Una supervisora en Iztapalapa que sufre robo y la institutición no la apoya. Otra encuestadora, Dulce Melissa Bautista Fernández, desapareció mientras trabajaba en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Tlalpan. Para la entrevistada es claro que la violencia se concentró en las mujeres

Texto: Vania Pigeonutt

Foto: Inegi Informa

A sólo unos días de que termine el censo de población 2020, el jueves 26 de marzo, una supervisora de encuestadores del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sufrió un asalto mientras trabajaba en una colonia peligrosa de la alcaldía Iztapalapa. No tuvo ayuda legal y sus pérdidas personales no serán devueltas por la institución que la contrató hasta el 3 de abril. 

En entrevista con Pie de Página, la afectada–quien prefirió que la denuncia fuera confidencial por temor a represalias– lamentó que los encuestadores del INEGI están expuestos a demasiados riesgos. Por un lado, la violencia que durante una década se incrementó en las calles, y ahora el Coronavirus (Covid–19). Todo ello, sin garantías del INEGI para sentirse respaldados ante el riesgo de enfermarse o sufrir alguna otra vejación durante su labor.

“Vivimos una situación laboral muy precaria: no me han dado recibos, no me han dado mi contrato; y si yo no renuncié antes es porque me están diciendo que me van a pedir dinero de mis gastos o mis viáticos; que me van a descontar, que después me van a boletinar para no volver a trabajar en INEGI”, acusa.

Como ella, otras encuestadoras han sido víctimas de delitos, como Dulce Melissa Bautista Fernández, de 22 años de edad, quien desapareció en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan. Para la entrevistada es claro que la violencia se concentró en las mujeres encuestadoras. Aunque no conoció a la encuestadora desaparecida, dice que esto prendió varios focos de alerta de ella y sus compañeras. 

A varias, dice, las han intentado llevar en taxis. Conoce otros casos de robo, de encuestadores de 60 años que continúan en las calles, sin importar las denuncias de inseguridad y exigencias de permanecer en casa por el COVID-19.

El pasado 20 de marzo, el INEGI aseguró que tomaría ciertas medidas ante esta enfermedad. Propuso la entrevista en línea, mediante una carta invitación llamada “Cénsate tú mismo” dirigida a ciudadanos. La entrevistada advierte que estas invitaciones fueron mínimas.

El INEGI contrató a 151 mil entrevistadores para realizar el censo poblacional del 2 de marzo al 27 de abril. Sin embargo, en casos como los de nuestra denunciante, terminarán su trabajo hasta el 3 de abril, cuando hayan entregado resultados verificados de que la encuesta se llevó a cabo. Después el 4 de noviembre mostrarán resultados, de acuerdo a las fechas marcadas para el ejercicio. 

La robaron y nadie hizo nada

Cuando la asaltaron, ella estaba llamando a una de sus entrevistadoras. Eran las 14:00 horas cuando le arrebataron su celular en una colonia peligrosa frente a una cámara de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Me senté en una banqueta, estaba entretenida, escribiéndole, esperando las respuestas, cuando un tipo venía caminando en la banqueta, traía unas coca colas en la mano. Pensé que venía de la tienda y me hice a un lado para que pasara. Pero me arrebató el teléfono y en ese momento salió corriendo, yo corrí detrás de él. Él se sube a una motoneta donde ya lo estaba esperando otro tipo y se dio a la fuga”.

Lo primero que hizo fue pinchar el botón de pánico, que  estaba a un lado de la cámara, pero ninguna autoridad hizo nada por ella en ese momento. Fue la gente quien le prestó su celular para comunicarse con sus jefes y familia. Estuvo dos horas esperando a sus superiores del INEGI y nunca llegaron. 

“El auxilio nunca llegó y tuve que hacer la denuncia, que de ahí me atendieron y me regresaron en una patrulla para ver el lugar. Me dijeron que es una zona muy peligrosa que tienen detectada como punto de venta de drogas y focos rojos. Que me recomendaban que no estuviera allí a más de las 6 de la tarde, que era una situación muy violenta y que ellos estaban atendiendo el robo a los autoservicios”.

