Compañías canadienses hacen de la marihuana una industria voraz. Algunas de las prácticas de los gigantes corporativos de la cannabis evocan el modus operandi que desprestigió la reputación de sus mineras: presionan para tener leyes favorables por la venta y acaparan los beneficios del uso de la planta

Texto: Dawn Marie Paley

Traducción: MarieJo Delgadillo

Fotos: Lewis Parsons / Unsplash

La ley del Cannabis, aprobada en el 2018, transformó a Canadá en la jurisdicción legal y financiera ideal para emprendedores e inversores de la industria del cannabis que buscan hacer negocios internacionales.

Las compañías de marihuana canadienses tienen la vista puesta en un premio enorme: los lucrativos mercados de uso adulto y médico del cannabis alrededor del mundo.

Mucho del revuelo alrededor del cannabis corporativo está vinculado a la adquisición de territorio y a las operaciones en crecimiento que ocurren en diversos países. 

El mayor atractivo comercial es que el cannabis puede ser cultivado en el extranjero y, posteriormente, exportado para satisfacer la demanda en Canadá (y eventualmente en Estados Unidos).

Las compañías canadienses se posicionan a sí mismas como proveedoras en mercados locales y emergentes. 

La legalización de la marihuana es la nueva fiebre del oro y algunas de las prácticas de los gigantes corporativos del cannabis evocan el modus operandi que desprestigió la reputación de las compañías mineras canadienses en el mundo.

Algunas prácticas ejercidas, y criticadas, por el emergente sector canadiense del cannabis incluyen el cabildeo para impactar las legislaciones nacionales, el apoyo a la criminalización de los productores tradicionales y la migración hacia territorios remotos con la misión de implementar economías basadas en las plantaciones.  

La compañía más grande al día de hoy es Canopy Growth de Ontario. Opera en 14 países y tiene acciones en circulación por casi 8 mil millones de dólares. Luego está Tilray, una compañía farmacéutica y de cannabis con sede en la Isla de Vancouver. Aphria, en Ontario, cuenta con operaciones en 10 países, mientras que Aurora Cannabis tiene ventas y producción en 25 países. 

Hay docenas de compañías más pequeñas en Canadá, muchas de las cuales son nuevas empresas buscando hacer grandes negocios a partir del boom del cannabis legal. 

Las compañías canadienses de cannabis están presentes en Europa, Asia, África y, especialmente, en Latinoamérica.

Países como Argentina, Chile, Colombia, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y México han aprobado leyes sobre el uso médico de la marihuana. Uruguay legalizó el cannabis para uso adulto y médico en el 2012, y en otros países está efectivamente despenalizada. 

Marihuana corporativa en Colombia 

Cultivadores tradicionales y activistas tenían grandes esperanzas por el proceso de paz en Colombia; que la regulación de la marihuana abriera un camino para que quienes han sido criminalizados por su participación en la economía ilícita pudieran ahora participar en el mercado legal del cannabis.

El impacto de las compañías canadienses en el mercado colombiano ha sido desastroso.

De acuerdo a Martin Jelsma, investigador del Transnational Institute, un laboratorio de ideas situado en Holanda, Colombia se encuentra entre las jurisdicciones más avanzadas en América Latina en materia de legislación y regulación del cannabis. Desafortunadamente, se ha convertido en un laboratorio para probar hasta qué punto los gigantes canadienses del cannabis pueden eludir consecuencias. 

“En las fases tempranas del proceso de legalización y adquisición de licencias, han habido intentos desde Canadá, incluso en las épocas muy tempranas, de poner un pie dentro antes de que todos los detalles de la regulación se hubieran discutido a fondo y se hubieran llegado a acuerdos desde el Congreso”, Jelsma declaró a Toward Freedom. 

Se les concedieron licencias para cultivar marihuana medicinal a las compañías canadienses PharmaCielo y Cannavida incluso antes de que las regulaciones conectadas a la legalización fueran aprobadas por completo por el congreso colombiano.

Los habitantes de Barichara, Colombia, donde Cannavida compró un lote de 17 hectáreas, están preocupados respecto a las regulaciones del uso del agua y dicen que los han dejado fuera de las decisiones acerca de lo qué pasará en su comunidad.  

Los conflictos armados entre grupos fuera y dentro del estado persisten en muchos de los territorios que han sido utilizados para el cultivo de marihuana por pequeños agricultores –incluidos pueblos indígenas– desde hace mucho tiempo. 

Para eludir esa violencia, las compañías canadienses compran tierras en áreas más seguras y con mayor infraestructura y, posteriormente, contratan a cultivadores tradicionales para convertirlos en obreros en sus nuevos plantíos. 

