Texto: Daniela Pastrana. Fotos: Ximena Natera

Jonh Jairo Espinoza es analista del Centro de Pensamiento creado por la Universidad Nacional de Colombia para producir insumos de políticas sobre los temas de la agenda del diálogo y asesor de las FARC. En su paso por México, a donde vino a una actividad académica en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aceptó hablar con Pie de Página sobre los retos que enfrenta el proceso de paz, tras la firma del acuerdo de La Habana que cerró el conflicto armado más largo del continente, el 24 de noviembre del 2016.

El primer acuerdo, que se había firmado en Cartagena el 26 de septiembre de ese año, tuvo que ser renegociado después de que ganó el “No” en el plebiscito ciudadano. El nuevo acuerdo, de carácter especial y basado en el derecho internacional humanitario quedó depositado en la federación Suiza y como documento oficial de Naciones Unidas mediante dos resoluciones del Consejo de Seguridad. En Colombia, fue refrendado por el Congreso de la República y avalado por la Corte Constitucional.

“Hoy es un acuerdo que tiene obligaciones jurídicas en el terreno internacional y que tiene también que cumplir la división tripartita del poder en el Estado colombiano”, dice Espinoza, en una charla que se extiende más de tres horas.

— ¿Esto implica que un cambio de gobierno no podría echarlo para atrás?

— A mi modo de ver, no. Porque es un acuerdo especial de derecho internacional, en todo lo atinente a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Pero además, hace conexidad con el artículo 22 de la Constitución Política colombiana, que señala de manera clarísima que la paz es un derecho fundamental y un derecho síntesis que el Estado está obligado a cumplir. Entonces podríamos señalar que el acuerdo de paz está revestido de la seguridad jurídica suficiente y que ni siquiera un gobierno nuevo al que no le gustara, pudiera modificarlo.

Pero eso, aclara, es teoría jurídica colombiana. “En la realidad política, todos sabemos que las cosas se hacen como se deshacen”.

Las verdades del conflicto

Hablamos de las víctimas y de la verdad, como punto de arranque para que el acuerdo sea viable. Porque “hay muchas medias verdades que se vendieron como verdades en Colombia”, dice el abogado, y es inevitable pensar en la “Verdad Histórica” del gobierno mexicano sobre los 43 estudiantes rurales desparecidos.

“La verdad tiene la capacidad de sanar las heridas — insiste —. Reconocer la complejidad de la confrontación armada en Colombia hace que no haya una visión unívoca de la historia del conflicto, sino que existen diferentes miradas y que todas tienen algo de verdad”.

En ese marco dentro del Sistema Integral de Verdad, de Justicia, Reparación y No Repetición se creó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, uno de los organismos más importantes, que se encargará de contribuir a que la verdad se esclarezca.

“Ya se constitucionalizó, ya se nombraron a todos sus magistrados y comisionados, ya entró a trabajar. Tiene seis meses para construir la propuesta metodológica de cómo va a operar, y tiene la tarea histórica y titánica de poder construir un mega relato de lo que fue la confrontación armada en Colombia”.

Ese relato tiene dos partes con distintos intereses. Para una de las partes, la que asesora, el centro del acuerdo está en el esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de todas las víctimas, pero también en la Reforma Rural Integral, y la participación política, dando por descontado el tema la reincorporación económica política y social.

“Digamos que, para la insurgencia, el acuerdo es un motor que debe servir para mejorar las condiciones de vida de un sector de la sociedad colombiana profundamente olvidado, en la historia, por el Estado colombiano, y por eso importa tanto que se dé la Reforma Rural Integral, que se les entreguen tierras a los campesinos, que se cierre la frontera agrícola, que se le dé tecnificación también como una forma de resarcimiento a esa comunidad que fue tan afectada por el conflicto. Porque cuando digo campesinos estoy hablando de los indígenas, de los negros, de los raizales. Y también que se esclarezca la verdad, que se busquen a las personas desaparecidas y por supuesto que se definan judicialmente los responsables de la tragedia que vivió Colombia durante cinco décadas”.

— En un conflicto tan largo, tan complejo ¿no son responsables un poco todos, en distintos niveles?

