Los pescadores de la costa de Tonalá se alejan cada vez más para encontrar camarón. Desde 2005 se han destinado recursos a una planta que, según los habitantes, no ha detenido las descargas

Texto y fotos: Isabel Mateos / Chiapas paralelo

PAREDÓN, TONALÁ, CHIAPAS.— Para encontrar pescado, los pescadores de Paredón tienen que ir cada vez más lejos. Dejan atrás las zonas cercanas a la desembocadura del cauce que atraviesa la comunidad y buscan aguas donde puedan trabajar con mayor confianza. Esa distancia tiene un costo: más combustible, más horas en el mar y el riesgo de regresar con menos producto.

Paredón es una comunidad pesquera del municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas, a orillas de la laguna Mar Muerto, un sistema lagunar que Chiapas comparte con Oaxaca. Desde hace unos 25 años, según sus habitantes, recibe las aguas residuales de la cabecera municipal. No es un problema nuevo, y tampoco lo es la solución prometida: el primer contrato para construir una planta de tratamiento data de 2005, y desde entonces la obra ha acumulado presupuestos, acuerdos y anuncios de rehabilitación sin que, dicen los pobladores, las descargas se detengan.

En Paredón, la pesca sostiene una economía que va mucho más allá de quienes salen en las embarcaciones: también viven de ella comerciantes, transportistas y familias que durante generaciones han dependido del mar.

Lina Peña, comerciante de pescado, recuerda cuando numerosas lanchas se dedicaban a capturar camarón. Ahora, dice, un pescador puede pasar largas horas en el agua y regresar con tres o cinco kilos; en un buen día, con alrededor de 20.

«Esa contaminación mata la larva», sostiene.

Los comerciantes hacen una distinción: no consideran que el pescado que se vende en Paredón esté contaminado, porque buena parte se captura en mar abierto y llega después a la comunidad. La preocupación está en las zonas cercanas a las descargas, donde los pescadores señalan daños en el ecosistema y en la reproducción del camarón.

Un río que cambió

El problema comienza muchos kilómetros antes del mar.

Los habitantes cuentan que desde hace aproximadamente 25 años el arroyo El Riíto —registrado también como río Corral— recibe aguas residuales de la cabecera municipal de Tonalá y las conduce hacia Paredón, hasta desembocar en la laguna. Es un cauce de casi 24 kilómetros que une a las dos localidades.

Una tesis de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) inventarió 214 descargas de aguas residuales y 27 tiraderos a cielo abierto en el cauce del Riíto a su paso por Tonalá. Otro estudio, publicado en 2020 en la revista Población y Salud en Mesoamérica, contabilizó cuatro permisos de descarga sobre el arroyo —tres en Tonalá y uno en Paredón— que suman alrededor de 1.8 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, provenientes del drenaje municipal, rastros y queserías. Nueve de cada diez de esos metros cúbicos corresponden a los permisos de Tonalá.

Los habitantes mayores recuerdan cuando ese río era distinto. Peña, de 62 años, cuenta que en su juventud los niños podían bañarse y caminar descalzos cerca del agua. Hoy, quienes viven junto al cauce hablan de malos olores, lodo y problemas en la piel.

Una mujer que vive junto al río muestra lesiones en distintas partes del cuerpo y las relaciona con el contacto con el agua. Pescadores también reportan irritaciones y hongos en los pies. Son testimonios de la comunidad; establecer una relación médica directa con las aguas residuales requiere estudios clínicos y ambientales.

José Francisco perdió la vista de un ojo

José Francisco, pescador, es uno de los casos que más preocupan a los habitantes. Cuenta que, después de entrar en contacto con agua que los pobladores identifican como contaminada, comenzó a sentir dolor en un ojo. Su condición empeoró rápidamente y en poco más de un mes perdió la visión de ese ojo.

Según los habitantes, durante su atención médica se le identificó una infección bacteriana, y ellos relacionan el caso con la exposición al agua. Es la comunidad quien establece esa relación. Para los pobladores, el caso cambió la dimensión del problema.

«Ya nos pegó», dice uno de ellos.

La planta que debería tratar el agua

La planta de tratamiento de aguas residuales de Paredón tiene una historia más larga que su último anuncio. De acuerdo con la cronología publicada por El Sol de Chiapas, el primer contrato de construcción se otorgó en 2005, por 6.4 millones de pesos; en 2019 se presupuestaron 41.9 millones para una tercera etapa; en enero de 2023 se estimaron 73 millones para rehabilitarla.

