Entre el estigma social, la indiferencia institucional y el laberinto burocrático que les niega la identidad, vivir en la calle en la Ciudad de México implica enfrentar una cadena constante de violencias cruzadas. Frente a un modelo estatal que criminaliza la sobrevivencia y desatiende la salud mental o el consumo de sustancias, poblaciones callejeras y la organización Mi Valedor articulan un reclamo urgente por la dignidad

Texto y fotos: Andrea Amaya

CIUDAD DE MÉXICO.— En el marco del Día Latinoamericano de las Luchas y Reivindicación de los Derechos de las Personas en Situación de Calle, población callejera en acompañamiento de la organización de la sociedad civil Mi Valedor y personas solidarias realizaron una marcha pacífica que partió desde el Metro Doctores hasta arribar al Jardín Santiago, en Tlatelolco, para exigir el reconocimiento pleno de esta población como sujetas de derechos frente a la discriminación y el abandono institucional.

La ruta trazó un recorrido intencional por el Eje Central, la Alameda, el Palacio de Bellas Artes, la Plaza de la Concepción (las Conchitas), la Plaza Cuepopan y Garibaldi, espacios donde la población callejera convive y genera redes cotidianas de supervivencia. A lo largo del trayecto, las y los manifestantes visibilizaron las múltiples violencias que enfrentan cotidianamente en el espacio público.

Esta movilización se da en un contexto complejo. De acuerdo con el recuento más reciente elaborado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) en coordinación con el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), correspondiente al periodo 2023-2024, en la Ciudad de México se contabilizan al menos 1,124 personas en situación de calle, concentrándose la mayor densidad en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

Ante esta dimensión cuantitativa y social, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) ha emitido un llamado urgente a las autoridades locales para reconocer de manera efectiva a las poblaciones callejeras como sujetas de pleno derecho, conforme a lo mandatado en el artículo 11 de la Constitución capitalina.

La transformación de Mi Valedor y el valor simbólico de tomar la calle

La movilización se enmarca en una fecha que conmemora la Masacre de la Plaza de la Sé, ocurrida en São Paulo, Brasil, un hito que desde hace cinco años se ha tomado de forma activa en la capital mexicana.

Arturo Soto, director del área social de Mi Valedor —organización que actualmente mantiene 72 expedientes activos de colaboradores conocidos como «valedores»—, explica que el proyecto surgió hace 11 años por iniciativa de su fundadora, María Portilla, para replicar el modelo europeo de los street papers, como la revista Big Issue de Londres.

Sin embargo, tras la emergencia sanitaria por covid-19, el modelo debió reconfigurarse a fondo.

«A partir de la pandemia empezamos a modificar la forma de trabajo para adaptarla más a las condiciones de exclusión propias de México. Empezamos a ver que las necesidades no tenían necesariamente que ver solo con lo económico, sino también con la comunidad y la escucha», precisa Soto.

El activista explica que, al trasladar la distribución de productos editoriales y artísticos hacia ferias del libro, museos y galerías, la organización transitó hacia un modelo activista donde la expresión cultural y el arte operan como herramientas de sanación e integración comunitaria.

Soto enfatiza la profunda carga simbólica que representa que las personas en situación de calle marchen de forma consciente por el Eje Central:

«A diferencia de ti o de mí, la calle para ellos no es un lugar de tránsito: es su lugar de vivienda, de generación de ingresos y donde generan lazos. La diferencia, al hacerlo activamente y conscientemente como un acto de marcha y protesta, es que buscamos que ahora sí los vean. Hay tanta normalización de las personas que viven en calle como parte del entorno urbano, que lo que hay ya es una indiferencia total. Ya ni siquiera creo que haya un desprecio por parte de la sociedad; es como si fueran un árbol o un coche para ellos».

