La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si las empresas de agrotóxicos pueden ser demandadas por no advertir el riesgo de cáncer de sus productos. La decisión, que se suma a una ofensiva legislativa para blindar a los fabricantes, ocurre mientras la administración Trump declara el glifosato como prioridad de seguridad nacional en el marco de la guerra comercial con China

Texto: Erica L. Hagman Aguilar y Alejandro Ruiz

Foto: Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – El caso Monsanto contra Durnell se encuentra en revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS).^[i] La audiencia de argumentos orales de las partes está programada para el lunes 27 de abril, y tras ella la Corte deliberará para luego votar y dictar una sentencia —prevista para julio de 2026— que impactará de manera directa la forma en que debe regularse el etiquetado de advertencia en los plaguicidas en EUA. La decisión es determinante para que las personas expuestas a estas sustancias puedan o no demandar a las empresas de agrotóxicos por su responsabilidad respecto a los efectos no advertidos de sus productos, por ejemplo, al desarrollar cáncer por la exposición al glifosato.

En 2023, John L. Durnell había demandado a Monsanto y recibido un veredicto favorable al reconocerse el vínculo causal entre el desarrollo de cáncer de tipo Linfoma No Hodgkin (LNH) y la exposición al Roundup, principal marca del herbicida a base de glifosato (HBG) en ese país, toda vez que Monsanto sabía del riesgo carcinogénico de su producto químico sin advertirlo. En aquel juicio se determinó que la empresa debía pagar 1.25 millones de dólares al agraviado.

Sin embargo, a través de su ahora filial, Bayer presentó una petición para un auto de certiorari, en abril de 2025, para que el Máximo Tribunal revisara el asunto. El mismo día, la empresa comunicó que el litigio «amenaza la capacidad de Monsanto para continuar suministrando productos a base de glifosato a agricultores y otros usuarios profesionales».

El argumento central presentado por la compañía de plaguicidas es que hay una diferencia de criterios en los casos de Roundup en distintos circuitos del sistema federal de justicia de EUA, consistente en la prevalencia o no de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) sobre las reglamentaciones estatales en materia de etiquetado de advertencia, al haber un registro y aprobación previa de tales etiquetas por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), una instancia federal.

La EPA ha sido acusada públicamente y ante tribunales por permitir, de manera consistente, la comercialización masiva de más de cien plaguicidas cancerígenos, por fallar en la advertencia del riesgo de cáncer y por mantener una relación estrecha con Monsanto. Hay reportes que refieren a una colusión con la industria desde 1985.

En junio de 2025, la SCOTUS invitó al Procurador General de EUA a emitir sus opiniones sobre el caso, Bayer lo celebró en una comunicación. El 1 de diciembre de 2025, la oficina del Procurador General presentó un primer amicus curiae en el que expresa «la visión de los Estados Unidos» respecto al asunto, reafirmando la postura de Bayer y recomendando a la Suprema Corte que conceda la petición a la empresa.

Entre otros argumentos, el documento del Procurador menciona las atribuciones de la EPA y cómo esta autoridad ha respaldado su «sólida evaluación científica» para concluir que «no es probable que el glifosato sea carcinógeno para los humanos», al tiempo que «ha aprobado sistemáticamente las etiquetas de Roundup sin una advertencia sobre el riesgo de cáncer», en otro comunicado Bayer se mostró complacida.

Cientos de entidades gubernamentales, grupos agrícolas, asociaciones empresariales y organizaciones han presentado cerca de una veintena de escritos de amici curiae. Del lado de Monsanto están: una coalición de 36 legisladores estatales, la Cámara de Comercio, varios grupos agrícolas industriales y el propio gobierno de los Estados Unidos.

A favor de Durnell presentaron escritos varias organizaciones de personas agricultoras y trabajadoras agrícolas, centros de estudios como el Center for Food Safety y una coalición de ex oficiales de la EPA, esta última bajo el argumento de que la Agencia federal ha fallado en la advertencia de los daños a la salud y que las regulaciones estatales no interfieren con las federales, sino que las complementan.

Proyectos legislativos sobre inmunidad para fabricantes

La premisa de Bayer en el caso Monsanto contra Durell está presente en múltiples espacios legislativos. El mismo argumento se replica en distintas iniciativas de regulación, federales y estatales, llamadas «Pesticide immunity bills«, dado que limitan la responsabilidad de los fabricantes de plaguicidas en cuanto al etiquetado de advertencia que haya sido aprobado por la EPA.