— Eso es lo que se está tratando de que se esclarezca, porque si bien toda la sociedad colombiana fue afectada a consecuencia del conflicto, lo cierto es que las víctimas del Estado se cuentan por miles y muy pocos de esos casos están esclarecidos.

— ¿Qué significa, para ustedes, la reparación para las víctimas?

— Las medidas de reparación y las garantías de no repetición están transversalizadas en todo el acuerdo de La Habana. Van desde las reparaciones colectivas e individuales establecidas en el punto uno de la Reforma Rural Integral, pasando por la participación política de las víctimas, y todo el proceso de incorporación política, económica y social de los ex insurgentes.

Es un punto importante, dice, porque pareciera que el consenso nacional es que los insurgentes no son víctimas, sino son victimarios. “Pero resulta que dentro del movimiento insurgente hay muchas víctimas de este conflicto, no solamente en carne propia, sino a través de todos sus daños colaterales, es decir, sus familias que fueron tomadas presas, sus hijos que fueron asesinados, sus padres que fueron mutilados. Entonces, la reconciliación también pasa por reconocer a la contraparte, que también sufrió lesiones y que podría hacer parte de esas medidas de reparación integral. Y doy sólo un ejemplo: Después de que dejaron las armas de manera definitiva, el 15 de agosto del año pasado y después de haber sido indultados o amnistiados porque no tenían procesos con la justicia, han sido asesinados más de 30 ex guerrilleros de las FARC. Solamente para ponerlo en ese plano, ya se constituyen en víctimas dentro de este proceso, estaban desarmados, estaban cumpliendo con su compromiso de reintegración, estaban cumpliendo con el acuerdo y sin embargo fueron asesinados”.

Justicia y reconciliación

Hablamos de justicia y reconciliación. Colombia es un país que reporta un 95 por ciento de índices de impunidad en el régimen ordinario de justicia. El Estado “tiene engavetados más de diez mil procesos judiciales por paramilitarismo”, dice Espinoza. Y un 70 o 75 por ciento de los insurgentes no fueron condenados por rebelión, sino por delitos comunes, con el propósito de mantenerlos más tiempo en las cárceles. Otros fueron condenados sin haber portado nunca un arma. ¿De qué justicia se habla?

— Una de las cosas que más se cuestionaba en el plebiscito era esta sensación de impunidad para la gente que hizo cosas atroces dentro de las filas de las FARC…

— La insurgencia aceptó irrestrictamente que se le aplicara la responsabilidad de mando, así quedó en los acuerdos de La Habana conforme lo establece el artículo 28 del estatuto de Roma, y quedó establecido en la recién aprobada jurisdicción para la paz. ¿Qué es lo que quiero significar con eso? Que no es cierto que con esta justicia especial va haber impunidad para la insurgencia de las FARC, todo lo contrario, lo que va a haber es justicia para las víctimas que, por lo menos para las FARC, son el centro del acuerdo.

Es un proceso complejo, acepta. “La reconciliación no es fácil de ninguna forma y menos para aquellos que han sido víctimas dentro de esta larga confrontación armada. Pasa por reconocer que se cometieron errores graves”.

La reconciliación, sigue, “depende de que logremos cambiar ese chip de odios de una clase hacia otra”. Y para eso es necesario que los medios masivos de comunicación cambien sus narrativas de violencia por unas de construcción de paz. Eso sería un paso inicial “para iniciar ese proceso de superación del odio y la violencia que existe en los corazones de los colombianos”.

— ¿Qué elementos requiere una reconciliación efectiva en un país lastimado por un conflicto tan largo?

— Son muchos e integrales. Lo primero: hay que cerrar la brecha social, es decir hay que mejorar las condiciones de vida y satisfacer las necesidades básicas insatisfechas. ¿Y qué hay que resolver? Obligatoriamente el problema de la tierra. Es imposible que solamente un 10 por ciento de la población tenga la mayor parte de tierras productivas y cultivables en el país y que los campesinos no tengan tierra, de ahí que el acuerdo establezca de manera transparente que tiene que haber por lo menos 10 millones de hectáreas, crearse un banco de tierras y que haya, por lo menos, tres millones de hectáreas para los campesinos debidamente tituladas.