La responsabilidad sobre la planta ha pasado de una administración a otra. En enero de 2023, durante un bloqueo de casi 48 horas en la carretera Arriaga-Tapachula, Manuel de Jesús Narcía Coutiño —entonces diputado federal y expresidente municipal de Tonalá— afirmó que su gobierno había sido el que más invirtió en la obra y atribuyó la falla a la falta de mantenimiento: «El gobierno del estado le apostó a esa última etapa, quedando la misma en funcionamiento cuando renuncié al cargo para ser diputado federal. Si no le dieron el mantenimiento necesario para su buen funcionamiento, son las consecuencias de donde salen afectados los pescadores y quienes viven en Paredón», declaró a La-Lista.

Un año después, en enero de 2024, tras un bloqueo de más de 30 horas en la carretera costera Tonalá-Arriaga, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas se comprometió a entregar otros 29 millones.

En octubre de 2024, en los últimos meses de esa administración, las autoridades anunciaron la rehabilitación y puesta en operación de la planta, con una capacidad inicial de 80 litros por segundo. La obra se presentó como la solución para reducir los contaminantes que llegaban a los cuerpos de agua de la zona. El entonces director del Instituto Estatal del Agua, Fernando Adolfo Zepeda Soto, reconoció en esas fechas que se trataba de «una planta que desde hace tiempo no funcionaba», según recuperó La Silla Rota.

Dos años después, los habitantes aseguran que la planta no funciona. Narcía Coutiño gobierna de nuevo Tonalá, en su tercer periodo como presidente municipal. Ante las protestas de septiembre de 2026, según La Silla Rota, calificó la inconformidad de política; no se localizó una declaración pública suya sobre el estado de la planta.

Durante un recorrido por las instalaciones, a finales de septiembre, no se observaron trabajadores. Había agua estancada en algunos estanques y mosquitos.

Es el saldo de dos décadas de inversiones: una planta anunciada como rehabilitada en 2024 y una comunidad que, dos años después, sigue denunciando que las aguas residuales llegan hasta su territorio.

Un problema que rebasa a Paredón

Lo que ocurre en Paredón no es excepcional en Chiapas. El Programa Nacional Hídrico 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2026, reporta que en 2024 el estado trató apenas 25.6 por ciento del caudal municipal recolectado, frente a 68.1 por ciento a nivel nacional. Dicho de otro modo: de cada cuatro litros de aguas residuales que recogen los drenajes municipales de Chiapas, tres no reciben tratamiento.

El Plan Estatal de Desarrollo señala, además, que muchas de las plantas existentes en el estado no operan o lo hacen de manera deficiente.

En Paredón, esas cifras se traducen en algo concreto: pescadores que se alejan para encontrar producto y una comunidad preocupada por su principal fuente de ingresos. Cuando disminuye la captura, el golpe alcanza al pescador, al comerciante y a quienes transportan el producto hacia Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y otros destinos.

Seguir viviendo del mar

Los habitantes de Paredón han protestado y bloqueado carreteras y puntos del sistema de drenaje para exigir una solución. La movilización más reciente comenzó el 22 de septiembre de 2026: cerraron la carretera Tonalá-Paredón y la federal Tonalá-Pijijiapan, y taparon con piedras y cemento registros del drenaje, incluidos los del Palacio Municipal de Tonalá, según la cobertura de Quadratín Chiapas y El Sol de Chiapas.

Tras las protestas, la secretaria de Pesca y Acuacultura, Judith Torres Vera, y el subsecretario Jorge Enrique Hernández Vielma se comprometieron a presentar en un plazo de diez días una propuesta de solución a las descargas, informó El Sol de Chiapas. Entre los acuerdos con el gobierno estatal, según Diario de Chiapas, figuran una auditoría a los más de 200 millones de pesos invertidos en la planta, el pago de 285 mil pesos por gastos médicos a un habitante afectado y el compromiso de no tomar represalias contra quienes se movilizaron. Días después, pobladores denunciaron haber recibido audios con mensajes intimidatorios para que abandonaran la protesta, de acuerdo con Azteca Chiapas.

Ahora piden una reunión abierta con las autoridades para saber qué se ha hecho y qué pasará con las aguas residuales.

Peña insiste en que el conflicto no es con los habitantes de Tonalá, sino con el origen de las descargas: «No es problema de Paredón. Es problema de Tonalá», dice.

La tarde cae sobre la comunidad mientras los comerciantes esperan el producto que llega del mar. Las embarcaciones siguen saliendo, pero ya no siempre a las mismas aguas.

Paredón no quiere dejar de pescar. Quiere que sus hijos puedan seguir viviendo del mar y que el río vuelva a ser parte de la comunidad. Mientras tanto, el agua sigue el camino de siempre: de la ciudad al Riíto, del Riíto a la laguna. Y cada temporada los pescadores tienen que ir un poco más lejos para encontrar lo que antes tenían cerca.

Este trabajo fue publicado originalmente en CHIAPAS PARALELO que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes leer la publicación original.