La ONU reconoció que el Estado mexicano, a través de policías estatales de Coahuila, desapareció de manera forzada a Víctor Guajardo Rivas en 2013. En una resolución reciente la ONU señala ese crimen de Estado y exige que se investigue la desaparición

Texto: Daniela Rea

Fotos: Especial

Víctor Manuel Guajardo Rivas fue desaparecido el 10 de julio del 2013. Policías del estado de Coahuila, del entonces Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), se lo llevaron de su casa frente a su esposa y sus dos hijos gemelos, que entonces tenían 5 años de edad. Seis años después la ONU reclama al Estado mexicano la responsabilidad del crimen y de la investigación para hacer justicia.

“Es un logro muy importante por parte de nuestros abogados. Se luchó, se documentó, se dio el paso a que la ONU dieran este gran veredicto que es un avance no sólo para mi hijo sino para los desaparecidos de todo el país. Busqué por siete años la colaboración eficaz del gobierno, exijo un diálogo, sigo exigiendo justicia y verdad. Yo siempre lo dije: el gobierno del estado, Fuerza Coahuila, se llevaron a mi hijo, yo lo vi que lo traían en sus camionetas, no me pueden desmentir. Aunque siempre lo dije, que no tenían libros de entrada y salida de personas detenidas, que no tenían regulación, hoy se reconoce. Yo lucho y exijo justicia”, dijo Hortensia Rivas, madre de Víctor Manuel.

El 29 de noviembre el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró la desaparición forzada y la violación a sus derechos, por parte del Estado Mexicano, reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Nulos avances

El caso llegó al Comité y fue resuelto con la comunicación 2766/2016. El Comité “consideró que habían transcurrido más de seis años desde la desaparición de Víctor Manuel sin que las investigaciones ni los procesos en contra de los perpetradores de la desaparición hubieran avanzado significativamente y sin que el Estado mexicano hubiera justificado la omisión, negligencia e impunidad”.

Esa desaparición, agregó el Comité, ocurrió “en un contexto general de violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas cometidas por militares y policías en el estado de Coahuila”.

Policías del GATE se lo llevaron

El 10 de julio del 2013 Hortensia recibió una llamada de la esposa de su hijo, quien le decía que los GATEs querían llevárselo. Hortensia relata que 13 integrantes del grupo especial de seguridad entraron a la fuerza a la casa, lo agarraron, lo torturaron y lo sacaron a la fuerza. Luego lo subieron a una camioneta negra de vidrios polarizados, resguardada por unidades del GATE.

Acudió a las instalaciones de bomberos, a las instalaciones instalaciones de la Feria de Piedras Negras adecuadas como espacio del GATE, pero negaron tenerlo. Hortensia ha dicho a la prensa que mientras esperaba en las instalaciones temporales del GATE vio acercarse un convoy de tres unidades de ese grupo y una particular negra con vidrios polarizados, pero luego frenar de manera intempestiva y retirarse del lugar.  

A partir de ahí la familia denunció y la autoridad abrió el acta circunstanciada 54/2013. Desde entonces no ha sabido nada de su hijo.

“No podemos permitir que pasen estos crímenes. Con esta resolución me deben de dar información, que es lo que debieron hacer desde el inicio, violaron sus garantías, sus derechos, no hay línea de investigación”. 

A la fecha hay 13 funcionarios involucrados, dos de ellos están detenidos y uno fue liberado por el juez. Del resto no se sabe qué ha sucedido. Yo quiero saber qué pasó con mi hijo, por muy duro que sea”.

Víctor tenía 37 años cuando se lo llevaron y seis hijos, que ahora tienen entre 11 y 20 años, lo esperan.

Responsabilidad del Estado

Juan Carlos Gutiérrez, director de Id(h)eas, organización representante jurídica de la familia, señala que este dictamen de la ONU respalda a la familia de Víctor que lo busca desde hace seis años; sin embargo, se dijo preocupado porque el Estado mexicano suele criminalizar y descalificar a las víctimas ante los órganos internacionales para justificar su inacción. 

“Hacemos un llamado al gobierno federal, a la SRE para que se asuma con seriedad esta decisión del Comité de DH de la ONU y se mostró que se violó el pacto de Derechos Políticos de la ONU. Nos preocupa el desinterés de la SRE porque estamos hablando de dos casos más, la desaparición de Jesús Israel Moreno y la de Cristian Téllez de Veracruz. Nos gustaría hacer el llamado para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y cumpla esta decisión”, explicó Gutiérrez, director.

Jesús Israel Moreno es un estudiante de la UNAM, desaparecido el 8 de julio del 2011 en Chacahua, Oaxaca. El Comité de DDHH de la ONU concluyó que el Estado mexicano violó varios derechos de Jesús Israel y de su familia: a no ser desaparecido, a la integridad, a la seguridad, a la justicia. El Estado mexicano fue culpable de la indebida investigación de la desaparición del estudiante. 

El caso de Cristian Téllez

Cristian Téllez fue desaparecido en el año 2010 en Poza Rica, Veracruz. La ONU determinó que patrullas le bloquearon el paso, que él fue bajado de su camioneta y subido a la batea de la patrulla de la policía intermunicipal.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró también la violación de varios de los derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Entre los derechos violados están a la vida, a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la libertad y a la seguridad personales, y el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y, por ende, la violación por el Estado mexicano de los artículos 6, 7, 9 y 16 del Pacto.  

“El Comité consideró que los hechos ocurridos desde la desaparición y la falta de verdad y justicia para las víctimas configuran una vulneración al derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular por la angustia sufrida a raíz de la desaparición forzada”, informó Id(h)eas.

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