7 febrero, 2020
Lo que siempre denunciaron los habitantes era verdad: el proyecto de drenaje industrial al Río Metapanapa no cuenta con permisos federales. Sin embargo, la Comisión Estatal del Agua en Puebla permitió su construcción, mientras difundía volantes de apoyo con el supuesto aval de Conagua y Semarnat
Texto y fotos: Daliri Oropeza
CHOLULA, PUEBLA.- Cinco funcionarios confirmaron: ninguna de las instancias federales tiene información del proyecto de drenaje industrial que desembocaría en el río Metlapanapa. Por lo tanto, tampoco han otorgado los permisos para la obra.
En otras palabras, empresarios iniciaron un drenaje que vertería desechos industriales a un río vivo, sin permisos de Conagua o Semarnat; y con el apoyo de la Comisión Estatal del Agua en Puebla (Ceas) y otras autoridades locales.
Cabe mencionar que la comunidad denunció varias veces que Alfredo Ávila Salazar, titular de CEAS Puebla en el gobierno de Rafael Moreno Valle, ahora es el representante e ingeniero de la obra de drenaje tóxico.
La tarde del jueves 6 de febrero, la Universidad Iberoamericana Puebla medió una reunión entre una comisión de 25 habitantes de las cuatro comunidades nahuas que defienden el río Metlapanapa y tres instancias federales: Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat).
La reunión fue a puerta cerrada; las autoridades no permitieron el ingreso de medios. Sin embargo, a la salida, integrantes de la comisión relatan a Pie de Página cómo aconteció la reunión.
Al inicio, los habitantes plantearon el contexto que vive Zacatepec, Nextetelco, Ometoxtla y Cuanalá (municipio de Juan C Bonilla):
“Denunciamos la falta de permisos, la falta de Manifestación ambiental, no hay permisos de Semarnat, CEAS o Conagua y aún así estaban construyendo (el drenaje industrial)”.
Fue entonces que los cinco funcionarios confirmaron que ninguna de las instancias federales cuenta con la información del proyecto. Y por lo tanto tampoco han otorgado los permisos para la obra. Pie de Página confirmó más tarde con Semarnat, que en efecto, no había permisos.
Miguel López Vega, comunicador popular nahua y defensor del territorio de Zacatepec, explica:
“No hay autorización de Semarnat, eso nos confirmaron. Les dijimos que la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) utilizó 30 mil volantes, que la mitad se quedaron en la presidencia, y en esos trípticos ya aparecía la autorización con número de Semarnat. Le preguntamos que cómo no sabían, y ellos comentaron que no han dado permisos y que van a sancionar al CEAS por utilizar y dar por hecho que hay anuencia de parte de Semarnat”.
Miguel López Vega
Integrantes de la comisión nahua narran lo que denunciaron ante los cinco funcionarios federales. Que desde mayo de 2018, el cabildo ha hecho caso omiso de las decisiones comunitarias. Éste ha roto el diálogo en diversas ocasiones, se ha escondido. Y, contrario al diálogo, ha enviado a la policía para resguardar la maquinaria que construye el drenaje.
El jueves pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a Víctor Toledo –titular de Semarnat– y a Adelfo Regino –titular del Instituto de Pueblos Indígenas (INPI)– realizar un informe sobre la situación que vive el municipio desde hace más de siete meses.
Ese mismo día, el municipio clausuró la obra.
Pese al ordenamiento, ningún representante del INPI, ni el propio Adelfo Regino asistieron a este primer acercamiento.
Las comunidades han dicho en varias asambleas comunitarias, desde agosto de 2019, frente al representante de los empresarios y las autoridades municipales que no dan permiso de construir el drenaje para la zona industrial de Ciudad Textil en Huejotzingo.
En la narración, las personas nahuas aseguran que las autoridades se comprometieron a «hacer lo posible para solucionar este problema en el marco legal». Además, también prometieron una próxima reunión el 13 de febrero, y entregar un informe en un mes, tanto a las comunidades como al presidente.