Dakota del Norte y Georgia son los primeros estados en conseguir que se aprobaran este tipo de leyes, entre 2024 y 2025. Otros doce estados han presentado iniciativas para el blindaje de las compañías fabricantes de agrotóxicos: Iowa, Tennessee, Kansas, Florida, Oklahoma, Kentucky, Carolina del Norte, Misuri, Wyoming, Misisipi, Idaho y Montana, con Modern Ag Alliance^[ii] como principal impulsora, presionando en al menos 21 de los 50 estados de EUA.

A nivel federal, en julio de 2025, fue presentada la Sección 453^[iii] como parte de la «Department of the Interior, Environment, and Related Agencies Appropriations Act, 2026«, Ley de Apropiaciones patrocinada por el representante republicano por Idaho, Mike Simpson, y defendida también por Modern Ag Alliance. La representante Chellie Pingree logró la eliminación de la Sección 453 de la referida Ley de Apropiaciones, en enero de 2026.

Según el Environmental Working Group, la Sección 453 era una disposición que «prohibiría a los estados regular los pesticidas de una manera que se adapte mejor a sus entornos locales y proteja mejor a sus comunidades… ya no podrían añadir nada a las etiquetas de los plaguicidas que no sea lo exigido por la EPA«. Por su parte, la representante Pingree declaró que la sección «habría otorgado a los fabricantes de plaguicidas exactamente lo que han estado pidiendo: prelación federal que impide a los gobiernos estatales y locales restringir el uso de sustancias químicas nocivas y cancerígenas, añadir advertencias sanitarias o exigir responsabilidades judiciales a las empresas…, [el] texto habría restringido la capacidad de la EPA para responder a los avances científicos y habría reforzado los argumentos de la industria…».

El 5 de marzo de 2026, fue aprobada la «Farm, Food, and National Security Act of 2026«, cuyo proyecto fue presentado por el representante republicano por Pensilvania y presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, Glenn Thompson, con 34 votos a favor —todas las personas representantes republicanas y siete demócratas— y 17 en contra. Se trata de la propuesta formal para la actualización de la Farm Bill o Ley de Agricultura de 2026, diseñada para autorizar programas de agricultura, nutrición y conservación hasta 2031. Se espera que el proyecto sea votado en el Pleno de la Cámara el lunes 27 de abril de 2026, en medio de presiones de cientos de personas contra la inmunidad empresarial que representa.

Poco antes de la votación en el Comité de Agricultura, Pingree había presentado una campaña llamada «Protect Our Health«, apoyada por Beyond Pesticides, así como una enmienda que fue rechazada por el Comité de Agricultura. Ambas pretendían eliminar texto de las Secciones 10205,^[iv] 10206^[v] y 10207^[vi] del proyecto de Ley, lo que, según la oficina de la congresista, habría «asegurado que el proyecto de ley final mantuviera tres salvaguardas fundamentales: (i) Revisión judicial del fracaso de los fabricantes de productos químicos de advertir sobre los peligros de los pesticidas; (ii) Derecho democrático de los gobiernos locales en coordinación con los estados para proteger a los residentes del uso de pesticidas; y, (iii) Acción local específica del sitio para garantizar la protección (la seguridad del aire, el agua y la tierra de los pesticidas bajo numerosos estatutos ambientales)».

El 22 de abril de 2026, la congresista demócrata Pingree y el congresista republicano Thomas Massie, junto a otros congresistas, presentaron ante la Cámara de Representantes la «Protect Our Health Amendment«, enmienda bipartidista cuyo propósito es eliminar del proyecto de Ley de Agricultura todo el lenguaje que otorga inmunidad a las empresas de agrotóxicos como Bayer y así poder responsabilizarles de los efectos de sus productos.

Litigios y documentos internos de Monsanto

Lo que está sucediendo en la Corte Suprema se suma a una serie de acontecimientos en torno al control sanitario del glifosato en Estados Unidos.

Bayer ha estado lidiando, desde 2020, con una demanda colectiva presentada por accionistas de la empresa que alegaron que se les había engañado durante el proceso de adquisición de Monsanto, ocurrido entre 2016 y 2018, al minimizar los riesgos de litigio ante las demandas en EUA por los casos de Roundup —las dos primeras demandas se presentaron en 2016— y de los bifenilos policlorados (PCB) —los casos individuales datan de los años 90, mientras que la primera demanda estatal llegó en 2016—,^[vii] mismos que Bayer sigue combatiendo en tribunales de varios estados y demarcaciones de ese país. En abril de 2025, los accionistas obtuvieron un acuerdo por 38 millones de dólares, aprobado por el juez federal en octubre de ese mismo año.