“Cuando una compañía canadiense llega y pone un contrato sobre la mesa, en inglés, con un gran número en él, sí, es muy complicado no firmarlo, no venderse,” dice Jelsma. 

El futuro posible –un comercio justo y legal del cannabis realizado con la participación de cultivadores tradicionales, que genere compensaciones para las víctimas de la violencia de la guerra contra las drogas–, se ensombreció considerablemente cuando las compañías canadienses entraron a escena. 

A mediados de agosto, se estimó que de 440 millones de dólares que habían sido invertidos en cannabis en Colombia, el 85% de las inversiones totales provenía de compañías canadienses.

“Esas pocas iniciativas, que surgieron realmente de las comunidades, especialmente de aquellas que se han visto seriamente afectadas por la guerra y de aquellas compañías nacionales que iniciaron con la intención de contribuir y vieron esto como una contribución al proceso de implementar los acuerdos de paz, todas esas iniciativas han sido absorbidas por las compañías canadienses,” Jelsma dijo en una entrevista vía Skype. “Apenas y queda algo de ellas”.  

Ganja caribeña, pasado y presente 

San Vicente y las Granadinas. Este archipiélago montañoso situado en el Caribe con una población de 100,000 habitantes se convierte en un campo de batalla inesperado en la lucha por mantener la legalización del cannabis como un esfuerzo de base.  

El escritor y poeta Philip Nanton describe San Vicente como una isla dividida por una columna vertebral de montañas, donde “un gigante podría saltar a lo largo de esta columna desde una cima volcánica central a la siguiente, y así marcar su paso por toda la isla, de sur a norte.” 

Los cultivadores de cannabis en San Vicente, quienes suelen trabajar en zonas forestales, propiedad del gobierno, en las montañas, representan un electorado político importante (y organizado) en la isla.

Estimaciones conservadoras fijan el número de personas trabajando en la industria del cannabis en 2,500 personas, aunque el número real es probablemente mucho más alto.  

La marihuana o ganja tiene un significado político (y espiritual) en el Caribe:

“La introducción del cannabis en San Vicente estuvo más o menos asociada con el desarrollo del movimiento del Poder Negro, hasta el punto que algunas personas solían llamar a la marihuana “cigarrillos de Poder Negro,” dijo Junior Spirit Cottle, quien ha participado activamente en las luchas sociales de la isla de San Vicente por cincuenta años. 

Cottle surgió como activista durante el movimiento de Poder Negro y tiene una voz profunda y ronca, recuerdo de la bala que se alojó en su garganta después de que le disparara la policía tras una persecución en 1973. 

En un juicio politizado, Cottle fue sentenciado por asesinar al fiscal general de San Vicente, aunque esta condena fue revocada tiempo después. Luego fue arrestado de nuevo por dispararle a un policía y estuvo 11 años y medio en prisión.

Tras su liberación, en 1984, Cottle comenzó a apoyar personas de su comunidad, incluyendo a familiares, en la defensa de su derecho de cultivar y vender marihuana.  

En 1990 cuando las reglas de la Organización Mundial del Comercio entraron en vigor, después del colapso de la industria del plátano en San Vicente, la cannabis fue lo que se convirtió en la fuente principal de ingresos para las familias que se habían quedado sin medios de subsistencia.

En Jamaica, un desplazamiento masivo conectado al establecimiento de la extracción de bauxita (en donde la minera canadiense Alcan fue participante) obligó a las personas a cultivar cannabis.   

“No había oportunidades de trabajo legal, entonces muchas personas que tenían habilidades para la agricultura y con las tierras disponibles, terminaron por plantar ganja porque hay un mercado local y regional,” dijo Kevin Edmonds, estudiante de doctorado en la Universidad de Toronto quien investiga el cultivo de cannabis en San Vicente. 

“La gente decidió encargarse de ello como una forma de sobrevivir porque si sabes que tu familia trabajaba en los plantíos de plátano, pero ahora no pueden hacerlo, de la noche a la mañana estás un poco atrapado”.  

Las leyes alrededor del uso de marihuana medicinal en San Vicente incluyen regulaciones mínimas para que los cultivadores tradicionales puedan participar en el mercado legal.

Las organizaciones de cultivadores tradicionales se involucraron en el proceso de legalización y hoy Cottle es un oficial de enlace entre los cultivadores y las autoridades.

Los avances logrados por Cottle y otros que aseguran que los cultivadores tradicionales obtengan su parte dentro del mercado del cannabis legal son crucialmente importantes, pero no garantizan que el mercado sea equitativo.

