El megaproyecto turístico «Perfect Day» de Royal Caribbean enfrenta un creciente rechazo social y un frente legal que lo acusa de avanzar sobre irregularidades: desde cambios de uso de suelo exprés, sin consulta ciudadana, hasta la violación de suspensiones judiciales, mientras la comunidad carece de servicios básicos

Texto: Jazmín Sandoval

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. — El megaproyecto turístico “Perfect Day”, impulsado por la naviera Royal Caribbean en la localidad de Mahahual, se encuentra en el centro de una batalla legal y social que pone en entredicho la legalidad de los procedimientos urbanos en el municipio de Othón P. Blanco. Irma Morales, abogada de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), ha señalado una serie de actos que consideran ilegales e inconstitucionales en favor de la empresa.

Este proyecto de entretenimiento contempla la instalación de 31 toboganes acuáticos y una superficie total de más de 82 hectáreas, sumando áreas terrestres y de la zona federal marítimo-terrestre. Sin embargo, lo que se promociona como un gran atractivo turístico ha encendido las alarmas de los habitantes locales y organizaciones ambientales debido a las formas en que se han gestionado los permisos y la infraestructura necesaria para su construcción.

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El acelerado cambio en el uso de suelo

Uno de los puntos centrales en el juicio es la modificación exprés del Programa de Desarrollo Urbano (PDU). De acuerdo con la abogada Irma Morales, el municipio aprobó una reconfiguración de usos de suelo que afecta a 107.77 hectáreas de terreno en un periodo menor a un mes, un movimiento que califican de irregular dado que ningún PDU puede modificarse sin seguir el procedimiento que marca la ley.

Esta modificación acelerada del PDU se realizó sin respetar los tiempos ni las formas que exige la Ley de Asentamientos Humanos. Irma subraya que un cambio de esta magnitud en un instrumento que rige a toda la localidad requiere un proceso largo, técnico y transparente, el cual fue ignorado para favorecer la construcción del parque acuático de Royal Caribbean.

Desde la perspectiva legal y de la comunidad, se argumenta que este movimiento fue inconstitucional porque atentó contra el derecho de participación ciudadana en asuntos ambientales. Al modificarlo en menos de 30 días, las autoridades locales impidieron que la comunidad de Mahahual pudiera opinar o intervenir en una decisión que podría afectar a su territorio de manera permanente.

Un freno judicial contundente

Ante esta situación, promovieron un juicio de amparo solicitando la suspensión de los efectos de dicha reconfiguración de suelo. La intención de esta medida es que la empresa no pueda ejecutar el proyecto, lo que implica que legalmente no debería poder tramitar licencias municipales, constancias de uso de suelo ni realizar cualquier tipo de obra física en el terreno.

La justicia federal ya ha emitido una respuesta inicial de gran relevancia para el caso. Tras obtener una suspensión provisional, se celebró una audiencia incidental donde la juez otorgó la suspensión definitiva. Esto significa que, mientras el juicio sigue su curso y se dicta una sentencia final sobre si el proceso fue legal o no, la empresa tiene prohibido avanzar con la construcción o derribo de estructuras.

Katia Rejón, reportera y colaboradora de Jaltun, especializada en temas de defensa del territorio, menciona que la comunidad de Mahahual sostiene que la ley no se está respetando en el sitio de la obra. Vecinos de la zona han denunciado de manera constante que, a pesar de las suspensiones impuestas por la autoridad federal, el movimiento de camiones y maquinaria no se ha detenido. Los habitantes aseguran que la empresa continúa trabajando de manera ilegal, ignorando las restricciones judiciales y administrativas.

La preocupación ambiental se extiende a las especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Greenpeace y otras organizaciones han advertido que el megaproyecto pone en riesgo el hábitat del ocelote, la tortuga blanca y la tortuga carey. Asimismo, se señala un impacto crítico en tres especies de mangle: rojo, blanco y botoncillo —esta última catalogada bajo la categoría de especie amenazada—.

Un colapso anunciado en la infraestructura

La crisis de servicios básicos en la localidad es otro de los pilares de la inconformidad social. Actualmente, Mahahual cuenta con una sola planta de tratamiento de aguas residuales que ya se encuentra totalmente rebasada. El propio PDU de Mahahual reconoce que esta planta está ubicada en medio de manglares, carece de mantenimiento adecuado y no tiene la capacidad de procesar los desechos de los desarrollos actuales.

