Una vez más, la próxima semana y en un contexto político mundial  muy convulso, casi 200 naciones se reunirán en la Conferencia de las Partes (COP31) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que este año se llevará a cabo en Antalya, Turquía.

CEMDA*

El escenario previo a esta cumbre climática se ha visto sacudido por la sorpresiva victoria de Lula da Silva en Brasil y por la amplia derrota del partido republicano en las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos.  Esto importa para los temas climáticos porque estamos hablando de dos potencias mundiales cuyas dimensiones geográficas, volumen de gases contaminantes y posturas políticas pueden empujar o bien hacer retroceder la agenda climática que ha tomado más de tres décadas en construirse.

Dentro de la comunidad internacional enfocada en frenar el calentamiento global existe optimismo por los resultados electorales mencionados anteriormente, puesto que, por un lado, Brasil podrá dar seguimiento a importantes acciones tales como la reducción de la deforestación en la Amazonía y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.  En lo que respecta a Estados Unidos, históricamente, los demócratas han mostrado ser más proclives a, por lo menos, sentarse a negociar en el seno de las Naciones Unidas acuerdos para avanzar en la mitigación de emisiones.  Es pronto para anticipar buenas noticias, pero por lo pronto existe un ánimo más optimista en la víspera de la COP31, denominada “la COP de la implementación y la aceleración.”

Y, por otro lado, ¿qué podemos esperar de México en las próximas negociaciones climáticas?

En el caso particular de México, la presente administración federal ha tenido avances institucionales y compromisos más ambiciosos, pero existe la duda sobre si las políticas que está ejecutando son suficientes para alcanzarlos. El cambio más importante de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC 3.0, por sus siglas en inglés), con respecto a su versión anterior y presentada en la COP30 en Belém, Brasil, el año pasado, es que, por primera vez, México dejó de expresar su principal meta solamente como porcentaje respecto de un escenario tendencial (business as usual) y estableció un límite absoluto de emisiones netas para 2035, condicionado a recibir apoyo internacional, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades.

Otro avance importante es que, en junio de 2026, se aprobó el Programa Especial de Cambio Climático 2026–2030 (PECC), que convierte los compromisos climáticos en estrategias, acciones, presupuesto e indicadores de seguimiento. El PECC incluye 30 estrategias y líneas de acción relacionadas con energía, transporte, agricultura, industria y ordenamiento territorial, entre otros sectores, lo cual resulta muy importante para comenzar a cerrar la brecha entre las metas de la NDC y las políticas concretas para alcanzarlas.

La contradicción más importante sigue siendo que, en los hechos, México continúa apostando por el gas como combustible de transición y otorgando enormes recursos públicos a Petróleos Mexicanos (Pemex). El problema no es únicamente cuánto genera México con renovables, sino también qué inversiones e infraestructura está construyendo para las próximas décadas. Lo que vemos, hasta el momento, son recursos millonarios orientados a gasoductos e infraestructura fósil.  Lo hemos dicho antes: México debe ser congruente climáticamente hablando, lo que significa apostarle fuerte a renovables y cada vez menos a fósiles, lo cual, claramente, no está sucediendo en nuestro país.

Una buena noticia es que el gobierno federal está desarrollando su Política Nacional de Adaptación. Recordemos que, por su posición geográfica, México es uno de los países más vulnerables a sequías, huracanes, inundaciones, olas de calor y estrés hídrico.  Por tanto, no basta con tener una estrategia de adaptación: el reto es asignar los recursos humanos y financieros suficientes para ejecutarla en estados y municipios, donde ocurre buena parte de los impactos.

Finalmente, vale la pena señalar que Climate Action Tracker mantiene a México con una calificación de Highly insufficient (altamente insuficiente) tanto por sus políticas actuales como por sus metas climáticas. El problema ya no está en la ausencia de metas, sino en la credibilidad de la trayectoria para alcanzarlas. El reto principal para nuestro país y para la próxima COP31 es cerrar la brecha entre la ambición declarada y la implementación real. Las catástrofes climáticas recientes son evidencia de que ya no queda mucho tiempo para actuar. De no hacerlo, las futuras generaciones nos lo demandarán.

*Por Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Margarita Campuzano, directora del área de Comunicación del CEMDA.