del plantel. Eran demandas viejas del movimiento estudiantil: comedor, frenar el porrismo (encarnado en esta parte de la ciudad por jugadores de futbol americano), detener la violencia.
Sin embargo el 15 de febrero desapareció. Algunas versiones dicen que su tienda de campaña fue removida por las autoridades de la UNAM y el huelguista pudo haber sido víctima de la comisión de un delito. Otras versiones dicen que podría estar escondido. Lo cierto es que, hasta la fecha, sigue en calidad de desaparecido.
En marzo de este año, y entusiasmadas por la multitudinaria marcha feminista del 8 de marzo pasado, algunas estudiantes de Acatlán tomaron el A-6.
Pero casi inmediatamente se vino la contingencia sanitaria por el covid-19. Se cerró el plantel. La colectiva de Acatlán decidió quedarse y cuidar su espacio, a pesar de que no impulsaban un paro como tal. ¿Por qué lo decidieron así?, se les pregunta a los entrevistados. Probablemente por la misma dinámica de Acatlán, donde es muy difícil hacer activismo, y las autoridades son agresivas con los estudiantes organizados.
La noche de la agresión, el ataque fue dirigido contra ellas. Pero hay otros colectivos que tienen espacios ahí. Uno de ellos, de corte anarquista, apoyó y defendió a las feministas, a pesar de no ser tan cercanos políticamente.
Entre los estudiantes y exestudiantes, hay pocas dudas. El ataque sí pasó. Sin embargo, quedan dudas sobre el origen del incendio.
Una de las estudiantes agredidas comentó que están asesoradas jurídicamente y por eso evitarán comentar sobre este incidente. Dijo que los comunicados que han colocado en sus redes sociales son una narración fehaciente los hechos, tratando de juntar cada detalle y que quienes participaron en su elaboración estuvieran conformes con lo expresado.
En el primer comunicado después del 5 de abril, explicaron que esa madrugada: “Salimos a ver qué sucedía mientras observamos que venía un grupo de entre siete y 10 hombres, al poco tiempo comenzaron a golpear los vidrios del espacio. Les gritamos preguntando quiénes eran, [pero] no respondieron y rompieron los vidrios”. El ataque: “pasó demasiado rápido”.
Los nueve planteles que decidieron mantener la toma de sus escuelas, consideraron lmedidas de higiene y protección recomendadas por las autoridades de salud, la misma UNAM dotó de gel antibacterial y materiales de limpieza a estudiantes.
Se mantienen en paro estudiantes de las Facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, Medicina Veterinaria y Zootecnia, las Escuelas Nacionales Preparatorias 3 y 6; los planteles Sur y Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades.
En este contexto de tomas y covid–19, la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal organizó un conversatorio virtual cuya exigencia a la UNAM fue cese a la violencia y represión contra los estudiantes. Recordaron casos emblemáticos de violencia feminicida como el de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en mayo de 2017 o el de Verónica Guadalupe Benítez Vega, estudiante de la FES Cuautitlán.
Dian Como La Flor, una defensora de derechos humanos que empezó con la exigencia de justicia por el feminicidio de Lesvy, lamentó los hechos de Acatlán. “Como existe un vacío jurídico, no hay nadie que esté poniendo el ojo sigue la violencia. Ha habido una serie de violencias contra compañeras paristas; muy grave con la de Acatlán”.
Para ella la seguridad debería ser comunitaria. Que se modifiquen estos círculos de poder en la UNAM, porque ha comprobado, durante estos meses de acompañamiento en los distintos paros, que es la misma institución la generadora de violencia en muchos casos.
Además los casos no son investigados, tienden a la criminalización del mismo estudiantado, como en esta ocasión que la UNAM se pronunció más por un edificio que por las vidas en riesgo de quienes fueron agredidas, comenta Dian virtualmente. Recuerda un episodio: al inicio del paro de Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (MOFFYL), un sujeto intentó darles comida con veneno de ratas.
Fue casi al inicio de la toma que comenzó el 4 de noviembre de 2019. “El constante hostigamiento… En la preparatoria 9 hubo violencia. Eran ataques muy violentos. Incluso las compañeras defensoras estuvimos acompañando el resguardo de las instalaciones. Peligraban nuestras vidas. Eran grupos porriles, padres de familia que se organizaban para realizar amenazas, apologías del delito, apologías a la violación sexual. Eran padres de familia que estaban haciendo estas amenazas”.
En el caso de Azcapotzalco, la activista denuncia que eran grupos de seguridad privada que utilizaba la universidad para desestabilizar el movimiento contra la violencia sexual. “Parece que hay un nexo entre las instancias de la Ciudad de México y el Estado de México, porque no hubo ninguna injerencia. Le pedimos a la abogada general que se pronunciara, que denunciaran en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no se hizo”.
Para Dian, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han puesto atención al movimiento estudiantil, en varios casos separatista. Han pedido medidas cautelares y éstas no se han brindado.
En este contexto de pandemia, considera que es importante seguir articuladas. Las activistas no dejarán de estar pendientes ante el silencio–considera–, de las autoridades universitarias que cumplirán seis meses sin dar cabal cumplimiento a las demandas de las mujeres.
María de Lourdes Mejía Aguilar, de la coordinación de familiares víctimas de la violencia, cuyo hijo fue asesinado y aún no tiene justicia, llamó a la UNAM a no dejar solas a las estudiantes y a los estudiantes.
“La procuraduría, comisiones de derechos humanos no hacen nada por parar esta violencia. Llevamos documentados más de 90 casos de estudiantes que han sido asesinados afuera de CU y no se hace nada más obstaculizar todos los casos para que no haya justicia”.
Dijo que los familiares seguirán apoyando a los estudiantes en paro.
Víctor Caballero, del comité Aeequs, recordó que la violencia ha ido en aumento a partir del feminicidio de Lesvy. Las autoridades, dijo, no han querido escuchar. Han criminalizado los movimientos y la protesta estudiantil.
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