Tener una concesión puede llegar a ser un negocio millonario. Y por eso en entidades con estrés hídrico, como Chihuahua, se creó todo un mercado negro del agua. Además de falsificación de documentos, se diseñó un entramado legal y se utilizaron decretos presidenciales para “legalizar” pozos. Entre quienes obtuvieron decenas de títulos utilizando alguno de estos mecanismos está Agrícola La Norteñita, una de las principales productoras de manzana del país, además de dos compañías que pertenecen a un empresario cercano al exgobernador César Duarte

Por Thelma Gómez Durán y Patricia Mayorga / Raíchali

Fotografías y videos: Lucía Vergara y Adolfo Valtierra

CHIHUAHUA. -La cita fue al medio día del 29 de octubre de 2019, en un restaurante de la ciudad de Chihuahua. El abogado se presentó como funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A la familia de menonitas que lo escuchaban les mostró papeles. Ofreció venderles una constancia conocida como Folio 8, documento con el que después podían reclamar al gobierno federal la entrega de una concesión para aprovechamiento de agua. El abogado no era funcionario. El papel era falso. El hombre, identificado por los periódicos locales como Marco Antonio R.N., fue detenido y hoy es protagonista de una denuncia judicial por usurpación de funciones y falsificación de documentación oficial.

En Chihuahua, como en otras partes del país, la falsificación de documentos es uno de los caminos que se utilizan para obtener una concesión de aprovechamiento de agua. En una entidad con estrés hídrico, el tráfico de concesiones es un negocio muy redituable. Un solo documento puede llegar a valer entre 2 y 3 millones de pesos.

La utilización de documentos falsos es solo una parte de todo el entramado que se creó en Chihuahua para obtener concesiones de agua. En esa entidad se muestran en toda su dimensión las fallas del sistema de concesiones de agua.

El uso indebido de los decretos

El 5 de abril de 2013 el entonces presidente Enrique Peña Nieto firmó ocho decretos para suspender el libre alumbramiento de las aguas nacionales en 333 acuíferos, poco más de la mitad de los que hay en el país. Es decir, a partir de esa fecha, quedaba prohibido hacer pozos para extraer agua en las zonas donde aún era posible hacerlo sin necesidad de contar con una concesión federal previa.

Esos decretos señalaban que aquellas personas que, antes del 5 de abril de 2013, contaran con pozos construidos en estas zonas tenían 60 días para registrar la obra. A quienes realizaran ese trámite se les entregaría una constancia de registro de libre alumbramiento, documento que se conoce como Folio 8.

Los decretos también señalaban que la Conagua no podía entregar nuevos títulos de concesión para aprovechamiento de agua en esas zonas hasta que se contara con un “instrumento jurídico”, un reglamento, que permitiera administrar y hacer uso sustentable del agua. Hasta diciembre de 2019, siete años después de los decretos, aún no existía ese reglamento, por lo que, en teoría no podían entregarse nuevos títulos para esas zonas. Sin embargo, se entregaron.

A partir de la publicación de los decretos, la Conagua comenzó a recibir una avalancha de solicitudes para registrar pozos en zonas de libre alumbramiento. Tan solo la delegación de la Conagua en Chihuahua recibió poco más de 17 mil. En teoría, cada una de esas solicitudes tenía que ser revisada para validar que el pozo sí existía antes de la publicación de los decretos, además de que no se tendrían que registrar pozos ubicados en zonas de veda. En los hechos ocurrió otra cosa.

“Se dieron constancias de registros por arriba, por abajo, por todos lados, incluso de obras que ni siquiera existían”, dice en entrevista Eugenio Barrios Ordóñez, quien fue nombrado subdirector general de administración del agua en la Conagua a mediados de 2019.

Entre 2013 y 2014, en Chihuahua se registraron 2 mil 140 constancias, de acuerdo con datos que se pueden consultar en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). Del 2015 al 2018 se registraron otras 2 mil 194.