Bayer, a través de su filial Monsanto, enfrenta aún más de 67,000 demandas por daños punitivos y compensatorios por el uso de Roundup, relacionadas con el desarrollo de cáncer en decenas de miles de personas —distintos tipos de leucemia y linfomas, en especial LNH—. Ello, después de haber llegado a arreglos monetarios en unos 100,000 casos, pagando cerca de 11 mil millones de dólares. Más detalles sobre los juicios y los arreglos de Monsanto están disponibles en el sitio de la organización U.S. Right to Know.

Los Monsanto papers, relacionados con los casos de Roundup, salieron a la luz a partir de las tres primeras victorias contra Monsanto, entre 2018 y 2019.^[viii] Se trata de miles de documentos internos de la empresa obtenidos por una firma de abogados a través de un mecanismo judicial formal que permite a las partes, previo a un juicio, intercambiar información, documentación, pruebas y datos de testigos.

En los documentos se revelan, según describe la firma de abogados, estrategias coordinadas de prácticas científicas y empresariales como: redacción de artículos científicos publicados bajo los nombres de investigadores supuestamente independientes; colaboración estrecha entre directivos de Monsanto y altos funcionarios de la EPA; vigilancia de personas periodistas, activistas y científicas críticas; y ocultamiento de estudios conducidos por la propia empresa en los que se advertía sobre los daños potenciales a la salud humana por la exposición al Roundup.

La firma califica el conjunto documental como «una de las exposiciones más significativas de la malicia corporativa en la historia moderna…, revelan una campaña sistemática de décadas del gigante agroquímico para manipular la investigación científica, corromper los procesos regulatorios y engañar al público sobre la seguridad de su herbicida insignia, Roundup… cuentan una alarmante historia de escritura fantasma, manipulación científica, captura regulatoria, ataques coordinados contra científicos independientes y la creación de operaciones de inteligencia sofisticadas dirigidas a periodistas y activistas».

En los litigios de Roundup esto ha sido citado cuando Monsanto presenta argumentos con base en evaluaciones elaboradas por la EPA para afirmar que el glifosato no causa cáncer, al tiempo que omite estudios y diagnósticos de otras instancias gubernamentales que le son desfavorables. Por ejemplo:

• El «Perfil toxicológico del glifosato» de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) que confirma la conclusión de la IARC sobre la carcinogenicidad del glifosato. La IARC es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La administración Trump decidió que EUA dejara la OMS en enero de 2025 y cortó lazos con la IARC en marzo de 2026.
• La «Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 2017-2018» (NHANES) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que muestra que cerca del 80% de la población de EUA tiene glifosato en la orina, resultado consistente con la NHANES 2013-2014.
• Una investigación de los CDC señaló que existe una asociación entre la exposición al glifosato y la presencia de marcadores moleculares de estrés oxidativo. Hay evidencia científica de cinco mecanismos a través de los que el glifosato y sus formulaciones causan cáncer; uno de ellos es el estrés oxidativo.

En junio de 2025, el director ejecutivo de Bayer se reunió con oficiales del más alto nivel de la EPA con el propósito de discutir los problemas legales y judiciales de la empresa respecto al glifosato. A partir de aquella reunión se registró un incremento de acciones de la administración Trump favorables para la empresa.

Por otro lado, ha crecido el distanciamiento entre el director de la EPA, Lee Zeldin, y las bases sociales del movimiento MAHA, al grado que han solicitado la renuncia del funcionario debido a sus posturas hacia la industria de los plaguicidas. Recientemente, el senador demócrata Jeff Merkley envió una carta de supervisión a Lee Zeldin en la que expresa preocupación sobre los conflictos de interés al interior de la EPA por la infiltración de ex cabilderos corporativos de la industria química en puestos clave de la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación.

La relación del gobierno de Trump con Monsanto/Bayer

El apoyo de Trump hacia la empresa tiene antecedentes. Uno de los más referidos es el caso del agente naranja, herbicida utilizado por EUA como arma química durante la guerra de Vietnam, con secuelas sanitarias y ambientales que persisten hasta la fecha y que afectan a miles de personas en ese país. Una de las principales empresas que fabricaba este químico fue Monsanto —otra fue Dow Chemical—. La compañía llegó a un acuerdo en 2012 con las víctimas que le demandaron y, ese mismo año, el gobierno de EUA se comprometió a limpiar los residuos del químico que subsisten en los sitios donde fue rociado, toda vez que se generaron dioxinas, clasificadas como una de las sustancias químicas sintéticas más peligrosas y persistentes en el ambiente. La administración Trump detuvo la limpieza en 2025.^[ix]

El espaldarazo más reciente y significativo del presidente Trump hacia Monsanto es la publicación de una Orden Ejecutiva (OE) que dicta que, en razón de seguridad y defensa nacionales, debe garantizarse el suministro de fósforo elemental y de glifosato en Estados Unidos, además de dotar de inmunidad a la industria extractiva del fósforo, como mineral crítico, y a las empresas fabricantes del herbicida altamente peligroso.