Como reflejo de esta deshumanización cotidiana, el activista alude a un suceso reciente ocurrido en la alcaldía Tlalpan, donde el cuerpo sin vida de un habitante de calle permaneció encorvado durante cinco horas en la banqueta sin que los transeúntes se acercaran a verificar si aún respiraba: «Me parece gravísimo llegar a ese punto y por eso es tan importante hacer estas movilizaciones: para que ahora sí nos vean y se posicionen como actores políticos activos».

Carencias estructurales: del laberinto burocrático a las violencias cruzadas

La experiencia cotidiana en el acompañamiento a las poblaciones callejeras evidencia un entramado de ausencias institucionales que impiden el ejercicio pleno de sus derechos humanos. En entrevista para Pie de Página, Arturo Soto advierte que la situación de calle representa el «eslabón máximo de la exclusión», un punto crítico donde se han roto sucesivamente el núcleo familiar, los vínculos sociales y la protección gubernamental.

El director del área social de la organización detalla cómo la discriminación institucionalizada comienza con trámites aparentemente sencillos. Obtener una credencial para votar (INE) se convierte en un bucle burocrático cuando se exige un comprobante de domicilio a quien habita en la vía pública.

Aunque existe un protocolo oficial de atención, enfatiza que no se ajusta a la realidad de una población flotante con dinámicas y horarios laborales heterogéneos. Esta falta de identidad no solo los invisibiliza ante el Estado, sino que entorpece su acceso a servicios de salud y programas sociales.

En el ámbito sanitario, el panorama no es más alentador. Soto denuncia que en los hospitales públicos es recurrente la negación de atención médica básica basada en prejuicios sobre la apariencia o la higiene de las personas. La situación se agrava radicalmente cuando se habla de salud mental o psiquiatría: la burocracia excesiva imposibilita conseguir diagnósticos y tratamientos oportunos, mientras que la vida en el espacio público impide resguardar medicamentos o mantener la adherencia a un tratamiento.

Las barreras se extienden al ámbito laboral y habitacional. El activista explica que, incluso cuando un compañero logra reunir el dinero suficiente para pagar un alquiler, los caseros suelen negarles el servicio tras enterarse de que provienen de la calle. Por ello, insiste en la urgencia de replantear el concepto de trabajo y regular las actividades económicas que ellos ya ejercen —como limpiar parabrisas o reciclar PET—, en lugar de pretender encajarlos en esquemas tradicionales con horarios de oficina que no se adaptan a su historial de vida.

Estas violencias no afectan a todos por igual. Arturo Soto remarca la importancia de analizar la calle desde la interseccionalidad, pues factores como la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad o el estatus migratorio incrementan exponencialmente la vulnerabilidad.

La expulsión del núcleo familiar por prejuicios de género o religión suele ser la puerta de entrada a la calle, donde además las mujeres y personas menstruantes enfrentan severas dificultades para llevar un proceso menstrual digno por los costos de los insumos y la falta de sanitarios.

Y sostiene que criminalizar el consumo de sustancias en la calle es criminalizar su propia subsistencia. La sustancia, explica, suele ser una respuesta desesperada para amortiguar el frío, el hambre o la soledad. Por esta razón, desde Mi Valedor apuestan por un enfoque de reducción de daños no punitivo que comprenda que la adicción no es el problema de origen, sino el síntoma de carencias emocionales y de entorno que el Estado no ha sabido resolver.

«No somos personas fuera de este planeta»

Las pancartas y consignas portadas durante el recorrido fueron diseñadas de forma colectiva en talleres sobre protesta impartidos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, vinculando la movilización con el resguardo de la memoria y la disidencia.

Ponchis, una mujer de 34 años de edad e integrante de Mi Valedor, alzó la voz para exigir un trato digno y recordar a quienes han fallecido en el espacio público debido a la negligencia y la falta de apoyo:

«El día de hoy marcho para que todos aquellos que no están aquí presentes —desde los que ya murieron hasta los que están perdidos en la drogadicción— sean escuchados. Pedimos que nos respeten como mujeres, que las autoridades no sean tan gandallas. No somos animales, no somos gente fuera de este planeta. Lo que pido es que nos entiendan, que no nos juzguen; que nos brinden una mano, no una cachetada; que nos brinden un techo, no una patada. A veces con un abrazo o un “te escucho” es bastante. A Mi Valedor me acerqué por mi pareja, que en paz descanse y murió en la calle. Por la enfermedad del alcoholismo y la adicción se lo llevó. Por eso estamos aquí: para que vean que somos seres humanos con sentimientos e historias atrás».

