Por años, comunidades mayas de Campeche han documentado la contaminación de su agua, aire y territorio por el uso intensivo de agrotóxicos. Hoy, su exigencia es clara: que la Suprema Corte resuelva de fondo un caso que podría sentar un precedente nacional en materia ambiental

Texto: Jade Guerrero

Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. — Las comunidades mayas de Hopelchén, junto con organizaciones defensoras del medio ambiente, hicieron un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva de fondo un amparo relacionado con la contaminación por plaguicidas en la región y evitara devolver el caso a instancias locales.

El amparo interpuesto desde 2020 denuncia la exposición constante a residuos tóxicos en cuerpos de agua, acuíferos e incluso en el organismo de las personas. De acuerdo con el equipo jurídico que acompaña a las comunidades, existen pruebas científicas que acreditan la presencia de plaguicidas en niveles preocupantes.

“Ya hay información suficiente. Existen estudios que demuestran la contaminación del agua, incluso en sangre y orina de personas. No tiene sentido seguir retrasando la resolución”, explicó Itzel Arteaga, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Sin embargo, el proyecto de resolución plantea devolver el caso a un juzgado en Campeche para recabar más pruebas, lo que ha sido rechazado por las comunidades, quienes consideran que esto prolongará un proceso que lleva años sin justicia.

“No queremos que regrese a Campeche”: comunidades

Desde Hopelchén, habitantes denunciaron la falta de confianza en las autoridades locales y el riesgo de que el caso se diluya nuevamente.

“No queremos que este proyecto se regrese a Campeche porque tenemos experiencia de que allá van a decir que el agua no está contaminada”, señaló Gustavo Huchín, integrante del colectivo Maya de los Chenes.

Las comunidades aseguran que han presentado pruebas durante años sin que las autoridades actúen. Además, recuerdan que ya han enfrentado resoluciones contradictorias entre instituciones.

“Tenemos pruebas, científicos han hecho estudios y el agua está altamente contaminada”, insistió.

El caso no es menor: involucra a al menos 17 comunidades mayas y pone en el centro la vulnerabilidad de derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y un medio ambiente sano.

Una crisis estructural en la península

En entrevista con Pie de Página, Jorge Fernández, integrante de la organización Utsil Kuxtal, subrayó que lo que ocurre en Hopelchén no es un hecho aislado, sino parte de una crisis más amplia en la península de Yucatán.

“No podemos ver este caso de manera fragmentada. Hay impactos acumulativos de la agroindustria, del uso intensivo de plaguicidas y de otros proyectos que están transformando el territorio”, explicó.

Desde esta perspectiva, la contaminación denunciada por las comunidades forma parte de un modelo productivo que ha generado efectos sostenidos en los ecosistemas, particularmente en una región caracterizada por su sistema de acuíferos interconectados.

Jorge Fernández advirtió que estos impactos no solo afectan al medio ambiente, sino también a las formas de vida comunitarias, la producción local y la salud de la población.

Salud, ambiente y producción: los impactos de la crisis

Las comunidades y organizaciones advierten que la situación en Hopelchén configura una crisis socioambiental con múltiples efectos acumulativos.

Entre los principales impactos documentados se encuentran la contaminación de mantos acuíferos, la degradación del aire por fumigaciones constantes y la afectación directa a la salud humana.

Diversos estudios citados por las comunidades han detectado residuos de plaguicidas no solo en el agua, sino también en muestras biológicas de personas, lo que evidencia una exposición continua. En paralelo, habitantes han alertado sobre el aumento de enfermedades en la región, incluyendo padecimientos crónicos y posibles incrementos en ciertos tipos de cáncer —estos últimos siguen siendo motivo de exigencia para una investigación epidemiológica más profunda por parte del Estado—.

A esto se suma la muerte masiva de abejas, un fenómeno recurrente en la zona que impacta directamente a la apicultura, una de las principales actividades económicas de las comunidades mayas. La pérdida de polinizadores no solo afecta la producción de miel, sino también el equilibrio de los ecosistemas.

