Una comisión de funcionarios federales, encabezada por el titular de Medio Ambiente, Víctor Toledo, acudió a la región aledaña al Río Sonora -donde Grupo México derramó desechos tóxicos- para confirmar que el agua que consumen los pobladores contiene metales pesados, con graves consecuencias en la salud

Texto: Reyna Haydee Ramírez

Fotos: Especial/ Semarnat

URES, SONORA.- La obligada visita del titular de Semarnat, Víctor Toledo a la región del Río Sonora, no llevó buenas noticias a sus habitantes: según estudios de la Cofepris realizados en agosto de este año, el agua que consumen en la región contiene metales pesados y representa un riesgo a la salud.

El pasado miércoles, Toledo llegó acompañado de Jorge Alcocer, secretario de Salud; Blanca Mendoza, titular de Profepa, y José Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), fue este último quien advirtió que hablaría con la verdad y reveló el riesgo a la salud que representa el resultado de los últimos estudios.

“Quiero ser muy puntual como autoridad regulatoria… lo mejor que podemos hacer es cumplir con el pueblo, con el derecho a la información, puntual, certera transparente”, expresó el funcionario.

Ante cerca de 300 personas reunidas en el auditorio Jesús “Choby” Ochoa, de Ures, explicó, sin dar detalles, que el 6 de agosto del 2018 venció el convenio que tenía Grupo México con el gobierno federal para que la empresa hiciera los estudios y al día siguiente la Cofepris empezó a hacerlos directamente en sus laboratorios. 

“Al día siguiente nosotros nos apersonamos en esta zona con brigadas de la Coepris Sonora y Cofepris, federal, y tomamos muestras de 60 puntos, pozos y redes, de esos 60 puntos, la mayoría salió, aquí en nuestro laboratorio… salió el agua fuera de norma, es decir con metales pesados.

“Nos dimos a la tarea de hacerlo cada cuatro meses, fue en agosto (el último), nos toca diciembre, y ya tomamos muestras de 34 pozos. La próxima semana la Cofepris va a tomar segundos resultados y ver el comportamiento de los metales que se encuentran produciendo riesgos sanitarios”, destacó Novelo Baeza.

A la par de los estudios, dijo, trabajan en encontrar el proceso natural y/o artificial, para mejorar, componer o desaparecer “esos metales que están en el agua de consumo humano. Es nuestra obligación”.

Novelo Baeza manifestó que sostiene que al iniciar la nueva administración federal no se encontraron expedientes ni documentación escrita de que la Cofepris haya realizado algún estudio al agua de consumo humano, después del derrame tóxico.

Los principales acuerdos incumplidos por Grupo México para garantizar la remediación del daño son: la instalación de alrededor de 50 plantas potabilizadoras en los siete municipios afectados, en cinco años sólo hay dos formalmente establecidas. Lo que ha obligado a los habitantes a comprar agua purificada para sus necesidades básicas y desde hace cinco años.

Otro acuerdo incumplido es el seguimiento médico por 15 años de los habitantes afectados. Así como el incremento de los recursos del fideicomiso para remediar el daño, en el que se acordó hacer un depósito inicial de 2 mil millones de pesos, y que al día de hoy tiene un faltante de 800 millones de pesos, cuyo paradero se desconoce.

«Agua limpia y salud»

La demanda urgente de agua limpia fue la demanda urgente no sólo de los habitantes de los siete pueblos aledaños al Río Sonora, también de Cananea, afectados todos por el histórico derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, ocurrido el 6 de agosto del 2014.

La reunión en Ures duró casi dos horas y 10 personas hablaron alrededor de 10 personas. Carlos Sánchez resumió las demandas:

“Estamos peleando agua limpia y salud”, reclamó, “y por supuesto que se abra el fideicomiso para saber dónde quedó el dinero y hay una cuarta, muy válida, la resarcisión económica, válida, porque cometieron un daño”. 

Manuel de Jesús Lugo, representante de la Federación Minera Mexicana, destacó la responsabilidad de Grupo México y su obligación de reparar el daño causado: 

“Todo Sonora contaminado, es tiempo ya de llegar a la remediación, un análisis concreto, los metales pesados no es nada más en el agua, los animales comen el pasto, aun lado del río, automáticamente lo consumimos en los lácteos, en las carnes en lo que consumimos por aquí”, advirtió.

