Un grupo de vecinos logró meter hasta la cocina del grupo parlamentario de Morena de la Ciudad de México una propuesta de cambios a la ley que regula las rentas en la ciudad. La idea es ayudar a algunas personas que no puedan pagar sus rentas por la emergencia sanitaria. La propuesta es parte de los esfuerzos de este grupo para detener la crisis de desalojos y despojos inmobiliarios en la ciudad

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: María Ruiz

Ciudad de México.- Un grupo de vecinos, abogados y organizaciones ciudadanas quieren proteger a quienes rentan una casa o un departamento durante esta pandemia. Buscan cambiar 3 artículos (y adicionar algunos otros) del Código Civil de la ciudad que regulan las relaciones de renta. La idea es que arrendatarios puedan renegociar la renta y los contratos con sus arrendadores en situaciones de emergencia como la actual pandemia.

La propuesta es un intento más de este grupo por mejorar las precarias condiciones legales que, consideran, tienen quienes rentan en esta ciudad. Justamente ahora, durante el contexto de la pandemia por covid-19, hay un mayor riesgo de que personas puedan quedarse sin hogar, sin trabajo o sin ambas.

“Empezamos haciendo una protección a los desalojos forzosos. A partir de ese trabajo hemos recibido numerosos testimonios de irregularidades que se dan en el contexto de la pandemia, que podrían causar más desalojos”, asegura María Silvia Emanuelli, coordinadora para Latinoamérica de la Coalición Internacional del Hábitat, organización internacional dedicada al tema de vivienda conocida como HIC, por sus siglas en inglés. 

Según datos de una encuesta realizada por esta organización, el 61.5 por ciento de las personas que rentan una casa en la Ciudad creen tener dificultades para pagar el alquiler dentro de los próximos tres meses, por lo que renegociar los términos de sus contratos, como proponen estos vecinos es sólo un primer paso para proteger sus viviendas. Cuarenta por ciento de los habitantes de la capital del país rentan, y de ellos sólo una cuarta parte tiene un contrato con su arrendatario.

“Yo digo que es un primer paso, no es una gran victoria, pero sí un paso previo a un marco legal más amplio, a la posibilidad de dotar una ley construida de manera colectiva, en un verdadero parlamento abierto”, comenta al respecto Sergio González, vecino de la colonia Juárez y parte de La cero seis seiscientos (06600), el observatorio vecinal que lucha contra los desalojos en esa colonia y en pro de la permanencia de sus vecinos ante la gentrificación. 

Espaldarazo

El pasado martes 7 de julio, los vecinos, los abogados que ayudaron a redactar la propuesta y diputados locales de Morena sostuvieron una conferencia de prensa en línea en la que dieron a conocer la iniciativa ciudadana y la voluntad de este grupo parlamentario para llevarla a buen puerto. 

“Hemos decidido acoger la iniciativa que presentan estas organizaciones civiles y dar voz a las comisiones correspondientes para que a la prontitud, muchas de las personas que rentan, puedan encontrar soluciones alternativas y justas”, dijo durante la conferencia Martha Ávila Ventura, la coordinadora de la bancada. En la conferencia también estuvieron José Luis Rodríguez de León, vicecoordinador de la bancada y Valentina Batres Guadarrama.

Para dar celeridad al proceso legislativo las diputadas dispusieron que la comisión legislativa así como en la de Derechos Humanos sean las encargadas de adaptar la propuesta ciudadana para transformarla en un dictamen que se pueda votar en el pleno del congreso capitalino.

En la comisión de Derechos Humanos el responsable de llevar a buen puerto será el diputado Temístocles Villanueva, quien hace un par de meses había presentado una propuesta similar a la de los vecinos pero que no tuvo tanto eco. Este mismo diputado ya ha colaborado con estos ciudadanos para llevar temas al pleno del congreso, sin embargo, ninguna de las propuestas que han armado han resultado exitosas. 

Este miércoles la propuesta se presentó a la comisión permanente del congreso. “De ahí se dará turno a las comisiones para presentar un dictamen y tendríamos que esperar los 10 días hábiles que marca la Constitución de la Ciudad para que opine la ciudadanía”, dijo sobre el proceso legislativo de estos cambios la diputada Martha Ávila. “Estaría en condiciones de dictaminarse en comisiones después del 22 de julio, y si hay un periodo extraordinario de sesiones entre el 22 y 25, que tenga un dictamen en plen”. 