En un informe interno de la Junta Central de Agua y Saneamiento del estado de Chihuahua, al cual se tuvo acceso, se destaca que fueron entregados al menos 482 constancias en áreas que ya tenían veda y que, por lo tanto, no podían tener zonas de libre alumbramiento.

Incluso estas constancias se utilizaron para después otorgar títulos de concesión en acuíferos en donde no podían darse permisos, porque no había disponibilidad de agua.

La entrega de buena parte de esas constancias ocurrió cuando la delegación estatal de la Conagua estaba a cargo de Alex LeBarón González, quien fue diputado estatal por el PRI y era uno de los funcionarios cercanos al entonces gobernador de Chihuahua y también priista, César Duarte.

Para este reportaje se buscó tener una entrevista con Alex LeBarón; se le envío un correo electrónico y también se le llamó a su número celular, pero no se tuvo respuesta.

Alex LeBarón fue designado como delegado de Conagua en Chihuahua en febrero de 2013; ocupó el cargo hasta febrero de 2015. Durante ese tiempo, al frente de la Conagua a nivel nacional estaba David Korenfeld, quien dejó el cargo cuando se comprobó que utilizó helicópteros de la dependencia para realizar viajes personales.

Al mismo tiempo de que se entregaron Folios 8 y títulos en forma irregular, en Chihuahua comenzó a tomar fuerza el tráfico de documentos para aprovechamiento de agua, tanto falsos como originales.

Agricultores consultados para este reportaje, que solicitaron el anonimato, confirmaron que la venta de Folios 8 y títulos de concesión se realizó durante años, incluso aún sigue, como lo demostró la detención del abogado, en octubre de 2019, que se hacía pasar como funcionario de Conagua. Estos documentos se ofrecen a través de supuestos “gestores” y por mensajes deWhatsapp. El costo depende del acuífero y el volumen de agua. Por ejemplo, un título en la zona norte del estado, en el acuífero de Conejos-Médanos (municipio de Ascensión), por un volumen de 360 mil metros cúbicos, puede valer dos millones 800 mil pesos.

Desde agosto hasta diciembre de 2019, la delegación estatal de Chihuahua de la Conagua informó que se habían identificado, por lo menos, 50 títulos de concesión falsos.

Los pobladores del Sauz, una comunidad ubicada a 63 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, han visto cómo el agua es cada vez más escasa.En el Sauz, el río que antes pasaba por la comunidad, ahora es solo un recuerdo.

Los habitantes del Sauz han visto como, en los últimos años, los terrenos aledaños a su comunidad son vendidos a gente que no es de la región.

Nogales que crecen en el desierto

Si se viaja por la carretera que va de Chihuahua a Ciudad Juárez, cuando se deja atrás la caseta de Sacramento, el paisaje del desierto se transforma: las plantaciones de nogal sobresalen, así como los campos a los que se les arrancó la vegetación original y que ahora son preparados para sembrar los árboles que en unos años comenzarán a dar nuez.

Donde más se miran estas plantaciones es en el lugar conocido como El Sauz, en el municipio de Chihuahua. Esta zona tiene una vocación agrícola desde hace más de 50 años. Pero en la última década ha tenido cambios. Ya no se siembra tanto frijol, maíz o alfalfa. “Ya no conviene”, dicen los campesinos. Ahora varios de ellos, cansados de remar contra corriente y de que nadie les haga caso a sus denuncias por la perforación de pozos ilegales, prefieren vender sus tierras y también sus títulos de concesión para extracción de agua.

Hace diez años, los agricultores en la región comenzaron a ver cómo terrenos de varias hectáreas, y que antes eran de agostadero, se comenzaron a preparar para la siembra de los nogales. En la zona comenzó a circular el rumor de que los nuevos dueños de esas tierras eran grandes empresarios del estado. Si bien en la zona ya había huertas de nogales instaladas desde hace 50 años, no eran tantas ni tan grandes como las que ahora hay. Y es que la siembra del nogal, a gran escala, no es un negocio que pueda realizar un pequeño o mediano agricultor, sobre todo porque después de sembrar los árboles es necesario esperar cinco años para recuperar la inversión y hasta los diez años —aseguran los productores— ya comienza a ser un negocio rentable.

