El Consejo Regional Indígena y Popular (CRIPX) que logró la suspensión de los trabajos del Tren Maya en Calakmul pide al gobierno federal que respete sus logros. «Estamos viendo desde el principio una visión colonialista»
Texto y fotos: Heriberto Paredes
CALAKMUL, CAMPECHE.- En Xpujil un lugar en donde el Consejo Regional Indígena y Popular (CRIPX) tiene su centro operativo, Romel González, asesor jurídico y uno de sus fundadores, hace una demanda al gobierno federal: “tiene que respetar y revisar todo el trabajo que hemos hecho, como comunidades y como organización».
El abogado pide al gobierno de López Obrador que haga un diagnóstico real de las necesidades de los pobladores de la región que será afectada por el Tren Maya.
“Como insumos, maquinaria y recursos para trabajar la tierras, apoyos para fortalecer nuestros negocios y resolver el desabasto del agua. El municipio de Calakmul se ha declarado ecológico y un tren le rompe esta categoría. No es la oposición por la oposición, es que este proyecto viene desde el centro y no desde las comunidades”.
La entrevista se hizo antes de que la jueza primera de Distrito, Grisell Rodríguez Febles, ordenara suspender definitivamente los trabajos del Tren Maya en Calakmul tras un juicio de amparo promovido por el CRIPX.
El abogado rememora la lucha que se libra en las comunidades para evitar el despojo y mejorar las condiciones de vida.
«A través de mucho esfuerzo y de muchos trabajo hemos logrado cosas que en otros lados no, como la reducción de insecticidas. Logramos frenar a los coyotes, que siempre se llevaban la mayor cantidad de dinero y pagaban precios de miseria siempre, logramos aumentar el precio de nuestros productos, como chiles, miel, chicle, la gente está orgullosa de la organización”.
La tranquilidad del sitio arqueológico de Calakmul se interrumpe con la presencia de los pocos turistas que aún quedan. Todo lo demás tiene un ritmo natural que hace pensar en un concierto selvático lleno de aves, monos aulladores, en donde está ubicada una de las reservas naturales más grandes de México.
“Lo que a mí más me provoca problemas para entender esto es que hablando de los pobres y de que nos vienen a traer el progreso, como dice Rogelio [Jiménez Pons], estamos viendo desde el principio una visión colonialista, ‘yo vengo de la ciudad, vengo con todo el conocimiento y te vengo a acabar la pobreza con un tren’”, explica Romel acerca de las implicaciones de un proyecto como el que ha planteado el gobierno de López Obrador para la reactivación de la economía en la península de Yucatán.
“Es un colonialismo moderno, como decía Comte y los positivistas, ‘yo te vengo a traer el orden, yo te vengo a traer el progreso, te vengo a traer la civilización’. Creemos que está mal y que se rompe el esquema de las comunidades”.
“Vienen desde arriba, todo esto genera problemas porque viene desde la cabeza de alguien que se cree genio y que piensa por todos nosotros. Está sustituyendo la colectividad por lo que él piensa, y eso se llama autoritarismo, colonialismo”.
Además de las críticas a la concepción del proyecto, el abogado de la organización indígena señala que hay una serie de pasos mal dados respecto al planteamiento del proyecto, ya que “dan mal la información, incompleta, y se piensa que quienes tenemos otra postura podemos caer en falso, es importante que den toda la información completa para poder argumentar completamente”.
Desde que inició el gobierno de López Obrador, ejidatarios de Xpujil, autoridades y representantes del Tren Maya se han reunido. El abogado señala, sin embargo, que la actitud de los impulsores del tren no está abierta a la crítica. “Cuando uno comienza a pedir información y a hacerles observaciones, remiten a la actitud, ‘yo soy el que sé’”.
“Cuando Rogelio [Jiménez Pons] llega a una reunión y me dice ‘yo gané el Premio Nacional de Planeación y recibí el Premio Internacional al Mejor Proyecto de Planeación’ y nos dice que todo el tren está bien planeado y que va a traer la planeación a las comunidades, esto rompe con todo el esquema de los ordenamientos de las comunidades, piensa que los demás somos desordenados, que no podemos planear y que él es el único que puede ordenar, y eso es colonialismo puro”.
Las principales dudas que han planteado los ejidatarios a los funcionarios de Fonatur son cómo van a resolver el acceso al agua en la región, la acumulación de basura y la necesidad de alimentar a los turistas que lleguen diario a Calakmul.
“Si quieren que vengan 8000 turistas diarios a la Reserva, hay que ver dónde se va a producir tanta comida y cómo se va a procesar tanta basura”, puntualiza preocupado González.
“Cuando una persona dice que se hace o se hace, eso ya no se llama consulta sino que se llama imposición, se llama violación de los derechos de los pueblos indígenas”.
