Un proyecto inmobiliario que se presenta como «rescate ecológico» ha reavivado la lucha por el futuro de Los Dinamos, el bosque urbano que alberga el último río vivo de la capital. Detrás del discurso del Museo del Agua y los miradores sostenibles promovidos por Grupo Frisa, colectivos vecinales denuncian una vieja amenaza: el despojo disfrazado de ecoturismo

Texto: Andrea Amaya y Camilo Ocampo

Foto: Andrea Amaya

CIUDAD DE MÉXICO. — Los Dinamos es el nombre de un bosque ubicado al suroeste de la Ciudad de México, de casi 2500 hectáreas, famoso por albergar el último río vivo de la capital y por sus paisajes. Hoy se encuentra en riesgo: desde hace años, un monstruo inmobiliario pretende quedarse con una parte conocida como La Cañada. Es en esa zona donde el discurso de la sustentabilidad choca frontalmente con la resistencia de sus habitantes.

Grupo Frisa y el despacho Taller 13 impulsan el proyecto Parque Natural La Cañada que, según el portal oficial y las especificaciones de Taller 13, busca la regeneración socioambiental a través de un Museo del Agua, miradores, senderos y manejo de residuos. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), por su parte, ha respaldado la iniciativa privada al argumentar un trabajo conjunto con la comunidad para recuperar la zona.

Mientras tanto, colectivos locales como Magda —Miradas atentas contra el despojo ambiental— denuncian que esta iniciativa no es más que una nueva cara de una vieja amenaza inmobiliaria.

Un bosque que enfrenta a las inmobiliarias y a un turismo sin regulación

La entrada a La Cañada puede hacerse por distintos puntos. Sobre la calle del mismo nombre se observan construcciones inconclusas y deterioradas que funcionan como tiraderos de basura, ya que algunos comerciantes la han convertido en una zona de sacrificio ecológico utilizada por sus negocios.

Sobre la avenida Emilio Carranza, la entrada es parte de la historia de resistencia: una reja tirada y abierta de manera improvisada, último rastro de cuando Grupo Frisa intentó cercar una parte del bosque, pero los pobladores lo impidieron y retiraron el alambrado.

Al interior del bosque los comercios abundan: micheladas, pulque, comida, juegos mecánicos, cuatrimotos, caballos —en mal estado— y vendedores ambulantes que recorren la zona.

Los rastros de basura son visibles. Sobre el río que parte el bosque flotan vasos de cerveza junto con otros desechos; en el pasto y entre los árboles se repite la escena: latas tiradas, marcas de fogatas y vestigios de rituales, como listones, fruta en ofrenda, veladoras e incluso animales sacrificados.

La inseguridad también es un problema. Un rastro de cinta amarilla amarrada a uno de los tubos del puente que cruza el río da cuenta de ello: ahí, a pocos metros de la calle Cañada y de los negocios, autoridades hallaron los restos de una adolescente dentro de una maleta. Nadie supo más de ese feminicidio; nunca identificaron a la joven.

Una larga historia de resistencia y amenazas

Para ampliar el panorama, Carlos Alberto, integrante del colectivo Magda, señala en entrevista para Pie de Página que Frisa ha acechado la zona desde los años ochenta, cuando intentaron construir un campo de golf y un parque de diversiones.

Esta historia de presión inmobiliaria en Los Dinamos tiene antecedentes claros. En 2006, Grupo Frisa impulsó el megaproyecto Biometrópolis, que pretendía construir departamentos en áreas naturales de la ciudad bajo el argumento de la sustentabilidad. Comunidades de Tlalpan y la Magdalena Contreras rechazaron el proyecto —en el que también participaba la UNAM— debido al riesgo ambiental que implicaba, según denunciaron entonces los propios investigadores de esa casa de estudios.

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Los Dinamos: Un bosque amenazado por el turismo

«Primero quisieron construir un campo de golf, después un proyecto más grande; actualmente buscan entrar otra vez. Plantean un museo del agua en la parte baja, miradores artificiales y un corredor turístico-comercial. La mayor parte de la comunidad agraria, el consejo del pueblo y los vecinos estamos en contra», afirma Carlos Alberto.

También menciona cómo, en el transcurso de veinte años, el paisaje ha cambiado de forma paulatina. «Empezaron a desaparecer árboles, a aparecer negocios y a llegar mucha gente; también comenzaron algunas construcciones».

«Recuerdo que desde los tres años venía aquí a pasear con mis papás; durante mi adolescencia venía a correr, a caminar, a jugar fútbol. De veinte años para acá, el bosque ha cambiado mucho. Se ha estado muriendo poco a poco y eso me genera mucha frustración».

Asegura que esta muerte lenta se manifiesta en la erosión del suelo, provocada por actividades que, bajo el nombre de deporte o recreación, ignoran la fragilidad del entorno.