Como comparación, los críticos dicen que en Jamaica los cultivadores tradicionales y los Rastafari han sido constantemente excluidos del mercado de la marihuana legal. 

Edmons advierte que la marihuana producida en el Caribe será destinada, muy probablemente, para refinarse en aceites y ser exportada al mercado canadiense (y eventualmente a los Estados Unidos).

“Los locales no tienen acceso al proceso de refinería que pertenece a los canadienses, norteamericanos y británicos, así que de nuevo estamos frente a este escenario problemático de la economía en donde el Caribe produce materias primas y labor barata, pero no se beneficia de la legalización en este sentido”. 

Un reporte sobre la marihuana, realizado por la Comunidad del Caribe (CARICOM) en el 2018 confirma la advertencia de Edmond:

“La región debe ser proactiva para asegurar que el beneficio económico del cannabis no esté restringido sólo a la materia prima mientras que países desarrollados fuera de CARICOM utilizan nuestra materia prima para crear sub-productos sofisticados con gran valor comercial. Este ha sido el paradigma histórico respecto a preciados recursos naturales en el Caribe, como el cacao, el azúcar y el coco».

“El reporte continúa con la siguiente nota sobre el proceso, “este proceso ya ha comenzado, con grandes compañías canadienses y otras firmas haciendo cabildeo para conseguir invertir en el mercado caribeño”

Cannabis carcelaria 

Si utilizamos a las compañías mineras canadienses como el lente a través del cual podemos entender el funcionamiento del cannabis corporativo de Canadá, una cosa queda clara: el mal comportamiento comienza en casa.

Las compañías mineras canadienses se instalaron en territorios indígenas de costa a costa, ignorando tratados, derechos y títulos y su propia obligación de consulta. 

Las compañías mineras han dejado una estela de tierras contaminadas, vías fluviales envenenadas y miles de minas abandonadas, mientras ejecutivos en Toronto y Nueva York acumulan las ganancias.

En lo concerniente a la marihuana, y aún en la víspera de la legalización, hombres negros e indígenas en Canadá están sobrerrepresentados en los arrestos por posesión. 

Tras la aprobación de la ley del cannabis en este país “incluso un análisis superficial de la creciente industria del cannabis en Canadá revela una tendencia problemática: las ganancias y el bienestar recaen abrumadoramente en los bolsillos de canadienses blancos” escribió la investigadora y académica residida en Vancouver Chuka Ejeckam para su columna en The Globe and Mail. 

En abril, un hombre indígena en Winnipeg, Canadá, fue arrestado por posesión de tres onzas de marihuana y sentenciado a 10 meses.

La legalización en Canadá procedió sin hacer una consulta adecuada con los pueblos originarios sobre la regulación y los impuestos.

La criminalización de cultivadores y distribuidores de cannabis que no están integrados al mercado legal es parte fundamental del modelo de negocio de los gigantes canadienses del cannabis. 

En su reporte anual del 2019, la empresa Tilray con sede en Columbia Británica declaró que “cualquier incompetencia o renuencia de las autoridades del orden público para hacer cumplir las leyes que prohíben el cultivo y venta del cannabis y subproductos” podría impactar sus negocios de manera adversa.  

“Por el momento, la gran posibilidad es que las personas que solían pelear en contra de la ganja, el cannabis, y quienes solían ayudar a enviar a los Rastafari y otras personas a prisión por posesión de hierba son quienes ahora van a venir y tomar el control de la industria,” Ras Iyah V., defensor y presidente de la asociación Westmoreland Hemp y Ganja Farmers, dijo a INI Roots n Culture TV. 

Quienes se habían declarado abiertamente como cruzados antidrogas de todo tipo, incluyendo a policías, miembros de la Drug Enforcement Administration (DEA), y ex fiscales, se han subido al tren de ganancias producidas por la marihuana, convirtiéndose en directores y ejecutivos de corporativos de cannabis.

En el 2015 Julian Fantino, entonces jefe de policía, apoyó la condena de prisión obligatoria por posesión de cannabis. 

Hoy, Fantino es el director de la junta directiva de Alefia Health. El ex primer ministro de Ontario, Ernie Eves, ahora es director de la compañía Timeless Herbal Care, activa en Accompong, Jamaica y propiedad del ex fiscal de la corona Courtney Betty. 

Como a la búsqueda de la ironía, el vicepresidente de conformidad de la compañía Khiron Life Sciences de Toronro solía trabajar como agente especial de la DEA.

Khiron está enfocada en Colombia, un país donde la mayoría de la población ha sufrido décadas de terror de estado vinculado a la prohibición militarizada. 