La OE guarda relación con la guerra comercial de EUA contra China y la estrategia de reindustrialización de la administración Trump, en un intento para mantener a flote un modelo decadente e insostenible. El fósforo es un mineral no renovable, crucial para las industrias agrícola y de la guerra. Las mayores reservas están en Marruecos y el Sahara Occidental, e importantes reservas en China, Argelia, Siria, Jordania, Sudáfrica, EUA y Rusia. 

El fósforo elemental se usa para la cadena de suministro de glifosato, con Bayer como propietaria de la única planta en EUA, ubicada en Idaho. Según reportes, la planta de fósforo en Idaho es uno de los sitios más contaminados del país.^[x]

La OE no menciona que la cadena de suministro de fósforo elemental para el glifosato se encuentra en expansión desde antes de la emisión de la orden. Tampoco menciona que Bayer produce fósforo blanco, a partir de fósforo elemental, como una de las pocas compañías fabricantes de esta arma de guerra en el mundo y la única en EUA. Se trata de una sustancia incendiaria cuyo uso está prohibido en áreas y poblaciones civiles.^[xi] El fósforo blanco y el glifosato, como armas químicas de guerra, forman parte de lo que la red internacional de Coordinación sobre los peligros de Bayer ha llamado una despiadada sed de ganancias.

En el contexto de la guerra comercial con China, los datos son los siguientes:

• En China hay una gran capacidad de producción de glifosato que recae en varias compañías y hoy domina el 66% del total mundial (810 mil toneladas por año). En EUA, Bayer opera la única cadena de producción de glifosato totalmente integrada, que depende del fósforo elemental, con una capacidad del 31% de la producción global (380 mil toneladas por año). El resto de la producción global la tienen otras empresas de EUA, sin una cadena integrada, e India.
• Con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, se estima que el consumo de glifosato en ese país oscila entre 127 mil y 136 mil toneladas (280 millones y 300 millones de libras) por año, con el mayor uso en Iowa, Texas, Kansas, Illinois, Nebraska, Dakota del Norte, Minnesota, Indiana, Dakota del Sur y Montana.

En esos estados se encuentran varios de los condados con mayor uso de plaguicidas y que registran una incidencia de cáncer con tasas superiores al promedio nacional. Los condados con mayor uso de glifosato tienen tasas elevadas de cáncer de tipo LNH, según un análisis de 2025. Sobre esto, el director científico del Center for Food Safety ha publicado una columna al respecto.

La OE de Trump afirma que los herbicidas a base de glifosato (HBG) «desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la ventaja agrícola de Estados Unidos al permitir a los agricultores producir alimentos y piensos de manera eficiente y rentable», que son «las herramientas de protección de cultivos más utilizadas en la agricultura de los Estados Unidos, … una piedra angular de la productividad agrícola y la economía rural» de esa nación y que, con ellos, agricultores y ganaderos mantienen «altos rendimientos y bajos costos de producción, al tiempo que garantizan que las opciones alimentarias saludables y asequibles permanezcan al alcance de todas las familias estadounidenses».

Es un hecho documentado que el glifosato ha sido señalado como la sustancia herbicida más usada en EUA y a nivel mundial, y que el incremento de su uso (1500%) está directamente relacionado con la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM), cuyo principal productor es EUA, seguido de Brasil, Argentina, Canadá e India. 

Sin embargo, productores en EUA han tenido que recurrir a otras opciones para controlar la proliferación de «super malezas«, provocada principalmente por el glifosato.^[xii] Investigaciones científicas también relacionan su uso con deficiencias en la salud y nutrición de los cultivos, alteración de la biodiversidad del suelo y efectos adversos para su fertilidad a largo plazo, que persisten aun cuando la aplicación se detuvo.

Ello impacta en el rendimiento de los cultivos. La producción opera con subsidios dirigidos al agronegocio,^[xiii]una práctica vigente desde hace décadas que es cada vez más cuestionada. El modelo no incorpora las externalidades sanitarias y ambientales identificadas en la literatura científica: costos por el tratamiento de distintos tipos de cáncer, trastornos metabólicos crónicos y neurodegenerativos, malformaciones congénitas y alteraciones reproductivas, así como costos por contaminación y degradación de ecosistemas terrestres y acuáticos, y pérdida de especies.^[xiv]

Del 25 al 27 de marzo de 2026 se llevó a cabo el Simposio de Glifosato de Seattle, donde se congregaron científicos de distintas disciplinas —epidemiología, toxicología, medicina, entre otras— así como expertos en áreas jurídicas, de comunicación y periodismo, que han estudiado el caso del glifosato, con el propósito de revisar el estado de la ciencia diez años después de la conclusión de la IARC.^[xv] En la declaración conjuntaadoptada al final de la reunión se señala que:

• Los seres humanos están expuestos al glifosato, siendo la alimentación la principal vía de exposición y la ocupacional la más severa.
• Según encuestas de EUA e internacionales, hay glifosato en muestras recogidas del 70-80% de las personas examinadas, incluidas infantes.
• Hay evidencia científica acumulada de que el glifosato puede causar cáncer en humanos, además de evidencia sobre otros daños a la salud, incluidas enfermedades en órganos e impactos en diversos sistemas.
• También hay evidencia de daño genético, estrés oxidativo y disrupción hormonal, y se requieren más estudios para una mejor comprensión sobre las alteraciones epigenéticas, la interrupción del microbioma y los efectos endocrinos causados por el glifosato y los HBG.
• La evidencia es tan fuerte que no hay justificación para el retraso en la regulación del glifosato como una sustancia peligrosa, cuyo uso debe ser limitado y eliminado para proteger la salud pública.
• Todo panel científico y evidencia usada en las evaluaciones de riesgo de plaguicidas debe ser de acceso público, libre de conflictos de interés y sin participación de la industria.
• El sesgo de los estudios financiados por la industria debe ser contabilizado; la industria tiene que asumir los costos para la obtención de datos de exposición y de los daños, pero las pruebas deben ser realizadas por laboratorios y organizaciones independientes.
• Es imperativo para los ecosistemas y la salud humana de las generaciones presentes y futuras que se reduzcan y eliminen, en general, los plaguicidas a nivel global, reemplazándolos con sistemas seguros y sostenibles.

Bajo el modelo agrícola industrial dependiente de glifosato se producen mercancías de bajo contenido nutricional con residuos de ese y otros plaguicidas altamente peligrosos (PAP), cuyos efectos acumulativo —consumo de varios alimentos con distintos niveles de residuos—, crónico —consumo cotidiano de alimentos con residuos— y de cóctel —efectos combinados y sinérgicos por la exposición a varios agrotóxicos— no son abordados en las regulaciones. Varias de esas mercancías son ultraprocesadas, con ingredientes y aditivos —varios de ellos hechos a base de OGM, como saborizantes, colorantes, edulcorantes, conservadores, emulsificantes, espesantes— sin advertencia para las y los consumidores.

La OE de Trump asevera que «no existe una alternativa química» para reemplazar a los HBG y que sin ellos se «pondría en peligro críticamente la productividad agrícola, añadiendo presión al sistema alimentario doméstico», mientras que «cualquier restricción importante en el acceso a los [HBG] resultaría en pérdidas económicas para los productores y les haría insostenible satisfacer las crecientes demandas de alimentos y piensos».  

Hay análisis que documentan cómo el negar la existencia de alternativas forma parte de la propaganda y estrategias de la agroindustria para pocisionar en la opinión pública distintas vertientes de un mismo sofisma: que sus productos tóxicos son imprescindibles para alimentar al mundo y que dejar de usarlos conlleva efectos catastróficos. Sobre la multiplicidad de alternativas viables y sostenibles —en términos económicos, sociales, ambientales y culturales— para dejar de usar el glifosato, se abundará en la tercera entrega de esta radiografía.

Sobre el cabildeo y las redes de influencia de Bayer, reportajes recientes revelan una veintena de vínculos de funcionarios clave de la administración Trump con el equipo legal o la red de cabildeo de Bayer, y un gasto de 9.19 millones de dólares en lobbying que mantiene la actividad de 13 empresas externas y 45 cabilderos operando para influir en el Congreso y en la Rama Ejecutiva de ese país: acceso a funcionarios con poder de decisión en la Casa Blanca, el Departamento de Agricultura de EUA (USDA) y la EPA, entre otras. Se ha documentado que la política tóxica de Bayer y de la industria agroquímica ha envenado las tres Ramas del gobierno de EUA (Ejecutiva, Legislativa y Judicial).

Las acciones de Bayer han recuperado su valor durante la administración Trump, en especial de noviembre de 2025 a la fecha. El respaldo a los titanes de la industria de plaguicidas y OGM data del primer mandato de Trump con continuidad de Biden; la OE forma parte de este fenómeno, dotando de certeza a las y los inversionistas de Bayer.

Un día antes de la publicación de la OE, Bayer anunció un acuerdo de conciliación de demanda colectiva como parte de un juicio radicado en el Tribunal de Circuito de la Ciudad de San Luis, Misuri, para «resolver» los litigios de Roundup actuales y futuros de personas expuestas a estos herbicidas —expuestas antes del 16 de febrero de 2026, y que tengan un diagnóstico de cáncer dentro de los 16 años siguientes—. En la sección de pagos de liquidación del acuerdo se establece un Fondo por hasta 7,250 millones de dólares, con un pago inicial de 1,000 millones (dividido en dos partes) en 2026, y pagos anuales que van de los 550 millones a los 250 millones, extendiéndose por 16 años y, de ser necesario, otros 4 años más. El pago por «paquete de reclamación elegible» sería de hasta 165,000 dólares, dependiendo del tipo de exposición al agrotóxico, de la edad del reclamante y el subtipo de LNH.

El análisis de WisnerBaum señala que este acuerdo está separado de otros a los que la empresa puede llegar para casos individuales, no implica que Bayer acepte responsabilidad y puede retirarse del acuerdo si pocos demandantes deciden participar. El 4 de marzo de 2026, Bayer obtuvo la aprobación preliminar del acuerdo por el juez de distrito Timothy J. Boyer, sin que ello sea una decisión final. Hubo un comunicado de Bayer al respecto que muestra su postura a favor de la aprobación. La periodista Carey Gillam ha reportado que hay un grupo de bufetes de abogados, representantes de unos 20,000 demandantes, que se ha opuesto al acuerdo por considerarlo injusto.

El margen de ventas en la división Crop Science de Bayer, según su reporte corporativo de 2025, representa cerca del 50% de las ventas totales de la empresa, equivalente a unos 22.37 mil millones de euros. Sus mayores activos se concentran en el continente americano con ventas por alrededor de 9.36 mil millones de euros en Norteamérica (42%) y 6.24 mil millones de euros en América Latina (28%). El glifosato y el maíz GM son los productos que, en lo individual, reportan más ventas para la división: ^[xvi] 6.6 mil millones de euros para el maíz GM (29.5% de las ventas de la división) y 2.6 mil millones para los HBG (11.6% de las ventas de la división).

En el glosario corporativo, la empresa llama a estos productos «herramientas de protección de cultivos», un eufemismo inventado por la agroindustria para nombrar sustancias tóxicas, varias de ellas altamente peligrosas, diseñadas para dañar o eliminar «organismos blanco» (las llamadas «plagas» o «malezas»), pero que también afectan a otros seres vivos y sus entornos, con efectos acumulativos y sinérgicos.

En sus reportes, Bayer no refiere a las personas demandantes como personas enfermas de cáncer y todo lo que ello implica. En cambio, aborda los alegatos presentados en los juicios, los riesgos y las oportunidades que los litigios implican para su negocio en términos de pérdidas y ganancias, así como las estrategias para contrarrestar los riesgos: acuerdos monetarios colectivos e individuales, cabildeos con autoridades, legislaciones introducidas en el Congreso, peticiones de audiencia ante la Suprema Corte de EUA, números y costos. En sus propias palabras: «Bayer considera que cuenta con defensas sólidas y tiene la intención de defender enérgicamente la seguridad del glifosato y de [sus] formulaciones…».

Reacciones políticas a la Orden Ejecutiva

La OE generó reacciones dentro del movimiento Make America Healthy Again (MAHA), un bloque de votantes liderados por Robert F. Kennedy, Jr., quienes jugaron un papel relevante en la victoria de Donald Trump para conseguir su segundo mandato presidencial. Se registró un descontento particular en las MAHA Moms, alianza relacionada con la coalición Moms Across America que, por más de diez años, ha difundido información, elaborado diagnósticos y ejecutado estrategias en oposición al modelo agroindustrial basado en agrotóxicos y OGM, y de producción de alimentos ultraprocesados en EUA.

Robert F. Kennedy Jr. dirige el programa gubernamental MAHA como titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS). Desde esa posición salió a defender la OE de Trump, lo que fue calificado como incongruente por diversos actores, dado que Kennedy Jr. en 2018, siendo abogado litigante, participó en uno de los juicios por daños punitivos contra Monsanto en el que la empresa perdió con un veredicto de 289 millones de dólares, al haberse advertido el vínculo plausible entre la exposición al Roundup y el desarrollo de cáncer del demandante.

En 2025, el primer informe de la comisión MAHA reconoció la relación que existe entre la exposición a PAP, entre ellos el glifosato, y la peor crisis de salud por enfermedades crónicas en las infancias de EUA. La noticia fue recibida con reserva por quienes han trabajado en este tema por años en ese país. Luego, con la publicación de la estrategia MAHA, sobrevinieron la decepción y las críticas severas, pues no incluye acciones para restringir los PAP; se limitó a estimar que con la agricultura de precisión se logrará reducir el volumen de plaguicidas y que la EPA «trabajará para garantizar que el público tenga conocimiento y confianza en los procedimientos de revisión rigurosa de plaguicidas».

Las declaraciones más recientes^[xvii] de Kennedy Jr. dejaron ver diferencias internas. Por un lado, afirmó que el glifosato causa cáncer, que era necesario reducir su uso al mínimo y que, en su momento, expresó su desacuerdo con la Orden Ejecutiva. Por otro, se alineó al discurso oficial, afirmando que la agricultura de EUA depende del glifosato y que todo el glifosato que se usa en EUA proviene de China, y defendió la decisión del presidente Trump. Agregó, sin sustento que la administración Trump está invirtiendo más que otros presidentes en intentar la transición a modelos sin glifosato.

En febrero de 2026, los representantes Thomas Massie y Chellie Pingree presentaron el proyecto bipartidista No Immunity for Glyphosate Act, con el propósito de prohibir que se destinen fondos federales para implementar la OE de Trump y evitar que las empresas fabricantes del glifosato tengan inmunidad. Este proyecto eliminaría el blindaje que se pretende proporcionar al oligopolio que controla el mercado de glifosato y de fósforo elemental, tanto a través de la OE como de otros instrumentos jurídico-administrativos en desarrollo.^[xviii]El senador por Nueva Jersey del Partido Demócrata, Cory Booker, integrante del Comité Senatorial de Agricultura, Nutrición y Silvicultura, se pronunció sobre la OE. Declaró que es «una bofetada a los miles de estadounidenses que han desarrollado cáncer a causa del glifosato… [y que e]l mensaje de esta 

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^[i] Datos acerca de la Corte Suprema en EUA, está integrada por nueve jueces (justices, en inglés): un presidente y ocho asociados. Las y los jueces son nombrados, de manera vitalicia, por el presidente de los Estados Unidos con la aprobación del Senado. Tres de ellos fueron nombrados por Donald Trump, durante su primer mandato: Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy C. Barrett. Cuatro jueces asistieron al reciente discurso de Trump del Estado de la Unión: el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, las juezas asociadas Elena Kagan y Amy C. Barrett, y el juez asociado Brett M. Kavanaugh.

^[ii] La Modern Ag Alliance es, nada menos, que la coalición lidereada por Bayer y cerca de cien organizaciones agrícolas encargada de defender el uso de PAP, en especial del glifosato, y cabildear en favor de los instrumentos-escudo que protegen las ganancias del oligopolio de agrotóxicos en EUA, a costa de la salud de las personas y la devastación ambiental.

^[iii] “Sec. 453. Ninguno de los fondos puestos a disposición por esta o cualquier otra Ley podrá utilizarse para emitir o adoptar cualquier orientación o política, tomar cualquier medida regulatoria o aprobar cualquier etiquetado o cambio a dicho etiquetado que sea inconsistente con o en cualquier aspecto diferente de la conclusión de – 

(a) una evaluación de la salud humana realizada de conformidad con la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas…; o

(b) una clasificación de carcinogenicidad para un plaguicida.”

^[iv] Sec. 10205. Uniformidad de los requisitos de etiquetado de pesticidas… La Sección 24(b) de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas… se aplicará para exigir uniformidad en el etiquetado de pesticidas a nivel nacional y prohibir que cualquier Estado, organismo o subdivisión política del mismo, o un tribunal, imponga o mantenga en vigor, directa o indirectamente, cualquier requisito, o penalice o responsabilice a cualquier entidad por no cumplir con los requisitos que requerirían un etiquetado o embalaje adicional o diferente al etiquetado o embalaje aprobado por el Administrador de la Agencia de Protección Ambiental… en virtud de dicha Ley…, incluidos los requisitos relacionados con las advertencias en dicho etiquetado o embalaje,…

…

^[v] Sec. 10206. Autoridad de los Estados. El artículo 24 de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas… se enmienda: … (2) añadiendo al final lo siguiente: «(d) REGULACIÓN LOCAL. – Una subdivisión política de un Estado no impondrá, ni mantendrá vigente, ningún requisito relacionado con la venta, distribución, etiquetado, aplicación o uso de ningún pesticida o dispositivo sujeto a regulación…

^[vi] Sec. 10207. Uso legal de plaguicidas autorizados. La Sección 3(f) de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas… se enmienda añadiendo al final lo siguiente: «(6) USO LEGAL DE PESTICIDAS REGISTRADOS. – Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, el uso, la aplicación o la descarga de un pesticida registrado, de conformidad con su etiquetado aprobado conforme a esta Ley, se permitirá y se considerará legal, sin necesidad de permisos o aprobaciones adicionales».

