Un amparo federal frenó 200 órdenes de aprehensión contra medio centenar de integrantes de la comunidad mazateca en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. La resolución colectiva exhibe una presunta fabricación de delitos que, tras más de una década de procesos, sus habitantes califican como persecución política

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Alejandro Ruiz / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – Un amparo federal detuvo 200 órdenes de aprehensión contra integrantes de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón. Esta resolución, representa, para sus habitantes, un avance significativo frente a lo que denuncian como un proceso sistemático de criminalización.

El recurso judicial benefició a cerca de medio centenar de personas, entre ellas guardianas y guardianes del territorio, profesoras rurales y defensores del río Xangá Ndá Ge, quienes habían sido señalados en procesos penales que, aseguran, carecen de fundamento. A diferencia de otros casos, en esta ocasión la resolución protegió de manera colectiva a las personas acusadas.

La justicia contra los pobres

De acuerdo con integrantes de la comunidad, el amparo confirma el uso del sistema de justicia para fabricar delitos con el objetivo de debilitar la defensa territorial y la autonomía comunitaria. Señalan que este resultado es congruente con la resolución federal del 20 de febrero de 2026 que absolvió al anarquista Miguel Peralta, también vinculado a este conflicto.

La comunidad denuncia que los procesos legales en su contra han sido prolongados de forma indebida por más de una década mediante la constante impugnación de resoluciones favorables por parte de quienes consideran responsables de las acusaciones, particularmente la diputada local Elisa Zepeda Lagunas y su padre, Manuel Zepeda. Acusan, además, que dichas impugnaciones han encontrado respaldo en instancias del sistema judicial estatal.

Exigen destitución de diputada y sanciones

Ante este contexto, las y los habitantes de Eloxochitlán exigen el fin de la criminalización, responsabilizando al gobierno de Oaxaca y a los poderes estatales de permitir la continuidad de lo que califican como una persecución política y comunitaria. También demandan la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar la prolongación de estos procesos.

Asimismo, reiteran su exigencia de destitución de la diputada Elisa Zepeda Lagunas, a quien acusan de utilizar recursos públicos para sostener las acusaciones en su contra.

Como parte de sus acciones, la comunidad anunció la preparación de una queja masiva por violaciones a derechos humanos que será presentada en la ciudad de Oaxaca durante el mes de mayo, convocatoria a la que invitan a organizaciones y colectivos a sumarse para acompañar su lucha y resistencia.