Los representantes federales admitieron que es una obra que tiene muchas irregularidades. Además está dañando al medio ambiente, la libre determinación, ha provocado un problema grave junto con la policía estatal y la Guardia Nacional.
Las comunidades realizaron un registro desde octubre del 2019 de todas las irregularidades e inconsistencias del proyecto de drenaje industrial. Esto lo o hicieron después de solicitar un amparo para Zacatepec contra la realización del proyecto, fecha en la cual intensificaron la construcción del drenaje y asistía la policía acompañando a los ingenieros con la maquinaria.
Frente a los representantes del gobierno federal, dieron cuenta de estas 11 irregularidades:
La primera: El proyecto no cuenta con los permisos de Conagua, Semarnat, ni municipales para conectarse al drenaje de la comunidad de Santa María Zacatepec, Mpo. Juan C. Bonilla. La comisión dio cuenta que la obra incumplió con las condicionantes de las autoridades estatales, municipales y federales y ocultó información ante jueces federales e la emisión de permisos.
Falta de tratamiento de aguas: sólo seis empresas tienen tratadoras de agua de las 28 que descargarían residuos al drenaje.
No es saneamiento del medio ambiente como dijeron los empresarios en varias asambleas; sino únicamente el transporte de aguas, lo cual confirmaron con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE) quienes confirmaron que el tratamiento de aguas no está considerado.
El volumen de descarga reportado por las empresas es poco para el tamaño de la infraestructura de la obra. Las comunidades investigaron que, para el diámetro de la tubería que pretenden instalar, es incongruente y desproporcional a lo que dicen que van a verter.
Integrantes de las comunidades documentaron la poca profundidad y nivel de la tubería que estaban colocando, a la vez que donde lo colocaron cruza con el gasoducto del Proyecto Integral Morelos, por lo que exigen un estudio.
Sobre las afectaciones al Servicio de Alcantarillado de la comunidad, temen que los tóxicos vayan a desbordarse por el drenaje ya instalado ya que el diámetro requerido es distinto.
Las comunidades se informaron sobre la calidad de las aguas; pues las que se pretenden transportar al sistema de drenaje de la comunidad y Río Metlapanapa están mezclando las aguas sanitarias con aguas industriales.
En el Río Xolapa, a cinco kilómetros del parque industrial, el proyecto determina que no enviará la descarga para allá porque está prohibido por la Conagua. Sin embargo a pocos kilómetros abajo, pretende realizar la misma descarga “¿Porque si en el Río Xolapa está prohibida la descarga, un cuerpo de agua tan cercano al mismo, se permite dicha descarga?”, se preguntaron.
Denunciaron el mal manejo del presupuesto público, pues el municipal división los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, cobrando doble los gastos de trabajo de la obra, pues solo se requirió un trabajo de excavación y no dos por cada parte del trazo.
Dieron cuenta que aún cuando la tubería pluvial y sanitaria está separada, no queda claro si ésta se separa también en los pozos de visita, se mezcla o se excluye de la tubería. Llegando así, ambas al Río Metlapanapa.
Durante la reunión también denunciaron que las autoridades pretenden dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH 10/2017 sobre el saneamiento del Río Atoyac, vulnerando los derechos de la comunidad indígena de Santa María Zacatepec.
El abogado que lleva el caso de Zacatepec, Juan Carlos Flores, describe que “durante dos horas y media, principalmente la población de Juan C Bonilla expresó su indignación por cómo ha sido tratada, su preocupación con el río, su arraigo al río, a la historia de la comunidad, las mentiras que ha hecho el gobierno, cómo llega a las escuelas difundiendo información falsa”.
El martes 4 de febrero tuvieron una reunión en Cuanalá con el presidente municipal, Joel Lozano (Morena), a quien exclamaron de nuevo su inconformidad por los atropellos que han habido por querer instalar el drenaje industrial. Lozano abandonó el diálogo cuando se trataron temas sobre los derechos como pueblos indígenas a la libre determinación. Este diálogo sucede después de medio año que las cuatro comunidades han buscado audiencia con él a través de cartas, visitas, plantones y clausuras de la Presidencia municipal.
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