El INEGI no la apoyó de ninguna forma, ni siquiera en el momento del robo. Habló con su superiora y le dijo: “me acaban de asaltar, lo que ellos piensan es que me quitan el dispositivo del INEGI, donde se está levantando la información, en cuanto yo les dije, no fue el del INEGI, fue el mío. ‘¿Entonces fue el tuyo nada más?: haz lo que tu quieras, lo que decidas, pero es una pérdida de tiempo si denuncias’”.

Tuvo que regresar a trabajar. Lamenta que haya un protocolo para cuando les quitan el equipo del INEGI y no para cuando ellos están en problemas: 

“Tenemos que ir a levantar la denuncia, tú les hablas, hasta te mandan personal del jurídico y te acompañan a hacer la denuncia, para que puedas levantar el acta de denuncia. El argumento es que es propiedad federal y tiene la información, es una situación de robo de información de los ciudadanos, es una situación muy sensible”.

Hizo una relatoría de hechos, pero hasta este momento su situación quedó en el olvido. También comentó que no tenía dinero para comprarse un celular y que con una quincena no le alcanzaría para comprarse otro, pero no hubo ningún tipo de asesoría de cómo la apoyaría el INEGI. Siente que en nada. Les comentó que tenía miedo de salir a la calle y tampoco eso importó, porque su contrato termina el 3 de abril.

Un censo mal planeado

En su opinión este censo se hizo al vapor. No hubo la planeación adecuada y los mandaron a las calles sin un diagnóstico real de lo qué podrían enfrentar. 

“Fue un evento preparado en un tiempo muy corto, no se tomó en cuenta el crecimiento de la población de 10 años ahora, hubo un crecimiento considerable y no nada más en la población, sino en las viviendas, a no tener acceso a viviendas dignas, las empiezan a fraccionar en cuarterías, yo creo que en la CDMX como que no nos iba a dar tiempo desde un principio, debíamos de ser mucho más personal”, critica.

En su análisis, lo que menos consideraron fueron las violencias a las que estarían expuestos.

“El índice de delincuencia no es el mismo de hace 10 años. Nos dieron un equipo electrónico, antes la encuesta se hacía en papel. No les importaba tanto robarse el papel, como el dispositivo».

«Hay personas que fueron baleadas en Iztapalapa, chicas que intentaron llevárselas en los taxis, hay una chica desaparecida del INEGI en otra delegación, que se la llevaron durante su trabajo, lo que se dice es que llevaba el uniforme del INEGI, el hecho de usar el dispositivo si fue más rápido, te facilitaba, pero nos puso más en riesgo”.

Tampoco, ya en plena emergencia por el COVID–19 sintió que actuaron rápido. Ella sabe que hay una chica contagiada ya de la enfermedad y no hicieron algo para detener la emergencia. Ellos continuaron trabajando, expuestos a mucha gente que incluso les llegó a decir que no fue a trabajar por que eran sospechosos.

“Nosotros continuamos y es un riesgo. Yo, simplemente el día que me robaron el celular, ese mismo día yo entrevisté a dos personas con malestares en la garganta. Se entrevistó cara a cara, ellos tosiendo, igual con su cubrebocas, pero están enfermos. Estamos expuestos. Nos dijeron que nos iban a dar 200 pesos para comprar gel antibacterial y cubrebocas, nada más. Depositaron apenas ese dinero”, revela.

Siente que es mucha irresponsabilidad por parte del INEGI, sobre todo porque no se suspendió el CENSO. “¿Realmente no se podía suspender y que lo retomáramos después de la contingencia? ¿Para qué exponernos y exponer a tanta gente?”, reflexiona.

Ella comenzó con dolores de cabeza. Siente tos y dolor de cabeza. Además de su preocupación por recuperar su teléfono celular, le mortifica que su contrato acaba el 3 de abril hasta esa fecha puede ir al ISSSTE, y si hay personal que se contagió después de que se termine el contrato, desconoce cómo el INEGI ayudaría, aunque sería su obligación.