Contratos, emergencias y renegociaciones

Estos cambios al código civil buscan hacer de la vivienda en la ciudad algo más asequible, que no represente un gasto insoportable y que quienes alquilan tengan algún tipo de certeza jurídica sobre el lugar que habitan. Estos cambios apenas pondrían a la ciudad en el mismo nivel en materia de leyes de vivienda que otras ciudades alrededor del mundo.

La propuesta prohíbe a los arrendadores solicitar como garantía o aval cualquier título de propiedad, ni tampoco pedir más de un mes de renta como depósito o anticipo. En el caso de que no exista un contrato, como en la mayoría de los casos de arrendamiento en la ciudad, se pide que los acuerdos verbales sean tomados en cuenta como válidos para dirimir controversias.

También plantea que en casos fortuitos y controversiales que requieran replantear las condiciones del contrato de renta que se pueda acceder mecanismos de solución de conformidad con la Ley de Justicia alternativa del Tribunal superior de justicia para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

En estos casos se incluyen otros como emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, o cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas que impidan al arrendatario el cumplimiento de sus compromisos, como podría ser la actual pandemia.

En el caso de que no exista un contrato, los arrendadores no podrán solicitar un desalojo judicial, aún por incumplimiento del pago de la renta, hasta que no sea subsanada esta formalidad.

Un pasito más en un camino largo

“Estamos atacando un problema de muchas décadas, por eso nos parece importante hacer estas modificaciones y que quienes viven este problema se puedan sumar”, dijo sobre la propuesta Jaime Rello, representante del Movimiento Urbano Popular (MUP), una histórica organización de vivienda de la ciudad, que también impulsa las reformas.

Desde hace dos años, tanto e MUP, como el observatorio de la colonia Juárez y la Coalición Internacional del Hábitat luchan por detener los desalojos forzosos en la ciudad y garantizar así la permanencia en sus hogares de miles de personas que de otra manera serían expulsados de sus casas y sus barrios. Según datos del propio HIC, en la ciudad ocurren 3 mil desalojos al año, la mayoría de ellos sin certeza jurídica y tan solo durante la pandemia 256 personas fueron desalojadas.

Para detener esto, esta unión de vecinos académicos y defensores de derechos comenzaron a hacer trabajo legislativo y contactar con representantes populares para hacer llegar temas como estos al congreso y detener así la citada ola de desalojos. 

Un par de estos intentos incluyeron precisamente al ahora vicecoordinador de la bancada, José Luis Rodríguez de León, y a Temístocles Villanueva, miembro de la comisión de Derechos Humanos, mismos que nunca llegaron tan lejos como esta última propuesta. 

Una fue la pifia del Artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la ciudad, modificada para retirar la responsabilidad del gobierno de la ciudad ante los desalojos forzados. “Ahí fue cuando decidimos cambiar de interlocutor”, cuenta al respecto Sergio González “Al principio habíamos buscado a José Luis y a Temístocles porque eran los diputados de los distritos que corresponden a nuestras colonia”. Ante los pocos resultados, el acercamiento con la diputada Martha Ávila cada parecía una opción más cercana.

El acercamiento con Valentina Batres se dio a las experiencias legislativas previas de este grupo de vecinos. En alguna ocasión, en las escalinatas del recinto legislativo de donceles, como se conoce al congreso capitalino, después de otra desazón por los malos resultados, un asesor de la diputada se acercó a hablar con los vecinos, ahí notaron el interés de Batres Guadarrama por el tema. 

“Martha viene de un movimiento de lucha urbana popular. Nuestra primera apuesta fue hablar con Martha. Inmediatamente me dijo me interesa. Lo mismo pasó con Valentina”, quien también abreva de los movimientos urbanos por vivienda de finales de siglo pasado. 

¿Una rebelión de impagos?

Durante la presentación de la propuesta ciudadana, un reportero preguntó si este tipo de cambios a la ley no provocaría una impronta para dejar de pagar rentas por la pandemia, a lo que el grupo de vecinos atajó de inmediato: 

“No es un llamado a nada. Se está hablando de una situación en la que están pidiendo ayuda. Lo mismo pasa con los créditos hipotecarios. Si los bancos deciden no posponer las medidas de prorrogación pondrán en una situación muy vulnerable a miles de familias. Hay que evitar ese tipo de cuestiones”, aseguró al respecto María Silvia Emanuelli, del HIC.

Al respecto, Kalycho Escoffie, abogado especializado en vivienda que ayudó a la redacción de la propuesta y quien además apoya los procesos de postergación del Tren Maya en Yucatán, asegura que el fondo de la propuesta es garantizar e incluso incentivar que haya contratos, porner ciertas consecuencias para que convenga a ambas partes que exista un contrato.