En una hectárea de nogales, por ejemplo, se pueden producir dos toneladas de nuez; el precio del kilo esta entre 60 y 90 pesos, al mayoreo. La mayoría de la producción de esta región se vende al mercado estadounidense.

El problema con el nogal, en una zona desértica como lo es Chihuahua, es que para producir un kilo de nuez se requieren 7 mil 500 litros de agua, de acuerdo con datos de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

En El Sauz señalan que los empresarios que están plantando cientos de hectáreas de nogal “es gente que invierte mucho dinero en este negocio, sin tener en cuenta que se están acabando el agua de esta región. Y también están haciendo negocio con el agua”, dice un agricultor.

El Sauz es una zona de recarga de agua, de ahí es de donde se toma buena parte del recurso que se lleva hasta la ciudad de Chihuahua. Por ello, el aumento de pozos en esa región para el riego de los amplios campos de nogal no solo afecta a los agricultores que cultivan desde hace décadas en el lugar.

El acuífero El Sauz-Encillas tiene veda desde finales de los setenta y, durante años, a los agricultores que solicitaban permisos para hacer nuevos pozos se los negaban diciéndoles que no había disponibilidad de agua.

Por ello, cuando los agricultores empezaron a mirar que de un día a otro se abrían pozos para extracción de agua, los reportaban a las autoridades que a veces iban y los clausuraban, pero después se abrían de nuevo. Cuando los productores volvían a denunciar, les decían que esos pozos ya tenían documentos.

A la par, varios agricultores comenzaron a recibir propuestas de “gestores” interesados en comprar sus títulos de concesión de agua, para después hacer el cambio de nombre del titular, utilizando un trámite que se conoce como “transmisión de derechos”.

Es tal la demanda que en esta zona cada metro cúbico de agua plasmado en un título de concesión puede valer entre 10 y 16 pesos. “Nunca conoces a quien realmente te compra el título, todo lo haces a través de los gestores. A ellos les firmas una carta poder para que hagan todos trámites con el notario y en la Conagua”, asegura un productor que vendió uno de sus títulos.

Esos mismos “gestores” también son los que ofrecen la venta de documentos como Folios 8 o títulos de concesión.

Invertir en nogales y en agua

El mercado negro de documentos para explotar agua se intensificó a partir de 2013, justo después de los decretos presidenciales de abril. Su tráfico continuó durante años. En septiembre de 2019 se corroboró que en la zona aún se vendían estos documentos. Agricultores consultados, que solicitaron el anonimato, aseguran que por una constancia de registro de libre alumbramiento en el acuífero El Sauz-Encinillas los “gestores” piden entre 2 y 3 millones de pesos. El costo depende del número de metros cúbicos que señale el documento. Para los trámites de cambio de nombre del titular y las coordenadas del pozo se solicita un pago extra: tres pesos por cada metro cúbico.

El tráfico de constancias de registro de libre alumbramiento y títulos de concesión no siempre tiene como fin utilizar los documentos para extraer agua. Hay quienes los compran como “una inversión”, en realidad se trata de un negocio de especulación del agua: “Si se compra un documento que permite extraer al año 150 mil metros cúbicos, a siete pesos cada metro cúbico, dos años después se puede vender a diez pesos y ya gané 450 mil pesos”, explica uno de los productores consultados.

En el informe interno realizado por la Junta Central de Agua y Saneamiento del estado de Chihuahua se destaca que entre 2013 y 2014, cuando Alex LeBarón estaba frente la delegación estatal de Chihuahua se entregaron, por lo menos, 374 nuevos títulos de concesión en acuíferos que no tenían disponibilidad de agua, “con fines de especulación”. Esos títulos terminaron inscribiéndose en el REPDA entre 2016 y 2017; en esos años, los delegados estatales de la Conagua eran Juan Bremer Ochoa y Kamel Athie.

