Mientras Colombia, Ecuador, Uruguay y Cuba han avanzado por distintas vías en el reconocimiento de la muerte digna y la eutanasia, México aún mantiene pendiente esta discusión. Ahora, la Ciudad de México podría convertirse en territorio de avanzada: colectivos llevaron la Ley Trasciende al Congreso capitalino y buscan abrir una ruta legislativa que coloque a la capital al frente del debate bioético en América Latina

Texto y fotos: Camilo Ocampo / Diario Red

CIUDAD DE MÉXICO. – “¡Mi vida, mi muerte, mi decisión!”. Bajo esta consigna, más de 300 personas tomaron las calles de la capital para participar en la primera marcha por una muerte digna en la Ciudad de México. La movilización partió de Bellas Artes, avanzó hacia el Congreso capitalino, órgano encargado del Poder Legislativo local, y terminó en el Zócalo con una exigencia concreta: que el derecho a decidir sobre el final de la vida deje de ser un tema pendiente en México. 

Entre pancartas y consignas, los colectivos llevaron también una propuesta: la Ley Trasciende, una iniciativa que busca regular la muerte médicamente asistida para personas que atraviesan enfermedades graves, terminales o condiciones que les provocan un sufrimiento considerado insoportable. La propuesta fue presentada ante el Congreso de la Unión y ahora busca abrirse paso también en la discusión pública y legislativa de la capital. 

La movilización coloca a la Ciudad de México en medio de una discusión que ya recorre distintos países de América Latina: ¿hasta dónde llega la autonomía de una persona sobre su propio cuerpo cuando enfrenta el final de su vida? 

La pregunta no es menor y tampoco es nueva. Durante las últimas décadas, distintos países de la región han construido marcos legales diferentes alrededor de la muerte digna, los cuidados paliativos y la eutanasia. 

Colombia es uno de los países pioneros en esta discusión. En 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en determinadas circunstancias y reconoció que el derecho a morir dignamente está relacionado con la dignidad humana y la autonomía personal. A partir de entonces, distintas decisiones judiciales fueron ampliando y precisando las condiciones para acceder a ella, hasta consolidar un marco que convirtió al país en un referente latinoamericano en materia de muerte digna. 

Ecuador también ha avanzado por la vía judicial. En 2024, la Corte Constitucional reconoció el derecho a la eutanasia activa voluntaria para personas que padecen un intenso sufrimiento físico o emocional derivado de una lesión corporal grave e incurable o de una enfermedad grave e incurable, siempre que exista consentimiento libre, informado e inequívoco.  

Argentina, por ejemplo, reconoce desde 2012 el derecho de los pacientes con enfermedades irreversibles, incurables o en estado terminal a rechazar determinados tratamientos y medidas de soporte vital. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido continúan sin estar legalizados. 

Uruguay tomó otro camino. En 2025 aprobó una ley que despenaliza la eutanasia bajo determinadas condiciones y en mayo de este año se realizó la primera muerte por eutanasia amparada en esa legislación. Con ello, el país se convirtió en uno de los referentes más recientes de la región en esta discusión. 

Cuba también avanzó en los últimos meses. El 23 de enero, el gobierno publicó en la Gaceta Oficial la nueva Ley de Salud Pública, que reconoce el derecho a una muerte digna e incorpora la eutanasia, aunque su aplicación todavía depende de una regulación posterior. 

México se encuentra, por ahora, en una etapa distinta. La eutanasia no está legalizada y el marco jurídico alrededor de la muerte digna continúa siendo limitado. Pero el tema comienza a adquirir mayor presencia en las instituciones. 

La Secretaría de Salud abrió recientemente un espacio de discusión sobre bioética y muerte digna, en el que especialistas abordaron las implicaciones médicas, jurídicas y éticas de las decisiones al final de la vida. La conversación incluyó la autonomía de los pacientes, los cuidados paliativos y las condiciones en las que una persona puede decidir sobre los tratamientos que recibe. 

Es justamente en ese contexto donde la Ciudad de México juega un papel relevante. 

La Ciudad de México conoce desde hace años las discusiones sobre derechos que alguna vez parecieron imposibles de legislar. La interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad y otros derechos han formado parte de una agenda en la que la capital frecuentemente ha funcionado como territorio de avanzada. 

Ahora podría convertirse en uno de los principales espacios para discutir una cuestión que todavía genera profundas diferencias: si una persona que enfrenta una enfermedad incurable y un sufrimiento permanente debe tener la posibilidad de decidir cuándo y cómo poner fin a ese proceso. 

