A un mes del desahucio de Mari Carmen en España, las protestas por el acceso a la vivienda asequible continúan. En México, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y antigua militante del Movimiento Urbano Popular (MUP), consciente de que esta crisis tiene un carácter mundial y afecta a las principales ciudades del mundo, presentó una iniciativa de ley para regular las rentas en la capital

Texto: Rogelio López

Foto: Graciela López / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. — «De Madrid a Buenos Aires, de Londres a Nueva York, miles salen a las calles frente a ciudades cada día más caras; es la herencia de décadas de neoliberalismo».

Lo anterior lo expresó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, este jueves 22 de octubre, durante la presentación de la Iniciativa de ley de relaciones inquilinarias y rentas justas, razonables y asequibles de la Ciudad de México.

Y sí, solo hay que recordar que, en España, la protesta por el desahucio de Mari Carmen y su posterior fallecimiento derivaron en un movimiento de carácter nacional para exigir soluciones al problema de la vivienda.

Como recordaremos, hace un par de semanas las imágenes del desahucio de Mari Carmen dieron la vuelta al mundo. En Madrid, España, Mari Carmen, una mujer de 87 años, fue desalojada del departamento que habitó durante más de 70 años. Recientemente, una empresa inmobiliaria había adquirido el edificio donde se encontraba su vivienda. De un momento a otro, la renta que pagaba la mujer se elevó de forma desproporcionada. La imposibilidad de cubrir el costo del alquiler representaba, en los hechos, tener que salir expulsada de El Retiro, su barrio, que al igual que otros en la ciudad sufren los efectos de la especulación y la gentrificación, fenómenos que expulsan a sus habitantes originarios.

La trascendencia del desahucio de Mari Carmen ha sido tal que, ante la negativa del Congreso a aprobar un par de decretos en materia de vivienda, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo un llamado a celebrar elecciones anticipadas.

El caso de España no hace sino confirmar lo dicho por la jefa de Gobierno: la vivienda asequible es un problema que aqueja a las grandes ciudades del mundo.

Una propuesta moderada, equilibrada y apegada a las mejores prácticas mundiales

El 22 de octubre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la Iniciativa de ley de relaciones inquilinarias y rentas justas, razonables y asequibles de la Ciudad de México. Además de la mandataria, participaron diversos funcionarios del Gobierno capitalino: Inti Muñoz, secretario de Vivienda; Cruz Villegas, consejera jurídica y de Servicios Legales; César Cravioto, secretario de Gobierno; Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana; y Pablo Yanes Rizo, secretario de Bienestar e Igualdad Social.

Para dimensionar la magnitud del problema al que se enfrenta la Ciudad de México, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, mencionó que en la capital existen dos millones de personas que viven en una vivienda rentada y que hay, al menos, 813 mil viviendas en alquiler. Agregó que, en algunas zonas de la ciudad, el promedio de las rentas oscila entre los 16 y los 24 mil pesos mensuales.

El exmiembro del CEU ubicó el inicio del aumento desproporcionado de las rentas en la ciudad en 2015, cuando el jefe de Gobierno era Miguel Ángel Mancera. Al respecto, agregó que en algunas zonas los incrementos oscilaron entre el 100 y el 200 %, una situación que generó la expulsión —yo agregaría el despojo— de miles de habitantes de la ciudad.

También recordó que ONU-Hábitat ha establecido que el costo de la vivienda no debe rebasar el 30 % del ingreso familiar. Ante este panorama crítico, la regulación de los alquileres se convierte en una prioridad.

Por su parte, la jefa de Gobierno expresó que esta es la segunda iniciativa que presenta su administración en la materia. La primera fue el Bando 1, presentado el año pasado. A través de ambas acciones se busca regular las rentas, con el objetivo, entre otros, de frenar los procesos de gentrificación y propiciar el arraigo de las personas que viven en la ciudad.

Con esta iniciativa de ley, los arrendadores no podrán aumentar el alquiler por encima de la inflación ni exigir requisitos que estén fuera de la ley —por ejemplo, un aval—. Tampoco podrán prohibir la presencia de niños y niñas o animales de compañía en las viviendas. Asimismo, el contrato entre las partes tendrá que inscribirse ante las autoridades correspondientes.

Esta medida «es un paso más para garantizar el derecho a la vivienda», sentenció la mandataria. En una clara alusión a la posición política de izquierda y progresista de su gobierno, Brugada también expresó: «Nosotros defendemos que las ciudades son de quienes las habitan y no de quienes pueden pagarlas».