En conjunto, estos elementos crean un escenario donde la contaminación no es un evento aislado, sino una condición persistente que atraviesa la vida cotidiana.

Uno de los puntos más contundentes de los testimonios comunitarios es que la problemática trasciende lo local.

“Estamos en la misma barca. Los productos que salen del campo de Hopelchén llegan a sus mesas. Están contaminados por agrotóxicos”, advirtió Huchín.

Este señalamiento coloca el problema en una dimensión más amplia: la cadena alimentaria y el consumo urbano.

Infancias en riesgo y futuro comprometido

Uno de los ejes más sensibles del caso es el impacto en las nuevas generaciones. Las comunidades advierten que la exposición continua a agrotóxicos compromete no solo el presente, sino el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

“Estamos comprometiendo la vida de nuestros niños. No es posible que esto siga”, expresó Huchín.

Por otra parte, Jorge Fernández profundizó en esta preocupación y advirtió que los efectos de la crisis deben entenderse en clave intergeneracional.

“Lo que está en juego no es solo el daño actual, sino las condiciones en las que van a crecer las próximas generaciones. La exposición prolongada a estos contaminantes puede tener efectos que se manifiestan con el tiempo”, señaló.

El integrante de Utsil Kuxtal enfatizó que, en contextos de contaminación persistente, los impactos suelen ser acumulativos y más severos en etapas tempranas de desarrollo, lo que coloca a las infancias en una situación de especial vulnerabilidad.

Para las comunidades, esto implica una amenaza directa al futuro: no solo se trata de la pérdida de calidad ambiental, sino de la posibilidad misma de sostener la vida en condiciones dignas en el territorio.

El respaldo social y la presión pública

Las comunidades no solo enfrentan la contaminación, sino también un largo camino legal. Desde 2015 han impulsado distintos procesos, incluyendo un caso sobre siembra de soya transgénica que llegó a la Corte.

“Llevamos más de 14 años exponiendo esta situación. Llegar a la Suprema Corte no ha sido fácil”, señaló Itzel Arteaga.

Además del amparo actual, también impulsan otro recurso relacionado con la muerte masiva de abejas por plaguicidas.

El caso ha logrado movilizar apoyo ciudadano. A través de la plataforma Change.org, se han reunido más de 17 000 firmas en respaldo a la exigencia de justicia.

“Miles de personas están apoyando este llamado para que se garantice el derecho al agua limpia y la protección del territorio”, señaló Alexander Navarro.

Organizaciones como Utsil Kuxtal y el CEMDA han acompañado a las comunidades en la documentación de los impactos socioambientales y en la estrategia legal.

Su labor ha consistido no solo en aportar evidencia técnica, sino en fortalecer los procesos organizativos y dar visibilidad a una problemática que durante años ha sido minimizada.

Una decisión clave

Las comunidades mayas han sido claras: no buscan más diagnósticos, sino una resolución de fondo.

“No estamos pidiendo algo que no nos corresponde. Estamos exigiendo nuestros derechos”, concluyó Pech Pech.

La decisión de la Suprema Corte ha marcado un precedente en la manera en que se abordan los casos de contaminación ambiental en México.

Para las comunidades, el tiempo de la espera ya pasó. Lo que sigue es justicia.

Respuesta de la Suprema Corte: presión social da resultado

Un día después de la conferencia de prensa realizada el 25 de marzo, las comunidades obtuvieron una respuesta favorable: el 26, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retiró el proyecto de sentencia relacionado con el caso.

La decisión se da en un contexto de movilización y presión social, luego de que comunidades, organizaciones y ciudadanía impulsaran una recolección de firmas para exigir que no se avalara una resolución que vulnera sus derechos.

Jorge Fernández concluye que la situación en Hopelchén debe entenderse como parte de una crisis más amplia, cuyos efectos se acumulan con el tiempo y afectan de manera directa a las comunidades. “No estamos frente a un caso aislado ni a un daño menor. Es una crisis que va a seguir profundizando si no se toman decisiones de fondo”.