En una región que ha perdido 4,10 millones de hectáreas de bosque al año entre 2015 y 2025 y donde el 85 % de los asesinatos de defensores ambientales del mundo ocurren en América Latina, un grupo de juristas ha presentado una Ley Modelo de Ecocidio

Por Gustavo Alanís Ortega y Rodrigo Lledó Vásquez*

El pasado 1 de octubre, expertos juristas latinoamericanos en materia ambiental y penal presentaron ante los medios de comunicación una Ley Modelo de Ecocidio diseñada para proporcionar un marco de referencia para los países de América Latina con el fin de penalizar la destrucción ambiental grave. Ya se han adoptado marcos similares en la Unión Europea y en jurisdicciones nacionales desde Azerbaiyán hasta Mauricio y con éstos se podrían fortalecer significativamente las leyes existentes que tienen la finalidad de proteger mejor la excepcional biodiversidad de esta región, donde las regulaciones actuales no logran prevenir la destrucción de los ecosistemas forestales y la disminución masiva de las poblaciones de vida silvestre.

Entre 2015 y 2025, Sudamérica perdió en promedio de  4,10 millones de hectáreas de bosque al año, lo que supone la mayor pérdida de bosques del planeta en la última década y que incluye la pérdida de más de diez millones de hectáreas de bosques primarios. La región también ha experimentado la disminución más pronunciada del mundo en las poblaciones de vida silvestre monitoreadas: una media del 95 % de declive entre 1970 y 2020, la disminución más drástica registrada en todo el planeta. Latinoamérica es también la más peligrosa del mundo para los defensores del territorio y del ambiente, llegando a concentrar el 85 % de los asesinatos documentados en 2025.

La ley relativa al ecocidio establece un umbral penal para las formas más graves de destrucción ambiental, creando una responsabilidad penal individual para los altos responsables de la toma de decisiones que causen daños ambientales graves, extensos o duraderos. El objetivo no es sólo enjuiciar dichos daños, sino disuadir de que se tomen las decisiones que conllevarán destrucción antes de que ésta se produzca. La Ley Modelo de Ecocidio para América Latina se basa en la definición de ecocidio de 2021 elaborada por un Panel de Expertos Independientes que define el ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.

En septiembre de 2024, basándose en la definición de 2021, Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron una propuesta formal para realizar una enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el fin de incluir el ecocidio como el quinto crimen internacional atroz, junto con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. También se han adoptado leyes nacionales o disposiciones relativas al ecocidio en Azerbaiyán, Bélgica y, más recientemente, en Mauricio, en abril de 2026, al tiempo que la legislación avanza en países como Brasil, Perú, Argentina, México, Italia, India, la Polinesia Francesa, los Países Bajos y Escocia.

La nueva Ley Modelo se ha elaborado a través de una consulta pública, seguida de sesiones de trabajo virtuales con 74 expertos de 14 países de la región, que culminaron en una conferencia de redacción de dos días celebrada en la Universisdad Iberoamericana (IBERO) en la Ciudad de México en la que participaron más de 30 expertos jurídicos. Habiendo sido diseñado para los sistemas de derecho civil de América Latina, el texto resultante está concebido para que los parlamentos nacionales lo puedan adoptar o adaptar fácilmente.

Este proyecto ha sido liderado por Stop Ecocidio Internacional en colaboración con la Asociación de Investigadores en Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Universidad Iberoamericana, el Centro Transdisciplinario para la Sostenibilidad (CENTRUS) y la Alianza de Clínicas de Derecho Ambiental de América Latina y el Caribe.

Desde el principio, éste ha sido un proceso genuinamente democrático y participativo. Se comenzó, como se hacia referencia anteriormente, con una consulta pública regional, seguida de sesiones de trabajo con 74 expertos de 14 países de América Latina, que culminaron en dos días de redacción intensiva a cargo de más de 30 expertos jurídicos en la Ciudad de México. El resultado es una Ley Modelo forjada tanto por la experiencia jurídica como por las realidades y experiencias de las personas de toda la región.

Tomando en cuenta lo anterior, se espera que la legislación relativa al ecocidio se vaya afianzando en todo el mundo a una velocidad extraordinaria. Desde una propuesta formal ante la Corte Penal Internacional hasta los avances legislativos en toda Europa y el creciente impulso político en África, los gobiernos recurren cada vez más al derecho penal para abordar las formas más graves de destrucción ambiental. Esta nueva Ley Modelo ofrece a los legisladores de América Latina una vía práctica para proteger a la naturaleza y a las comunidades al disuadir de que se tomen las decisiones que causan el daño ambiental más grave antes de que este se produzca.

Vale la pena reiterar que América Latina alberga algunos de los ecosistemas más ricos del planeta y que millones de personas dependen directamente de la salud y del cuidado de los mismos. La ley modelo sobre el ecocidio establece un límite legal claro en torno a las formas más graves de destrucción ambiental, reconociendo que existe un nivel de daño a la naturaleza y a las comunidades que nunca debería aceptarse como un costo de hacer negocios. Se espera que los gobiernos de la región estén a la altura de las circunstancias y que cuenten con la suficiente voluntad política para promover, adoptar e implementar de manera efectiva un marco jurídico de esta naturaleza

*Director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional.