La emboscada contra integrantes del Frente Popular Revolucionario en Miahuatlán de Porfirio Díaz no solo cobró la vida de un escolta, también volvió a poner sobre la mesa la crisis de violencia que enfrentan activistas y defensores de derechos humanos en Oaxaca, una entidad donde las organizaciones sociales denuncian un entorno cada vez más hostil

Texto: Camilo Ocampo.

La noche del 22 de junio, alrededor de las siete, sobre la carretera federal 175, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) que viajaban a bordo de su vehículo fueron emboscados por un automóvil gris desde el cual hombres armados abrieron fuego en su contra.

En el atentado, que iba dirigido contra José Alberto Martínez Luna, dirigente regional de la organización y expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, hijo de Tomás Martínez Pinacho —referente de dicha organización en la Sierra Sur, fundador de la Unión de Campesinos Pobres y asesinado en 2020 en el mismo estado—, murió en cumplimiento de su deber Juan José Cruz Padilla, militante del Frente e integrante del equipo de seguridad del exedil.

Tanto Martínez Luna como Jesús Sabas, otro de sus escoltas, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

El Frente Popular Revolucionario, fundado el 28 de septiembre de 2001, es una organización de masas de orientación marxista-leninista que se define como representante de las luchas de obreros, campesinos y sectores populares, con el objetivo de impulsar una transformación estructural de la sociedad mexicana.

Oaxaca y una crisis de ataques contra activistas

El ataque ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de defensores y activistas sociales en Oaxaca.

De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), Oaxaca atraviesa un escenario de creciente violencia contra quienes realizan trabajo comunitario y de defensa de derechos.

Durante una conferencia de prensa realizada en abril de 2026, señalaron que, desde el inicio de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, se han registrado 33 asesinatos de personas defensoras y activistas, además de tres desapariciones forzadas y dos personas localizadas con vida tras ser reportadas.

Las organizaciones afirmaron que estos hechos colocan a Oaxaca entre las entidades con mayores niveles de riesgo para quienes participan en movimientos sociales y comunitarios, al tiempo que acusaron un ambiente de estigmatización hacia organizaciones y defensores.

En conferencia de prensa frente a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, el FPR calificó la agresión como una «agresión de Estado» y responsabilizó políticamente al gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, así como a autoridades municipales de Miahuatlán.

La organización afirmó que el ataque forma parte de una política de persecución contra voces críticas mediante grupos policiacos y paramilitares disfrazados de delincuencia organizada, y denunció que, pese a amenazas previas, las autoridades no reforzaron las medidas de protección para José Alberto Martínez Luna.

La Fiscalía General del Estado informó que inició las investigaciones correspondientes y desplegó un operativo para localizar a los responsables. Sin embargo, para el FPR, el atentado trasciende el ámbito criminal y constituye una expresión de la violencia política que, asegura, enfrentan las organizaciones sociales en Oaxaca.