En ese informe no se detalla a quiénes se entregaron esos títulos, pero al hacer una revisión en la base de datos del REPDA es posible encontrar que, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2017, la delegación local de Chihuahua registró 437 títulos de concesión.

En la Sacramento y El Sauz está prohibido otorgar nuevas concesiones de agua.Cuando se recorre la zona es posible es posible observar nuevos pozos e, incluso, trabajos de perforación.

En el mismo REPDA también es posible conocer cuántas constancias de registro de libre alumbramiento se han inscrito en los últimos años.

En el acuífero El Sauz-Encillas, el cual tiene déficit desde hace casi 20 años, se registraron 40 constancias de libre alumbramiento tan solo en 2013; 31 de ellas se repartieron solo entre dos empresas: Agroindustrias BVM S.A. de C.V. y Ronsi S.A. de S.C. Ambas compañías tienen algo más en común: su accionista mayoritario es Sergio Aguilar Weber, empresario cercano al exgobernador priísta César Duarte.

Durante la gubernatura de César Duarte en Chihuahua (octubre de 2010 a octubre de 2016), Aguilar Weber creó, junto con otros empresarios locales, una organización llamada Abriendo Posibilidades, “una herramienta de la sociedad para apoyar las políticas públicas implementadas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y el gobernador César Duarte”, se dijo durante su presentación.

A Sergio Aguilar Weber, quien sería el tesorero de la organización, se le presentó como “ingeniero, empresario dedicado al ramo de la construcción”. Con el tiempo también sería un empresario interesado en la plantación de nogales.

Agroindustrias BVM se creó el 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con la información del Registro Público de Comercio. Sus primeros accionistas eran Gumaro Antonio Bonilla y Rodrigo Portillo López, quienes dejan la compañía el 24 de septiembre de 2013; en esa misma fecha entra como dueño de 98% de las acciones Sergio Aguilar Weber.

Ronsi se creó en abril de 2004, como una compañía dedicada a la asesoría de empresas en materia fiscal, financiera, contable y bancaria. Los accionistas que la formaron son Sergio Aguilar Weber y Jaime Saenz Joannis. En 2008 cambió su objeto social para dedicarse a “la adquisición, explotación, comercialización y producción de huertos frutales y de predios agrícolas”, entre otras actividades.

Agroindustrias BVM tiene a su nombre 17 constancias de registro en zona de libre alumbramiento y Ronsi, 14. Además, en el acuífero del Sauz-Encinillas, Ronsi tiene cuatro títulos de concesión a su nombre, que le permiten tener cinco pozos para extraer, en conjunto, 979 mil metros cúbicos de agua al año.

De acuerdo con las coordenadas geográficas que se incluyen en la información pública de estos títulos, y que se pueden consultar en el REPDA, todos los pozos se encuentran en terrenos donde hoy crecen árboles de nogal.

Uno de los requisitos para que se pueda otorgar una constancia de registro de libre alumbramiento o un título de concesión para aprovechamiento de agua es que el solicitante sea dueño de los terrenos en donde se encuentran o en donde se busca construir los pozos.

Llama la atención que, de acuerdo con la información disponible en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua, Agroindustrias BVM no tiene propiedades a su nombre, por lo menos en la región del Sauz. En esa misma zona, Ronsi solo aparece como dueña de dos terrenos que recién adquirió en agosto de 2018.

395 constancias en paquete

En Chihuahua la construcción de pozos ilegales y de obras para desviar el cauce de ríos para regar campos de cultivo es un tema que ha sido denunciado por ejidatarios, agricultores y miembros de la organización El Barzón desde, por lo menos, el 2012.

