Organizaciones que trabajan en la defensa de la infancia cuestionaron la reforma aprobada en la Cámara de Diputados, al advertir que no reconoce de manera autónoma el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, un fenómeno que podría afectar a cientos de miles de menores en el país

Texto: Jade Guerrero

Foto: María Ruiz / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. — El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado volvió al centro del debate público luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma que, en lugar de tipificar este fenómeno como un delito autónomo, decidió incorporarlo como una agravante dentro del delito de corrupción de menores.

Para organizaciones que trabajan en la defensa de la infancia, la decisión legislativa deja sin reconocimiento jurídico específico una forma de violencia que ha sido ampliamente documentada en el país. En pronunciamientos recientes, colectivos como Reinserta y Tejiendo Redes Infancia señalaron que el cambio aprobado mantiene el fenómeno dentro de una figura penal creada en 1966, diseñada originalmente para atender problemáticas distintas a las que hoy enfrentan niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia criminal.

Desde su perspectiva, esta decisión impide comprender adecuadamente la forma en que operan las redes criminales que captan y utilizan a menores de edad, además de limitar la posibilidad de construir respuestas institucionales acordes con la complejidad del problema.

El debate no es menor. De acuerdo con estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, entre 145 000 y más de 250 000 niñas, niños y adolescentes en México se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones delictivas, una cifra que ilustra la magnitud de un fenómeno que se ha extendido en distintos territorios del país.

Las organizaciones advierten que el reclutamiento de menores no ocurre de manera aislada. Suele desarrollarse en entornos marcados por violencia, desigualdad, abandono institucional y la presencia territorial de grupos criminales, condiciones que facilitan la captación de adolescentes y que no pueden enfrentarse únicamente mediante el aumento de penas dentro del sistema penal.

Diversos datos citados por las organizaciones muestran cómo opera este proceso una vez que los menores son captados. Un estudio de Reinserta indica que siete de cada diez adolescentes en internamiento que fueron reclutados por la delincuencia organizada afirmaron haber pasado por procesos de adiestramiento dentro de los cárteles, mientras que la misma proporción reportó haber participado en actividades de sicariato.

A ello se suman las condiciones en las que muchos de estos adolescentes crecieron. El mismo estudio señala que seis de cada diez jóvenes reclutados vivieron en entornos donde la violencia formaba parte de la vida cotidiana, mientras que ocho de cada diez afirmaron haber desarrollado un sentido de pertenencia dentro de la organización criminal a la que fueron incorporados.

Para quienes han estudiado este fenómeno, estos datos reflejan la profundidad de un problema que va mucho más allá de la comisión de delitos individuales. Se trata, sostienen, de procesos de captación, coerción y utilización de menores por parte de estructuras criminales que operan en contextos donde las instituciones del Estado muchas veces llegan tarde o no logran intervenir de forma efectiva.

Otro de los puntos que genera preocupación entre las organizaciones es la forma en que la legislación puede influir en la manera en que el sistema de justicia interpreta estos casos. En uno de los pronunciamientos difundidos tras la aprobación de la reforma, se advierte que encuadrar el reclutamiento dentro del delito de corrupción de menores puede reforzar una narrativa que sugiere desviación en los adolescentes involucrados, en lugar de reconocerlos como víctimas de explotación, coerción y violencia armada.

Cuando la ley no reconoce con claridad esa condición de víctima, señalan, existe el riesgo de que adolescentes captados por grupos criminales terminen siendo tratados como responsables de delitos, en lugar de recibir medidas orientadas a su protección y a la restitución de sus derechos.

En este contexto, las organizaciones advierten que una reforma penal que no aborde el problema desde su raíz puede convertirse en una medida limitada frente a un fenómeno que lleva años expandiéndose en el país.

Por ello, consideran que el proceso legislativo aún no está cerrado. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado de la República tiene ahora la posibilidad de revisar el contenido de la reforma y abrir una discusión más amplia que permita analizar con mayor profundidad el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la realización de un parlamento abierto que incluya la participación de especialistas, organizaciones que han documentado el fenómeno y mecanismos que permitan escuchar a niñas, niños y adolescentes que viven en zonas con altos niveles de violencia.

Para las organizaciones, reconocer el reclutamiento de menores dentro de la legislación como un delito específico no es solo un asunto jurídico. También implica nombrar una forma de violencia que afecta a miles de infancias en el país y construir herramientas legales que permitan prevenir, proteger a las víctimas y garantizar la restitución de sus derechos.

Con la discusión ahora en manos del Senado, el debate sobre cómo debe responder el Estado mexicano frente al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado permanece abierto.