^[vii] No abundaremos en los de PCB, solo decir que se trata de miles de juicios por daños al ambiente y lesiones personales (cáncer y otros efectos), a partir de la exposición a PCB, por la contaminación de cuerpos de agua y a materiales aislantes usados en escuelas, en varias demarcaciones de EUA, cuyos efectos también fueron ocultados por Monsanto por décadas.

^[viii] Los tres casos paradigmáticos son:

Johnson vs Monsanto Co. Veredicto de 2018. $289.2 millones de dólares, con la apelación de Monsanto se redujo a $20.5 millones.

Pilliod vs Monsanto Co. Veredicto en 2019. $2.055 mil millones de dólares, después de la apelación, se redujo a $87 millones.

Hardeman vs Monsanto Co.Verdicto en 2029. $80.2 millones de dólares, luego se redujo a $25.2 millones.

^[ix] El agente naranja está compuesto por los químicos 2,4,5-T y 2,4-D; el 2,4-D sigue siendo comercializado como herbicida por varias empresas de agrotóxicos; es uno de los principales herbicidas indisolublemente asociado a los OGM, con varios eventos transgénicos diseñados para ser resistentes a la aplicación del tóxico y comercializados por Bayer/Monsanto y Dow (hoy Corteva). Irónicamente se ha popularizado el apodo de “agente naranja”, a través del reconocido director de cine Spike Lee.

^[x] En la minería de fósforo elemental se desecha escoria de fosfato radioactiva que ha llegado a utilizarse como material de construcción. La escoria de fosfato es el principal residuode este tipo de minería, aunque también se generan “efluentes” tóxicos y corrosivos, como lo son distintos tipos de lodos y aguas con metales pesados como el cadmio.

^[xi]  El Protocolo sobre prohibiciones o restricciones al uso de armas incendiarias (Protocolo III), en su artículo 2, prohíbe expresamente “en todas las circunstancias hacer que la población civil como tal, civiles individuales u objetos civiles sean objeto de ataque con armas incendiarias”. Fue usado, de manera ilegal, en el genocidio en Gaza conducido por Israel y apoyado por EUA, de hecho; y ya antes se ha denunciado la participación de Monsanto (hoy propiedad de Bayer) en contratos federales para el suministro de fósforo blanco.

^[xii] aunque hoy es un problema global relacionado con el uso de diversos herbicidas de síntesis química

^[xiii] Estos subsidios son la principal razón del dumping, una práctica desleal que durante el neoliberalismo ha socavado la autosuficiencia alimentaria en México.

^[xiv] Secciones 1.3, 2.3 y 3.3 del Expediente científico elaborado por el Conahcyt, disponible en español e inglés.

^[xv] Aquí una buena reseña del simposio: https://www.thenewlede.org/2026/03/scientists-link-glyphosate-to-cancer/

^[xvi] Por ejemplo, la soya y el algodón GM, en suma, alcanzan a penas ventas por 3.4 mil millones de euros; y el resto de los herbicidas, en conjunto, reportan 2.8 mil millones de euros.

^[xvii] Aquí los videos: https://www.schatz.senate.gov/news/videos/watch/schatz-presses-rfk-jr-on-support-for-trump-order-to-boost-weed-killer-he-said-was-causes-cancer y https://youtu.be/rCUbGR_HhiU

^[xviii] El “No Immunity for Glyphosate Act” hace alusión a los daños físicos, las enfermedades, los padecimientos y las muertes causadas, del todo o en parte, por la exposición a fósforo elemental y a herbicidas a base de glifosato (HBG) fabricados, distribuidos, vendidos o suministrados en EUA; para que las personas pueden presentar demandas contra cualquier entidad cubierta, entendidas como cualquier “persona, corporación, sociedad, asociación, contratista, subcontratista u otra entidad que fabrique, distribuya, formule, suministre o venda” este mineral o estos herbicidas; pudiendo, en su caso, obtener compensación por daños (por gastos médicos, lucro cesante, dolor y sufrimiento, y homicidio culposo; daños punitivos; entre otros); y agregando que ninguna de esas entidades cubiertas estarán exenta de responsabilidad civil en virtud de la legislación federal o estatal por lesiones, enfermedades o muerte causadas por la exposición y sin poder alegar, como defensa “que la fabricación, formulación, distribución, venta o suministro de fósforo elemental o [HBG] se realizó en cumplimiento con, o de conformidad con, una orden ejecutiva, reglamento, directiva, contrato u otra autorización emitida”.