Ante familiares de víctimas, el gobierno mexicano se comprometió a unir las investigaciones de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, así como de las fosas localizadas meses después en ese mismo municipio y los 49 torsos de Cadereyta, Nuevo León

Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Cortesía Fundación para la justicia

La Fiscalía General de República y la subsecretaría de Derechos Humanos se comprometieron a implementar una unidad mixta de investigación para investigar la masacre de 72 migrantes ocurrida en 2010.

A 9 años de que se descubrieran los cuerpos de 72 migrantes en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, las investigaciones no han dado resultados. 

Este lunes 26 de agosto representantes del gobierno federal y familiares de las víctimas tuvieron una audiencia a puerta cerrada. Fueron acompañados por académicos y miembros de organizaciones civiles.

La audiencia fue realizada a petición de los familiares de las víctimas y sociedad civil.

Durante el encuentro, revisaron los nulos avances en las recomendaciones emitidas al gobierno por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2013.

“En la recomendación entraba el tema de la investigación, de la prevención y evidentemente de la reparación, pero ninguno se ha cumplido”, explicó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. 

La Fundación para la Justicia, que asesora legalmente casos de migrantes desaparecidos, organizó el encuentro.

“Propusimos a la CNDH que ella citara a las autoridades para que pudieran rendir cuentas frente a los familiares”, dijo Ana Lorena Delgadillo. 

Sociedad civil hace ceder al gobierno

Para que el gobierno federal cediera a la creación de la unidad, fue necesario que la fundación trabajara previamente con la Fiscalía.

Así, propusieron la creación de esta unidad de investigación, que no sólo revisará el caso de los 72 migrantes de San Fernando, sino también el de otras fosas encontradas en ese municipio en 2011, así como las de Cadereyta, Nuevo León.

Esta Unidad reunirá en una sola entidad la investigación de los tres casos. Actualmente, la investigación de las fosas de San Fernando está en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Los otros dos casos son investigados por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

“En términos generales, accedieron”, indicó Ana Lorena Delgadillo. “Dijeron que podíamos empezar con el caso de Cadereyta y de la 72, y que ellos están en vías de atraer el de las fosas, que está en Seido”. 

Los nulos avances hasta la fecha, explica Delgadillo, se debe a que el expediente lo tiene una Ministerio Público, con muchas más investigaciones.

“Es humanamente imposible que una sola persona te vaya a dar respuesta para los casos de estas masacres, menos si está rebasada con otras investigaciones”. 

La propuesta de este grupo está estipulada en la Ley Orgánica de Fiscalía. El grupo está pensado para entender mejor los fenómenos de las masacres en Tamaulipas.

En la reunión estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quienes aseguraron que pondrán todo el apoyo necesario para resolver el caso.

Por parte de la Fiscalía, asistieron los recién nombrados directores de las fiscalías especializadas en Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías; así como el titular de la Unidad Especializada en Delitos para Migrantes, Javier Pérez Durón (quien fue el fiscal de Morelos durante el escándalo de las fosas de Tetelcingo, Morelos)

De acuerdo con Ana Lorena Delgadillo, la Fundación para la justicia contará con el apoyo de miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, así como de la ONU y de Amnistía Internacional. 

Atención a víctimas sin resultados

Alejandro Encinas aseguró que las familias contarán con todo el apoyo necesario para que puedan dar un seguimiento pertinente del caso.

Una de las trabas que han tenido los familiares de las víctimas es que no pueden entrar al país, y menos ver la carpeta de investigación del caso, a menos de que cuenten con una invitación explícita del Ministerio Público. Estas invitaciones duran un día, lo que dificulta la estancia de los familiares y su acceso a la justicia.

Además, Encinas se comprometió a acelerar el trámite de visas humanitarias para que el ingreso al país de los familiares sea más sencillo.

Ésta es una de las principales demandas de Mirna del Carmen Solórzano, mamá de Glenda Yaneira Medrano Solórzano, una de las víctimas.

Mirna también pide se le apoye con atención médica, pues asegura que a partir de la noticia de la muerte de su hija sufre de diabetes. 

Otros familiares piden que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la CEAV, dé un apoyo para las familias de los centroamericanos hallados en las fosas. pues varios dejaron a familias enteras sin un sustento, y ahora dependen de cuidados de los tíos o los abuelos. 

“¡Las familias no tienen dinero para ir al médico, no tienen ni lo básico!”, acusa Ana Lorena Delgadillo. “Algunas tiene nietos, hijos de las víctimas, y no tienen nada que ofrecerles”.

La audiencia también sirvió para hacer un llamado a la la CEAV, que brinde atención a los familiares en Centroamérica, a donde no ha llegado porque ley no les permite dar atención fuera del país.

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