Fredi, también colaborador de la organización, remarcó la importancia de que las autoridades traduzcan la presencia de la marcha en políticas públicas permanentes:

«Ya llevamos dos marchas. Lo que queremos es que el gobierno realmente vea este tipo de manifestaciones, que no sea de dientes para afuera. Queremos que los recursos realmente se utilicen con la gente de la calle: que pongan comedores públicos, regaderas, que tengamos derecho a tener papeles sin tanto problema, a una credencial de elector. Hacemos una marcha pacífica para que nos vea la gente y para que el gobierno haga respetar todo aquello que estamos pidiendo».

Un reclamo por la dignidad

Al arribar al Jardín Santiago y en el marco del foro Sin techo con derechos, los manifestantes hicieron lectura pública del pliego petitorio dirigido a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; al secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Enrique Yanes Rizo, y al director ejecutivo del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Guillermo Alán García Capcha.

Sustentado en los mandatos de la Constitución Federal y la Constitución Política de la Ciudad de México, el documento sintetiza las demandas más urgentes de una población históricamente invisibilizada.

En materia de derechos económicos y de bienestar básico, el pliego exige la creación de programas de trabajo digno que integren a personas en situación de calle en tareas comunitarias y servicios urbanos con remuneración justa y seguridad social, así como la instalación y mantenimiento de baños públicos y regaderas gratuitas e higiénicas.

A la par, se demanda la facilitación de trámites para la obtención de actas de nacimiento, CURP e INE mediante módulos itinerantes y sin el requisito del comprobante de domicilio, garantizando el derecho fundamental a la identidad.

El área de salud representa otro eje prioritario: el documento exige atención médica digna, oportuna y sin discriminación, sancionando a los hospitales que incurran en rechazos, además de una inversión real en clínicas especializadas para el tratamiento del consumo problemático de sustancias y salud mental bajo un enfoque de derechos humanos y no punitivo, ordenando el cierre inmediato de anexos que violen la dignidad humana.

Respecto a la infraestructura pública, se solicita la colocación de contenedores de basura para mejorar la convivencia urbana y la reconversión de los albergues capitalinos en espacios seguros, limpios, con atención médica permanente y orientación hacia la reinserción social, evitando el hacinamiento y el mero confinamiento.

La agenda de seguridad e institucionalidad plantea el cese inmediato a la violencia, extorsión, detenciones arbitrarias y prácticas de «limpieza social» por parte de los cuerpos policiales, exigiendo mecanismos directos de denuncia y un reconocimiento público del Estado que asuma la insuficiencia de las políticas actuales.

Para respaldar este cambio, el pliego propone la capacitación obligatoria en derechos humanos para servidores públicos de primera línea, la difusión de campañas de sensibilización sobre las barreras estructurales de la calle y un acceso transparente a la información sobre los programas disponibles.

Finalmente, las exigencias abarcan la dimensión de la justicia y la colaboración comunitaria a través de la creación de una fiscalía especializada en delitos cometidos contra poblaciones callejeras, la puesta en marcha de un programa especializado de vivienda social y la habilitación de un mecanismo legal que permita a personas cercanas —sin el requisito estricto de parentesco directo— reclamar los cuerpos de quienes fallecen en la calle para evitar que terminen en fosas comunes.

La jornada concluyó con el llamado a trabajar conjuntamente con las iniciativas ciudadanas existentes y establecer mesas de trabajo con plazos verificables, recordando que la dignidad humana en la capital no puede depender de contar con un techo.