Este planteamiento ha sido uno de los andamiajes para sostener el juicio de amparo que promovieron contra el Tren Maya, ya que no se realizó una consulta libre e informada previamente y por lo tanto se violaron leyes ratificadas por México, como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A partir de cálculos realizados en el CRIPX, con el apoyo de geógrafos y especialistas, al menos 3,200 hectáreas serán afectadas.
«Si yo hago un tren lo primero que voy a hacer es escarbar, asentar y limpiar y esa tierra con la que voy a rellenar, ¿de dónde la voy a traer?, eso va a formar los bancos de materiales y van a destruir parte de la zona”.
“Todo proceso de turismo genera complicaciones sociales, culturales, ambientales y por supuesto, fiscales. Si ustedes van a Cancún o a Playa del Carmen, el valor de la tierra aumentó inmensamente, y mucha gente no puede pagar impuestos prediales. Si esto comienza a ocurrir aquí, inmediatamente se va a querer cobrar este impuesto mucho mayor. ¿Quiénes van a poder pagar los impuestos aquí?”.
El asunto del empleo es una de las interrogantes que más controversia ha causado.“No va a haber empleo para las comunidades, y si hay será de barrenderos. El desarrollo de las comunidades es una hipótesis mal planteada con el Tren Maya”.
Ante la propuesta de los Fideicomisos para Bienes Raíces o Fibras, que teóricamente evitarían la compra masiva de tierras para optar por una sociedad agrario-económica de inversión a largo plazo, el también fundador de CRIPX señala que es prioritario dar certeza jurídica y “resolver los conflictos de tierras a raíz del decreto de la Reserva”.
Una de las comunidades más cercanas a Calakmul es Conhuas, con 800 habitantes aproximadamente, de los cuales 200 son ejidatarios y cuentan con 3, 400 hectáreas de terrenos pertenecientes al ejido, más una ampliación forestal de 55,000 hectáreas.
Su comisario, Refugio Ascención Olarte, comenta que hace 8 años la comunidad comenzó a cobrar el derecho de uso de un tramo del camino que va de la carretera Escárcega-Cancún hasta el sitio arqueológico, pero que esto ha generado una marginación del gobierno estatal y municipal.
Hacia adentro de la comunidad, sin embargo, se generaron empleos y se hizo la limpieza de este camino.
“Dimos apoyos a la gente mayor, tenemos un ahorro para generar proyectos ecoturísticos, se construyó una purificadora de agua, y se planificó un seguro de vida para cada ejidatario y habitante de la comunidad. Es mentira que no haya economía, fluye en nuestras comunidades, ¿para qué queremos un tren si ahí sí no va haber trabajo más que de empleados?”.
“No sentimos que el tren va a traer beneficios a la comunidad, al turismo sí pero no a nosotros”, concluye Refugio al conversar con él afuera de su tienda en la pequeña y tranquila localidad.
La campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988, despertó en Xpujil y en los municipios colindantes una efervescencia política. Coincidió con la asignación de muchas tierras ‘vacías’ a familias provenientes de Tlaxcala, Veracruz, Sonora y Michoacán. Pero el grueso fueron familias originarias de Chiapas que estaban desplazadas desde 1982 tras la erupción del volcán Chichonal.
“En total hubo habitantes de 26 regiones del país y 26 representaciones de pueblos indígenas. Aunque la mayoría eran los ch’oles y tzeltales de Chiapas, y aquellos grupos donde no había variación resultaron los más unidos y los que más se organizaron”, precisa Romel.
En 1989, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari creÓ la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Repartió tierras en los límites, aunque por su falta de definición desató algunos conflictos por la propiedad de la tierra. La declaratoria se hizo ,en principio, para proteger el bosque selvático y los sitios arqueológicos en su interior. Trajo consigo la instauración de una estrategia llamada Bosque Modelo, financiada por el gobierno de Canadá.
“Los canadienses –continúa el abogado del CRIPX– exigían que se creara una entidad que administrara los recursos para el Bosque Modelo y el gobierno creó al Consejo Regional Agrosilvopecuario y de Servicios de Xpujil, organismo que fue la correa de la corrupción perfecta del gobierno, una caja chica para campañas electorales, ya que se tenía asignado un presupuesto de 3 millones de dólares”.
Para 1995, el Consejo colocó a algunos de sus miembros en puestos municipales. Los motivó el zapatismo.
La organización comenzó a profundizar la coordinación entre comunidades.
Se manifestaron durante ocho días para exigir la regularización de la propiedad de la tierra. También, apoyos para poder trabajar y colocar los productos agropecuarios a mejores precios.
“El 1 de julio de 1995, 22 comunidades, alrededor de 2500 personas firman el acta constitutiva del CRIPX”.
Fotógrafo y periodista independiente residente en México con conexiones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Cuba, Brasil, Haití y Estados Unidos.
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