Ante los oídos sordos de las autoridades, algunos agricultores comenzaron a realizar sus propios censos de pozos ilegales, acudieron a la Conagua para verificar si esos pozos tenían una concesión de aprovechamiento de agua y también preguntaron en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) si esos pozos estaban registrados para obtener una tarifa preferencial, como lo permite la ley en el caso de quienes cuentan con una concesión de agua para uso agrícola. Sus indagatorias les permitieron establecer que en Chihuahua existían, al menos, cerca de 1500 pozos ilegales.

Los pozos ilegales en Chihuahua fueron uno de los temas que se trataron en mesas con autoridades federales y estatales durante los primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el asunto no se resolvió.

Pasó el tiempo y años después los agricultores se enteraron que la Conagua había entregado 395 constancias de registro a productores de los municipios de Cuauhtémoc, Riva Palacio y Namiquipa, (acuíferos de Cuauhtémoc y Santa Clara) zonas en donde se habían denunciado la existencia de pozos ilegales.Además de los pozos ilegales, también se construyen obras para desviar el agua del río a los cultivos. Esto sucede a lo largo del río El Carmen, en el municipio de Buenaventura.

La mayoría de las 395 constancias, cuya validez está en juicio, están a nombre de productores menonitas que tienen grandes extensiones de cultivos en el estado.La construcción de pozos ilegales y tomas clandestinas de agua de los ríos ha sido una constante en varios municipios de Chihuahua.

El 30 de enero de 2015, un mes antes de dejar el cargo como delegado estatal de la Conagua en Chihuahua, Alex LeBarón González, firmó un oficio en el que responde a una consulta realizada por personal de la CFE que le solicita información sobre los 395 pozos.

En ese oficio, del cual se tiene una copia, LeBarón señala que la delegación estatal de Conagua a su cargo realizó un “minucioso proceso de revisión y verificación” de 395 trámites de inscripción y adhesión a diversos decretos presidenciales sobre el programa de regularización de aguas subterráneas publicados en el Diario Oficial de la Federación en 1995, 1996 y 2002. Como resultado de esa revisión, en octubre de 2014, entregó las 395 constancias que avalaban que esos pozos se habían adherido a los decretos “en tiempo y forma”.

Los decretos presidenciales de 1995 y 1996 eran para dar facilidades administrativas a quienes tenían pozos, para que de esa forma pudieran regularizarse. El decreto de 2002 era para que se regularizaran aquellos usuarios que tenían una concesión vencida.

En el oficio también se reconoce que en los archivos de la dependencia no se encontraron los documentos originales que servían como prueba de que los 395 sí habían cumplido con los trámites para adherirse a los decretos de 1995, 1996 y 2002. También se argumenta que muchas de las solicitudes de esos años quedaron “sin atención o extraviadas”.

Aun así, según el oficio, LeBarón entregó las 395 constancias los días 2 y 15 de octubre de 2014 a quienes se presentaron como apoderados de los productores: Gisela Sánchez Villalobos y Raúl Aragón Loya, quienes también son abogados de algunos miembros de la familia LeBarón.

Durante 2015, los 395 productores utilizaron la constancia que les entregó Le Baron para solicitar a la Conagua la entrega de títulos de concesión para aprovechamiento de agua. Al no tener respuesta de las autoridades de la dependencia, a mediados de ese año presentaron una demanda de amparo.

El 3 de noviembre de 2015, en una resolución firmada por Kamel Athie, entonces delegado estatal de la Conagua, se negó el otorgamiento de los 395 títulos debido, entre otras cosas —según el oficio B00.906.01— porque no existe disponibilidad de agua en los acuíferos de Cuauhtémoc y Santa Clara que se encuentran en la zona centro de la entidad, en los municipios de Cuauhtémoc, Riva Palacio y Namiquipa.

La historia no terminó ahí. Los representantes legales de los 395 demandaron a la Conagua. Entre los documentos que presentaron para exigir que se les entreguen los títulos —de acuerdo con el expediente, del cual se tiene copia— está el oficio que en enero de 2015 firmó Alex LeBarón.