Ese escenario comenzó a tomar forma con un encuentro entre dos de los rostros más visibles del movimiento, Samara Martínez y Aurelien Guilabert,  conla jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La reunión se realizó a puerta cerrada y tuvo como uno de sus temas centrales la propuesta de muerte digna que impulsan los colectivos. 

De acuerdo con Martínez, durante el encuentro las autoridades capitalinas manifestaron que el tema es una prioridad tanto para el gobierno como para el Congreso local durante este periodo legislativo. 

“Nos dijo que no solo ella, sino todo el Gobierno local ya está a favor de que sea un tema prioritario en este periodo legislativo”, aseguró la activista ante los asistentes a la marcha. 

Martínez agregó que también existe el compromiso de establecer una ruta de trabajo conjunta entre activistas y autoridades. Los colectivos aseguran que, de acuerdo con datos del gobierno capitalino, el 85 por ciento de la población de la Ciudad de México está a favor de la muerte digna, una cifra que, de confirmarse y dependiendo de la metodología utilizada, mostraría un amplio respaldo social para abrir la discusión. 

La posibilidad de avanzar, sin embargo, también está marcada por el calendario político. La capital podría convertirse en la primera entidad del país en aprobar una reforma de este tipo, pero para conseguirlo el debate tendría que avanzar antes de que el próximo proceso electoral limite los tiempos del Congreso. 

Durante la movilización, los legisladores locales Xóchitl Bravo y Fernando Zárate recibieron también el paquete de iniciativas para iniciar su análisis en próximas sesiones. La propuesta ya no se encuentra únicamente en las calles: ahora tiene que pasar por comisiones, discusión parlamentaria y, eventualmente, por una votación. 

La Ley Trasciende pretende llevar esa discusión al terreno legislativo. Sus impulsores sostienen que no se trata simplemente de “legalizar la muerte”, sino de establecer reglas para garantizar que quienes soliciten una muerte médicamente asistida lo hagan de manera libre, informada y bajo criterios médicos y jurídicos claros. 

Para los colectivos, uno de los problemas actuales es que las decisiones sobre el final de la vida pueden quedar atrapadas entre la voluntad de los pacientes, las posibilidades de la medicina y las decisiones de familiares y médicos. Regular el proceso, sostienen, permitiría establecer responsabilidades y garantías. 

Pero cualquier discusión sobre muerte digna también obliga a hablar de cuidados paliativos. No todas las personas que enfrentan una enfermedad terminal tienen acceso a ellos y, antes de discutir la posibilidad de morir, existe otra pregunta pendiente: ¿el Estado está garantizando que las personas puedan vivir sus últimos días con atención médica, acompañamiento y sin sufrimiento evitable? Ese es uno de los principales retos para México. 

La discusión tampoco puede reducirse a una confrontación entre quienes están “a favor” o “en contra” de la eutanasia. Hay una serie de decisiones que ya forman parte de la atención médica: rechazar un tratamiento, recibir cuidados paliativos, evitar intervenciones desproporcionadas o establecer previamente qué procedimientos se desean recibir en caso de perder la capacidad de decidir. 

La eutanasia y la muerte digna no son exactamente lo mismo, aunque suelen aparecer juntas en el debate público. 

Por eso el momento resulta importante para la Ciudad de México. Mientras Uruguay, Colombia y Ecuador ya legislaron sobre la eutanasia, Cuba incorporó el derecho a una muerte digna en su legislación y Argentina mantiene un modelo basado en la autonomía del paciente y el rechazo de tratamientos, México todavía tiene que decidir qué lugar quiere ocupar en esta discusión. 

La marcha ya llevó el tema a las calles y la Ley Trasciende hasta el Congreso. Ahora corresponde a legisladores, especialistas, personal médico, pacientes y organizaciones discutir qué tipo de regulación necesita el país. 

La Ciudad de México podría adelantarse nuevamente a una discusión nacional y colocarse a la vanguardia del debate bioético en América Latina. El respaldo expresado por el gobierno capitalino y la apertura de una ruta de trabajo con los colectivos pueden ser el primer paso, pero el tiempo corre y el calendario electoral amenaza con estrechar la ventana para legislar. 

El reto será responder una pregunta que no tiene una respuesta sencilla: cómo garantizar que la decisión de morir, cuando llegue el momento, sea realmente una decisión libre y no el resultado del abandono, la falta de cuidados o la ausencia de alternativas.

Este trabajo fue inicialmente publicado en Diario Red América Latina. Aquí puedes consultar la versión original.