“El que contamina paga, y el que paga mal, paga dos veces”, señaló.

Y Manuel Casillas, de Ures, hizo el reclamo más sentido, pidió llevarle sus palabras a “su tocayo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Todos somos humanos, todos tenemos derecho a vivir, ahora los niños están bebiendo agua sucia y yo no estoy de acuerdo.

“Yo tengo problemas por bañarme con el agua de la llave ¿Por qué? Porque están los metales, en la noche no aguanto las comezones del cuerpo, ¿Por qué? porque hay días que no hay agua purificada, supuestamente purificada, para bañarnos, entonces ¿Qué hacemos? Cuándo va a llegar la ayuda, nos están engañando”, señaló.

Gloria Simpson habló como habitante de Bacanuchi y fue enfática al exigir un hospital para la zona alta del Río Sonora, agua limpia y sobre todo garantizar que la nueva presa de jales, contra la que tienen un litigio, dejará de ser un riesgo para la región.

“La presa El Molinito cabe 8.7 veces en la presa de jales de Grupo México”, precisó otro habitante de Bacanuchi.

Ofrecen Justicia ambiental y sanitaria

Y motivados por el titular de Cofepris, también Toledo y Alcocer se sinceraron y ofrecieron justicia ambiental y sanitaria, empezando por una mejor atención en el hospital básico de Ures, mientras se resuelve el litigio por el edificio que Grupo México dejó inconcluso.

“Se requiere una justicia ambiental y sanitaria”, expresó Toledo.

Es hora, destacó, de exigirle a Grupo México un mínimo de solidaridad, al referir que de los 2 mil millones de pesos que dispuso para remediar el daño, y que no se aplicó todo, no es nada frente a los 100 mil millones de pesos que obtuvo de ganancia en 2018.

“Cien mil millones de pesos, tres veces más el presupuesto de Semarnat, ahí sí, tenemos que exigirle a la empresa un mínimo de solidaridad”, enfatizó.

El Secretario de Salud, Alcocer, destacó que lo principal ahora es restablecer el acceso a la salud, tras lamentar que el UVEAS fue un fantasma que desde 2014 dejó la prevención.

“Hay que agarrar el toro por los cuernos”, dijo.

Sobre el hospital se informó que el gobierno de Sonora les entregó una propuesta para que el hospital básico de Ures mejore sus condiciones y responda a las necesidades y padecimientos de la gente del Río Sonora. Mientras se resuelve el litigio por el hospital que Grupo México dejó a medio construir.

Informó que se investigará si hay más casos de afectados en su salud, por el derrame, pues oficialmente sólo se reconocen 380, y se habla de mil expedientes.

Toledo destacó que el problema no es nada sencillo, pues se está ante un problema que implica al menos 25 mil personas afectadas. Y no será posible resolverlo si no participan los alcaldes, el gobierno de Sonora, el Gobierno de México y la población.

Toledo pidió que se organizaran para vigilar las acciones de gobierno, a lo que la población respondió que ya están organizados en los comités de cuenca.

La titular de Profepa explicó que los procesos jurídicos, por el fideicomiso y la presa de jales, no se podían ampliar en detalles, pero se informó que la reparación del daño por las afectaciones a la salud no prescriben.

“Hay una obligación de quien daña el ambiente, repara. Y la reparación debe ser exigida por el estado mexicano, cuando daña el derecho a la salud, debe pagar, exigir la reparación del daño es obligación del Estado. La reparación del daño no prescribe”, explicó Mendoza.

Los asistentes fueron contundentes al final: “No queremos la presa de jales”, “salud para los habitantes del Río Sonora”, “Fuera Grupo México de Sonora”.

Este jueves, el presidente López Obrador anunció que el próximo lunes los funcionarios federales acudirán a la conferencia matutina para brindar un informe detallado de su visita en Sonora y los acuerdos establecidos con los pobladores.

Los habitantes de la región exigen la cancelación de una nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México.

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