El proceso judicial siguió. En febrero de 2019, los magistrados de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitieron su sentencia: determinaron que la Conagua debe entregar los 395 títulos. Los abogados de la dependencia apelaron. Y, hasta diciembre de 2019, el juicio seguía sin tener una resolución definitiva.

En entrevista, Eugenio Barrios Ordoñez, actual subdirector general de administración del agua de la Conagua, señala que todas las constancias de registro que se dieron en Chihuahua y en otros estados del país, a partir de los decretos presidenciales de 2013, se van a revisar y evaluar para determinar si se entrega o no un título, lo cual también dependerá de si existe disponibilidad de agua. Esa evaluación se realizará en cuanto se tengan listos los reglamentos de los decretos.

Juicios para conseguir títulos

El caso de las 395 constancias de Chihuahua es solo uno de los miles de juicios de amparo y nulidad que enfrenta hoy la Conagua. Tan solo la delegación estatal de Chihuahua tiene alrededor de 1850 juicios de amparo.

En el caso de Chihuahua, la mayoría de las demandas en contra de la Conagua tienen un patrón en común: se solicitaba un título de concesión para aprovechamiento de agua y si la dependencia no daba una respuesta en los 60 días que marca la Ley de Aguas Nacionales —lo cual sucedía en buena parte de los casos— o si la respuesta era que se negaba el título de concesión, entonces se presentaba el juicio de amparo.

Este patrón comenzó a ser más utilizado en los últimos cinco años. Incluso se crearon despachos de abogados que solo se dedicaban a presentar estas demandas en contra de la Conagua.

El ingeniero Antonio Baldemar Méndez, quien en agosto de 2019 fue nombrado delegado estatal de Conagua en Chihuahua, explica en entrevista que han identificado a por lo menos cuatro despachos de abogados —en donde laboran exfuncionarios de la Conagua—, y cada uno de ellos lleva cerca de 200 juicios contra la dependencia.

La mayoría de los juicios en contra de la Conagua son ganados por quienes reclaman un título de concesión de agua.

Un ejemplo es el caso de Agropecuaria La Norteñita, una de las empresas productoras de manzana más importantes del país, que a través de juicios en contra de Conagua obtuvo 84 títulos de concesión que le autorizan a tener una misma cantidad de pozos para extraer al año hasta 25 millones 200 mil metros cúbicos de agua del acuífero de Laguna de Santa María, con veda desde 1979, en el municipio de Ascensión.

Algunas de las huertas de La Norteñita se observan cuando se viaja de la carretera Cuauhtémoc-Yecora. En la imagen área se observa el contenedor donde se almacena el agua que extrae de algunos de sus pozos.

En mayo de 2013, cuando estaba al frente de la Conagua en Chihuahua Alex LeBarón, César Antonio Aguirre Miranda, quien se presentó como representante de Agropecuaria La Norteñita solicitó nuevas concesiones para la extracción de agua. A principios de octubre de 2013 se las negaron porque en el área en donde quería establecer los pozos no había disponibilidad de agua y, además era una zona de veda, de acuerdo con los documentos del expediente del título de concesión 06CHI156542/34AMDL17, obtenido a través de una solicitud de información.

El 22 de octubre de 2013, la empresa presentó una demanda para un juicio de nulidad en contra de la resolución de Conagua, en la Sala Regional del Norte Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual en febrero de 2014 resolvió en contra de la Conagua y le ordenó emitir una nueva resolución.

En mayo de 2017, una nueva resolución judicial determinó que la Conagua tenía que entregar las 84 concesiones a la Agropecuaria La Norteñita.

En junio de 2017, el entonces delegado de la Conagua en Chihuahua, Kamel Athie, firmó una nueva resolución en donde se determina que sí es viable entregar las concesiones a la Agropecuaria La Norteñita. Sin embargo, la mayoría de esos títulos se inscribieron en el REPDA hasta los primeros días de enero de 2019.

Los 84 nuevos títulos que tiene Agropecuaria La Norteñita se suman a los 33 títulos que ya tenía la empresa; sin contar las varias decenas de concesiones que están a nombre del fundador de la compañía Salvador Corral Piñón —quien falleció en 2012— y de sus hijos.