En San Vicente, una ley de amnistía del 2018 alentó a los cultivadores tradicionales a vender sus cultivos de marihuana a la economía legal. Quienes no participaron en la amnistía, continúan enfrentándose a severas sanciones penales por cultivar de manera ilícita. 

“Va a haber personas que serán daño colateral para que [el gobierno de San Vicente] pueda decirle a Estados Unidos, a Canadá y a los inversores ‘aquí tienen un lugar seguro para hacer negocio porque los estamos cuidando’,” dijo Edmonds. 

Los Estados Unidos, que todavía no legalizan el uso de marihuana a nivel nacional, son otro mercado clave para el cannabis canadiense. Canopy se ha introducido en este mercado con un acuerdo de 3.4 mil millones de dólares con la compañía Acreage, quien es dueña de 87 dispensarios y 22 granjas de marihuana e instalaciones de procesamiento en 20 estados. 

Tan pronto como el cannabis se vuelva legal a nivel nacional, Canopy se volverá dueño de Acreage, dándoles la ventaja para convertirse en los mayores cultivadores y distribuidores de marihuana en el mercado mundial. 

Desde la legalización en Colorado en el 2014, la posible regulación estado por estado ha mostrado que las personas negras e indígenas continúan siendo quienes enfrentan las penas más duras por posesión de marihuana mientras que continúan siendo marginados por la industria legal. 

“La única manera en la que las personas de color que son dueñas de pequeños negocios puedan entrar en el mercado es la posibilidad de asociarse con un negocio fundado por personas blancas– y eso está jodido,” Amber Senter, cofundadora de Supernova Women, le dijo a Vice Magaxine el año pasado. 

Canopy Growth ha sido franco respecto a su deseo por rehacer el mundo a su imagen, “este es un negocio con causa y vamos a cambiar el mundo, país por país”, dijo en un video Hilary Black, la directora de comunicación de Canopy.

“El tipo de activismo que generó el éxito y la libertad que tenemos en Canadá lo tenemos que exportar al mundo”.

A qué tipo de éxito y libertad se refiere Black aún es es incierto, dado el contexto racista y las políticas exclusivas anteriormente mencionadas. Black no respondió a la petición para una entrevista.  

Biotecnología, Big Pharma y agricultura industrial 

La vigilancia no es el único aspecto que merece el escrutinio en cuanto al futuro del cannabis legal. En Canadá, las grandes compañías de cannabis han transformado campus y laboratorios en invernaderos para producir marihuana y realizar pruebas clínicas.

Canopy Growth, Aphria y otras compañías han explorado la posibilidad de contratar empleados en sus invernaderos canadienses a través del programa de Trabajadores Extranjeros Temporales.

Chris Ramsaroop, organizador desde hace tiempo de Justice for Migrant Workers en Ontario, ha señalado que el cultivo de cannabis está altamente vigilado tanto en invernaderos como en las viviendas de los trabajadores migrantes. 

“Los obreros de las granjas de cannabis han planteado inquietudes respecto a la salud y la seguridad de su trabajo en el invernadero, cuestiones que deben ser atendidas a través de una mejora en las regulaciones para proteger a todos los trabajadores de la industria”, Ramsaroop compartió con Toward Freedom con un mensaje de voz vía WhatsApp.  

De cierta manera, las compañías canadienses de cannabis actúan como firmas de biotecnología. Canopy tiene 110 patentes aprobadas y más de 290 solicitudes de patente.

Su estrategia de Propiedad Intelectual (IP) incluye patentes conectadas a la tecnología de vapeo, cultivo de marihuana y tecnología de procesamiento y genética vegetal. 

El director general de Canopy, Mark Zukelin, declaró el mes pasado que “el foso IP generado por nuestro negocio” es una de las ventajas competitivas más importantes de la compañía.

Un foso de IP “básicamente significa organizar un portafolio de propiedad intelectual alrededor del negocio principal,” de acuerdo a la doctora Tania Bubela, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la universidad Simon Fraser. 

Este portafolio puede incluir patentes, marcas, derechos de autor, secretos comerciales, y data protegida que prevendría que otras compañías se aprovechen de las presentaciones regulatorias para ofrecer versiones genéricas del mismo producto.

“Así las patentes se utilizan sobre todo como una estrategia de negocios…  Es un mecanismo de señalización para atraer capital de riesgo,” dijo la Dra. Bubelo en una entrevista telefónica. 