La desproporción del proyecto “Perfect Day” frente a la realidad local es alarmante para los residentes. Mientras Mahahual tiene una población de aproximadamente 3 mil habitantes, el parque acuático planea recibir hasta 21 mil visitantes diarios. No existe una forma clara ni técnica de gestionar los residuos y el consumo de agua de tal volumen de personas sin provocar un colapso total en el acuífero y el ecosistema circundante.

Además, los ambientalistas han señalado inconsistencias metodológicas en el estudio de impacto ambiental presentado por Royal Caribbean. Advierten que la eliminación de hectáreas de manglar no solo afecta la biodiversidad, sino que reduce la capacidad de captura de carbono e impermeabiliza el suelo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y contaminación directa hacia el mar y las zonas de arrecifes.

El historial del desarrollador y la demanda social

Un antecedente que genera profunda desconfianza en la comunidad es el papel de una de las empresas ligadas a Royal Caribbean, la cual desarrolló previamente el fraccionamiento llamado Nuevo Mahahual o “casitas”. Irma menciona que este desarrollador ni siquiera terminó las obras de infraestructura mínima en dicho fraccionamiento, dejando pendientes que afectan la calidad de vida de quienes ya viven ahí.

Resulta contradictorio para los locales que se pretenda liderar un proyecto de una magnitud significativamente mayor cuando los compromisos previos no han sido cumplidos. Además, el fraccionamiento mencionado, propiedad de la empresa Cielo Azulado, representa la única vía de entrada y salida hacia el puerto de Mahahual, siendo una zona muy importante, lo que genera un embudo logístico y social que la empresa controla a su conveniencia.

Los habitantes de Mahahual han expresado que su lucha no es en contra del desarrollo económico, sino en contra de la forma arbitraria en que se está ejecutando. Exigen que los procesos sean transparentes, que se respete la ley y, sobre todo, que se escuche a la gente local antes de autorizar proyectos que consumen los recursos que el pueblo necesita.

«No estamos en contra del desarrollo, pero que se haga bien, que se haga conforme a la ley, que se escuche a la gente local, cuáles son las necesidades básicas para poder ver si es viable algún tipo de desarrollo como este; si no es así, las personas están inconformes, necesitan que las escuchen, y eso fue justo lo que no hicieron las autoridades y siguen sin hacer. Es un llamado a que Quintana Roo, que vive principalmente de sus ecosistemas, se están acabando con proyectos así, autorizando arbitrariamente cosas que ni al caso», señala Irma.

La demanda central es la municipalización del fraccionamiento y la regulación efectiva de la localidad. Los ciudadanos consideran que no es ético ni legal construir un parque de diversiones masivo cuando la población carece de servicios públicos elementales, mientras se anuncian inversiones millonarias para el proyecto. La abogada Irma enfatiza que este caso es un llamado de atención sobre cómo se están acabando los ecosistemas de Quintana Roo mediante autorizaciones que ignoran la realidad técnica del territorio.

«Se busca que se le escuche a la gente de Mahahual y que los procesos sean transparentes. No se puede construir un proyecto de esa magnitud cuando los habitantes no tienen ni los servicios básicos, más el fraccionamiento que está cerca de donde se planea construir», añade Irma.

Katia señala que, pese a los sellos y procesos judiciales, Royal Caribbean afirma públicamente que solo realiza labores de limpieza y asegura que el parque estará listo a finales de 2027. Esta certeza parece basarse en la idea de que ser dueños de la tierra les da el derecho absoluto de decidir sobre el territorio, pero la defensa legal advierte que la propiedad privada no es un permiso automático para construir.

«El hecho de que ellos sean dueños de la tierra no les da permiso de hacer con ella lo que quieran. […] Si hay mucho que hacer, este proyecto tiene todo para que no suceda».

El proyecto se intenta levantar en una zona ambientalmente compleja y está rodeado de tantas faltas e irregularidades que existen motivos de sobra para frenarlo de forma definitiva, demostrando que el poder de compra no está por encima de la ley.