Para este reportaje se solicitó una entrevista con algún representante de Agropecuaria La Norteñita, pero no se tuvo respuesta.

Eugenio Barrios Ordoñez, subdirector general de administración del agua de Conagua, apunta que la dependencia está implementando una “estrategia de atención a los amparos”, porque al revisar varios de los juicios se encontró que los exfuncionarios emitían “resoluciones mal fundamentadas a propósito, que daban oportunidad a que procediera la sentencia para la adjudicación de un título de concesión”, además de que no existía una estrategia jurídica adecuada para evitar las sentencias en contra de la Conagua.

En la revisión de los expedientes judiciales, que han realizado los funcionarios que entraron a la Conagua con la nueva administración, también se ha detectado que en los juicios de amparo se utilizan documentos falsos, entre ellos constancias de registro de libre alumbramiento, para demandar a la dependencia la entrega de títulos de concesión de agua.

Los pobladores del Ejido Constitución han denunciado, ante Conagua y otras autoridades, que la familia LeBarón ha perforado pozos en forma ilegal en los límites de los municipios de Villa Ahumada y Buenaventura.

Y los pozos ilegales siguen

Cuando se recorren los alrededores de la comunidad de Flores Magón, en el municipio de Buenaventura, al noroeste del estado, es posible observar que a estas tierras también llegó la fiebre por invertir en la producción de nuez. Los plantíos que se han instalado en la región en el último lustro, así como el desdén ante las denuncias por la multiplicación de pozos ilegales, han provocado conflictos sociales en la zona. Uno de ellos es el que mantienen los habitantes del ejido Constitución e integrantes de la familia LeBarón, entre ellos Joel Lebarón Soto, que han sembrado varias hectáreas de nogal e instalado pozos en la zona.

Habitantes de los ejidos que se encuentran alrededor del Rancho de los LeBarón señalan que los pozos ilegales construidos están afectando la disponibilidad de agua en la zona.Imagen de los cultivos de nogal que se encuentran en los terrenos del Rancho de la familia LeBarón Soto.

Los ejidatarios que han denunciado el “huachicoleo” del agua, calculan que tan solo en la cuenca del río del Carmen —que se extiende por parte de los municipios de Buenaventura, Namiquipa, Ahumada y Riva Palacio— hay al menos 500 pozos ilegales.

En los últimos tres años, se han clausurado 310 pozos ilegales; 70% de ellos se encontraban en el acuífero Cuauhtémoc —que ocupa casi todo el municipio de Cuauhtémoc y parte de los municipios de Guerrero, Bachiniva, Carichi, Cusihuiriachi y Riva Palacio—, de acuerdo con datos proporcionados por la delegación estatal de la Conagua en Chihuahua.

En el municipio de Buenaventura, en las tierras que se encuentran alrededor del río El Carmen y en donde se han establecido varios campos menonitas, además de los pozos, también se miran decenas de obras para desviar el cauce del afluente y utilizar su agua para regar extensos campos de maíz.

Los ejidatarios señalan que estas tomas impiden que llegue agua suficiente a la Presa Las Lajas, embalse del cual dependen varias comunidades agrícolas, entre ellas el Ejido Benito Juárez.

Y mientras continúa la apertura de pozos y de tomas ilegales del agua para regar grandes extensiones de cultivos, en las comunidades de la región la gente habla de cómo los pozos de los ejidos se están secando, de que ya no llueve como antes, de cómo se seca el río, de cómo la presa Las Lajas cada año se llena menos, de cómo ninguna autoridad ha podido detener el tráfico del agua en estas extensas tierras.

Este reportaje forma parte de la investigación colectiva Los Explotadores del Agua, dirigida por el área de Periodismo de Investigación de MCCI, y republicada por La Verdad de Juárez y Raíchali, que forman parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes consultar la investigación completa aquí.

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