Tanto Canopy como Tilray han iniciado acuerdos con algunas de las compañías de bebidas más grandes. La patente de bebidas con THC y CBD, vendidas por las mismas mega corporaciones que venden cerveza y licor, es una parte clave en el futuro que el cannabis corporativo tiene en mente. 

El año pasado, Tilray firmó un acuerdo con la cervecería Labatt para realizar investigación sobre las bebidas de cannabis sin alcohol. Y Constellation Brands, una compañía de Fortune 500 que vende bebidas espirituosas y cerveza (incluyendo la marca Corona, vinos estadounidenses e internacionales, tequila y brandy) recientemente invirtió más de 5 mil millones de dólares en Canopy.

El co director general y fundador de Canopy, Bruce Linton, fue expulsado de la compañía tras el acuerdo con Constellation, y Zekulin dimitirá una vez que se encuentre a un nuevo director. 

El nuevo director general de Canopy será, probablemente, uno aprobado por Constellation, dado que la empresa norteamericana de bebidas ahora ocupa cuatro de siete lugares en la junta directiva de Canopy. Constellation no es una empresa neutral en Latinoamérica.

La compañía fue blanco de activistas en la zona fronteriza de Mexicali, en México, dados sus planes de instalar una fábrica de cerveza que consumiría toda el agua de esta zona desértica. 

Una cosa es cierta: hay mucho revuelo. Durante la junta anual general de Canopy en Toronto el mes pasado, el director Zekulin llamó al mercado global del cannabis “una oportunidad multimillonaria, con el CBD, el uso médico, recreativo, animal y todas esas áreas distintas, y además en desarrollo en todo el mundo”.

Los analistas y activistas advierten que ese estimado es una exageración, que hay una burbuja al respecto. 

“Hay una burbuja, las licencias cuestan $30,000 a la compra, pero se venden por $1,000,000 o $1,100,000 con tierras para plantíos,” dijo Julián Quintero, investigador en la Corporación Acción Técnica Social, una organización colombiana sin ánimo de lucro enfocada en la reducción de daños. 

“Estamos a la espera de que la burbuja reviente, se podría decir que hay una calma tensa en el aire, se ha invertido mucho dinero y se han hecho muchas proyecciones acerca de qué vendrá, se ha mostrado mucha competencia y tomas de posición en los medios respecto a las cosas que aún no ocurren”. 

Regulación por la paz 

En México, los grupos empresariales han organizado una Cámara Industrial del Cannabis. El ex presidente Vicente Fox es parte de la junta de Khiron en Toronto. Aunque está claro que el cannabis corporativo tiene sus propios planes respecto a cómo se cultiva, vende y consume la marihuana, todavía hay razones para tener esperanza.

Una creciente coalición en México llamada #RegulaciónPorLaPaz busca asegurar la participación de los cultivadores tradicionales y que parte de las ganancias del mercado regulado sean destinadas a las víctimas de la violencia de la guerra contra las drogas. 

Entre los valientes participantes de una gran cantidad de operaciones a pequeña escala en torno al uso medicinal del cannabis en México, se ecuentra Yolotl Villanueva, terapeuta y herbolaria del estado de Morelos.

Villanueva describe cómo un hombre con bata médica fue condescendiente con ella en un simposio sobre cannabis corporativo en la Ciudad de México, como un ejemplo de algo a lo que se enfrenta una y otra vez. 

“El simposio era un espacio para las élites que era clasista y racista” dijo en una entrevista. “Aunque he tratado a muchos pacientes con terapia de cannabis, había un menosprecio obvio por mi trabajo centrado en la comunidad”.

Villanueva, quien se identifica como afromexicana, dijo que continuará participando en los esfuerzos por regulaciones que se centren en los cultivadores tradicionales y los usos comunales de la planta.

“Nuestro proyecto está centrado en la integridad de la vida, no solo en la planta de marihuana”. 

Mientras la coalición #RegulaciónPorLaPaz continúa presionando por regular el cannabis para adultos dentro de un marco de justicia social, los activistas en Colombia continúan trabajando para proteger los derechos de los cultivadores tradicionales en un clima político cada vez más hostil.

Una conferencia próxima en San Vicente busca unir a los cultivadores tradicionales de Jamaica, Santa Lucía, San Kitts y Antigua para coordinar un enfoque regional frente a la inversión extranjera. 

“Hay algunas compañías que son como buitres, hay algunas compañías que sobrexplotan” dijo Cottle desde San Vicente. Él espera que su experiencia como Defensor ayude a asegurar que la regulación del cannabis incluya a los cultibadores tradicionales y a mantener a los buitres a raya

Este texto fue publicado originalmente en Toward Freedom. Puedes consultar en este link la publicación original en inglés

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