Esta firmeza en sus palabras contrastó un poco con el tono siempre cauto y conciliador que la jefa de Gobierno y los funcionarios emplearon durante sus intervenciones, al enfatizar tres aspectos de la iniciativa. El primero es que la propuesta no congela las rentas, una versión que se ha difundido por distintos medios. El segundo, que el gobierno no intervendrá en las resoluciones judiciales. Y el tercero, el respeto irrestricto a la propiedad privada.

Otros aspectos que se destacan en esta iniciativa son los siguientes:

La creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinas de la Ciudad de México, una institución pública que, en palabras de Cruz Villegas, la consejera jurídica, sentará un precedente mundial al buscar la mediación y la conciliación de forma «equilibrada», sin conflicto, entre las personas que alquilan una vivienda y los propietarios.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que la iniciativa contempla brindar acompañamiento institucional durante los desalojos, así como una serie de apoyos para las personas que, por su condición, requieran de ayuda. Al respecto, mencionó que buscan «asegurarse de que las personas que son desalojadas tengan alternativas habitacionales». Ante los maltratos y abusos que imperan en los desalojos, señaló que las personas que participan en estos procedimientos tendrán que formar parte de un padrón avalado por la Defensoría, cumplir con un protocolo y recibir capacitación en materia de derechos humanos, a fin de evitar vulnerar los derechos de las personas.

Cuando veas las barbas de tu vecino…

Durante su intervención, Pablo Yanes Rizo, secretario de Bienestar e Igualdad Social, aportó otro dato importante: la mayor parte de las personas que rentan una vivienda tienen menos de 40 años, «lo cual significa que las problemáticas de las rentas afectan de manera especial a las poblaciones jóvenes».

Esta fue una de las razones por las que, sin mencionar explícitamente el caso de España del que hablamos al principio, expresó que «debemos tomar nota de que la problemática de la vivienda se está convirtiendo en una emergencia y crisis internacional de gran magnitud[…]. El fenómeno del encarecimiento de las rentas y de los procesos de gentrificación están generando crisis sociales y políticas de gran magnitud». Con esta iniciativa de ley, afirmó, «el gobierno de la ciudad quiere anticiparse a eso«.

La propia mandataria reconoció que «la vivienda es la gran causa de los movimientos urbanos de nuestra época». Y no lo dice una improvisada. Si ha habido alguien al frente del Gobierno de la Ciudad de México que sabe de esto, es precisamente Clara Brugada, como nos muestra su propia historia.

De Iztapalapa para el mundo: «San Miguel Teotongo es volver a mis raíces»

Una semana antes de la presentación de la iniciativa, el 15 de octubre, en el contexto del aniversario número 29 del movimiento popular que, bajo la consigna «¡Prepa sí, cárcel no!», encabezó la comunidad de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, Clara Brugada decía: «regresar a San Miguel Teotongo es volver a mis raíces«.

Aquel movimiento surgió para exigir al gobierno de entonces que, en lugar de edificar un centro penitenciario de alta seguridad en un predio de la zona, este se destinara a la construcción de una preparatoria.

Poca gente sabe que Clara Brugada es una antigua militante del Movimiento Urbano Popular (MUP). A los 16 años de edad, Brugada formaba parte de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, organización emblemática de la lucha por la vivienda en la ciudad que en 1981 lideró la Coordinadora Regional del Valle de México del Conamup.

El MUP fue un movimiento de alcance nacional que, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, canalizó el descontento de las clases populares, las clases medias depauperizadas y de los estudiantes, articulándolo en un movimiento político que, entre otras cosas, reivindicaba el acceso a la vivienda, al suelo y la regularización de la tenencia de la tierra.

San Miguel Teotongo, una colonia popular fundada en 1973, tuvo su origen en la llegada de migrantes que buscaban oportunidades de empleo y una mejor vida en la ciudad. Su conformación fue resultado de esta lucha popular, al grado de que se convirtieron en un referente del urbanismo popular y la lucha por la vivienda.

Sin el trabajo del MUP, hoy en día sería imposible entender la discusión y la incorporación de muchas de estas demandas a la agenda pública e, incluso, su incorporación como derechos sociales. Tal es el caso del derecho a la ciudad, incorporado a la Constitución de la Ciudad de México en 2017.

Como es de suponerse, la aprobación de una ley no garantiza por sí misma que se concreten los cambios que establece. Y aunque todos sabemos que aún quedan muchas cosas por hacer, no se debe demeritar el avance que representa esta iniciativa.

Aunque la propia mandataria, surgida del Movimiento Urbano Popular y de la lucha por la vivienda, la describa como «una propuesta moderada, equilibrada y apegada a las mejores prácticas mundiales», esta debe plantearse como un avance, y más aún en un contexto de avance de las derechas, en el cual quieren presentarse como la solución a una crisis que ellos mismos han contribuido a generar.