Otro requisito necesario es un “pacto de las élites”, para que “modifiquen definitivamente su sistema de privilegios y que incluyan políticamente a la sociedad. Si eso no se hace, el país no se va a reconciliar”.

Desde su perspectiva, sin embargo, una historia “muy mal vendida a nivel internacional” es que la sociedad colombiana está en contra de los acuerdos de paz. “Los que están en contra son grupos definidos de intereses a los que no les conviene que haya proceso de paz porque les quita el argumento fundamental sobre el cual han cabalgado la última década”.

Los retenes

Hablamos de errores y de los obstáculos. Porque la élite política de Colombia no está dando buenas señales en este primer año del acuerdo: el Congreso no aprobó la ley de circunscripciones especiales, que en palabras de Espinoza “implicaba que 16 plebeyos, de esos que nunca han estado en el Congreso de la República pudieran estar en la Cámara de Representantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Eso no lo permitió la clase política colombiana, y tampoco permitió la reforma electoral para que en Colombia no voten los muertos”.

— ¿Es posible pensar que los mismos actores que han estado en el poder en Colombia durante muchos años, se van a juzgar a sí mismos?

— Es casi que una ilusión. La jurisdicción especial para la paz que se aprobó en el Congreso de la República no fue la que se pactó en La Habana. Y no lo es, precisamente porque modificó el problema de la responsabilidad de mando para las fuerzas militares y para la insurgencia; utilizaron un tratamiento diferenciado al establecido en el artículo 28 de la Corte Penal Internacional. Y doy un ejemplo: En La Habana se había pactado que tenían que estar los terceros, pero fueron excluidos de la jurisdicción especial para la paz. Los terceros son civiles o agentes del Estado que se vieron comprometidos o fueron determinadores de crímenes en el marco del conflicto, pero que nadie los ha procesado.

— La gente que se benefició de la guerra…

— Exactamente. Los terceros han sido grandes responsables de la tragedia del conflicto. Por supuesto no fueron los que hicieron los operativos militares donde resultaron muertos, pero si fueron los determinadores.

— ¿Y sin ese elemento es posible avanzar en un proceso de paz?

— Lo digo sin ambages, pero por supuesto, desde mi opinión como analista: No. Si la Corte Constitucional no hace una modificación, donde se incluyan a los terceros, no de forma voluntaria, sino de forma obligatoria, para el sometimiento a la jurisdicción especial de paz, difícilmente se podrá avanzar en esclarecer la verdad y reducir los altos índices de impunidad. Pero sobre todo, difícilmente vamos a poder reconciliarnos.

En la lista de errores del proceso de negociación, hay quienes piensan que llevar la negociación fuera del país impidió que los acuerdos se socializaran entre la gente. Otros dicen que el proceso de paz fallido del Caguán diez años antes no dejaba condiciones para hacerlo en Colombia. Otras causas se han atribuido a fallas en la comunicación en el gobierno. Y el hartazgo social de las FARC, que desde la visión de Espinoza se deriva de una campaña de 8 años de odio contra la guerrilla.

“La estrategia de la presidencia de Uribe no consistió únicamente en atacarlos militarmente, sino también desde el punto de vista de la lucha ideológica, de hacer odiar con profundidad a la guerrilla de las FARC y cuando se dice que hay un dialogo exploratorio y sale lo del acuerdo de La Habana, para muchos eso fue una traición de (Juan Manuel ) Santos porque ya estaban a pico y cuarta de acabarlos. La realidad colombiana ya se encargó de demostrar que nada de eso era cierto y que una buena parte de los muertos fueron campesinos empobrecidos que vestían de guerrilleros, más de 3 mil 500 que maniqueamente le llaman falsos positivos”.

En todo caso, el analista tiene otra lectura: “Donde no hubo un consenso es, para decirlo en términos gramscianos, en los sectores del bloque de poder de Colombia: por un lado, las expresiones del bloque que representan el ex mandatario Álvaro Uribe y por otro lado, los sectores del bloque que representa el actual presidente de la República. Al no haber un consenso jugaron de manera distinta, unos empujando la vía militar y otros empujando el proceso político de negociación. Pero aun cuando se pueda decir, en principio, que son distintos, convergen en la medida de que el objetivo fundamental era derrotar a la insurgencia”.

— El discurso del presidente Santos el día de la firma en Cartagena nos hizo pensar en lo que ha planteado Alejandro Castillejo sobre cómo estas etapas transicionales pueden finalmente legitimar un modelo económico que fue el origen del conflicto ¿Ustedes ven ese riesgo?

— Hay tres elementos importantes que fueron establecidos en el punto seis de los acuerdos de La Habana: la implementación normativa del acuerdo, el calendario de la implementación a 12 meses y la priorización normativa a la implementación. Esto no fue de manera ingenua y se sabía que iban a haber tres retenes, para decirlo en términos muy alegóricos: un retén era el Congreso de la República, otro era la Corte Constitucional y un tercer retén era el proceso electoral.

Hasta ahora, los retenes de la Corte Constitucional y el Congreso muestran que “no ha habido una colaboración armónica entre las instituciones del Estado y han venido, digámoslo de una forma transparente, incumpliendo una parte importante del acuerdo”.

La “capacidad transformadora” del acuerdo

Hablamos de las posibilidades. Porque a pesar del escenario poco alentados, Espinoza insiste en que hay que reconocer “la capacidad transformadora” del acuerdo.

“Nuestros asesorados tomaron una decisión política definitiva y fue dejar las armas y cambiarlas por los votos. Eso ya no tiene marcha atrás, fue una decisión política que tomaron y en lo que no va a haber ninguna retractación, al punto que ya Naciones Unidas con su primera misión certificó la entrega total de las armas, de las caletas y otros tipos de armamento que tenía la insurgencia de las FARC”, dice.

Sobre la base de esa decisión, lo que viene es una etapa de mucha concentración política que incluya tener el acuerdo de La Habana, “no como lo último, sino como faro de importantes transformaciones para Colombia”.

“Es que no es otra cosa —insiste—. En el acuerdo no se plantea el socialismo, ni el comunismo. Lo que hay en el acuerdo de La Habana son solamente las reformas atrasadas de hace cinco décadas de un estado capitalista, necesarias para avanzar en un proceso de democratización de la sociedad colombiana. Esa es la capacidad transformadora que tiene el acuerdo, y si la sociedad colombiana se apropia de él va a tener una hoja de ruta para sus próximas luchas”.

— ¿Cuánto pesará en este proceso que haya grupos que no entreguen armas?

— La jurisdicción especial para la paz determinó tres categorías judiciales para ellos: los disidentes, los desertores y los reincidentes. Los reincidentes y los desertores perderán el tratamiento penal especial de la jurisdicción del sistema de justicia transicional, y tendrán las consecuencias jurídicas del ordenamiento ordinario. Pero esto afecta mucho más en el tema del territorio. Estoy hablando de los disidentes, que tenían o tienen control territorial y eso, sin lugar a dudas, puede afectar la aplicación de los acuerdos de La Habana y generar consecuencias de una nueva confrontación armada en esos territorios. Sobre eso han llamado la atención los ex jefes de la insurgencia, para que vuelvan al proceso, para que se vinculen sin perder sus ideas y sigan construyendo en esa región. Pero sí, es un tema complejo.

Colombia tendrá este año dos jornadas electorales: una en marzo, para renovar el Congreso, y la presidencial, en mayo. Los candidatos ya están en campaña y las perspectivas no son muy buenas.

“En Colombia, el nivel de abstención electoral de casi el 80 por ciento, es decir son las minorías las que ponen presidentes. Los que votan son las empresas electorales, que tienen sus electores — dice el analista, ya de despedida —. Hay una sociedad fuertemente influenciada por los sectores reaccionarios y eso puede hacer que de una u otra forma el panorama político gire más hacia la derecha”.

Puede pasar “a la inversa de México”, dice, donde también habrá elecciones presidenciales en julio.

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