«El paso constante de caballos, motos y bicicletas de montaña ha dejado cicatrices profundas. Vemos zonas donde ya no hay pasto; el suelo está muy compactado. Eso implica que el agua no se absorbe de la misma manera. En lugar de nutrir a los árboles, simplemente se va hacia el río y, en algún momento, el río se convierte en un desagüe».

Además, recuerda cómo comenzaron los problemas hídricos a raíz del entubamiento del río hace aproximadamente una década, durante las administraciones delegacionales de Eduardo Hernández y Leticia Quezada Contreras. Vecinos denuncian que este proceso benefició a inmobiliarias y dejó sin agua a comunidades enteras.

Mientras camina por la zona, Carlos agrega: «La gente se ha empezado a organizar por el agua, ya que en ciertas temporadas nos la dan por tandeo o de plano no hay. Y vecinos que viven aquí, a cinco minutos del río, son los que más padecen la falta de agua». Señala que en zonas altas como Sayula, el Ocotal o San Nicolás Totoloapan, los asentamientos irregulares carecen de servicios básicos, lo que genera un círculo vicioso de marginación donde el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) ha llegado a conectar tuberías de manera irregular, cobrando a los habitantes por el suministro.

Para quienes habitan el pueblo de La Magdalena Atlitic, el bosque no es una postal de fin de semana, sino un organismo vivo que han visto enfermar.

Carlos recuerda los días en que el contacto con la naturaleza era una extensión de su hogar, una relación que hoy se siente fracturada por el impacto humano y la falta de planeación.

Comuneros: entre cuidar la tierra y operar políticamente

De acuerdo con la Ley Agraria, el primer órgano encargado de proteger el territorio y los bienes naturales es la comunidad agraria, que decide qué hacer con la tierra que trabaja y habita.

Carlos explica que en la zona el comisariado ejidal está completo y activo; realizan asambleas con frecuencia e incluso la elección de cargos llega a ser reñida por la alta participación.

Sin embargo, señala que «hay quienes ven por intereses propios; muchas personas están coludidas con gobiernos u operadores políticos que les favorecen», y añade, mientras señala algunas carpas de los puestos: «Ellos son los que muchas veces administran los negocios que operan aquí adentro».

Esta división interna tiene raíces profundas. Según han documentado otros reportajes, un sector de comuneros ha establecido acuerdos con Grupo Frisa para desarrollar el comercio en la zona, mientras que la mayoría se opone. Además, algunos comuneros han sido acusados por vecinos de prácticas como la tala ilegal o la venta de lotes, actividades que ocurren en la impunidad a pesar de que Los Dinamos es Zona de Protección Forestal desde 1932.

«Los comuneros tienen muchas dificultades para cuidar el bosque; la situación ya los rebasó. Se enfrentan a talamontes, cazadores furtivos, narcotráfico y crimen organizado en la parte más alta; hay mucha corrupción con algunos comisariados. En la zona más alta hay desapariciones y delitos desde La Cañada hasta la parte superior; a veces es complicado subir más allá del Cuarto Dínamo. Eso rebasa a la comunidad agraria».

Sobre las desapariciones, asegura que colectivas de buscadoras han solicitado permiso para realizar búsquedas debido a las características del terreno; sin embargo, «hay algunas personas que se oponen».

La escena se vuelve contundente cuando, a la salida del parque, una camioneta de bienes comunales transporta a personal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr).

Falta de ética ambiental: el bosque como mercancía

Para colectivos y habitantes de La Magdalena Contreras, el proyecto de Frisa y la gestión gubernamental actual comparten una misma transgresión: ver al bosque como un producto de consumo y no como un ecosistema vital. Esto se traduce en degradación, desde la basura y contaminación en el cauce hasta la crisis hídrica que padecen quienes viven a escasos metros del río.

La crítica apunta a que el modelo de desarrollo impulsado por autoridades locales prioriza la derrama económica inmediata sobre la salud del bosque.

«El año pasado, bajo el auspicio del gobierno local en conjunto con Frisa, el turismo aumentó, según nuestra percepción como vecinos, de manera muy notable —calculamos que fácilmente un 40 por ciento—; la alcaldía proponía hacer festivales de la trucha, de la enchilada, de música, y eso se reflejó sobre todo en el tráfico y la contaminación», explica Carlos, aclarando que se trata de una estimación propia basada en la observación cotidiana, pues no existen cifras oficiales públicas que lo confirmen.

La Cañada: el hogar que resiste

Para el colectivo Magda, la solución no es un corredor comercial disfrazado de parque, sino un cambio en la política pública que deje de tratar al bosque como un recurso extraíble y lo entienda como un hogar en resistencia, donde la prioridad sea reconstruir el tejido social.

Su llamado es claro: se necesita un frente común que incluya a las autoridades tradicionales y a la población civil para detener un proyecto que, bajo la bandera del ecoturismo, amenaza con urbanizar el último pulmón de la zona.

«Ese lema de que somos la alcaldía con el último río vivo de la ciudad se repite una y otra vez, pero el cuidado del bosque no se ve», finaliza Carlos.