Proteger el medio ambiente cuesta dinero, pero como revelan las nuevas cifras del INEGI, el verdadero lujo que ya no podemos permitirnos es el de no hacerlo: mientras en 2024 la degradación ambiental le costó a México 1.38 billones de pesos (el 4.1% de su PIB), la inversión para evitarlo fue de apenas 232,882 millones (el 0.7%). Esta abismal diferencia no es solo un número en las cuentas ecológicas, sino el costo tangible de nuestra salud, nuestra naturaleza y nuestro futuro

Por Gustavo Alanís Ortega

En diciembre pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) 2024, señalando que en dicho año, el producto interno neto ecológico fue de 25.7 billones de pesos, lo que representó 76.6% del PIB a precios de mercado. Y añadió que los costos totales por el agotamiento y degradación ambiental ascendieron a poco más de 1.38 billones de pesos corrientes, lo cual representa el 4.1 % del PIB total de la economía de nuestro país.

En contraste con lo planteado en el párrafo anterior, el INEGI establece también que los dineros destinados en ese mismo año a la protección ambiental fueron de 232,882 millones de pesos, lo que implica tan sólo el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) total de nuestra economía. Las áreas a las que se dirigieron principalmente dichos fondos son hacia el manejo de recursos hídricos, el mejoramiento de la calidad del aire y aspectos relacionados con el clima, seguido por la gestión de las aguas residuales, la gestión de residuos, la investigación y el desarrollo de la protección ambiental, la gestión de recursos minerales y energéticos, así como la protección y conservación de la biodiversidad.

Lo que el INEGI nos presenta, en palabras comunes y corrientes es el impacto que la actividad económica y la de todos nosotros tienen sobre el medio ambiente y los recursos naturales.  Los mayores costos ambientales identificados por el INEGI “correspondieron a la degradación del medio ambiente”, como es el caso de las emisiones a la atmósfera.  El impacto generado por estas emisiones representa el 2.5% del PIB. Le sigue la degradación del suelo con el 0.6% y, a continuación, los residuos sólidos urbanos y las aguas residuales no tratadas. En cuanto a la pérdida de los recursos naturales, el mayor costo fue el de los hidrocarburos, seguido de recursos forestales y agua subterránea.

Lo señalado anteriormente evidencia que la protección y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales del país, así como la salud de las personas se encuentran cada vez más amenazados en función del daño, deterioro y afectación de nuestro entorno, todo lo cual es provocado por nosotros mismos. Es paradójico. Todo depende de la naturaleza y cada vez nos empeñamos con más fuerza en ir en contra de esta. ¿Por qué? Porque tradicionalmente han sido más importantes los intereses económicos y políticos que los ambientales.  En los discursos escuchamos a las autoridades hablar de la importancia del medio ambiente, pero esto no se ve reflejado ni en sus acciones ni en el presupuesto destinado a la causa ambiental.

Los datos presentados por el INEGI sobre el avance de la degradación ambiental en México son de gran utilidad para los tomadores de decisiones, pues les permiten una mejor planeación, diseño e implementación de las políticas públicas. En este sentido, se esperaría que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los legisladores y otras agencias gubernamentales directa e indirectamente relacionadas con los temas ambientales pongan manos a la obra para reducir los muy altos niveles de degradación ambiental.  Al mismo tiempo, se espera que se destinen los recursos humanos, financieros y materiales suficientes y necesarios para poder lograrlo. 

Es inaceptable y altamente contrastante que, por un lado, la degradación ambiental le haya costado a nuestro país en el 2024 el 4.1% del PIB, mientras que, por otro lado, sólo se hayan destinado 232,882 millones de pesos (0.7% del PIB) para la protección ambiental. Esto evidencia claramente que el daño ambiental cuesta mucho más de lo que en México se invierte para cuidar nuestro patrimonio natural. También es muestra de que –en la mayoría de las ocasiones- aquellos que dañan, afectan, contaminan y causan desequilibrio ecológico no están pagando por sus fechorías y que en México prevalece la impunidad en gran parte del territorio nacional. Hoy en día, el crecimiento y el desarrollo del país no es del todo sustentable, no se está haciendo en armonía con la naturaleza sino en contra de esta, destruyéndola a diestra y siniestra. 

Para desterrar esta situación, una buena alternativa es recurrir de manera efectiva al principio del derecho ambiental internacional conocido como “el que contamina paga”, el cual ya es parte de nuestro marco legal nacional. Lo que falta es contar con la suficiente voluntad política por parte de las autoridades competentes para actuar en consecuencia. ¿Acaso los temas ambientales, los relativos a la sustentabilidad y al Estado de derecho en materia ambiental no deberían ser considerados prioritarios y, en consecuencia, de seguridad nacional? De no ser así, las y los mexicanos de hoy, así como las futuras generaciones veremos cada vez más comprometido nuestro entorno, nuestra salud, calidad de vida y nuestra vida misma.